La justicia militar, Bachelet y los mapuche

por Lucía Sepúlveda Ruiz

Al filo del fin de su mandato, la Presidenta Bachelet anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que le quitará competencia a la justicia militar para juzgar a civiles –entre ellos a los mapuche – y creará nuevos órganos militares: juzgados de garantía, tribunales orales y ministerio público para juzgar los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Es difícil que la iniciativa pueda avanzar, dado el receso anunciado para el 15 de noviembre por la Cámara de Diputados debido a las campañas electorales. Para la discusión del proyecto que implicará un elevado gasto en recursos para los nuevos mecanismos, sólo restará el escaso tiempo que queda desde el 13 de diciembre, día de la elección presidencial hasta la segunda vuelta (10 de enero). Lo que ocurra después, dependerá de quién sea elegido presidente de Chile, y hasta ahora ningún candidato ha puesto este tema entre sus prioridades, por lo que no se avizoran cambios en el futuro inmediato. En lo formal, sin embargo - aunque nada cambie en el país- la Presidenta podrá afirmar ante los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que ha dado respuesta a las exigencias planteadas en ese sentido, en especial por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Precisamente sobre el tema “Justicia militar en causas mapuche” expusieron en la Universidad Alberto Hurtado el pasado 21 de octubre, en un auditorio colmado de público mayoritariamente mapuche, el historiador Sergio Grez, el jefe de prensa de radio BioBio, periodista Nibaldo Mosciatti, el padre de un preso político mapuche, Sadi Huillical, y los abogados especializados en derechos humanos José Galiano y Alberto Espinoza. La exitosa convocatoria partió de la agrupación mapuche Kilapán y los familiares de presos políticos mapuche, y apuntaba a contra lo que Mosciatti calificó ese día como “la brutal indiferencia de la mayoría de los chilenos sobre este conflicto, una indiferencia que es también desprecio…y desconocimiento por gran parte de los ciudadanos”. De ese foro surgió la voluntad de impulsar un amplio movimiento de solidaridad con los presos políticos mapuche.

Emplazamiento a los candidatos

Alberto Espinoza, docente de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, abogado de FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) y defensor de presos políticos de ayer y de presos políticos mapuche hoy, sostuvo:

“A lo largo de los gobiernos de la Concertación se han cursado distintos proyectos y a más de 20 años del término de la dictadura, ninguno de ellos ha prosperado. ¿No sería bueno emplazar a los candidatos sobre esto? No encontramos proyectos en los que se materialice una reforma profunda, pese a que se ha consensuado la necesidad de introducirla. La justicia militar se validó a raíz de la reforma procesal penal. Fue a raíz de la Reforma Procesal Penal y la creación del ministerio público, que se introdujo una modificación a la Constitución del 80 en que por primera vez se reconoce la justicia militar y su independencia. En esa oportunidad se desperdició una gran oportunidad de haber reformado la justicia militar.”

A juicio del abogado Espinoza, no se justifica una jurisdicción especial de tipo militar. “Bastaría que se incorporara un capítulo en el Código Penal donde se establezcan los delitos militares y que los procedimientos para juzgar a los militares se desarrollaran dentro de las reglas universalmente aceptadas. No se justifica ni siquiera la existencia de un código militar. Los procedimientos deberían ser los mismos que los dispuestos para el resto de las personas.”

El profesional aclaró que respecto de los mapuche, el problema no es sólo la aplicación de la justicia militar. Afirmó: “Sería un error cargar la crítica exclusivamente al tema de la jurisdicción penal militar, ya que tanto esta como la de la reforma procesal penal tienen los mismos objetivos y las mismas características, que en la práctica privan a los imputados de su legítimo derecho a la defensa y a contar con las garantías procesales reconocidas para todos los seres humanos.”

Abuso de poder del Estado

Nibaldo Mosciatti agradeció la confianza de los mapuche en su radio. Al iniciar el foro, los organizadores habían comparado el rol de la BioBio con el de radio Cooperativa en dictadura (“la voz de los sin voz”), afirmando que en el campo mapuche se escuchan las noticias de ese medio para saber qué pasa en las comunidades.

El afirmó: “El Estado chileno ha recurrido a instrumentos como el uso de la ley antiterrorista, de testigos anónimos, y el privilegio de las amplias facultades de la justicia militar, que en la práctica constituyen abuso de poder. Es una herencia de la transición chilena…y una deuda fundamental de la democracia y de una transición que en aras de la estabilidad, estuvo dispuesta a sacrificar valores fundamentales de la democracia, como es la justicia. El acuerdo de no tocar el poder de los militares y civiles afines a la dictadura, se tradujo en la mantención de las excesivas atribuciones a la justicia militar. Nos acostumbramos a excluir, a segregar, a discriminar a los mapuche pero también no sólo a ellos. Los actores del conflicto se han ido deshumanizando, fruto de mucha humillación, mucha opresión e imposición de modelos, un modelo que tiene como única lógica la economía, la producción, y mira los territorios sólo como fuentes de recursos naturales explotables. Y a su vez, la respuesta de los humillados asume la lógica de la exclusión, la lógica de la negación del otro”.

Respecto del rol del gobierno, valoró la disposición al diálogo del ministro Viera Gallo en contraposición a “voces de autoridades que suenan como si tuvieran más vocación de esbirros que de políticos. Llaman al orden pero un orden desde la imposición, desde la amenaza de la fuerza…desde la defensa de los intereses de los poderosos”.

Sostuvo que a nivel del Estado, hay falta de imaginación para abordar los nuevos temas, y “falta de audacia para reconocer que hay fórmulas fracasadas, por ello enfrentamos el peligro de ser víctimas de la esterilidad de la política o de los políticos. Muchas veces sus declaraciones no son más que la repetición de fórmulas retóricas, vacías de sentido propósito y voluntad.”

Hizo un llamado a todos los actores del conflicto a intentar entender qué hay detrás de los gestos, las arengas y las declaraciones, a reconocer la diversidad, valorarla e intentar entender al otro. “Al final todos somos eternamente un otro. Y si no valoramos la condición humana de cualquier otro, no habrá espacio a su vez para que nos entiendan”, alegó Mosciatti, que había iniciado su intervención advirtiendo que iba a hablar “desde el corazón”.

