viernes, 20 de mayo de 2011

Puerta del Sol, de lo visible y lo invisible


Una crónica de la escritora Sara Rosenberg para inSurGente



Mientras un gran grupo debate reunido bajo los toldos cómo hacer para funcionar mejor y hacia dónde dirigir las energías y la organización de la acampada, la gente circula entre las mesas donde se escriben las propuestas que serán leídas en la asamblea de la tarde.

Cada persona expresa lo que desea, cada persona se acerca y escribe sus propuestas que son expuestas y leídas por la gente que circula y llena la plaza. Encontré muchas propuestas que comparto. Escribí la mía. Y espero poder hacer el listado de todas, después de la asamblea de hoy, cuando se ordenen y sinteticen.

Hay una diferencia cualitativa enorme entre una manifestación y esta acampada. Como hay una diferencia enorme entre una consigna y una propuesta. Es como si de pronto nos hubiéramos despertado del sueño –o pesadilla- de los gobernados para pasar a la acción de los que piensan cómo gobernarse a si mismos. Es un paso enorme.

Y es un paso enorme en varios sentidos, porque esta permanencia en la plaza nos devuelve un poco del tiempo que nos roban. Quiero decir que el sistema siempre nos roba nuestro tiempo, no sólo durante las ocho o más horas de trabajo sino con un modo de usar el tiempo libre que ellos han bautizado y comercializado como el tiempo de “ocio”. Han pautado cómo debemos dejarnos robar el tiempo y cómo debemos perder el tiempo que nos resta en actividades que sean lo más lejanas posible a la comunicación humana, al pensamiento y la solidaridad. Han pautado cómo debe ser el espacio público hasta hacerlo desaparecer (las plazas reformadas de Madrid son un ejemplo claro de la privatización, cedido a las empresas, a los aparcamientos y a los graníticos emblemas del poder). El “tiempo es oro” es la consigna del poder, pero en las plazas recuperadas “el tiempo es nuestro” ha comenzado a funcionar.

El tiempo quizás haya virado de dirección para avanzar en otro sentido. Es como si de pronto se hubiera producido una recuperación del derecho básico de tener tiempo para escuchar, decir, pensar y compartir. La multitud permanece y habla. Deja de ser multitud para ser voz y voces. Algo que el sistema capitalista trata de impedir por todos los medios. Se repite la consigna “Aquí y ahora”, se repite la palabra “ya”. Es como si se hubiera descubierto que el ejercicio de la participación es posible y está sucediendo.

Por la mañana las asambleas son ordenadas, hay un enorme consenso. Se trata de permanecer en la plaza para continuar expresando y diciendo en voz alta que se ha llegado al límite. Los temas van mucho más allá de las elecciones y de la crítica a los partidos del poder, porque el tema central es la visibilización de la voluntad de cambiar y se reflexiona sobre cómo es posible cambiar. En ese sentido el objetivo se ha cumplido: los nadies somos visibles y la dignidad indignada clama justicia.

Durante toda la mañana las mesas, el suelo y las columnas se llenan de papeles escritos con propuestas que deberán leerse a la tarde, durante la asamblea. Sin embargo, cuando llega la tarde, la junta electoral prohíbe la asamblea y si bien la plaza sigue llenándose de gente, la asamblea se suspende. Insisto: permanecer y evitar todos los conflictos que sin duda el poder tratará de generar es lo consensuado. La gente cuenta que en los trenes de cercanías los altavoces advierten que es mejor no acercarse a Sol, y según el relato de los acaban de llegar, la advertencia provoca la risa de los pasajeros. Llueve pero la gente sigue llegando, hasta que por la noche y a pesar del inmenso dispositivo policial, la plaza está llena otra vez. La visibilidad de los nadies amanece en Sol, y es un gran paso adelante. Y como dice la canción “No estamos solos, sabemos lo que queremos”, palabras que también están pegadas sobre la cúpula de cristal del metro, anunciando la actualidad de un gran movimiento cívico que por fin se ha echado a andar. La visibilidad es su primer gran paso después de tantos años de recorridos solitarios cuando no manipulados por el poder para mantenernos atomizados, criminalizados y demonizados cuando siempre se ha tratado de lo mismo: este sistema es un atraco, nuestras manos son nuestras armas y no es una crisis es una estafa, que fueron las consignas que se repitieron sin cesar en la plaza.


















jueves, 12 de mayo de 2011

Manifestación contra hidroaysén

Un botón de muestra, así es en la ciudad imaginarnos como son en las comunidades mapuche.

En Chile la violencia viene de los aparatos de seguridad del estado, "mientras no se cambie la constitución seguimos en DICTADURA", por los grandes consorcios hidroeléctricos y madereros se reprime a chilenos y mapuche.

Rene Maldonado

viernes, 6 de mayo de 2011

Los pueblos originarios frente al desorden ecologico y social

Mexico

02/05/11
Por Joel Padrón González

En esta lucha por la seguridad está el desafío de asegurar el respeto y la defensa a los derechos humanos de toda la población civil que se encuentra entre dos fuegos, aportando, sin querer, cientos de víctimas inocentes. Desde aquí se levanta el grito que nadie podrá callar de Juanelo Sicilia y sus compañeros en nombre de todas las víctimas inocentes de la población. También está aquí la razón del pacto nacional en contra de la violencia a la que nos invita su padre, Javier Sicilia…

Desorden que amenaza con arrastrarnos más y más al caos (…como aquel que reinaba en el principio). ¿Y nuestra capacidad potencial de mantener y perfeccionar el orden establecido en toda la Tierra? Cerramos más y más la vía única de la razón y la palabra necesaria. Nos ahogamos en una creciente violencia de destrucción y muerte.

Violencia, que lo es, venga ésta de donde venga. Porque no es lo mismo hablar, por una parte, de la violencia primera, la que viene del poder y del sistema de dominación y represión que se impone a fin de mantener la nueva situación social de injusticia para unos y de privilegios para otros cuantos; y, por otra, de la violencia segunda, que en muchos casos ha sido necesaria respuesta a la primera, y que viene de la población civil buscando restablecer precisamente el orden destruido por la primera.

