Aminatu Haidar vuelve al Sáhara Occidental tras 32 días de ayuno

A.G.Tejeda
La Jornada


La activista saharaui Aminatu Haidar al salir del hospital para ser trasladada al aeropuerto de Lanzarote y de ahí partir a la localidad de El Aaiún, Sáhara Occidental, en un avión fletado por el gobierno español y acondicionado con material médico para atender cualquier contingencia. Foto Reuters

Madrid, 17 de diciembre. Aminatu Haidar, la independentista saharaui que mantuvo una huelga de hambre de 32 días en el aeropuerto de Lanzarote, volvió la noche de este jueves al Sáhara Occidental, después de una resistencia por su “dignidad” y la de su pueblo, y de que su prolongado ayuno puso de nuevo el conflicto de su tierra natal en el debate internacional.

Con gritos de “¡Viva Aminatu!”, “¡Sáhara libre!” y “¡Victoria!”, más de 300 simpatizantes de la Plataforma de Solidaridad la despidieron a las puertas del avión que la trasladó de regreso a su pueblo, El Aaiún, donde la esperaban su madre y sus dos hijos menores de edad.

La activista saharaui logró, con su huelga de hambre, posicionar de nuevo la situación del Sáhara Occidental en el debate de la comunidad internacional, que asistió con preocupación al estancamiento de la crisis durante las primeras semanas y, después, con alarma ante el agravamiento paulatino de su estado de salud.

Haidar pudo viajar a su tierra natal tras una negociación a varias bandas, en la que destacaron la presión de España y Francia sobre Marruecos, nación que al final cedió y no puso condiciones al retorno de la activista.

Regresó a su tierra sin condiciones. Conocida como “la Gandhi del Sáhara”, Haidar no tendrá que pedir perdón al rey Mohammed VI ni reconocer públicamente la nacionalidad marroquí, a lo que miembros del Ejecutivo alauita la habían conminado a lo largo de los 32 días de ayuno.

Sufre hemorragia interna

Haidar, que se encontraba hospitalizada desde esta madrugada y quien esta tarde sufrió una hemorragia interna que precipitó la solución, habló ante los medios de comunicación visiblemente demacrada y en una silla de ruedas, minutos antes de que una ambulancia la trasladara de nuevo al aeropuerto de Lanzarote, pero esta vez para regresar al Sáhara Occidental.

Haidar expresó que su regreso a El Aaiún es “un triunfo para la justicia, el derecho internacional, los derechos humanos y la causa saharaui”.

Después de pronunciar estas palabras se subió a la ambulancia y fue trasladada al aeropuerto de la isla canaria, donde le esperaba un avión privado fletado por el gobierno español y acondicionado con material médico para atender cualquier complicación que pudiera sufrir durante el trayecto hacia el Sáhara Occidental.

Con Haidar viajaron su hermana, Laila, que se encontraba en el archipiélago canario desde ayer, además de un gastroenterólogo enviado ex profeso por el gobierno de Mohamed VI de Marruecos.

El origen de esta crisis se remonta al 13 de noviembre, cuando Haidar llegó a su tierra, el Sáhara, procedente de un vuelo de Las Palmas (Islas Canarias) después de un viaje por Estados Unidos, donde recibió un premio por su labor de defensa de los derechos humanos.

En el control policial, al llenar la documentación migratoria, Haidar, de 42 años y casada, escribió que su nacionalidad era del Sáhara, lo que significó una afrenta para los policías marroquíes, que le retiraron el pasaporte y la expulsaron del país.

El canciller español, Miguel Ángel Moratinos, aclaró que ese mismo día su homólogo marroquí le informó de la inminente expulsión de Haidar, además de que reconoció que se trató de “una expulsión política”.

El gobierno español, encabezado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, permitió la entrada de Haidar a su territorio, lo que para los defensores de la causa significó la “indulgencia” necesaria para llevar a cabo la expulsión.

Una vez en el aeropuerto de Tenerife, Haidar inició su huelga de hambre y denunció reiteradamente no sólo el supuesto atropello a su persona, sino también la sistemática violación de los derechos humanos del ejército marroquí al pueblo saharaui, las detenciones injustificadas y los ataques sin tregua contra la movilización política y social en la región a favor de un referendo de autodeterminación.