Concluyó aseverando: “A veces, viendo la esterilidad de tantos discursos y leyes me pregunto si la solución no pasa primero por una toma de conciencia de todos nosotros. ¿Iremos camino a eso? Esa es mi esperanza.”

Los requerimientos

Alberto Espinoza se remontó a los orígenes del concepto de “requerimiento”, que actualmente es la acción judicial presentada por ley antiterrorista o por ley de seguridad interior del estado contra los luchadores sociales mapuche. En 1502, un documento llamado “Requerimiento” elaborado por una junta de juristas de Burgos, España, legitimó el concepto de guerra justa para reprimir y aplastar a los pueblos originarios, con el aval del Papa y el rey.

Criticando la aplicación de la ley antiterrorista a quienes son detenidos por atentados incendiarios, recalcó que para la definición de terrorismo, la afectación del bien jurídico de la vida debe estar presente y también se requiere que el supuesto terrorista cuente con armas de gran poder destructivo “y no creo que lo sean las piedras, las hondas y los palos. Se les aplica esta ley a los comuneros cuando frente a ellos, están los carabineros que sí tienen armas de gran poder destructivo. Es una fuerza policial que en la realidad está militarizada. Sería interesante determinar cuál es el poder de fuego y el tipo de armas e instrumentos que utiliza. Cuenta con armas no sólo defensivas, y opera con tanquetas, helicópteros, que son medios propios de una guerra. Es un tema que requiere un análisis más a fondo.” Alberto Espinoza tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado de Chile por la aplicación de la legislación antiterrorista en el caso Poluco-Pidenco.

Ahondando en la justicia militar, sostuvo que no cumple con principios básicos del debido proceso. Recordó que el juez militar es el comandante de división de cada zona, y deja ese cargo si es trasladado, lo que afecta principios como la imparcialidad, la inamovilidad y la independencia. Aunque toda sentencia debiera estar fundada en un proceso previo legalmente tramitado, “en la justicia militar eso no existe porque se aplica el sistema inquisitivo - nombre que proviene de la Inquisición- en el cual el derecho a defensa está profundamente limitado debido al secreto del sumario.” Por tiempo indefinido –pues el sumario no tiene plazo- el abogado que ve estas causas no conoce los cargos que hay contra los imputados ni los elementos sobre los que se construyen esos cargos.

¿Carabineros son militares?

Alberto Espinoza criticó que la justicia militar incluya actualmente a Carabineros ya sea como víctimas o como acusados. “En la constitución Carabineros es reconocido como fuerza de orden y seguridad pública, al igual que la Policía de Investigaciones. Algunos jueces de garantía han promovido contiendas de competencia respecto de carabineros, pero la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional las han rechazado, estrechando filas para consolidar esa institucionalidad, ante la indiferencia de los legisladores y el poder ejecutivo. “

El abogado destacó sin embargo que en los dos últimos años la Corte Suprema ha dictado fallos respecto de que los menores no pueden ser juzgados nunca por la justicia militar. Adelantó asimismo que a partir de la vigencia del convenio 169, está explorando cómo fundamentar una incompetencia de la justicia militar para procesar al pueblo mapuche.

Guerra de baja intensidad

El historiador Sergio Grez, director del Museo B. Vicuña Mackenna, y uno de los impulsores de dos declaraciones/manifiestos en apoyo al pueblo mapuche ante los asesinatos de comuneros, recalcó que “como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía. Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.”

Para él, los métodos empleados para quebrar la resistencia mapuche son “la militarización del territorio mapuche a través de la instalación permanente de Carabineros como guardia pretoriana de los empresarios en las zonas más álgidas; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas”.

Describió asimismo el acoso permanente a las comunidades que luchan por recuperar sus tierras, recalcando: “Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judicializadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria.”

Agregó que los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a procesos tanto por la justicia civil como por la justicia militar bajo la ley antiterrorista “heredada de la dictadura militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación.”

Explicó también que si una causa criminal parece no prosperar, los fiscales civiles y militares “se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión”. Reveló que eso es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) a quien le comunicaron en estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.

Llamados a la guerra

Por su parte Mosciatti se refirió a una declaración reciente de la CAM, señalando: “Cuando escucho convocatorias que llaman a una guerra, me asombra constatar cómo no hemos aprendido nada de nuestra historia reciente acerca de los efectos del uso de la violencia en nuestra patria. La violencia, aunque sea justa, al hacerse habitual termina degradando también a quien la ejerce. La violencia es lo mismo que el poder….corrompe, pero primero brutaliza, porque da excusas para el abuso, justifica el abuso. Hemos vivido siglos de guerras y revoluciones, y ¿para qué? Yo sólo veo rumas de cadáveres que terminaron matando los ideales de esas guerras o revoluciones. Las palabras inflamadas, detrás de la violencia y las proclamas…sólo sirven para despertar a nuestros más bajos instintos, azuzar a la bestia que vive en cada uno de nosotros. ¿Dejaremos que el odio, a punta de palizas, de discriminación, acorralamiento, de quema de camiones, sea el que trace el camino? ¿Hay así un camino posible?”

Recuerdos de la DINA

Ligando pasado y presente Sergio Grez afirmó que los procedimientos de los fiscales le recuerdan las “condenas clandestinas” de la DINA durante la dictadura de Pinochet, que él conoció en el campo de concentración de Puchuncaví, en 1975. “Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación.”

Criticó asimismo la política del gobierno de pretender dividir al movimiento mapuche en “buenos” (que podrán recibir tierras) y “malos” (los que luchan y son considerados violentistas) y alertó sobre la formación de cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano.

Al reseñar las características de la justicia militar, agregó que la imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar. El procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.