Ejemplo claro de esta espiral de violencia que debemos detener ya en todo el mundo, son los acontecimientos que se están viviendo en Libia, Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, Costa de Marfil, Yemen, Siria y otros. Aunque ahí, con preocupación podemos también dilucidar los intereses estadunidenses y la preocupación por el curso espontáneo de la respuesta civil.

En nuestro continente latinoamericano, explicación parecida tienen los recientes descontentos y movilizaciones de la sociedad civil en Bolivia, en la Nueva Nicaragua, como también la guerra sin fin en Colombia. En nuestro país, los feminicidios aún sin respuesta en Ciudad Juárez y en el estado de México, los secuestros y las recientes fosas comunes de víctimas inexplicables, los más de 30 mil asesinatos y ejecuciones en los últimos cinco años, los que inexplicablemente significan muchos más muertos que los que están registrando las grandes guerras a las que hacemos referencia… la población civil estamos obligados a decir basta a este proceso de violencia y a construir una propuesta distinta de nación.

Por otra parte, nos aterra el creciente desorden ecológico del que todos somos responsables. Además de los desastres naturales, como el temblor de 9.1 grados con el subsiguiente tsunami y la inesperada y preocupante crisis nuclear en Japón, los incontrolables incendios de estos días en el norte del país dejándonos hasta el momento cerca de 60 mil hectáreas totalmente destruidas por el fuego… El mundo se nos está calentando más allá de los niveles que se requieren para conservar la vida. ¿Hasta cuándo nos decidiremos a hacer lo que debemos para poder frenar este desorden? ¿Por qué estamos debilitando tanto la capa de ozono que nos protege amenazando sin razón la vida de la humanidad entera? ¿Hasta cuándo seguiremos, inconscientes, emitiendo a la atmósfera las 30 gigas toneladas de dióxido de carbono que le estamos emitiendo cada año? (Una giga equivale a mil millones de toneladas de dicho dióxido.) ¿Cuánto desastre significan todavía las 600 mil toneladas de petróleo crudo derramadas en el Golfo de México de abril a junio de 2010? ¿Qué amenaza significan las 11 mil 500 toneladas de agua radioactiva derramadas recientemente al océano desde la central de Fukushima?... ¿Hasta cuándo vamos a seguir depredando así la Tierra usando irracionalmente los recursos naturales que son para bien de todos? También ante este desorden estamos obligados a decir basta. Pues quienes detentan el poder no asumen políticas reales y decididas.

No obstante, hay esperanza: las marchas en contra de la inseguridad del miércoles 6 de abril en 21 ciudades de nuestro país, con el apoyo de similares en Barcelona, Buenos Aires, París y Nueva York, deben continuar o convertirse en una manifestación solidaria sin final hasta lograr que se nos garantice la seguridad a todos.

En esta lucha por la seguridad está el desafío de asegurar el respeto y la defensa a los derechos humanos de toda la población civil que se encuentra entre dos fuegos, aportando, sin querer, cientos de víctimas inocentes. Desde aquí se levanta el grito que nadie podrá callar de Juanelo Sicilia y sus compañeros en nombre de todas las víctimas inocentes de la población. También está aquí la razón del pacto nacional en contra de la violencia a la que nos invita su padre, Javier Sicilia…

Volvamos otra vez los ojos hacia Chiapas: en materia ecológica, los pueblos indígenas de Chiapas tienen propuesta. Propuesta sostenida a través de cientos de años. Los pueblos indígenas tienen vocación y capacidad para preservar los recursos naturales.

Giremos la mirada a la reserva ecológica El Huitepec, cerca de San Cristóbal de las Casas; cuidada y conservada por la capacidad organizativa de los pueblos indígenas: solos, sin recursos, de manera independiente.

No han sido las poblaciones indígenas las que han destruido la selva: fue la ganadería extensiva, la tala de las compañías madereras, el dinero, la ganancia.

Y frente al desorden social, los pueblos también tienen propuesta: desde su sentido distinto de los cargos, de la política, del servicio: del bienestar comunitario, contrario a la destrucción y a la violencia. Desde la protección que, por fortuna, muchos hacen de su tierra comunitaria y colectiva.

Todas y todos debemos reconocernos actores del nuevo orden social que necesitamos y buscamos: no un hijo muerto más, no más sangre en el país, garantía de respetar y defender los derechos humanos de toda la población, compromiso para usar racionalmente los recursos naturales, asegurar la producción intensiva de alimentos para la soberanía alimentaria del país y vida para todos…

Joel Padrón González -

lunes, 18 de abril de 2011

Mapuche: Llaitul escribe desde la cárcel

El líder mapuche Héctor Llaitul escribe desde la cárcel
“Cómo entendemos esta condena”

Punto Final



En primer lugar, haremos un repaso muy sucinto de la historia, cuestión esencial para poder entender el conflicto histórico que tenemos como Pueblo-Nación Mapuche con el Estado chileno.

A la llegada de los españoles, el territorio mapuche ancestral era de aproximadamente 30 millones de hectáreas, que abarcaba desde la zona central de lo que hoy es Chile, hasta la Patagonia por el sur y desde el Océano Pacífico hasta casi el Atlántico por el este. Posteriormente sobre ese territorio se constituyeron las repúblicas de Chile y Argentina.

A partir de 1542 con la fundación de ciudades y fuertes, los españoles comienzan a ocupar militarmente el territorio mapuche, situación que generó una fuerte resistencia de un cohesionado pueblo mapuche. Es en este contexto que surgen los grandes líderes reconocidos como Calfulikam, Peleftraru, Lientur y nuestro gran adalid mapuche, Leftraru. Durante todo este período de resistencia nuestro pueblo no fue derrotado, llegando incluso la Corona española a reconocer la independencia de la nación mapuche, como quedó establecido en tratados conocidos como Parlamentos, siendo el más importante el de Quilín, en 1641, que reconoció oficialmente como frontera el río Bío Bío entre ambas soberanías, lo cual fue nuevamente reafirmado con el Parlamento de Negrete en 1803, contexto en que se empieza a constituir la República de Chile, continuando la independencia de la Nación Mapuche hasta el año 1881 en una territorialidad aproximada de diez millones de hectáreas.