Haidar inició entonces una resistencia firme en la que durante los primeros días sólo estuvo acompañada por la convicción de que estaba reclamando sus derechos básicos y por decenas de simpatizantes con la causa saharaui y miembros del Frente Polisario.

Pero desde el campamento improvisado en el aeropuerto canario, Haidar fue sumando más y más voluntades a su causa; desde ciudadanos anónimos que se convirtieron de inmediato en su guardia hasta destacados intelectuales y artistas como José Saramago, Eduardo Galeano, Pedro Almodóvar y Pilar del Río, que se unieron a la causa de Haidar y del pueblo saharaui.

Con el apoyo de la sociedad civil y de algunos partidos políticos, la situación de Haidar se convirtió en asunto de prioridad nacional, primero en España, y después en Europa, donde hoy mismo se suspendió una moción en el Parlamento europeo ante la inminente solución del conflicto.

La crisis originada por el caso de Haidar obligó a interceder por ella a las más altas instancias de la comunidad internacional: primero la cancillería española, después el gobierno francés, a través del presidente, Nicolás Sarkozy, después la ONU y su secretario general, Ban Ki moon, y finalmente Estados Unidos y su secretaria de Estado, Hillay Clinton.

Haidar despegó de Lanzarote unos 25 minutos antes de la medianoche, con lo que aterrizó en El Aaiún alrededor de la una de la madrugada de este viernes, donde la esperaban ansiosos familia y seguidores

El gobierno de Marruecos impidió el acercamiento de periodistas para que Haidar ingresara al país de la forma más discreta posible.

La guerra contra los mapuches

Marcos Roitman Rosenmann

La Jornada

Las noticias que llegan de Chile no son alentadoras. Nada parece tener sentido en medio de una política de violencia gubernamental cuya máxima consiste en seguir desplazando la frontera del pueblo mapuche hacia regiones más australes e inhóspitas, donde sobrevivir es un milagro. Se trata de robar y negarles los legítimos derechos sobre sus territorios. Pero esto no es nuevo. Durante el mandato de Jorge Alessandri, en los años 60 del siglo XX, un terrateniente perteneciente a la vieja escuela permitió a sus pares seguir con la usurpación de los territorios mapuches. Igualmente, bajo su gobierno, se consumó el exterminio de los indígenas patagones. Desaparecieron sin que se derramase una lágrima. Salvo en documentales, nadie recuerda su existencia. Algo similar ocurre con los indígenas onas en el extremo austral. Su población disminuye constantemente. Pero esto sigue y suma. En el periodo dictatorial, al tiempo que se tortura, asesina y desarticulan las organizaciones indígenas, se enajenan las tierras comunales, distribuyéndose entre los hacendados pinochetistas. En los años 90, cuando muchos saludaban el fin de la dictadura y auguraban tiempos mejores, el pueblo mapuche seguiría acosado y perseguido. Se criminalizan sus reivindicaciones y se da rienda suelta a una de las más feroces represiones ejercidas por gobiernos electos democráticamente. Su impulsor será el entonces ministro de agricultura de Patricio Alywin, Juan Agustín Figueroa, gran latifundista y con intereses económicos en los territorios mapuches, donde tiene sus propiedades. Fue el inductor de aplicar las leyes antiterroristas que han llevado a la cárcel a más de 50 lonkos y justificado la tortura a manos de las fuerzas de orden público. Esta política siguió bajo el gobierno de Eduardo Frei hijo, con la construcción de la presa hidroeléctrica Ralco. Su puesta en funcionamiento acabaría por destruir el patrimonio cultural de los pehuenches, dejando bajo sus aguas una parte fundamental de su arquitectura, cementerios y centros de culto. El etnocidio se consuma. Fueron presionados, violentados y obligados a trasladarse a las regiones altas de la cordillera de los Andes con temperaturas inferiores a cinco grados bajo cero en invierno. No sólo les quitaron sus pertenencias y territorios, han roto su ecosistema y profundizado su pobreza. Endesa, la empresa propietaria, se lava las manos amparándose en las leyes vigentes que avalaron el proyecto.