Denuncia por tortura

Sadi Huillicán viajó a Santiago desde el poblado cordillerano de Icalma enclavado en el sur profundo, a más de 900 km de esta capital, y cerca de la frontera con Argentina, El es el padre de Jonathan Huillican Méndez (24 años) y dio testimonio en el foro sobre la detención de su hijo, torturado desde que fue detenido en Temuco por la PDI para que se culpara a sí mismo o a otro, de haber participado en una emboscada contra el fiscal Elgueta ocurrida. “Esto para mí y el sentimiento de los mapuche es sólo un montaje político en contra de nuestro pueblo. Es pura mentira.” El joven estudiante pehuenche lleva ya seis meses preso en la cárcel El Manzano, de Concepción, por ley antiterrorista. Su padre afirmó: “Con la gracia de Dios tengo la certeza y la convicción mediante el expediente que ya se abrió, que no hay ninguna prueba que justifique la acusación. Aquí se ve que sólo hay una intención del Estado contra nuestro pueblo, el Estado lo único que quiere es la extinción de nuestra cultura y nuestras raíces.” Agregó que los ocho presos de la cárcel de El Manzano fueron llevados a una reconstitución de escena en Cañete, pero se abstuvieron de participar porque no tenían que ver con esos hechos. Informó asimismo que el 25 de septiembre de 2009 presentó en tribunales de Temuco una querella criminal contra los responsables de la tortura a Jonathan, patrocinada por el abogado Pablo Ortega y agradeció la solidaridad recibida en Concepción y ahora en Santiago.

¿ QUIENES SON LOS PIRATAS EN EL MAR DE SOMALIA..?

San Agustín cuenta la historia de un pirata capturado por Alejandro Magno,
quien le preguntó: "¿Cómo osas molestar al mar?"..... "¿Cómo osas tú molestar al
mundo entero?" -replicó el pirata-. Yo tengo un pequeño barco, por eso me
llaman ladrón. Tú tienes toda una flota, por eso te llaman emperador"
(Chomsky, "Piratas y emperadores")

Los verdaderos piratas

JOAQUIM SEMPERE

En 1991 se hundió el orden político de Somalia, país que
sucumbió a una guerra civil empeorada por la intervención estadounidense. El
colapso político dejó la sociedad somalí sin defensas, situación que fue
aprovechada por navíos procedentes de Europa, Estados Unidos, China y otros
países para verter en sus aguas grandes cantidades de residuos tóxicos y
radioactivos. El abuso se hizo visible cuando, en 2005, un tsunami depositó
en las playas y costas somalíes bidones corroídos y otras muestras de estos
residuos. Según el enviado de las Naciones Unidas en Somalia Ahmadou
Ould-Abdallah, la porquería tóxica acumulada en pocos días por la catástrofe
marina provocó úlceras, cánceres, náuseas y malformaciones genéticas en
recién nacidos y, al menos, 300 muertes.

Pero las desgracias no terminan ahí. Aprovechando el desgobierno, una
multitud de barcos de pesca empezó a faenar en las aguas frente al país,
incluidas sus aguas territoriales. En 2005 se calculó que pescaron allí unos
800 barcos de distintos países, muchos de ellos europeos y, más
específicamente, españoles. Se estima que los ingresos generados durante un
año por esta pesca extranjera ilegal ascendía a 450 millones de dólares. El
resultado fue la rápida disminución de unas reservas pesqueras que eran el
principal recurso para las comunidades de pescadores del país, catalogado
como uno de los más pobres del mundo.

Un reportaje de Al Yazira informa de que grupos de somalíes trataron de
constituir un cuerpo autodenominado "Guardacostas Voluntarios de Somalia",
reuniendo dinero con el que pagar a la empresa estadounidense Hart Security,
que se dedica a entrenar y formar luchadores y mercenarios por todo el mundo
-y que, años más tarde, ha actuado como mediadora para el cobro de rescates
en aquellas mismas aguas: ¡negocio redondo!-. Al parecer, hubo intentos de
esos guardacostas voluntarios de negociar con los buques de pesca
extranjeros para que dejaran de faenar o pagaran un impuesto para seguir
haciéndolo, intentos que resultaron fallidos. El desenlace final fue lo que
hoy se califica como piratería somalí. En un país plagado de armas,
desgarrado por bandas rivales y sometido a una situación económica
desesperada, un desenlace así no debería sorprender. A la vista de lo
anterior es legítimo preguntarse: ¿quiénes son, en esta historia, los
verdaderos piratas?

Hay en España quien propone que los atuneros españoles (que son sobre todo
vascos) lleven militares a bordo para disuadir a los piratas. En el
Parlamento vasco, los votos del PP y el PNV han hecho posible el pasado 8 de
octubre aprobar una moción en esta línea. El Congreso ya lo había descartado
meses antes arguyendo que la legislación española no lo permite. Francia sí
lo permite, y hace tiempo que en el Índico los barcos de pesca franceses
llevan militares a bordo. Pero esta diferencia es de detalle: ambos países
lograron que el 10 de diciembre de 2008 los ministros de Defensa de la Unión
Europea aprobaran la llamada Operación Atalanta contra la piratería somalí,
y que se diera luz verde al envío de entre 6 y 10 buques de guerra para
"garantizar la seguridad" en el golfo de Adén con el mandato de vigilar las
costas de Somalia, "incluidas sus aguas territoriales".

Estos hechos muestran que el colonialismo no sólo no ha muerto, sino que
está tomando nuevos bríos. Y un nuevo aspecto marcado por la crisis de
recursos naturales, en este caso la pesca. Las flotas pesqueras de los
países ricos, compuestas por buques con capacidad para moverse por todos los
mares del mundo, esquilman un caladero tras otro: son las principales
culpables de la sobre pesca que desde hace años viene destruyendo la
capacidad de regeneración de las especies marinas y preparando un colapso de
las capturas a escala mundial. Las primeras perjudicadas son las poblaciones
de los países pobres que dependen de la pesca local: ellas carecen de flotas
potentes para pescar lejos de sus costas. El caso somalí es uno de los más
sangrantes por las circunstancias políticas internas, pero no es el único.