Posteriormente, y como fue una constante en gran parte de América Latina, una vez que se consolidan los nacientes Estados nacionales, se comienza a ocupar progresivamente los territorios de los pueblos originarios dando lugar nuevamente a guerras de exterminio, situación que se entiende por la expansión del capitalismo primario en la región y que obligó a las nuevas repúblicas a consolidar sus estructuras independentistas de la metrópoli bajo una concepción económica de no dependencia. Esto explica en gran parte porqué las repúblicas de Chile y Argentina definieron y llevaron a cabo una ocupación militar de exterminio en La Araucanía, que a la postre culminó con la derrota militar de nuestro pueblo hacia el año 1881-83, quedando nuestro pueblo expoliado de su territorio ancestral en una cifra aproximada de 500 mil hectáreas.

Somos un pueblo ocupado

En definitiva, nuestro Pueblo-Nación es un pueblo ocupado, bajo dominación y dependencia del Estado chileno hasta la actualidad, expoliado territorialmente y que aún se sostiene, sobrevive y resiste en alrededor de las mismas 500 mil hectáreas. Es decir, sobre nuestros derechos territoriales y políticos los hechos y cifras hablan por sí solos, lo que justifica la vigencia de las demandas de territorio y autonomía para la Nación Mapuche.

En las últimas décadas, más aún en la actualidad, nuestro pueblo sigue resistiendo, a pesar de toda la situación, destacándose el éxodo masivo desde las comunidades producto de la pobreza asociada a la falta de tierras y a la pérdida de identidad; en las comunidades se sobrevive dignamente a pesar de vivir “arreduccionados” todavía y de estar permanentemente amenazados frente a las arremetidas de los intereses de un Estado capitalista que a través de sus políticas de dominio territorial sólo han tenido como consecuencia pobreza, miseria, exclusión y exterminio paulatino de nuestras comunidades. No está demás decir que el Estado chileno, a la par de favorecer a la oligarquía criolla, siempre ha aplicado políticas de orden colonialista y dominante que tienen como objetivo sostener el estado de opresión, permitiendo sólo la integración forzada, así se entiende que ya llevamos prácticamente un siglo en que a las demandas mapuches se les aplican medidas de orden cortoplacista y asistenciales, nunca soluciones de fondo que permitan al menos viabilizar la reconstrucción territorial y política para nuestro pueblo.

El capitalismo depredador

En la actualidad el Estado chileno es capitalista porque ha asumido a ultranza el modelo económico neoliberal que se sustenta en las actividades productivas, las que se explotan indiscriminadamente, como son los sectores agropecuarios, cupríferos, pesquero y forestal. Es en el caso específico forestal y su avasallador desarrollo en el sur de Chile, en donde encontramos muchas de las razones de fondo del conflicto entre nuestro pueblo y el Estado chileno, ya que son las políticas del Estado las que siempre han beneficiado a la oligarquía criolla y ahora transnacional expresada en los poderosos grupos económicos que siguen explotando nuestro territorio ancestral, lo que ha traído como consecuencia graves costos para nuestro pueblo. A su vez, la usurpación territorial no ha cesado, ya en dictadura y con la Concertación se dio continuidad a la usurpación violenta de buena parte de las tierras mapuches que aún quedaban en manos de nuestro pueblo.

En definitiva, lo que hoy se llama Araucanía ha pasado a ser controlado por los grandes grupos económicos que no sólo explotan indiscriminadamente nuestro territorio ancestral y sus recursos, sino que son los verdaderos dueños del poder de dominación sobre nuestro Pueblo Mapuche y del pueblo pobre chileno. Por lo tanto, decimos abiertamente que detrás del conflicto mapuche están los grupos Angelini, dueño de la Forestal Arauco, los Matte, dueños de CMPC y Mininco, el grupo Mitsubishi, Endesa Chile, el grupo Shell, los latifundistas asociados en la SNA y últimamente inversionistas mineros como el grupo Santa Bárbara y Farkas.

El Pueblo-Nación Mapuche

La realidad anterior, graficada someramente, es lo que dio lugar a que a mediados de los 90 nuestro pueblo retomara con fuerza el proceso de resistencia. Es en este contexto que surge la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM), organización mapuche territorial que inicialmente planteaba recomponer el histórico Butalmapu de esta zona. Es con la CAM que se da una expresión más avanzada en el movimiento mapuche en lucha. De hecho, la CAM plantea resueltamente la reconstrucción del Pueblo-Nación Mapuche y lo que sería el salto cualitativo más importante, se define desarrollar un gran proceso de liberación nacional mapuche, cuestión que obviamente pone en alerta al sistema y al capital criollo y transnacional. Es el desarrollo de una estrategia y la consecuente práctica política, consistente en ir motivando el control territorial mapuche en las zonas en conflicto, principalmente a través de las recuperaciones de tierras de carácter productivo y la defensa territorial. Es lo que da el salto cualitativo a la lucha mapuche, volviéndola aún más anticapitalista y antioligárquica, subsumida en un fuerte planteamiento anticolonial y por la autonomía definitiva.

Para mayor comprensión, es necesario decir que la estrategia CAM se materializa a través de dos grandes elementos. Por un lado está la resistencia mapuche, definición hecha de acuerdo a las características del sistema capitalista que opera en el territorio ancestral en base a los procesos de inversión destructivos asociados, concluyéndose que el no luchar y resistir al sistema por parte de las comunidades significaría el exterminio de muchas comunidades. La resistencia mapuche, entendida de forma integral, amplia, en donde participa mayoritariamente la masa mapuche y en donde los objetivos centrales son la defensa de la cultura y las formas de vida más dignas en las comunidades. Por otro lado se plantea la reconstrucción del Pueblo-Nación Mapuche, partiendo por un proyecto de rearticulación de comunidades y el desarrollo paulatino de un control territorial y político mapuche que permita reposicionar con más fuerza todos los aspectos que nos son propios como mapuche. De estos elementos fundamentales se crean las condiciones para la creación de las bases de una propuesta de liberación nacional, lo que justifica todas aquellas acciones que desarrollen las comunidades así como sus militantes más comprometidos, los weichafe. A su vez estos elementos permitirían ir desarrollando un pensamiento mayor doctrinario, ideológica y políticamente mapuche para la liberación.