Sin embargo, antes de llevarlo a cabo, los estrategas chilenos estudiaron posibles conflictos emergentes. En un viaje de Estado, se presentaron en México acompañados por el embajador de Chile. Se reunieron con las autoridades de Gobernación para empaparse de la estrategia contrainsurgente desplegada en Chiapas contra el EZLN. Había que estar prevenidos y tomar ejemplo. Las autoridades chilenas siguieron las instrucciones al pie de la letra. No se cortaron un pelo, militarizaron la región buscando desarticular las comunidades y encarcelar a sus líderes naturales. De paso crearon organizaciones bastardas con las cuales negociaron la venta y el desalojo de los territorios pehuenches. Un diseño sin fisuras. Tras la inauguración de la presa, los nuevos asentamientos no tienen luz eléctrica y su costo es prohibitivo. La presa Ralco no iba a producir electricidad para la población, se trataba de beneficiar a las industrias contaminantes de la minería y la celulosa de papel. El daño al medioambiente de la región es irreversible.

Pero este robo y expropiación de las tierras a los pueblos originarios no es nuevo en la sociedad chilena, y se remonta al siglo XIX con el proceso de pacificación de la Araucanía. Eduardo Mella en el excelente libro publicado por editorial LOM Los mapuche ante la justicia. La criminalización de la protesta indígena en Chile, señala su significado: “la ocupación de la Araucanía implicó para el Estado la anexión de casi 5 millones de hectáreas y para los mapuches la reducción a menos de 5 por ciento de lo que fue su territorio ancestral (…) con la reducción territorial, alrededor de 40 mil mapuches no fueron radicados en territorio alguno. El mapuche fue obligado a subsistir en pequeños espacios de superficies, inferiores a 6.18 hectáreas por persona promedio”. Así, la pacificación consolida la usurpación desconociendo de los derechos de posesión y propiedad del pueblo mapuche a sus tierras ancestrales. En consonancia, reconoce títulos de propiedad fraudulentos a los nuevos colonos y viejos terratenientes.

Hoy, cuando la presidenta Michelle Bachelet está a punto de acabar su mandato, el balance con respecto a su política indígena es peor. Si José Saramago le puso en antecedentes durante su viaje a Madrid acerca de la situación de los mapuches, rogándole que mirase al sur y no los abandonase, el resultado ha sido más dirigentes detenidos y tres asesinados a quemarropa y por la espalda. Bachelett ha superado a Ricardo Lagos en su política de nuevo trato a los mapuches. Da una vuelta de tuerca y deja impunes a los autores del acoso a los niños mapuches. Ahora, intimidados, se les hace presenciar las palizas a sus padres, se les esposa, golpea y maltrata. Se les amenaza con matarlos si no delatan a los defensores de los derechos del pueblo mapuche en su comunidad. Existen más de una docena de casos contrastados por Naciones Unidas. Un ejemplo es el acaecido en la comunidad de Rofue, en Padre Las Casas. Allí el menor de 14 años F. P. M. fue tiroteado con perdigones, golpeado, subido a un helicóptero del GOPE y amenazado con ser lanzado al vacío si no denunciaba los nombres de los integrantes de la comunidad. Sin embargo, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, se defiende con estos argumentos: algunos dirigentes mapuches utilizan a niños y mujeres como escudos. Versión similar a la aportada por el general Hero Negrón, jefe de zona de carabineros en la Araucanía. Los menores atacan a carabineros o han sido puestos por delante durante los cumplimientos policiales generados por órdenes judiciales. Seguramente la máxima del gobierno de Bachelet no dista de la acuñada por las oligarquías del siglo XIX para justificar el exterminio de los pueblos originarios: civilización o barbarie.

Chile, una visita a un país en vísperas electorales

por Txente Rekondo
Gara/Rebelión




Sin embargo, pronto te encuentras con una nueva realidad. En las calles de la zona universitaria se muestran las pintadas y los carteles reivindicativos de todos aquellos que siguen luchando por cambiar la situación actual y que no renuncian a recuperar su memoria histórica. El contraste lo encontramos en el centro de la ciudad, donde se suceden las concentraciones de las diversas iglesias que inundan el país, muchas de las cuales están sustituyendo el papel de la tradicional iglesia católica, proclamando a los cuatro vientos las bondades de su credo y haciendo una evidente labor de proselitismo ante la mirada curiosa de los viandantes santiagueños.