España está recuperando sus blasones imperiales contribuyendo a empobrecer a
uno de los países más pobres del mundo. Al hacerlo no sólo comete una
injusticia, sino que practica una política sin futuro también para sus
habitantes. Porque cuando ya no haya caladeros por explotar en ningún rincón
del mundo, ¿qué harán nuestros marineros y pescadores?
Es una indignidad aprovecharse de un país desangrado por una guerra civil y
luego mandar a los soldados a defender una causa indefendible que no hace
más que profundizar la tragedia de ese pueblo. Y si se quiere mirar desde
otra óptica, ¿cuánto nos cuesta mantener la dotación de dos buques de
guerra, un avión y 395 efectivos de la Marina española que tenemos
destacados en la zona?

El caso tiene su moraleja. Un país desarrollado como España no debe, tras
agotar sus propios recursos pesqueros, expandirse por los mares del mundo
privando a otras poblaciones más pobres de sus medios de subsistencia,
porque agrava la situación de esas poblaciones y las empuja a una
resistencia que desemboca en aventuras violentas y salidas militares. La
solución hay que buscarla en casa, adaptándose a unos ecosistemas dañados y
gestionándolos mejor (por ejemplo, con la piscicultura como alternativa a la
pesca), y adoptando medidas previsoras para que nadie se quede sin trabajo y
sin fuente de ingresos. Es inquietante que se esté haciendo exactamente lo
contrario: optar por la huida hacia delante y por un neoimperialismo
ecológico reforzado militarmente que sólo puede redundar en un empeoramiento
de la situación.

Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología
Medioambiental de la Universidad de Barcelona

PARAGUAY :La provocación fue descubierta, grupo armado anticomunista

( Agencia de Noticias Aratiri – A.N.A. )
Asunción, 25 / 10 / 09
En el envío de nuestra agencia del 23 del corriente alertábamos a la sociedad paraguaya y de la región que las fuerzas del poder real preparaban una carnicería.

Dábamos una serie de fundamentos asociados al secuestro del ganadero Fidel Zabala, incluso coincidíamos con diversas organizaciones sociales y políticas en el sentido de la presencia de policías en los hechos de secuestros en Paraguay en los últimos 10 años. Concluíamos con nuestro análisis que el objetivo era financiero, pero también político. Que el objetivo político no era otro que la criminalización de la protesta social, especialmente la criminalización de las organizaciones campesinas.

Hablábamos de que estamos frente al capítulo Paraguay de militarización de los recursos naturales para imponer por la fuerza el ALCA, ( tratado de libre comercio propuesto por los intereses imperialistas de EE.UU. ) según modelo del Plan Colombia refrito y continuidad del “Operativo Cóndor” accionado por el Departamento de Estado con Kissinger a la cabeza de los secuaces de las dictaduras militares. Que la impunidad de la represión del Cóndor, en Paraguay en la actualidad, tenía como consecuencia directa ( decimos hoy ) el secuestro como industria. También hablábamos de un intento de desestabilización a través de la violencia para militarizar la sociedad paraguaya.

Lamentáblemente no nos equivocamos, se está constituyendo un escuadrón de la muerte que llama a “perseguir, agarrar y liquidar físicamente a todos los comunista que atentan contras nuestras vidas y pertenencias.” Sabemos que esto funciona de hecho, y que las organizaciones pueden mostrar una lista de centenares de compañeros ejecutados por matones de los latifundistas o directamente la policía.

También denunciábamos que estábamos frente a un serio intento de desestabilización del gobierno para terminar con el proceso político iniciado después de 61 años de desgobierno y terrorismo de estado. Efectivamente, en el documento de la C.A.P. se menciona que “este gobierno no solamente los apaña, los ayuda, les dá dinero y alimentos, hace ojos ciegos ante el avance de la guerrilla, en vez de ordenar en un minuto la salida de las tropas a la zona en cuestión, para cerrar con pinzas de fuego, y capturar a estos bandidos y ejecutarlos en el lugar donde se les encuentre.”
Por eso, este hecho, la constitución de la C.A.P. nos habilita a coincidir con numerosas organizaciones sociales y políticas sobre que en el secuestro del ganadero Zabala estaría involucrados algunos policías o bien este nueva asociación criminal llamada C.A.P. Efectivamente, todos concluimos que los secuestradores responden a los intereses de lo que podíamos llamar el poder real en la República del Paraguay. En ese sentido la Comisión por los DDHH de Paraguayos Residentes en Buenos Aires, el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista – Filial Argentina -, y otras organizaciones se manifestaron hoy en repudio por la aparición del Comando Anticomunista Paraguayo ( C.A.P. ) creado por un Pinochetista de origen chileno que opera en Paraguay desde fines desde los 80’s. En una nota que enviaron a nuestra redacción exigieron “ a las autoridades responsables la inmediata expulsión de la República del Paraguay de este paramilitar Eduardo Avilés L. Asimismo exigimos que se le inicie el proceso judiciales por apología del delito.” Mencionaron que intiman públicamente a la Asociación Rural de Paraguay ( A.R.P. ) que se expida en relación de la constitución del escuadrón de la muerte aparecido bajo la denominación de C.A.P. dado que “ el objetivo financiero proclamado en el acta de constitución enviada por correo electrónico a la redacción del diario Ultima Hora y publicada hoy domingo 25 de octubre se condice con las declaraciones del actual presidente de la organización de terratenientes, Nuñez ( ver nota aparecida el en el diario Ultima Hora del 15 de octubre pasado.)
Para terminar, exigimos a la C.A.P. que liberen inmediatamente al ganadero Fidel Zavala. “ Según fuentes de nuestra agencia, Eduardo Avilés es de nacionalidad chilena llegó a Paraguay en 1987; es ganadero, intimo amigo de Lino Oviedo, y de la ultra derecha de los separatistas bolivianos de Santa Cruz. Otro amigo de Avilés es el yerno de Pastor Coronel, Francisco "pancho" Benavente (chileno, cónsul honorario de Chile, en Filadelfia, Chaco). Pancho Benavente se casó con Fátima Coronel. No olvidemos quien fue Pastor Coronel, fue el jefe operativo del stronismo responsable de todos los detenidos desaparecidos y enlace necesario del “Operativo Condor.”
El testigo de la boda de este apologista de los escuadrones de la muerte y del terrorismo de estado fue Alfredo Jaeggli, quien es dirigente de la ONG llamada Fundación Libertad, relacionada con la ultra derecha de America Latina y financiada abiertamente por la USAID y “aceitada” por la embajada yanqui en Asunción, que es conducida en la actualidad por la representante del Plan Colombia Liliana Ayalde - responsable de la USAID para Colombia - ) Trabaja con el coronel retirado Pablo Sisa, encargado de las fuerzas parapoliciales de CIPASA - ANTEBI. Recordemos que senador liberal Alfredo Jaeggli es autor de la reciente ( y repudiada ) iniciativa de cambiar la legislación que prohíbe la tenencia de armas de fuego a los “civiles que se quieran armar.” ( Fuente ABC COLOR 16 / 10 / 09. ) Cómo se ve el padrino de casamiento del delincuente de origen chileno Avilés quiere brindar cobertura legal a los “ciudadanos comunes,” que quieran usar AR – 15 o AK 47, especialmente a este neo cóndor aficionado a este tipo de armas “para ejecutar comunistas” como se puede leer en el acta de constitución del Comando Anticomunista Paraguayo ( C.A.P.)
Mientras se arma este complot, las organizaciones del campo popular repudian a estos grupúsculos defensores del privilegio y de la injusticia social y exigen que liberen a Fidel Zavala.