La contrainsurgencia en La Araucanía

Es este planteamiento y su práctica concreta lo que alerta al poder de dominación, tanto a nivel regional como a nivel central, obligando al Estado chileno a desarrollar estrategias represivas en el marco de la contrainsurgencia clásica que ha operado en Chile para frenar las justas luchas de los oprimidos en general y de nuestro pueblo en particular.

Para lograr la estabilidad político-social necesaria y así asegurar el funcionamiento de la economía capitalista que se desarrolla en base al control territorial del Estado en el Wallmapuche, el poder de dominación se ha visto obligado a desarrollar una política de represión y persecución hacia las comunidades mapuches en conflicto y hacia los sectores más comprometidos y consecuentes en la lucha. El Estado chileno ha asumido claramente los elementos centrales de la contrainsurgencia para hacer frente a la lucha mapuche, teniendo como objetivo central en su política represiva a la CAM así como a las comunidades más combativas y autónomas del movimiento mapuche. Esta política represiva del Estado tiene dos grandes aristas, por un lado se observa a las fuerzas policiales que prestan protección directa a los intereses capitalistas en la zona, principalmente a las empresas forestales, lo que ha significado derechamente la militarización de las zonas en conflicto expresada en la instalación de sendos campamentos al interior de predios forestales y el resguardo de las faenas productivas y su traslado de madera, lo que incluye además puestos de punto fijo, rondas e incursiones a comunidades, así como un grueso trabajo de inteligencia e infiltración policial. Por otro lado están las líneas de represión directa, que incluyen allanamientos, asesinato de militantes mapuches, persecución y encarcelamiento a los dirigentes más consecuentes y comprometidos. Cuestión fundamental en esta estrategia represiva ha sido la manipulación mediática, que en el último tiempo ha sido con verdaderas campañas en contra de la causa mapuche que han sostenido los medios de comunicación al servicio de la derecha económica y política de este país, situación que se ha profundizado con el actual gobierno de derecha. Es en este contexto socio-político que se da lugar a la reemergencia del terrorismo de Estado en territorio mapuche, expresado concretamente en la militarización, los permanentes allanamientos, el cerco policial en las comunidades movilizadas y la presencia de grupos paramilitares de derecha, quienes como guardias blancas actúan impunemente resguardando los intereses de los latifundistas y de las empresas forestales.

Manipulación mediática

La manipulación de los medios de comunicación ha distorsionado intencionalmente los hechos, cuestión fundamental para los grupos de poder ya que el objetivo es rebajar la lucha mapuche a actos delictuales y terroristas para así poder perseguir y reprimir indiscriminadamente. En este contexto, el Estado ha apostado por llevar adelante una política de criminalización de la causa mapuche, lo que se ha traducido últimamente en una serie de detenciones a comuneros y dirigentes de la causa mapuche, sobre todo de aquellos que con más fuerza encarnan los planteamientos ideológicos y políticos de la resistencia y la liberación. Ahora bien, se entiende que detrás de estas políticas represivas está el gran empresariado nacional y transnacional, quienes son los verdaderos sustentadores de la violencia oficial contra los mapuches y los responsables últimos de utilizar al Estado y sus instituciones para reprimir y perseguir la justa lucha del Pueblo-Nación Mapuche.

La criminalización de las demandas mapuches se explica por sí sola en la aplicación de una legislación aberrante como son la Ley Antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado, así como la justicia militar, que deja impune a sus miembros. La aplicación intencional de estas aberraciones judiciales tiene como objetivo concreto buscar condenas arbitrariamente en el entendido de que todos los juicios son políticos, de persecución a nuestras ideas y planteamientos, dándose curso a espúreos procesos judiciales con indebidos procedimientos y la imposibilidad de juicios justos.

Terrorismo de Estado

La Ley Antiterrorista con la figura de los testigos sin rostro incluida, los doble procesamientos, el indebido proceso, los grotescos encubrimientos en el juicio producto de montajes político-policiales sostenidos por fiscales anti mapuche, tienen como objetivo llevar a la cárcel a los más comprometidos weichafe de nuestro pueblo. Así se entiende nuestra situación actual; sufrimos persecución política, fuimos apresados y llevados a juicio, el que carecía de todos los elementos que sustancian los aspectos jurídicos, fuimos condenados políticamente por un tribunal bajo presión de los intereses empresariales, la condena era ya un secreto a voces antes del juicio, incluso ya era vociferado por la prensa fascista (El Mercurio) un veredicto. Es decir, la resolución judicial pareció más ser parte de la definición del poder político central.

Las razones de esta condena (20 y 25 años de cárcel) hay que buscarlas en la realidad descrita, más aún comprendiendo que estamos en un contexto sociopolítico de derecha, un escenario que permite mayor tipo de injusticias no sólo para nuestro pueblo sino para todos aquellos que luchan por sus derechos.

La condena es esencialmente política y fue por nuestra pertenencia a la CAM, por ser dirigentes mapuches y por asumir con fuerza y compromiso la lucha de nuestro pueblo. Fue una condena a nuestra postura autonomista, a nuestras definiciones, las que son de millares de pu peñi ka pu lamnien de nuestro pueblo. Es exacto: no tuvimos un juicio justo, la condena fue sólo en base a los testimonios de un testigo secreto o sin rostro, no hubo pruebas ni científicas ni de ningún tipo, la Fiscalía no presentó coherencia de los hechos, no hubo relación lógica de los mismos y nada que pruebe una sola participación en los hechos.

La condena fue política por pertenecer y estar presentes en los procesos de recuperación territorial y política de las comunidades en la zona de Lleu Lleu. La condena es parte de una estrategia mayor de represión al movimiento mapuche que opera en Lleu Lleu, para así garantizar las inversiones forestales y mineras en esta zona.

La condena pretende buscar freno a la propuesta que encarnamos, que va desde la actitud mapuche más digna hasta luchar por la cultura y la identidad nacional mapuche, bases fundamentales para soñar y lograr nuestra tan anhelada libertad, la Liberación Nacional Mapuche.