Unos metros más alejados de la plaza de la Catedral nos acercamos a uno de los iconos de aquel golpe fascista de 1973, el Palacio de la Moneda, la sede presidencial de Salvador Allende y donde en aquella fatídica fecha los golpistas acabaron con su vida y con las esperanzas de buena parte del pueblo chileno. Y uno de los primeros detalles que llama la atención es observar cómo en torno al citado edificio se puede ver a los mismos milicos (o a los sucesores de éstos) que lo bombardearon con sus trajes de gala, haciendo una evidente ostentación de quién es el que, todavía hoy, sostiene las riendas del poder en Chile.

Y es que como dice Laura, una estudiante universitaria, nos encontramos ante un escenario «que es el fruto del sistema que pusieron en marcha los militares golpistas y sus aliados (empresarios y oligarcas) tras diecisiete años de dictadura, y que no es más que una transición donde todo está atado y bien atado».

Los principales pueblos y ciudades del país han visto cómo en esta larga campaña pre-electoral se han mezclado los mensajes electoralistas con las movilizaciones, los conflictos y las huelgas de diversos sectores de la ciudadanía, cada uno con sus reivindicaciones particulares, pero todos ellos demandando un cambio real a la política gubernamental y al rumbo que ha adquirido el país de manos de la actual clase política.

El profesorado de las escuelas municipales se ha venido manifestando en defensa del pago de «la deuda histórica» y contra los planes privatizadores de la enseñanza; los funcionarios públicos han logrado paralizar el servicio en defensa de una estabilidad para los trabajadores temporales y solicitando al mismo tiempo mejoras salariales; miles de personas sin casa han salido también a las calles estos días solicitando el derecho a una vivienda digna; los desempleados ven cómo la crisis sigue cebándose en los sectores más desfavorecidos, a pesar de las grandilocuentes declaraciones del Gobierno; y el conflicto mapuche entra en una nueva fase de lucha, y la respuesta del Ejecutivo es más Policía, más represión, con fatales consecuencias para sectores más amplios de este pueblo originario.

Esta breve visita a Chile nos ha permitido ver de primera mano las diferencias abismales entre los que la clase política chilena dice defender y el escenario real que se puede encontrar en cualquier esquina del país. Mientras los políticos siguen inmersos en la campaña electoral, los asuntos clave para una buena parte de la población seguirán guardados en el cajón del olvido.

Las elecciones del próximo domingo están cada vez más cerca, y los principales candidatos a la presidencia están volcando sus esfuerzos para hacerse con el apoyo de sus ciudadanos. La atención se ha centrado en los cuatro candidatos: Eduardo Frei, de la Concertación; Sebastián Piñera, de la Coalición por el Cambio; Marco Enríquez-Ominami, de la Nueva Mayoría para Chile; y Jorge Arrate, del Junto Podemos Más (JPM).

El candidato de la Concentración (calificada vehementemente como una coalición de centro izquierda), Frei, representa la imagen más triste de la ambición personal de un político. Ángel, conductor de autobús, nos apunta con cierta sorna, y señalando la propaganda de Frei, «vamos a vivir mejor», que «ese lema es el motor que mueve a ese político, quiere seguir en pontica para seguir enriqueciéndose personalmente». La escasa capacidad comunicativa de Frei, su anterior paso por la Presidencia chilena, marcada por una enloquecida campaña privatizadora, y sus antecedentes políticos, que le sitúan como representante de los sectores más conservadores de la coalición, no pueden augurar nada bueno.

Además, hay otros factores en torno a esta alianza de socialistas, democristianos y radicales, que incide en esa misma línea pesimista. Las divergencias internas en el proceso de elección del candidato han supuesto el abandono de importantes figuras, así como cerrar el paso a una candidatura «más fresca, con aires nuevos». La propia elección de Frei ha abierto las heridas de ese difícil equilibrio de la coalición, lo que unido al desgaste de los años en el Gobierno y a la presencia de un candidato derechista que reúne a todas las fuerzas reaccionarias y conservadoras a su alrededor (mientras que Frei tendrá que afrontar la presencia de candidatos salidos de sus propias filas), hacen que las posibilidades de la derecha por vencer por primera vez desde el final oficial de la dictadura gane puntos.