aratiri.informativo@gmail.com
REDACCIÓN ARATIRI

La ex parlamentaria afgana Malalai Joya pide la retirada de las tropas

"La gente se hace terrorista porque es analfabeta y se pueden manipular sus emociones"

"Cada vez hay más mujeres que se inmolan antes que ir a parar a traficantes o 'muyahidin"

Pamplona, oct (EFE)।- La ex parlamentaria afgana Malalai Joya ha pedido hoy en Navarra la retirada de las tropas de extranjeras situadas en el país asiático ya que según ha aseverado el pueblo "está atrapado entre dos enemigos: las fuerzas de ocupación y los talibanes".

Joya, que ha participado en un desayuno informativo organizado por la Comisión de Igualdad de Nafarroa Bai, ha argumentado que ante el posible aumento de tropas, "existen alternativas que Barack Obama podría considerar si su voluntad fuera ser honesto con el pueblo afgano".



Entre ellas, "no facilitar armas a los señores de la guerra", "dar todo el apoyo posible a las personas que creen en la democracia a través de la educación para conseguir algún día la emancipación del país", y "hacer que los países vecinos que apoyan el régimen fundamentalista no interfirieran en la política de Afganistán".

A ello ha sumado el fin de la ocupación de las fuerzas extranjeras, y ha añadido que resulta "ridículo" y "parece una broma" que Obama haya recibido el Nobel de la Paz.

Respecto al presidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comentado que le diría que "es, ha sido, y sigue siendo, responsable de crímenes de guerra en Afganistán porque han apoyado la política equivocada de los Estados Unidos".

Política que, a juicio de Joya, "no ha hecho otra cosa que continuar los crímenes de guerra y ha causado miles de muertos entre civiles, la mayoría de mujeres y niños".

Ha denunciado que la población ve que "representantes de países extranjeros vienen en visita oficial, se alojan en hoteles de lujo, viajan en vehículos blindados, y mantienen encuentros con oficiales del régimen del paja fundamentalista, pero, el pueblo afgano no saca nada bueno de esto".

Joya ha acusado a los presidentes de los países aliados de "ser hermanos de credo del régimen fundamentalista, terrorista, actual en Afganistán" y, asimismo, ha pedido a la población civil española que reclame al Ejecutivo que "no apoye a un Gobierno de mafia" y que solicite que "las ayudas en Afganistán vayan dirigidas a la educación de la gente que cree en la democracia".

Ha criticado que la producción de opio "se ha incrementado de forma dramática", ya que desde el 2001 ha pasado de 185 a 8.200 toneladas, y ha añadido que en la actualidad el país asiático produce "el 93% de la cantidad total que se consume en el mundo".

"Los señores de la guerra han encontrado esta vía para introducir la droga en las calles de Europa y Estados Unidos", ha dicho, tras lo que ha considerado que el aumento de la producción de esta sustancia "es tanto o más peligroso que el régimen taliban".

Asimismo ha argumentado que la principal preocupación allí "no es el hecho de tener que llevar o no burka, ya que la mayoría de las mujeres lo llevan por motivo de seguridad", y ha apuntado que "desde la ocupación los derechos de las mujeres están siendo violados constantemente".

Joya ha subrayado que "hoy por hoy la muerte de una mujer vale menos que la muerte de un pájaro", a la vez que ha destacado que la inmolación en el régimen fundamentalista "ha crecido de forma dramática".

La ex parlamentaria ha indicado que la información que llega a los países occidentales "está sesgada" y ha apuntado que "todos aquellos que osan denunciar la verdad sufren amenazas, son asesinados o son obligados a abandonar Afganistán".

Asimismo ha apuntado que "los medios de comunicación y las tropas se están ocupando de perpetuar una situación" para "acceder de forma mas fácil y llegar a controlar la situación en China, en Rusia y Pakistán, dónde hay intereses económicos relacionados con los recursos naturales".

Joya ha criticado que el Gobierno de Barack Obama busque "soluciones" en el país asiático a través de negociaciones con los "talibanes moderados", respecto a lo cual ha matizado que "los conceptos taliban y moderado no son compatibles"."

Para la ex parlamentaria, las últimas elecciones "no tienen legitimidad porque han sido celebradas bajo la vigilancia de las armas, del imperio de las drogas, de la corrupción y el crimen", y ha denunciado que la "desesperanza" de la población ya que el "presidente está considerando la inclusión en su equipo de gobierno de personas consideradas criminales de guerra".

También ha criticado que "los partidos democráticos y los intelectuales independientes están en una posición muy débil", y ha recordado que ella fue expulsada del Parlamento porque "los señores de la guerra del régimen fundamentalista no toleraron mi presencia al decir la verdad y denunciar su presencia en el Parlamento".