Por Territorio y Autonomía para la Nación Mapuche.

Weuwain - Marrichiweu

Petu mongolein, Petu mapucheñelein

H. LLAITUL CARRILLANCA

Weichafe de la Nación Mapuche

PPM (Presos políticos mapuche)

18 días de huelga de hambre

Nota: A la fecha en que aparece esta edición de PF, Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical -condenados a 25 años de prisión el primero y a 20 años los demás- cumplen 30 días en huelga de hambre en la cárcel de Angol.




(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 731, 15 de abril, 2011)

punto@tutopia.com

jueves, 7 de abril de 2011

El Defensor del Pueblo alerta de un comunicado de Extranjería que puede provocar redadas masivas

La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España ha denunciado ante esta institución prácticas policiales abusivas en la identificación y detención de ciudadanos extranjeros

EL PAÍS - Madrid - 06/04/2011


Numerosas asociaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han vuelto a denunciar prácticas policiales desproporcionadas que vulneran derechos fundamentales de este colectivo, a pesar de que el Ministerio del Interior ya ha desmentido que hayan aumentado de los controles policiales.

La Circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha puesto en pie de guerra a la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España, el colectivo por la Paz y la Solidaridad y otras 140 asociaciones y sindicatos, que han dirigido sus protestas a la oficina del Defensor del Pueblo para que tome medidas, ya que consideran su aplicación sobrepasa la identificación de personas.

La institución que dirige Luisa Cava de Llano les ha dado la razón y ha argumentado que "la redacción confusa y la mezcla de varios conceptos dentro de la circular pueden favorecer la práctica de detenciones masivas de extranjeros", por lo que sugiere que se revise este comunicado fechado el 25 de enero del pasado año.

La circular, que entró en vigor el pasado 13 de diciembre, ha levantado ampollas entre los letrados de inmigración, ya que introduce varios puntos controvertidos. La Defensora del Pueblo ha centrado sus críticas en el siguiente fragmento: "Se recuerda que el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana, impone a los extranjeros que se hallen en España dos obligaciones: una, la de acreditar su identidad; otra, la de acreditar que se hallen legalmente. En este supuesto, esa misma norma posibilita, al objeto de sancionar una infracción, el traslado a la dependencia policial para practicar las diligencias de identificación por el tiempo imprescindible. El traslado a la dependencia policial puede efectuarse conduciendo al individuo, bien en calidad de detenido, bien a efectos de identificación. Si se traslada en calidad de detenido, esta es la detención preventiva, que, posteriormente, cuando el funcionario inicia el expediente de expulsión dispondrá que esa detención preventiva se convierta en cautelar de ese procedimiento de expulsión ya en curso (así lo posibilita el artículo 61.1.d de la Ley de Extranjería)".

Detención 'cautelar'

De Llano señala en su escrito que el texto provoca "cierta ambigüedad". En efecto, el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1992 obliga al extranjero a disponer de los documentos que acrediten su identidad y su situación legal, y el artículo 20 de la misma ley permite el traslado a comisaría para proceder a la identificación en aquellos casos en los que no resulta posible hacerlo de otro modo. Por tanto, el traslado a comisaría solo puede producirse en caso de que el individuo carezca de documentación que acredite su identidad y no cuando le falten los papeles quedemuestran la legalidad desu estancia en España. En este punto, la redacción del documento podría provocar una interpretación errónea de la que se desprenda que cabe la conducción a comisaría de un ciudadano extranjero aún cuando este estuviese identificado, lo cual no es conforme al Derecho.

El término empleado, detención preventiva, solo cabe ante supuestos de comisión de ilícitos penales recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que no incluye la eventual estancia irregular en España, que está tipificada como un ilícito administrativo. En este caso, ni siquiera podría realizarse una detención cautelar administrativa [artículo 61.1.d de la Ley de Extranjería], puesto que estas se practican en el marco de un procedimiento de expulsión ya en curso y, por tanto, no pueden llevarse a cabo antes de que se inicie dicho proceso. El uso incorrecto de este concepto ha sido entendido por la oficina del Defensor del Pueblo como un foco de malentendidos que "abre vía libre a detenciones preventivas sin fundamento".

Redadas sistemáticas

La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil ha respondido a la oficina del Defensor del Pueblo que siempre se ha mantenido "un compromiso de respeto a la legalidad" y ha dejado claro que las diligencias de identificación en la vía pública continuarán practicándose como hasta ahora.

Sin embargo, De Llano no ha dejado de recibir quejas sobre el establecimiento de controles de identificación rutinarios en lugares públicos con el fin exclusivo de localizar a inmigrantes que estén en situación irregular en el país. Además, los denunciantes advierten que las redadas tienen como objetivo a personas con rasgos étnicos similares, sin otros signos externos que distintigansu nacionalidad. Este tipo de actuaciones policiales que carece cobertura legal, como se recoge en los artículos 19.2 y 20.1 de la Ley Orgánica 1/1992.

La Policía y la Guardia Civil niegan tajantemente que los controles se produzcan de manera sistemática y que se encaminen hacia un colectivo concreto, sino que se planifican en función de las necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, previo análisis de inteligencia e información.

lunes, 21 de marzo de 2011

...RAPIÑAS AL ATAQUE...

LA GUERRA MAFIOSA DEL IMPERIALISMO


En la "guerra-negocio" o "guerra mafiosa" por la dominación del gas y el petróleo libios lo único que está claro es que los grandes perdedores o víctimas a los cuales nadie de los entusiastas contendientes de esta danza de la muerte, ha preguntado si quieren ser "protegidos" o "liderados" es el pueblo libio, el cual ha sido arrastrado por Muammar al Gaddafi y sus recientes socios imperialistas petroleros al peor de los escenarios posibles que pudo pensarse el ciudadano libio común y corriente.

Debe quedarnos claro que aquí el interés central y lo que está en juego son los grandes negocios del imperialismo capitalista por un lado y la permanencia en el poder de una casta-comerciante, dinástica nepotista y seudo revolucionaria por el otro. Y lo menos que importa, a la hora de los hornos y los garrotazos y la lucha por apoderarse de todo el botín, es la vida y la protección de los ciudadanos comunes y corrientes que ya mueren cruelmente bajo las bombas "democráticas" de la OTAN/ONU.