La campaña de la derecha es el más fiel reflejo del oportunismo político. Utilizando el tirón propagandístico del famoso cambio de Barack Obama, la derecha lo ha incorporado a su propia campaña. Al mismo tiempo, ha utilizado el arco iris (símbolo habitual de la Concertación) y la música popular (ligada históricamente a la izquierda), en un evidente intento por hacerse con el respaldo de aquellos sectores que normalmente no apoyan sus candidaturas.

La elección de Piñera, empresario acusado de mantener «negocios oscuros», y su supuesta participación en especulaciones financieras no parecen ser un obstáculo para lograr cuando menos el paso a la segunda vuelta. El apoyo de Piñera a las megaempresas y otros proyectos de desarrollo salvaje se han intentado ocultar durante la campaña, poniendo el énfasis en la lucha contra la delincuencia. Los principales medios de comunicación, afines a los sectores reaccionarios y oligarcas del país también han puesto su granito de arena, y no han dudado en repetir un día tras otro cualquier incidente relacionado con la seguridad ciudadana para dar la imagen de un Chile donde la delincuencia estaría campando a sus anchas bajo el Gobierno de la Concertación.

El tercer candidato, Enríquez-Ominami (MEO), pretende presentarse como el candidato de la renovación generacional. Dolido por su exclusión del proceso de primarias en la Concertación no ha dudado en presentarse en solitario, y ha conseguido el apoyo de diversos sectores ideológicos del espectro político chileno. Su candidatura está siendo mimada por los medios afines a la derecha, en un evidente intento de restar votos a Frei, y otros señalan que «detrás de sus intenciones y del marketing electoral se pueden esconder los trazos de una política claramente neoliberal».

Arrate es el candidato del JPM, la alianza del PC chileno y otras formaciones para acabar con el dominio de las dos principales coaliciones. No lo va a atener sencillo, de hecho y a pesar de que todos reconocen que es el vencedor moral de los debates televisivos, su presencia en los medios es muy escasa, relegado a espacios mínimos, lo que ha hecho que algunos lo definan como «el candidato oculto». Arrate tampoco está exento de las críticas por parte de los sectores de izquierda, sobre todo de los movimientos extraparlamentarios, quienes le señalan como el candidato más conservador de esa alianza.

Proveniente del PS chileno, Arrate está utilizando la imagen de Allende junto a su figura como un claro reclamo de la herencia ideológica del presidente chileno. Por otro lado, ha sabido articular un discurso que recoge las principales demandas de la población, pero los obstáculos financieros, mediáticos y políticos pueden hacer que sus resultados sean inferiores a lo esperado.

El JPM ha puesto buena parte de su futuro político en torno al pacto instrumental o «contra la exclusión» que ha firmado con la Concertación, y que se basa en dos pilares. El primero es el apoyo del JPM a Frei en el caso de una segunda vuelta, y el segundo concreta el reparto de los distritos electorales en las elecciones parlamentarias, por el que JPM se presenta en 12 de ellos y la Concertación en otros tantos, evitando competir entre ellos. El argumento para defender este acuerdo se sustenta en el intento de romper el sistema electoral diseñado por el post-pinochetismo.

Chile necesita una transformación, que «difícilmente puede venir de la mano de la clase política actual», apunta la estudiante santiagueña. La recuperación del cobre, el fin del poder de los militares, la recuperación de la memoria histórica, la estatalización de los recursos naturales o unos servicios educativos y sanitarios de calidad son, junto a la «necesidad de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución democrática y participativa», los ejes que debería adoptar el cambio en este país.

De no lograr ningún candidato la mayoría absoluta el próximo domingo, los dos mejores situados volverían a enfrentarse el 17 de enero. Todavía es pronto para que se plasme en la realidad chilena la letra de aquella otra canción que veía marchar «por las alamedas a los oprimidos» y «de banderas de pobres se llenarán los caminos». Las grandes alamedas de Chile siguen esperando los aires de cambio y que éstas se abran definitivamente para que los sueños y proyectos de todos aquellos que quedaron en el camino bajo la vota de los milicos y sus aliados puedan convertirse en realidad.

Mientras tanto, habrá que esperar para que cobra peso aquella estrofa de hace años, «porque esta vez no se trata de cambiar un presidente / será el pueblo quien construya un Chile bien diferente».

¿QUE PASA CON LA GRIPE A?

