VIENTO SUR Número 110/Mayo 2010 २३
(http://www.vientosur.info/articulosabiertos/VS110_Chile_Gaudichaud.pdf)
El jueves 11 de marzo, el millonario Sebastián Piñera sucedió oficialmente a la presidenta socialista Michelle Bachelet. Elegido jefe de Estado en enero, el dirigente de Renovación Nacional (RN) conquista la primera magistratura en nombre de la coalición Alianza por el Cambio (que reagrupa a neoliberales y ultraconservadores). Es un giro histórico y político: el último presidente de derechas había sido Jorge Alessandri en... 1958. Refiriéndose a la transición democrática que puso fin a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1989), algunos analistas no dudan en hablar de una “segunda transición”.
Tras diecisiete años de un terrorismo de Estado contrarrevolucionario que puso fin a la experiencia de la Unidad Popular de Salvador Allende –y a dos decenios de una democracia bajo tutela establecida en una “transición pactada”, conducida por la Concertación de los Partidos por la Democracia, coalición entre el Partido Socialista (PS) y el Partido Demócrata Cristiano (DC)–, el pueblo chileno conocería en adelante las alegrías de la alternancia .../1. Frente al apagado ex-presidente Eduardo Frei (DC), el mediático Piñera –“Berlusconi chileno” con un bronceado permanente y dientes resplandecientes– ha prometido maravillas a golpe de ingeniería de marketing y televisual: crecimiento sostenido del 6% destinado a hacer olvidar la crisis capitalista internacional, creación de un millón de empleos, combate contra la pobreza... todo ello acompañado de un fuerte discurso en materia de “seguridad ciudadana” y el “fin de la delincuencia” (al menos de la de las clases populares; es seguro que los de “cuellos blancos” no se alarmarán...).
Una derrota que viene de lejos
La derrota es amarga para la Concertación que creía poder jugar aún la lógica del “voto útil” frente a los fantasmas de una derecha marcada a fuego por su apoyo a la dictadura. Pero Piñera, afirmándose como “humanista”, ha sabido recordar que había votado No a Pinochet en 1988, sin por ello poder distanciarse de su pasado de nuevo rico salido del régimen militar, ni de su alianza con la Unión Democrática Independiente (UDI), derecha reaccionaria “pinochetista” (cercana al Opus Dei y primera fuerza del Congreso). Los diputados del centro-izquierda esperaban que la imponente popularidad de la presidenta Bachelet y sus recientes reformas a favor de los más pobres podrían hacer olvidar el pasivo de decenios de social-liberalismo:
justicia para las víctimas de la dictadura “en la medida de lo posible”, permanencia de la ley de amnistía de 1978 y la muerte de Pinochet sin haber sido juzgado; “economía social de mercado” en la que lo social sirve para hacer aceptar un proyecto macro-económico fundamentalmente al servicio del gran capital; ausencia de voluntad política para poner definitivamente fin a la Constitución autoritaria de 1980; acuerdos múltiples con la derecha en el Parlamento; política medioambiental desastrosa sometida a los designios de las transnacionales; represión no desmentida de las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche y autismo frente a las reivindicaciones estudiantiles y salariales...
A este ritmo, ¿cómo extrañarse de que haya cada vez más ciudadanos que se alejen de las urnas y de los grandes partidos institucionales (el 31% de los chilenos en edad de votar, es decir 3,8 millones de personas, ni siquiera están inscritos en los registros electorales) y que quienes se desplazan para poner una papeleta de voto en la urna hayan elegido mayoritariamente “el original” (un patrón millonario ambicioso) más que “la copia” (un senador DC cuya presidencia no ha dejado buenos recuerdos a las clases populares y a los organismos de defensa de los derechos humanos)? Frei ha intentado agitar un trapo rojo entre las dos vueltas: “Durante la campaña, nuestros adversarios han dicho siempre que la Concertación está agotada por haber gobernado ya durante 20 años. Pero ellos mismos han estado en el poder durante 17 años y Chile ha ido mucho mejor con la Concertación que durante sus años (de dictadura, se entiende)”. Esto no ha bastado, como tampoco el apoyo recibido del Partido Comunista y de su coalición, Juntos Podemos.
El último día de Bachelet. ¿Privatizar el litoral del Mar Austral?
Y si fuera preciso intentar explicar por qué la Concertación es odiada por toda una parte del movimiento social y criticada por numerosos militantes de izquierdas (incluso del Partido Socialista); si hubiera que intentar mostrar qué representa el social-liberalismo en Chile, se podría ir al último día de la presidencia de Bachelet.