Los que bombardean en este minuto al pueblo libio vociferando que lo hacen para librarlo de un tirano, nada dijeron o hicieron al respecto cuando Gaddafi los invitó a participar de las jugosas ganacias que genera el gas y el petróleo libios, es más Gaddafi fué visitado e invitado por la creme d´ la creme de la élite del poder capitalista. En ese momento el monstruo se había convertido, por obra y gracia del neoliberalismo mercantíl, en un buenhombre un tanto excéntrico, pero buen socio comercial...y de las quejas por los atropellos a los derechos humanos cometidos por el régimen de Gaddafi contra su pueblo, de los terribles informes de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, del mismisimo gobierno yanqui sobre Gaddafi y su gobierno nunca más se supo...hasta hace un mes atrás. ¿por qué?

Seguramente, como se supo hoy, y pese a tener relaciones comerciales bastante buenas con Gaddafi, los yanquis no dejaron un sólo momento de espiarlo con toda la tecnología con la que pueden contar y por todos los medios...para qué se preguntarán muchos, simple, necesitaban información precisa para conocer las debilidades del contrincante, información que adquiere una importancia extrema si se toma en cuenta que la constante actitud estadounidense en el campo de los negocios ha sido muy parecida, sino la misma, a la que tiene la mafia en cualquier parte del mundo. Hacer las paces, besarse en las manos y repartirse el negocio, hasta que el más confiado le dé la espalda al otro...la historia reciente está jalonada por esas guerras mafiosas en las que el imperialismo yanqui ha tenido siempre participación, y tal parece que esta guerra de agresión imperialista a Libia debemos considerarla como una guerra mafiosa más de los yanquis y sus socios.

El general Manuel Noriega de Panamá, Saddam Hussein de Iraq, Osamma Bin Ladin de Al quaeeda han sido algunos de los más notorios monstruos creados por el imperialismo yanqui para después, por desacuerdos comerciales (siempre el cochino billete) sacarselos violentamente de encima, acción que normalmente provoca lo que los analistas llaman eufemísticamente "víctimas colaterales" que no son otra cosa que civiles destrozados y aplastados por la maquinaria de la muerte. Con seguridad la Casa Blanca aplicó en su momento con respecto a estos personajes de su creación, para desgracia de los pueblos, la máxima que ha sido la pauta para la política exterior estadounidense en los últimos 70 años y que patentó el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, cuando hablaba de otro sátrapa, Anastasio Somoza padre. Dijo de él: "Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta".

Claro, Muammar al Gaddafi no fué una creación imperialista, es cierto, pero como tal parece que al coronel beduino no le sobran los escrúpulos, pasó rápidamente de ser un "terrorista" medio izquierdista de los años 70 a un socio capitalista aventajado de los 90/2000, que incluso no sólo abrió las puertas a las multinacionales petroleras y al FMI-Fondo Monetario Internacional- a las riquezas naturales libias, sino que se prestó sin problemas para la farsa que le costó la invasión a Iraq y el cuello a un antiguo socio del imperialismo, Saddam Hussein. Mientras el controvertido coronel Gaddafi prestaba su ayuda a los sandinistas en Nicaragua y a los palestinos los recibía como a sus hermanos, por otro lado, atendía muy bién a los matones de la Triple A, organización terrorista anticomunista argentina de López Rega. Hace pocos años atrás mientras Gaddafi se fotografiaba con Hugo Chávez y Evo Morales, le regalaba caballos de fina sangre a Aznar (me pregunto si este tipo le habrá devuelto los caballos a Gaddafi ahora que es el malo de la película) o negociaba con Tony Blair o Condoleezza Rice las condicones para aplicar el sistema neoliberal en Libia…y como ya se sabe el 2007 financió una parte de la campaña presidencial del conservador y muy derechista Nicolás Sarkozy…¿se le puede considerar aún lider revolucionario a Muammar al Gaddafi?

Es llamativo que no solo el gran capital y el FMI sacaban jugosas ganancias de las riquezas naturales de Libia, sino que la industria armamentista occidental armó a Gaddafi y sus tropas con lo mejor del mercado, por lo que los invasores sabrían perfectamente bién con qué cuenta el antiguo socio a la hora de responder los ataques. A ojos del imperialismo se diría que hasta ahora ha sido el negocio perfecto ya que les ha generado ganancias muy grandes a costa del oportunismo político y comercial de Gaddafi que a la hora de entrar en tratativas con los capitalistas occidentales le importó la nada ninguna exponer y condenar a su pueblo a las estrictas restricciones que impone el FMI y la banca mundial cuando se firman con ellos los que son verdaderos pactos con el diablo que siempre termina caducando el futuro de los más pobres. Libia no fué la excepción, pese a lo que crea una gran parte de la izquierda mundial.

Insisto en que esta guerra de agresión imperialista contra Libia no es más que una guerra mafiosa entre el capitalismo occidental y Muammar al Gaddafi y sus protegidos por apoderarse del negocio del gas y petróleo de ese país del magreb. Es una guerra entre bandas. No se explica de otra forma el hecho que todos los contrincantes de esta tragedia que está pagando el pueblo libio con su sangre y su libertad, comían en la misma mesa hasta hace poco tiempo atrás. Gaddafi, su familia, las empresas armamentistas inglesas y francesas, las multinacionales petroleras yanquis. Es más, los jefes de los rebeldes de Bengazi formaban parte del gabinete de Gaddafi hasta febrero de este año! Indudablemente que el botín a ganar abre apetitos desmedidos y acaba con lealtades y condiciona el accionar de todos los protagonistas de esta tragedia magrebí.

Y como en toda guerra entre bandoleros la probidad y la estatura moral son las grandes ausentes esta no es la excepción. Para comprobarlo aprovechemos de repasar las amenazas de Gaddafi en estos últimos días y horas y los dichos de sus poco santos contrincantes.