De lo que fuimos y somos para ser exilio

Declaración final del Primer Encuentro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Colombiano capítulo España

Nosotras y nosotros somos víctimas de los crímenes del estado colombiano, y hemos sido obligados a exiliarnos como único medio para evitar la amenaza cierta de ver conculcados nuestros derechos fundamentales a la vida e integridad física, la libertad y a la justicia. Mantenemos la llama viva de la memoria. El 12% de la población colombiana vive hoy en la diáspora, y más de 500 mil personas son exiliados políticos. Esta práctica criminal ha significado un sustancial debilitamiento del tejido organizativo y se constituye en un inmenso daño para el conjunto de la sociedad.

El estado colombiano insiste en la negación de la existencia del conflicto armado que se prolonga por más de medio siglo. Sus propuestas económicas y políticas, la seguridad democrática, la legalización del paramilitarismo, la desinstitucionalización del país y la consolidación del modelo económico neoliberal, día a día deterioran aún más las condiciones de vida de la población. 50.000 desaparecidos, más 170.000 ejecutados, 7.000 presos políticos, la aplicación sistemática de la tortura, más de 4’000.000 de desplazados internos, son cifras que desnudan la realidad colombiana.

El Estado Español se ha comprometido en apoyar la política del gobierno colombiano, anteponiendo los intereses económicos de las transnacionales a los derechos humanos de la población colombiana. Se ha comprometido en la suscripción del TLC con la Unión Europea, tratado que profundizará la actual situación de empobrecimiento generalizado y afectará sobre todo los derechos de los pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos, de las mujeres y los niños, al garantizar la destrucción de la base económica, la monopolización privada de los servicios y la extracción de los recursos naturales. Pero además, el gobierno de España intensifica el recorte del derecho de asilo y refugio a través de reformas legislativas.

En este contexto nos reconocemos como miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, por medio de nuestra actuación como MOVICE EN EL ESTADO ESPAÑOL. Reconocemos que esta gran coalición encarna las aspiraciones de justicia y dignidad del pueblo colombiano. Nos ratificamos en el compromiso de seguir fortaleciendo este espacio político de los y las exiliadas. Asumimos las ocho estrategias del Movimiento contra la impunidad. En este sentido, nuestra situación de exiliados nos lleva a formular una novena estrategia: la búsqueda de la plenitud de nuestros derechos y de verdad, justicia y reparación integral, para la superación de esta forma específica de la criminalidad de Estado. Nuestra meta es el retorno con dignidad.

Instamos al gobierno del estado español a que no siga cohonestando con las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Colombia, y a que se le exija al estado colombiano el cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas. Queremos que se exija al gobierno colombiano el verdadero desmonte de las estructuras paramilitares, que se fiscalicen los recursos destinados al supuesto proceso de desmovilización y que se acabe la llamada cooperación militar. No estamos en contra de las relaciones económicas equitativas entre estados. Pero consideramos que en las actuales condiciones no es posible la firma del TLC entre Europa y Colombia.

Exigimos al estado colombiano la libertad inmediata del compañero CARMELO AGAMEZ, Secretario Técnico del MOVICE, capítulo Sucre, detenido injustamente en una cárcel colombiana. También que cese la persecución criminal contra las personas que defienden los derechos humanos en Colombia.

Nos solidarizamos con las personas y organizaciones que luchan por establecer la memoria y la dignidad de las víctimas en el estado español.

Respaldamos la lucha del pueblo Saharahui para que cese la ocupación de su territorio, y nos solidarizamos con la activista Aminetu Haidar.

SOMOS SEMILLA, SOMOS MEMORIA, SOMOS EL SOL QUE NACE DE LA IMPUNIDAD.

MOVICE CAPÍTULO ESTADO ESPAÑOL

Madrid, 30 de noviembre de 2009.