Multitudinaria marcha en Madrid contra la Ley de Extranjería

Por Hebe Schmidt /TeleSUR Madrid

Alrededor de cuatro mil personas marcharon en Madrid contra la Ley de Extranjería, una ley que ''arremete contra los derechos básicos de las personas''. Los manifestantes expresaron bajo diferentes lemas que ''todos somos inmigrantes'', ''ningún ser humano es ilegal'' entre otros. El proyecto de ley ha recibido más de 500 enmiendas y mantiene la ampliación del plazo de detención de inmigrantes indocumentados de 40 a 60 días en el Centro de Internamiento de Extranjeros

Miles de manifestantes marcharon este sábado por las calles de la ciudad de Madrid para exigir una ley que respete los derechos humanos de los inmigrantes bajo el lema de "Paremos la reforma de la Ley de Extranjería. Tenemos derecho a tener derechos". Asimismo, pidieron el aplazamiento del proyecto de reforma de esta ley que "arremete contra los derechos básicos de las personas".

Victor Sáez Barriga, presidente de la Federación de Asociaciones de Refugiados e Inmigrantes de España (FERINE), señaló que al menos cuatro mil personas manifestaron este sábado por las calles de la capital española, donde se corearon lemas como "ningún ser humano es ilegal", "todos somos inmigrantes" o "igualdad y dignidad para todos".

"Con esta ley, España se pone a la vanguardia de Europa institucionalizando el racismo y la discriminación. Es una ley xenófoba, que atenta contra principios básicos que España ratificó en la Declaración de los DD.HH. de la Naciones Unidas del '48". Señalaron voceros politicos.

En la convocatoria de la marcha participaron más de 70 asociaciones de inmigrantes que se movilizaron este sábado en diez ciudades españolas -Madrid, Bilbao,Burgos, Barcelona, Terrasa (Barcelona), Guadalajara, Tenerife, Gran Canaria, Alicante, Murcia y Málaga.

Para Nicolás Vera Villagra, secretario general de la Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España, "esta ley atenta contra los derechos humanos de toda persona" a la vez que remarcó su preocupación por el colectivo inmigrante paraguayo que "es uno de los más vulnerables y últimos en llegar a la Península Ibérica".

Los puntos polémicos

Se trata de la cuarta reforma en los últimos nueve años que sufrirá la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. El proyecto de ley, en trámite parlamentario, ha recibido más de 500 enmiendas y mantiene la ampliación del plazo de detención de personas indocumentadas de 40 a 60 días en los polémicos CIE o Centro de Internamiento de Extranjeros, una especie de cárcel a donde son remitidos los inmigrante detenidos por la policía española que practica redadas en los locutorios, entradas y salidas de los metros y diversos sitios con alta concurrencia de inmigrantes. Redadas y detenciones cuestionadas por las ONGs y expertos en Extranjería que no dejan de repetir que no tener documentos españoles es sólo una falta administrativa que no debe ser penada con el encierro en los CIE, "un sitio donde hay menos garantías que en las propias cárceles", indica Pérez Esteban y ratifican diversos testimonios de personas que lograron salir del CIE.

La nueva ley también limita la reagrupación familiar al núcleo familiar y pena la solidaridad, puesto que prevé multas de hasta 10.000 euros a toda persona que empadrone en su vivienda particular a un inmigrante indocumentado. Específicamente, este punto reviste una particular gravedad porque en España para acceder a la atención en un centro de salud o para inscribir a un niño en una escuela pública, se exige el certificado de empadronamiento, es decir darse de alta en un domicilio determinado que acredite que uno vive allí.

En el manifiesto final, que fue leído por la actriz Pilar Bardem en la Plaza Tirso de Molina -centro habitual de encuentro de inmigrantes-, los organizadores de la marcha, rechazaron la reforma de la Ley de Extranjería y pidieron que se adopten políticas que respeten los derechos humanos.

Por su parte, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España (CONADEE), Aida Quinatoa, denunció "la instrumentalización de los inmigrantes que, en su momento generaron riqueza para este país y hoy son desechados injustamente a raíz de la crisis económica", a la vez que remarcó "la dureza con la que el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero está tratando a los inmigrantes es muy contradictoria con el discurso que hizo hacia estos colectivos en su última campaña electoral".

Sáez de FERINE, también señaló que "queremos integración y no represión, nos oponemos a que hayan inmigrantes de primera y segunda categoría, unos con pocos y escasos derechos, los otros perseguidos y criminalizados" a la vez que recordó que "una sociedad se construye sólo en base a la integración".

12 de Octubre

¿Día de la raza? o de la ¿RESISTENCIA INDIGENA?

Y otra vez se efectúan actos en las escuelas, se habla del heroísmo de Colón descubriendo América, de la abnegación de los misioneros que trajeron a Dios y de la generosidad de la madre patria que trajo su cultura a estas tierras de salvajes.

En realidad, el 12 de Octubre nos reclama reflexionar, hacernos algunas preguntas. ¿Qué se celebra en este día? ¿Descubrimiento de qué? ¿De territorios poblados por centenares de pueblos que los habitaban desde hace más de 30.000 años? Pueblos que habían llegado en diverso grado a niveles de desarrollo cultural, científico, productivo y espiritual de inmensa riqueza y originalidad.

¿Encuentro de culturas? ¿Es que “veían” los invasores la cultura de los pueblos originarios, o los miraban con los ojos codiciosos y menospreciadores del naciente capitalismo europeo mercantil y depredador? ¿Trajeron la cultura de Cervantes y Quevedo, de los humanistas y las comunas populares? ¿O impusieron la de los cañones y mastines feroces, de los encomenderos despóticos, de las hogueras de la Inquisición donde ardían seres humanos, códices maravillosos, templos y reliquias de enorme belleza?

Quienes celebran la instalación de un sistema colonial basado en la codicia , la violencia y el saqueo, instalado sobre decenas de millones de víctimas indígenas y africanas esclavizadas y convertidas en combustible biológico para minas, plantaciones y obrajes, son los que pretenden eternizarlo en las nuevas condiciones de la globalización neocolonial.