Estados Unidos, por boca de una morbo- excitada y sobreactuada Hillary Clinton juraba y rejuraba que los ataques y la invasión eran en nombre de la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional…argumento repetido por las Naciones Unidas, sin faltarle una coma o puntuación del original yanqui. En el mismo tono hipócrita y siniestro los representantes de Inglaterra y Francia aportaban lo suyo a la hora de incitar a la carnicería contra el pueblo libio, aduciendo que lo hacían para acabar con un tirano tan terrible como Gaddafi, olvidando de paso nombrar la larga lista de tiranos y asesinos que ellos financian en el mundo. Me pregunto ¿qué acuerdos habrán firmado y qué sabrá Gaddafi de estos honorables representantes del mundo libre que quieren acabar lo más pronto con este lenguaráz?

El coronel no lo hace mejor: Amenaza con unirse a Al Qaeeda a quién dice combatir e iniciar una guerra santa (jihad) en todo occidente. Amenaza con atentar contra objetivos civiles en el Mediterraneo si es atacado. Al momento de insultar a los gobernantes que lo atacan trata a Barak Obama como "un hijo que siempre apreciará pese a lo sucedido"!??... ¿debemos cerrar el entendimiento y el sentido común y defender lo indefendible? Con esos argumentos lo único que hace Muammar al Gaddafi es neutralizar cualquier apoyo de los rusos o los chinos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas amén de aumentar el terror del ciudadano medio y torpedéa cualquier argumento en su favor…si es que queda alguno.

¿Se imagina alguien el desconcierto y el caos que hubiese provocado a sus pueblos y a la solidaridad internacional si Ho Chi Ming, Fidel Castro, Hugo Chávez o Salvador Allende hubiesen tenido esta actitud y estos argumentos cuando respondieron a la agresión imperialista a sus paises? La verdad que el coronel no hace mucho por ganarse las confianzas ni las simpatías de la solidaridad internacional y ojo que a la actitud de Gaddafi debe agregarsele el constante ningueneamiento que hacen de él y de otros líderes muchos más consecuentes la gran prensa internacional siempre al servicio de los patronos del mundo.

Finalmente, está claro que pese a las decepciones gaddafianas (de las cuales el pueblo libio no es responsable), se debe urgentemente exigir el fin de la agresión imperialista a Libia, además se debe denunciar una vez más el caracter sumiso y entreguista de las Naciones Unidas que corren a votar una resolución guerrerista proyanqui, pero nada dicen o hacen ante la constante agresión del estado terrorista de Israel, hijo putativo de Estados Unidos, en contra del pueblo palestino.

Debemos exigir con más fuerza el derecho a la libre determinación de los pueblos. El problema de Libia compete resolverlo solamente a ellos sin injerencias de terceros.

Mi solidaridad para con el largamente ningueneado pueblo libio.

FUERA EL IMPERIALISMO YANQUI DE LIBIA Y EL MUNDO.

Nos vemos en la calle marchando contra esta nueva agresión imperialista.

Ilich Galdámez, hijo de detenido-desaparecido

miércoles, 16 de marzo de 2011

Colusión de gobierno y jueces para avalar tortura en Chile


Denunció Comisión Etica Contra la Tortura en su 10ª aniversario

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

www.periodismosanador.cl

En Chile, la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes constituyen una práctica cotidiana de carabineros, que se realiza cotidianamente en respuesta a las movilizaciones sociales, en las cárceles y en comunidades mapuche y se extiende también a instructores del personal de las fuerzas armadas dentro de la más completa impunidad, ante la inexistencia de mecanismos de investigación y prevención de ese flagelo. La conclusión es de la Comisión Etica Contra la Tortura al revisar la situación del país, y se dio a conocer en una conferencia de prensa realizada en la sede de Amnistía Internacional, a propósito del décimo aniversario de su nacimiento como entidad de defensa y promoción de los derechos humanos.

El académico Hervi Lara, Coordinador de la entidad, junto al Dr. José Venturelli en representación de la sección europea de la entidad y María Cecilia Aguilar, familiar de Mario Oviedo, un joven que falleció como resultado de las torturas, exigieron hoy al gobierno la puesta en práctica del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura como una forma de impedir estos hechos, entre las que se cuentan además los casos recientes: las muertes de Franco Coronado (a golpes en Cabrero), y de dos jóvenes en los “entrenamientos” de la Escuela de Carabineros, y el episodio de un menor mapuche que fue colgado de un helicóptero para que revelara información sobre dirigentes de su comunidad.

Rechazo total al indulto a criminales

Interrogados sobre las declaraciones del Presidente Piñera y del comandante en jefe del Ejército Comandante en Jefe del Ejército, Juan Manuel Fuentealba, a favor de una amnistía a ex uniformados que cumplen condenas por crímenes cometidos en dictadura, Hervi Lara rechazó los “dimes y diretes” referidos a todo intento de indulto abierto o encubierto a los violadores de derechos humanos de ayer y hoy, reiterando que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía alguna. Recordó que apenas hay unas decenas de detenidos de entre miles de criminales, afirmó que Chile vive en una inmoralidad colectiva con miles de torturadores libres por las calles, y recalcó que los criminales cumplen sus condenas en condiciones altamente ventajosas y favorables.

Tortura con avales

Los representantes de la Comisión Etica Contra la Tortura sostuvieron que en Chile existe una colusión de poderes que permite la extensión de la práctica de la tortura y la avala en ocasiones a través de los fiscales del Ministerio Público y los jueces. El juicio que concluyó en Cañete en febrero de este año ilustra estas afirmaciones, según Venturelli –observador en el juicio- ya que allí se negó la tortura inflingida a los presos políticos y sus comunidades, y más aún, se reconoció como válida una declaración obtenida por tortura formulada por Jonathan Huillical y que fue refutada por Huillical durante el juicio. Sin embargo el estudiante resultó condenado por sus dichos y también lo fueron otros tres comuneros mencionados en su declaración inicial como resultado de las torturas al momento de su detención. Agregó Venturelli que dos de los testigos secretos presentados por el ministerio público –los hermanos Viluñir Calbul - fueron torturados (colgados del puente Lanalhue) para que implicaran a otros comuneros en los hechos investigados, pero cuando su abogado defensor, Nelson Miranda, denunció la tortura, el fiscal de la causa se querelló contra el abogado. Recordó Venturelli que la jurista Mireille Fanon calificó como “prevaricador” al juez Jorge Díaz que presidió ese tribunal oral, por la forma que condujo el juicio, totalmente ajena al debido proceso. La Comisión considera que el Estado chileno desarrolla una política sistemática de agresión en contra de los pueblos originarios, aplicando en forma arbitraria la ley antiterrorista cuyo objetivo final es la defensa de los intereses de los dueños de las tierras reivindicadas por estos pueblos, tras los cuales están grupos económicos nacionales y transnacionales.