PERSECUCION POLITICA A ESPOSA DE LIDER MAPUCHE

Esposa de líder mapuche acusa persecución política de Fiscal Regional de Temuco y defiende su derecho al trabajo

-Pamela Pessoa responde dichos de fiscal Ljubetic

Por Lucía Sepúlveda
http://www.periodismosanador.blogspot.com/

“Esto es una persecución política. El fiscal regional Francisco Ljubetic está cuestionando mi derecho a trabajar. Yo soy asistente social en el hospital de Cañete, miembro de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, FENATS, y me desempeño en el sector público desde hace unos 12 años, mucho antes que se conformara la Coordinadora Arauco Malleco. Con mi marido nuevamente preso, soy jefa de hogar, como todas las mujeres de los presos políticos mapuche y tengo 5 hijos e hijas que mantener.” El reclamo lo formula Pamela Pessoa –que no es mapuche- pareja de Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco quien está recluido en la cárcel El Manzano de Concepción. Sus hijos,Lautaro, Neyen, Ernesto, Pelentaru y Victoria tienen edades que van entre los quince y los cuatro años.
La indignada reacción de Pamela Pessoa surgió en respuesta a las acusaciones de Ljubetic al diario La Tercera (portada del domingo 29 de noviembre) en la que el alto funcionario del Ministerio Público señala que él “ha estado poniendo el ojo” al hecho de que “activistas importantes y reconocidos” como la esposa del dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, Pamela Pessoa, y otros cuatro familiares de Llaitul “tengan trabajo estable proporcionado por el Estado “en circunstancias que están vinculados a personas procesadas por hechos violentos.
¿Por qué cree usted que se hacen estas declaraciones?
Las declaraciones las hace justo ahora en que surgen voluntades de diálogo que buscan evitar la violencia y la muerte de comuneros, y surge esta provocación. Pareciera que al Ministerio Público no le interesara que el conflicto se solucione. Tampoco a la derecha, ya que escuché en la radio que el senador de la UDI, Víctor Pérez, lo apoyó, sosteniendo que de parte del Ministerio de Salud había una suerte de “financiamiento indirecto” a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)”.

Derechos conculcados
Las amenazas del fiscal regional de Temuco provocaron estupor y rechazo en medios de derechos humanos, ya que es universalmente reconocido el derecho de los familiares de presos políticos (y comunes) a organizarse y apoyar los procesos judiciales buscando obtener la libertad de los afectados. El activismo al que hace relación el fiscal regional sólo puede referirse a las denuncias formuladas a nivel nacional e internacional por Pamela Pessoa y los restantes familiares de presos políticos mapuche, que impidieron hace unos meses que se produjera el traslado de los presos a cárceles ubicadas a miles de km de sus familias.
Las denuncias de montajes político/policiales para inculpar a comuneros mapuche formuladas por abogados de derechos humanos, también han sido avaladas por los familiares de los más de cincuenta presos políticos que permanecen en distintas cárceles de las regiones del Bío Bio, Araucanía y Los Ríos. El hecho de que los 15 detenidos por la supuesta emboscada al fiscal Elgueta en Tirúa estén siendo juzgados al mismo tiempo por la justicia militar y por la justicia civil también ha sido criticado por los familiares. Pero en el palacio de La Moneda, en Santiago, a escasos días de las elecciones presidenciales, no hay receptividad para estas apreciaciones. Recientemente el informe anual de derechos humanos de la Universidad Diego Portales que formuló también críticas respecto de la aplicación de la legislación antiterrorista a los mapuche, la criminalización de la lucha social, la desaparición forzada de un joven mapuche, y la permanencia de la justicia militar para juzgar a civiles fue airadamente rechazado por el gobierno. El tema mapuche ha estado ausente de prácticamente todos los debates de los candidatos a presidente.

Responsabilidad del fiscal
Un examen de la conducta del Fiscal Ljubetic a la luz de las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, cuyo título III se refiere a la responsabilidad de los fiscales deja en claro contravenciones a la norma. El artículo 63, letra d) establece que los fiscales no pueden “efectuar actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, sin autorización judicial previa”.
También están impedidos de usar su cargo con fines ajenos a sus funciones. Más aún, el artículo 64 dice que los fiscales “deberán abstenerse de emitir opiniones acerca de los casos que tuvieren a su cargo.” Si bien el fiscal regional no tiene directamente a su cargo estos casos, no hay duda que son los hechos derivados del conflicto mapuche/Estado/forestales los que más atención concitan y los que más recursos humanos y materiales requieren de parte de la fiscalía regional.
De acuerdo a la ley, el fiscal regional dura en su cargo 10 años y cualquier acusación relativa a su desempeño debe plantearse ante el Fiscal Nacional.