Pero para los indígenas y los pueblos de Nuestra América, el 12 de Octubre es el inicio de una era de muerte y despojo, de discriminación e inferiorización humana con pretextos de supremacía racial y social, una era que se prolonga desde la colonia a la república, desde las campañas genocidas de Cortés y Pizarro a las de los generales Roca en el sur y Victorica en el norte. Y de sus continuadores dictatoriales.

Comunidades enteras fueron exterminadas o acorraladas ayer por el oro y la plata, y siguen siendo agredidas hoy por la tierra y el petróleo, el agua y la biodiversidad. Mientras se mueren los niños indígenas por falta de alimentos y atención sanitaria y se reprime y criminaliza la lucha de las poblaciones originarias por sus tierras, su cultura, su identidad y sus derechos, reconocidos en la Constitución pero negados en la realidad, el territorio nacional se va cubriendo con alambrados extranjeros.

¿Cómo se puede, entonces, seguir festejando el Día de la Raza o de la Hispanidad? Es como si los polacos, por ejemplo, celebraran el 1 de setiembre, el día de 1939 en que los nazis invadieron Polonia iniciando la 2ª. Guerra Mundial, como el “Día de la Raza Aria”. Se trata de una postura soberbia y racista. Incompatible no sólo con las leyes nacionales y las resoluciones de las NN.UU., sino también con la ciencia y la conciencia de la humanidad. La ciencia nos dice que entre las personas diversas como producto de la geografía y de la historia, hay diferencias somáticas, pero que son banales. Porque se dan dentro de una identidad genética que unifica a todos los seres humanos.

¿De qué raza somos los argentinos,Chilenos y latinoamericanos? Pueblo de pueblos, pluriétnicos y multiculturales. Bolívar lo advirtió cuando dijo: “…no sabemos exactamente lo que somos. No somos blancos, ni indios, ni negros, sino una nueva síntesis de todos ellos: un pequeño género humano”.

Así, pues, lo que nos corresponde es darle a esta recordación un sentido opuesto al que pretenden los conquistadores y opresores de ayer y de hoy. Un sentido de recuperación de nuestra memoria histórica, de nuestras raíces y experiencias vitales. De homenaje a aquellos que desde el primer momento no cejaron en su resistencia, su rebeldía, su permanente combate por los valores, el patrimonio, la identidad propia y el futuro libre y solidario de Nuestra América.

Y finalmente, a los que gustan tanto de hablar de razas inferiores y superiores, les recordamos con Martí: “En este mundo no hay más que una raza inferior: la de los que consultan ante todo su propio interés. Ni más que una superior: la de los que consultan ante todo el interés humano”.

PAREMOS LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA

TENEMOS DERECHO A TENER DERECHOS

Organizaciones sociales, de inmigrantes, de derechos humanos y de solidaridad internacional, sindicatos y organizaciones profesionales, para quienes la defensa de los derechos humanos constituye el eje central de la construcción de cualquier sociedad democrática y para quienes la actual la crisis es fruto de una globalización neoliberal que atenta contra los derechos y condiciones de vida de las personas más vulnerables e impone la adopción de políticas económicas y sociales regresivas y represivas contra el conjunto de la población, pero especialmente contra la población migrante, tal y como fuera denunciado por el III Foro Social Mundial de la Migraciones en su Segunda Declaración de Rivas:

DENUNCIAMOS
Que el 26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso y al Senado una nueva reforma de la Ley de Extranjería que lesiona gravemente los derechos y libertades de la población extranjera y autóctona, por los motivos
que a continuación se exponen:

El proyecto de reforma de la Ley redactado por el Gobierno no ha sido consensuado con las organizaciones sociales, siendo su resultado una ley muy alejada de la realidad social de la inmigración en el país. La futura ley profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial, contribuyendo, de esta forma, a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo.

La nueva reforma agrava, por tanto, en medidas de persecución, sanción y castigo contra personas extranjeras y autóctonas, en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, que implique al conjunto de la sociedad, y que efectivamente se oriente hacia la protección de las libertades y derechos de la población extranjera y autóctona en el Estado español.

Las sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, contemplando privaciones de libertad y expulsiones forzosas por ejercer sus derechos fundamentales y manteniendo el desproporcionado e injusto sistema de sancionar con
expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo. Faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.) Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior. Además, el aumento del periodo de internamiento de 40 días, como contempla la actual ley,a 60 días, supone la violación del compromiso adquirido por el Gobierno de no aplicar en esta parte la Directiva de Retorno de la Unión Europea en el Estado español.

Las personas solicitantes de asilo internadas en CIE, sufrirán una penalización de 14días más de privación de libertad por ejercer su derecho fundamental a pedir refugio en el país, ante la posibilidad de ser expulsadas a su país de origen y tener
temores fundados a ser perseguidas por sus opiniones políticas, su religión, su raza, su nacionalidad, su orientación sexual o su género.

Se criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad. Con la nueva reforma de la Ley de Extranjería las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos
que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros. Deliberadamente se culpabiliza a quién no ha cometido ninguna infracción ni delito, con la finalidad de perseguir a terceras personas que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad e indefensión.

Las sanciones contra quién empadrone a una persona extranjera que no resida habitualmente en su vivienda, suponen otra muestra más del acoso al que se verán sometidas las personas hospitalarias y solidarias. La amenaza de sanciones obstaculizará el empadronamiento de la población extranjera y la obtención de la tarjeta sanitaria, vulnerando el derecho a la salud del colectivo y de la sociedad en su conjunto. De esta forma se está obstaculizando el acceso a un derecho básico reconocido por la propia Constitución Española.

La insistencia en el proyecto de Ley por reconocer derechos a las personas extranjeras residentes legales frente a las personas sin papeles a las que se niega servicios y ayudas sociales, aumentará la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades. Situación que contribuirá a favorecer fenómenos de marginación social, rechazo, xenofobia y racismo contra las personas extranjeras en situación irregular.
Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia, reconocido universalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se ve seriamente amenazado por las nuevas disposiciones del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería। Las fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia en para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas dependientes que necesitan del cuidado de sus familiares. Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas significa también impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que éstas puedan participar en el espacio social.