El código penal y la impunidad

Para estos defensores de los derechos humanos, cuyo lema es “no a la tortura a nadie, en ninguna parte, bajo ningún pretexto, y en nombre de nada”, el Estado debe incorporar la definición de tortura al Código Penal, requerida por el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y su Consejo de Derechos Humanos. Hervi Lara instó al Instituto Nacional de Derechos Humanos a hacerse parte activa de la investigación de los hechos citados. Cecilia Aguilar, a su vez, hizo un llamado a los familiares de quienes han muerto a causa de torturas a acercarse a la Comisión Etica y luchar contra la impunidad, porque estos hechos son inaceptables. Su familia está impidiendo ahora que la fiscalía cierre el caso y consagre la impunidad.

Respecto de los detenidos por el llamado caso bombas, exigieron un juicio justo, denunciaron las circunstancias de su detención y consideraron que la cárcel de alta seguridad, con medidas como el encierro por 22 horas constituye un primer e inaceptable paso a la tortura.

La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) es una entidad de defensa y promoción de los derechos humanos. Nació en el 2001 con la finalidad de exigir del Estado de Chile la creación de una instancia de Verdad, Justicia y Reparación para los sobrevivientes de tortura de la dictadura militar. La persistente campaña desplegada por la Comisión Etica contra la Tortura (CECT), apoyada por personalidades nacionales e internacionales, posibilitó en el 2004 la implementación de la Comisión de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech.

A continuación, el texto completo de la declaración de la Comisión Etica Contra laTortura:

1º Las autoridades de Chile aún no han puesto en práctica el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y que, entre otros aspectos, implica la construcción de un mecanismo nacional de investigación y prevención de este flagelo, no obstante las acciones desarrolladas para ello por la Comisión Etica contra la Tortura (CECT) y otras organizaciones de derechos humanos. La plena vigencia de esta institucionalidad habría permitido evitar las muertes de personas acaecidas en los últimos años, tras atropellos infligidos por agentes del Estado.

2º La práctica de la tortura se ha extendido a tal punto que los tratos crueles, inhumanos o degradantes constituyen una práctica cotidiana de la policía hacia las personas detenidas en movilizaciones sociales. Se suma a esto el tratamiento dado a los presos de las cárceles por parte de Gendarmería de Chile, así como también los montajes político-jurídicos y sus secuelas realizados por el Ministerio Público.

3º De manera especial, se debe mencionar la política sistemática de agresión en contra de los pueblos originarios, transgrediéndose tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile, lo que se expresa en la forma arbitraria de aplicación de la “Ley Antiterrorista”, que persiste en los procesos, a pesar de las promesas en contrario formuladas por el gobierno. A modo de corolario, se favorecen los intereses de terratenientes y de empresas transnacionales y grupos económicos nacionales que les son afines y que cuentan con el resguardo de las instituciones destinadas a la defensa de la ciudadanía y de la soberanía nacional.

4º A lo anterior, deben sumarse las denuncias públicas emitidas por integrantes del Cuerpo de Carabineros, del Ejército y de la Fuerza Aérea, en relación al entrenamiento que dichos organismos entregan a sus miembros y que atentan contra el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Recientemente, en medio de los citados entrenamientos, han fallecido dos jóvenes aspirantes de la Escuela de Carabineros. Hasta el momento, la opinión pública desconoce el desarrollo y el resultado de los procesos administrativos y penales pertinentes.

5º En este marco, la comisión Etica contra la Tortura (CECT) reitera que, en el año 2009, el Comité contra la Tortura de la ONU, ha recomendado al Estado de Chile el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de la ratificación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

6º Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha planteado al Estado de Chile la necesaria integración de la definición de tortura al Código Penal, de tal manera que se ajuste a la Convención de la ONU con el fin de garantizar la investigación imparcial.

7º La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) formula un llamado a los familiares de quienes han sido víctimas de abusos policiales, que hayan sufrido acosos y torturas, que han perdido la vida a manos de agentes policiales y militares, y a las personas y organizaciones sociales que han sido víctimas de montajes de parte de funcionarios del Estado en complicidad con la prensa ligada a los dueños del poder económico, a denunciar estos hechos ante los tribunales nacionales y organismos internacionales de derechos humanos, para identificar y sancionar a los victimarios, pidiendo FIN A LA TORTURA, así como también la investigación de las acciones violentas que han comprometido la integridad física, psíquica y moral de las personas afectadas, especialmente de quienes son hoy objeto de “montajes”, como es el caso de los presos políticos mapuche y de los presos del llamado “Caso bombas” que se encuentran en huelga de hambre desde hace varias semanas.

8º La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) otorga su irrestricto respaldo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y le insta a hacerse parte, investigar y colaborar con la Justicia, a fin de que los hechos denunciados dejen de permanecer en la impunidad y entre en vigencia el mecanismo de prevención de la tortura, con la instauración de la Comisión Nacional de Prevención, tal como lo señala el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

9º Coherentemente con lo antes señalado, la Comisión Etica contra la Tortura (CECT) rechaza, categóricamente, todo intento de indulto, abierto o encubierto, a los violadores de derechos humanos de la dictadura militar y de la actualidad.

10º Tras diez años de existencia, la Comisión Etica contra la Tortura (CECT) reafirma su compromiso hacia el futuro, ratificando como principio básico un “no a la tortura a nadie, en ninguna parte, bajo ningún pretexto y en nombre de nada”.

COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA (CECT).

Santiago de Chile, 15 de marzo de 2011.

www.contralatortura.cl.

correo@contralatortura.cl.