La inmigración constituye sin duda el fenómeno global más importante de nuestra época. Decirlo se ha convertido ya en un tópico en el que abundan políticos, periodistas, académicos. Un tópico que lleva el camino de convertirse en una excusa, una monstruosa coartada para que los Estados y los partidos políticos “no encuentren” otra solución que cerrar sus fronteras en función de las distintas fases ó coyunturas del ciclo económico.
En España este fenómeno está suponiendo todo un cambio de época que desborda ampliamente la capacidad de los políticos y la “intelligentsia”. Que un país en regresión demográfica hace diez años haya revertido esta tendencia y el 10% de su población sea de origen inmigrante parece que justifica con creces el calificativo de cambio epocal. La sociedad española es, cada vez más, una sociedad multiétnica y multicultural (aunque todas sus culturas sufren, es verdad, el mismo proceso de laminación y uniformización por la “cultura” del capitalismo global) y eso se nota cada vez más en una amplia variedad de campos.
1) En el mundo del trabajo y la economía, desde luego, donde hay sectores enteros en los que la mayoría de la mano de obra es de origen inmigrante, lo que se ha traducido en la existencia de unos salarios reales más bajos que la media de los otros sectores, con efecto de presión a la baja de estos últimos. Esta tendencia de presión a la baja de los costes salariales tiene un importante peso explicativo en el mantenimiento de las tasas medias de ganancia de algunos sectores (construcción, agricultura intensiva bajo plástico, cadenas de distribución alimentaria) y de la supervivencia de otros como el doméstico, gracias a los bajos costes salariales derivados de la todavía muy baja tasa de afiliación a la Seguridad Social. Lo que, dicho sea de paso, ha permitido una fuerte incorporación de mano de obra-fundamentalmente femenina-al mercado laboral, mejorando así la tasa de ocupación, la convergencia con la UE y los ingresos a la Seguridad Social.
2) Pero el mayor aumento de estos ingresos procede directamente de los propios trabajadores inmigrantes cuya contribución ha permitido sanear las cuentas de la Seguridad Social (a las que hace diez años se auguraba inevitable quiebra) alcanzando una dotación del fondo de reserva de unos 27.000 millones de euros, la más boyante de su historia. Es difícil de exagerar la importancia de este hecho que descalifica de un plumazo la política de fomento de los fondos privados de pensiones al tiempo que aligera la carga financiera del Estado y le permite abordar algunas políticas importantes como el incremento de las inversiones en innovación y tecnología para aumentar la productividad del factor trabajo ó la política de dependencia, el famoso “cuarto pilar “ del Estado del Bienestar en España.
El Estado español se ha podido permitir el lujo, en una época de atonía de las economías de la UE, con un bajo nivel de competitividad de su economía y un elevado déficit comercial, de financiar incrementos notables de gasto público sin por ello dejar de cumplir las condiciones de convergencia en cuanto a déficit y deuda pública se refiere. El trabajo inmigrante financia estas alegrías y algunas otras más, lo que en su día permitió al jefe de la patronal desmentir al Gobierno cuando aducía saturación en el mercado de trabajo para justificar el viraje represivo de su política. En nombre del empresariado de este país (no sólo del grande, por cierto), Cuevas reclamó mantener la gallina de los huevos de oro del trabajo inmigrante que tan buenos servicios ha venido prestando en el mantenimiento de las altas tasas de beneficio y como factor sui géneris de competitividad en relación con otras economías del continente. Y el trabajo inmigrante ha sostenido, asimismo, alegrías “de izquierda” en otro caso impensable en un gobierno con un ministro de Economía como Solbes.
3) Tampoco puede ser desdeñada la contribución de la inmigración a la expansión del sector de la construcción y del negocio inmobiliario por la vía de la demanda de viviendas. Alimentando un mercado de alquiler en el que se detectan niveles inauditos de explotación de los inquilinos cobrando precios abusivos por viviendas en condiciones verdaderamente infrahumanas, de un lado. Y convirtiéndose en un poderoso factor de demanda en el mercado de compraventa para familias jóvenes y-todavía-numerosas. Doble explotación la que sufre el trabajo inmigrante. Primero a manos del capital de la construcción a través de los bajos salarios y la carencia de derechos laborales. Y, después, por parte del capital financiero ante el que hipotecará el grueso de su vida laboral (si mantiene el ”privilegio” de la explotación laboral) para legar un patrimonio a sus hijos.