Ese 10 de marzo de 2010, se ha rubricado la reforma de la Ley general de pesca y de agricultura con la aprobación del último ejecutivo de la Concertación. ¿El objetivo? Sencillamente, acudir en ayuda de las transnacionales del salmón de piscifactoría
que han invadido las costas del sur del país desde hace años y que ahora tienen graves dificultades. Crisis sanitaria en primer lugar, consecuencia de un modo de producción aberrante que ha devastado una parte del litoral a golpe de colorantes, hormonas, antibióticos, sobrepesca (¡para alimentar a los salmones!).
Crisis económica después. Cuando se suponía que esta industria iba a ser uno de los motores de la economía, ha sido desarrollada sobre la base de una rentabilidad a cualquier precio, basada en una exportación masiva a los cuatro rincones del
planeta (Japón, Estados Unidos, Unión Europea). El desarrollo exponencial de un virus (virus ISA) ha afectado a toda la cadena, y ese modelo de crianza intensiva enteramente dependiente del mercado mundial se ha agotado violentamente.
Esta “agonía del salmón” ha provocado una caída de la producción de más del 30% entre 2007 y 2008 y el despido de miles de trabajadores (más de 15.000). Durante veinte años, gracias a las ventajosas condiciones ofrecidas, los capitales han afluido de todas partes, comenzando por la transnacional holandesa Nutreco (la mayor productora mundial) pero también empresas noruegas, japonesas, canadienses y españolas. La patronal chilena no se quedó atrás, puesto que tiene el 55% del ramo. Aunque esto no guste a los ecologistas y a los pescadores artesanales (cuya vida ha sido arruinada), Chile se ha convertido en el segundo productor del planeta, con más de 650.000 toneladas de salmón en 2007, el 4º puesto de la exportación nacional en valor.
Rápidamente ha hecho aparición un verdadero lobby del salmón en el seno de las instituciones y de la sociedad civil. Así, mientras el sector reconocía ya una deuda de dos mil millones de dólares, la proposición del gobierno Bachelet ha sido garantizar el desbloqueo de un fondo público de 450 millones de dólares. Ante la desconfianza de los bancos, el proyecto de ley prevé también una modificación de las reglas de producción, un mejor confinamiento de los peces, una rotación regular de los lugares de cultivo y... la concesión de miles de hectáreas de mar y de tierra firme ¡ofrecida como garantía hipotecaria ante los bancos! Como recordaban los responsables de la campaña “Salvemos el mar chileno”, “Jamás en la historia ningún país había permitido hipotecar el mar. No es sólo un escándalo, es también la renuncia de nuestro país a la soberanía sobre su territorio” . En lugar de seguir tras la huella de Allende, que había expropiado a las grandes compañías de cobre (“el salario de Chile”), el gobierno de Bachelet se habrá mostrado mucho menos glorioso a ojos de la historia...
Los primeros días de Piñera. El regreso de los chicago boys
“Se van los capataces y vuelve el patrón”... Éste es el sentimiento de una parte de los ciudadanos tras las elecciones. En efecto, la mayor parte del personal político de la Concertación no había salido de los medios de negocios, aunque sus miembros
dirigentes se hayan acercado rápidamente a ellos gracias al contacto con el poder. Por otra parte, ¿el presidente socialista Ricardo Lagos no había sido proclamado, al final de su mandato, como uno de los mejores políticos del siglo XX por el sindicalismo patronal chileno? Sin embargo, la llegada de Piñera representa el fin de una mediación política: en adelante, es un capitalista sin complejos el que tiene las riendas del país. Ciertamente, lo que algunos sociólogos llaman la democracia “de los compromisos” o también “del consenso” va a proseguir, con sus diversos acuerdos entre derecha e izquierda, mientras la Alianza por el Cambio no posea mayoría absoluta en el parlamento.
A pesar de ello, este gran patrón cuenta con gobernar para los suyos. A la cabeza de una fortuna de más de un millardo de dólares y situado en el puesto 701 de la clasificación Forbes de las personas más ricas del mundo, su grupo está presente en la televisión (Chilevisión), la banca, la salud, la gran distribución, la energía, el transporte aéreo (Lan Chile) e incluso el fútbol con un club muy popular (Colo Colo). Gran admirador del presidente francés Sarkozy, Piñera pretende administrar el Estado como gestiona sus empresas, cuya cotización en bolsa ha conocido una subida notable desde el anuncio de su elección. Si se observa quienes son los actuales ministros, es interesante notar que el nuevo presidente ha elegido mimar ante todo a las élites económicas más que a la derecha política. Pablo Longueira, fundador de la UDI, se ha enfadado por ello, lo que podría augurar tensiones entre neoliberales y ultraconservadores en un futuro cercano. En efecto, ¡el nuevo gabinete ministerial se parece en algunos aspectos a un verdadero consejo de administración del país! El presidente había insistido mucho en su voluntad de formar un “gobierno de los mejores”... 13 de los 22 ministros no son militantes. Esto no quiere decir que no tengan convicciones políticas, sino al menos que no han hecho de ello su profesión. En fin, el político más aguerrido es probablemente Jaime Ravinet, antiguo de la Concertación (DC) que se convierte en ministro de Defensa de la derecha.