Llamado de la sociedad civil
Los polémicos dichos del Fiscal de la Araucanía se producen al mismo tiempo que circula en Chile y el exterior un llamado de organizaciones de la sociedad civil, a entablar un diálogo real del Estado chileno con el pueblo mapuche। Convocados por la Comisión Etica Contra la Tortura, los firmantes solicitan como condición mínima un alto a la represión en territorio mapuche, el retiro de las fuerzas policiales instaladas en las comunidades y de las demandas judiciales presentadas por funcionarios del Estado; la aplicación por la justicia del debido proceso, y la aplicación de sanciones (y reparación) en los casos de violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía. Exigen asimismo que se resguarde en especial la integridad física y psicológica de los menores y jóvenes mapuche, y se respete el derecho a la vida. El llamamiento dirigido a la Presidenta Bachelet fue entregado el viernes 27 de noviembre en La Moneda, junto al listado de firmas que avalan la iniciativa, y ha continuado recibiendo numerosas adhesiones de personalidades y organizaciones sociales.

Para el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos se dará a conocer el listado completo de firmantes y se entregará el documento a los candidatos a la presidencia de la república। En la carta se establece que sólo será viable el diálogo si se cumplen las condiciones ya citadas, y se ofrece el apoyo activo a ese proceso como sociedad civil y como defensores de los derechos humanos.

"ZAPATOS DE MI CONCIENCIA"

Morir de pie
Por: Omar Cruz
Artista Plástico

Las fotos que encabezan este texto son de épocas evidentemente distintas. Unos “zapatos” del 8 de octubre de 1967 y los otros también de octubre pero del año 2009. Unos, los que usó Ernesto Che Guevara cuando fue puesto prisionero por soldados bolivianos y norteamericanos y los otros zapatos los que usan actualmente muchas personas en el mundo que dicen ser revolucionarios.

Jamás había visto fotos del Che tan tristes como estas, inmediatamente se me vino el mundo encima y recordé aquella frase de Alí Primera; “Zapatos de mi conciencia”

La foto de los zapatos del Che no se conocían hasta que fueron publicadas con el título de “Fotografía para un imprescindible viaje al centro de uno mismo”. Título que debe llamarnos a la reflexión sobre lo que está ocurriendo en este preciso instante en tantas instituciones públicas de nuestro proceso revolucionario. El Che Guevara siempre luchó contra el burocratismo, sin embargo su pensamiento ha quedado para adornar oficinas y crear fachadas de hipócritas que se escudan con butacas de cuero y jugosos sueldos।

Han prostituido su imagen, ni siquiera la han comercializado, pero la han vendido a cambio de los mismos centavos que cobraría un Judas que besando a su Rey le clavaría la lanza en el corazón.

Así andamos, repletos de traidores que andan por allí masacrando sueños. Nosotros esperando una invasión y ya la tenemos adentro, nosotros, esperando una oposición y la tenemos adentro, nosotros, esperando que los disociados nos incendien el país por los cuatro costados y los tenemos adentro.

¿Por qué no quieren ver esta realidad? ¡por qué ocultarla! Mas daño nos hace el silencio servil que lanzar la palabra combativa. Para ese "imprescindible viaje al centro de uno mismo" necesario es mirarnos fijamente en el espejo y hacernos miles interrogantes. Las respuestas las encontraremos en la calle, en lo que hemos hecho para que estos invasores y traidores no sigan matando nuestros sueños. “No es poca cosa” la opinión que hoy recorre por barrios, calles y caseríos. Algo está pasando y algo tiene que pasar, ¡pero tiene que pasar ya! O nos pasará a nosotros por encima dejando todas nuestras esperanzas aplastadas.
Esos zapatos del Che nos deben llevar a la reflexión. Si bien el mismo Che decía que “no se podía hacer revolución en harapos”, tampoco se puede hacer revolución con zapatos de cuero porque se llenan de tierra en los cerros.

O limpiamos las instituciones de tanta basura humana o le cambiamos el nombre a la Revolución. Pegarán entonces otros rostros en sus oficinas y no el del Che… ahí están los posibles rostros que adornarán fachadas; el pueblo los conoce.

¡Vida o muerte!... salvemos la Revolución, es decir, salvemos el mundo.