4) En el campo del consumo en general la aportación de la inmigración al incremento en el volumen de facturación de algunos sectores de la industria y los servicios, no por desconocida empíricamente, puede dejar de ser estimada como extremadamente importante. Sectores como el de la alimentación, vestido y calzado, menaje del hogar, electrodomésticos, etc. se han beneficiado de las necesidades de una población con una fuerte propensión al consumo.
5) El campo donde más se percibe la influencia de la inmigración es el de la convivencia ciudadana. De pronto las ciudades y pueblos del Estado español se han llenado de otra gente, otras lenguas (incluso cuando hablan en castellano), otra forma de vivir. Existen, naturalmente diferencias muy acusadas entre las culturas de origen pero no creo equivocarme si digo que el rasgo cultural más sobresaliente de la población inmigrante -quizás por el peso dentro de ella de latinoamericanos y africanos- es la presencia de una fuerte componente comunitaria que está revitalizando una cierta modalidad de la vida ciudadana. Como si estuviéramos antes de su colonización por los coches y las mercancías, las calles y los barrios se han llenado de gente que las puebla con sus tristezas y sus alegrías, con sus temores y esperanzas, con sus odios y sus amores.
Ese “vivir colectivo” ha planteado ya algunos problemas, como no podía ser de otra forma. Ninguno que no pudiera ser resuelto precisamente por el desarrollo y la potenciación de vínculos de convivencia y mestizaje entre las poblaciones autóctona e inmigrante. En la práctica ya se perciben indicios de estos lazos en campos diversos. Son elocuentes al respecto las muestras de influencia de la música latina en algunos barrios de la periferia de Madrid. Es posible confiar en el desarrollo de estos lazos para producir efectos de integración. Pero no es seguro que puedan neutralizar las actitudes xenófobas, no tan espontáneamente desarrolladas entre la población autóctona.
La política de inmigración ha estado marcada desde la primera ley de Extranjería por los principios de la “Europa fortaleza” y el fantasma de la superpoblación inmigrante; pero también y en forma no contradictoria sino complementaria, por las necesidades del capital europeo y español de contar con una reserva de mano de obra con la que afrontar la competencia de otras áreas económicas.
Desde entonces los Estados, el Estado español en particular, no ha hecho sino poner a disposición de los empresarios una mano de obra forzosamente dócil y sumisa con la que aumentar la tasa de explotación y ganancia al tiempo que producía un efecto de disciplinamiento sobre los trabajadores españoles. En esta tarea y en su complementaria antes reseñada, la de impedir por todos los medios la generación de una comunidad laboral y ciudadana, se han distinguido los gobiernos del PP. Desde que perdiera el gobierno del Estado, el PP no ha hecho sino criticar la política de inmigración del PSOE por su blandura y por los “efectos llamada” provocados por la última gran regularización. La avalancha de pateras y cayucos que de forma incesante llegan a las costas andaluzas y canarias, la inocuidad de la posición de la UE y las insolidarias respuestas de los gobiernos autonómicos, competentes en materia de servicios sociales (sin olvidar la proximidad de un ciclo electoral) parecen haber aconsejado al Gobierno a recuperar las políticas duras, comenzando por la devolución de inmigrantes ilegales a sus países de origen.
La UE no tiene ni medio resuelta la cuestión de la inmigración, como se puso de manifiesto con ocasión del debate sobre el proyecto de Tratado Constitucional Europeo, hoy al parecer arrumbado. Pero la UE y sus Estados miembros no pueden volver la espalda a la inmigración. El famoso “modelo social europeo” ha descansado en muy buena medida en el trabajo habitualmente mal pagado de generaciones de inmigrantes (entre ellos, los trabajadores españoles en lasa décadas de los 60 y 70 del pasado siglo.
Lejos de ello, la ya conocida como Directiva de la vergüenza ha sido aprobada por el Consejo Europeo y va a ser examinada y posiblemente aprobada por el parlamento europeo durante el mes de junio. El juicio que puede merecernos esta Directiva está perfectamente expresado en la reciente declaración de la REDI [ferine.org/redi/declaracion-directiva] y que cuenta con varios cientos de adhesiones de organizaciones de inmigrantes, derechos humanos,ONGs,etc. Aquí y en otros países europeos se multiplican las llamadas a la movilización social contra este intento de consagrar como normativa europea la xenofobia y el racismo institucional.