El tratamiento que se da a las y los menores extranjeros no acompañados en el proyecto de reforma de la Ley, es extremadamente preocupante. Se prima la condición de extranjero sobre la de menor, haciendo oídos sordos de la Convención de Derechos del Niño de la ONU y favoreciendo violaciones flagrantes de los derechos del menor. El principal interés que se trasluce no es el “interés superior del menor” sino la obsesión por expulsar del país a cuantas más personas extranjeras mejor, cuando ningún menor debe ser considerado irregular y por tanto ser expulsado ni expuesto a una situación de vulnerabilidad.

El derecho a la justicia gratuita que asiste a toda persona, independientemente de su origen, se verá perjudicado. La obligación de aumentar las pruebas documentales que acrediten la falta de recursos económicos para la designación de un abogado de oficio, limitará el acceso a la defensa jurídica de las personas rechazadas en aeropuertos o con orden de expulsión. En muchos casos no se podrá reunir la documentación necesaria antes de vencer el plazo de devolución y de expulsión, con lo cual quedará vulnerado el derecho a la defensa reconocido por la Constitución.
El Proyecto trata de dificultar al máximo el acceso a los recursos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a las resoluciones gubernativas que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegaciones de entrada,
devolución o expulsión, al exigir que la persona inmigrante declare formalmente su intención de recurrir.

No se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la
policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive por sobreseimiento provisional.

El proyecto articula un esquema de nacionalismo económico propio de la “preferencia del español ” y consagra y refuerza la visión utilitarista de la inmigración, al seguir conectándola con las necesidades de la situación nacional de empleo.
Se olvida que una condición básica de la integración social es la integración política y el acceso a la ciudadanía, de acuerdo al principio constitucional de igualdad. Sin desconocer la literalidad del art. 13 de la Constitución, el Proyecto no establece avances reales para la participación política de las personas inmigrantes.

El Derecho a la educación no obligatoria de mayores de 18 años se restringe a las personas extranjeras “residentes”, quebrando así un derecho fundamental que tiene especial proyección y alcance también en materia de integración social.
El Proyecto establece medidas de control policial de las entradas y salidas de las personas extranjeras no comunitarias, con grave afectación al derecho a la intimidad, ya que el registro policial de entradas y salidas se vendría a configurar como un sistema ordinario de control policial.

Se olvida de flexibilizar los casos y supuestos para obtener la autorización de residencia temporal, dejando en un inadmisible limbo jurídico a miles de personas, y sin poner remedio a la práctica de no conceder el permiso de autorización y residencia por arraigo social a las personas extranjeras que tengan una orden de expulsión.


El Proyecto tampoco establece las bases para una regularización de las trabajadoras y trabajadores sin papeles que de modo notorio existen en el Estado español y que se ven cerradas las puertas para el acceso a una estancia autorizada.

Por todo lo denunciado:

MANIFESTAMOS nuestro más enérgico rechazo contra una reforma de la Ley de Extranjería que supone una grave regresión en los derechos reconocidos a la población de origen extranjero, profundizando en el carácter represivo de las
políticas de inmigración. LAMENTAMOS que no se adopte una política respetuosa de los Derechos Humanos y más acorde con la realidad de la inmigración, atendiendo a una visión global de la misma en cuanto a las causas de las migraciones y en cuanto a las
responsabilidades que tiene la sociedad de llegada para favorecer la convivencia.
CONDENAMOS la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una “ley populista” que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que sólo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales
y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas migrantes en el nuevo chivo expiatorio.

EXIGIMOS la retirada del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería e instamos al Gobierno y a las Cortes españolas a que adopten las disposiciones para establecer una política que restituya los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes que residen en el Estado español.

ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES:
Acción en Red, Acción Social Protestante, Acera de Enfrente, ACIAB (Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello), ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur), ADRA España, Afro Aid España, AMDH-Madrid (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), ATTAC, ATTAC Catalunya, APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), APDHE (Asociación Pro-Derechos Humanos de España),
Asoc. Amigos del Uruguay, Asoc. Alqantara para la Cooperación y el Codesarrollo, Asoc. Chispa de Madrid, Asoc. de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, Asoc. NEXOS, Asoc. Nuevo Humanismo de Móstoles, Asoc. Tentempié, AA.VV. de Carabanchel Alto, AA.VV. de Quintana, Casa Argentina de Madrid,Casapueblos, CEAR-Madrid (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), CEDEHU (Centro de Defensa y Estudio de Derechos Humanos), Centro Uruguayo de Madrid, CJE (Consejo de la Juventud de España), Comité Oscar Romero de Madrid, CONADEE (Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España), Confederación Intersindical, Coordinadora de Barrios, Creamos en Acción, Cristianos de Base de Madrid, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, ENAR-España (European Network Against Racism), En Lucha, Escuela
Popular de Adultos del Barrio del Pilar, FAPRE (Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España), FEDACHES (Federación de Asociaciones de Chilenos en España), Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España, FERINE (Federación de Asociaciones de Refugiados e Inmigrantes de España), Foro Social de Madrid, FSMM (Foro Social Mundial de las Migraciones),
FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Fundación IEPALA, Grupo Inmigración y Sistema Penal, Intersindical Valenciana, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida-Comunidad de Madrid, Jóvenes de IU-CM, Médicos del Mundo, Movimiento contra la Intolerancia, OSPAAAL (Organización de Solidaridad para Asia, África y América Latina), Parroquia San Carlos Borromeo, Partido Comunista de Madrid, Plataforma “Salvemos la Hospitalidad”, Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Pueblos Unidos, Campaña ¿Quién debe a quién?, Radio Vallekas, Red Acoge, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, REDIMadrid (Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes), Red de Jóvenes Palestinos, SOS Racismo-Madrid, Tejedoras, UJCE (Unión de Juventudes comunistas)