Por si esto fuera poco y actuando en funciones de presidente de turno de la UE para este semestre, Sarkozy ha lanzado una propuesta que viene a llenar el señalado vacío de política migratoria. El contenido de la misma no es precisamente esperanzador: intensificación del control de fronteras, selección de inmigrantes, agilización de expulsiones, renuncia a las regularizaciones masivas, contrato de integración, política común de asilo y ayudas al desarrollo de los países de origen. Los límites de este artículo impiden analizar en la forma que se merece esta propuesta, al parecer conocida por el gobierno Zapatero antes incluso de las elecciones del 9 de marzo. La primera impresión que produce es que imitándose a sí mismo en la campaña electoral que le llevó a la presidencia de la república, Sarkozy toma prestado del acervo de la extrema derecha el arsenal de propuestas que pretende convertir en política europea de inmigración.
La cuestión fundamental reside en la inviabilidad del modelo americanizado de competencia económica que inspiran estas propuestas y que postulan (más allá de declaraciones retóricas) las élites gobernantes europeas. En su lugar, es posible concebir -y consagrarlo constitucionalmente- un esquema de acogida amplio combinado con una efectiva política de cooperación con los países de emigración.
Lo más urgente, sin embargo en estos momentos, es el rechazo de la Directiva de la vergüenza. Es evidente la presión de los gobiernos de la derecha y al extrema derecha europea sobre las instituciones comunitarias para profundizar en esta configuración xenófoba y securitaria de la “Europa fortaleza”. Y la debilidad de la izquierda sistémica y de la Confederación Europea de sindicatos para emprender una dinámica de movilizaciones sociales que frene esta ofensiva. Las cada vez más acusadas señales de estancamiento (en España ,de recesión) contribuyen a la generalización de un clima social de miedo e incertidumbre en el que encuentra las mejores condiciones de desarrollo un cada vez más arrogante neofascismo societario.
La urgencia de parar la Directiva no puede hacernos olvidar la envergadura del desafío planteado por Sarkozy que previsiblemente va a ser seguido,con más ó menos declaraciones retóricas por medio,por la práctica totalidad de los Estados de la UE. Prepararnos para afrontarlo debe ser una empresa de la que forme parte un amplio abanico de organizaciones y grupos sociales comprometidos con la defensa de la democracia y los derechos sociales y ciudadanos frente a la agresión con la que los amenazan los representantes tardíos del americanismo declinante con Sarkozy, Merkel y Berlusconi a la cabeza. Es una lucha de largo plazo pero inaplazable, entroncada con las luchas contra la Directiva Bolkestein y contra la Constitución neoliberal europea. Es una lucha democrática y una lucha anticapitalista porque el capitalismo es incapaz de construir la Europa de la convivencia en paz, en libertad y con plenos derechos que anhelamos la gran mayoría de los que en ella vivimos y trabajamos.
El movimiento de los inmigrantes, junto al resto de los movimientos por los derechos sociales y ciudadanos, debe asumir la responsabilidad de encabezar esta movilización. La antecitada declaración de la REDI se orienta en ese sentido. Va cobrando fuerza por momentos la idea de una gran acción cívica en los ámbitos estatal y europeo que haga sentir la fuerza de los anhelos de dignidad y justicia de la población inmigrante .En el Estado español, continuando las movilizaciones del 23 de febrero pasado en el marco de la campaña “Derecho a tener derechos” y la marcha al centro de Internamiento de Aluche en Madrid, están previstas movilizaciones para este mes de junio por parte de diversas redes y colectivos de inmigrantes y la participación activa en el Foro Social mundial de las Migraciones en el mes de septiembre en Rivas al que pretendemos llevar esta voluntad de lucha y resistencia contra la oleada xenófoba y racista desatada por los gobiernos de Italia Y Francia con el beneplácito del de España.
En el curso de esta lucha, nuevos instrumentos políticos deberán ser forjados para llevar a las instituciones europeas y estatales la expresión de estos anhelos que los partidos de la izquierda sistémica parecen incapaces de representar. Y debería hacerse oír, también, la voz de los gobiernos, partidos políticos y movimientos sociales de los países de origen. La carta de Evo Morales, presidente de la República de Bolivia es un ejemplo para los gobernantes de todo el mundo y un estímulo inapreciable para perseverar en esta lucha por la dignidad.
Madrid, Junio de 2008.
* José Antonio Errejón, Víctor Saez Barriga, Gustavo Álvarez y Esteban Cancelado Gómez son miembros de la Red Estatal de Inmigrantes (REDI)
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