Si no son políticos profesionales, ¿de dónde provienen pues los nuevos ministros?
Principalmente del sector privado y del mundo universitario. Si este gobierno no encarna la “transversalidad” anunciada, en el sentido de la representación de diferentes sensibilidades políticas, está por el contrario generosamente “equilibrado” desde el punto de vista de la representación de los grupos y familias que tienen peso en la economía chilena. Alfredo Moreno, miembro del directorio de Falabella (gran distribución) y de Penta (banca), se convierte así en ministro de Asuntos Exteriores. Su experiencia en materia de diplomacia está basada sobre todo en su papel en la expansión internacional
de su empresa, particularmente hacia Perú. Laurence Goldborne, antiguo director general de un competidor directo en la gran distribución (Cencosud), obtiene el ministerio de Minas, sector clave en el país primer productor mundial de cobre. Magdalena Matte, de una prestigiosa familia conocida por su oposición al gobierno de Allende, ocupará la cartera de la Vivienda. En el Sernam (Servicio Nacional de la Mujer), estará Carolina Schmidt, calificada en el pasado por una revista del mundo de los negocios como “primera dama de los Luksic”, familia que aparece en el 76º lugar de la lista Forbes. Los demás responsables de carteras son universitarios (seis de ellos son titulares de un doctorado). Dieciséis miembros del gobierno han estudiado en las aulas de la muy conservadora Universidad Católica y una mayoría exhibe orgullosamente diplomas de universidades estadounidenses, particularmente de Harvard y de Chicago. Se asiste a una especie de vuelta de una nueva generación de chicago boys, dispuesta a perfeccionar el modelo comenzado en la dictadura por sus predecesores, alimentado en los años 1970 con el biberón de los economistas Milton Friedman y Arnold Harberger, pioneros del neoliberalismo. El mejor representante de los ideólogos de combate es sin duda alguna Juan Andrés Fontaine, nombrado ministro de Economía. Director del Centro de Estudios Políticos (CEP), uno de los principales centros de ideas de la derecha liberal, Fontaine está ligado al grupo Matte y es
miembro de la dirección de varias grandes empresas. Este gobierno está así formado por una mayoría de hombres, sin casi ninguna experiencia política pero que representan de maravilla la dimensión de clase que se proponen defender.
Estrategia del choque neoliberal contra reconstrucción democrática y solidaria
¡Se podría creer que los propios dioses se estremecen de cólera! Piñera ha debido asumir sus primeros momentos de gobierno en un país parcialmente destruido y una población consternada por un seísmo (y después, un tsunami) de una magnitud excepcional. La derecha no ha podido festejar demasiado abiertamente su victoria.
Como subrayaba la periodista Claire Martin: “Ni cotillones ni celebraciones. La toma del poder de Sebastián Piñera será este jueves 11 de marzo de una sobriedad ejemplar”. La tragedia que ha hecho más de 800 muertos y aterrorizado a los habitantes de la región del Maule y Bío-Bío ha cambiado de arriba a abajo la agenda del presidente que ha llamado a “secarse las lágrimas” y a ponerse a trabajar.
En primer lugar, el ejecutivo ha hecho todo lo posible para poner sordina a la completa ineficiencia de la ONEMI, organismo ligado al ministerio del Interior y a la Marina que está encargado de organizar las evacuaciones en caso de peligro de tsunami. Sin embargo, las familias de los centenares de desaparecidos y ahogados denuncian el escándalo de la incompetencia de la administración y la arrogancia del almirante Edmundo González que es su responsable. Según ciertas estimaciones, no menos de treinta mil millones de dólares deberán ser invertidos durante los próximos años para reconstruir las infraestructuras y la
derecha podría aprovecharse de ello para avanzar una lógica de “estrategia de choque”. Tanto más cuanto que tiene experiencia en la materia. Naomi Klein ha recordado hasta qué punto en los momentos de gran vulnerabilidad, de desorganización como consecuencia de catástrofes naturales o de golpes de Estado, las personas y las sociedades pueden ser más fácilmente sometidos a terapias de choque económico o formas crecientes de autoritarismo /16. Desplegando más de 10.000 militares en el sur del país, y declarando el estado de sitio en ciertas regiones en nombre de la lucha contra los “saqueos”, con gran apoyo de reportajes televisivos, la señal es clara. La prioridad fue una intervención dura de “seguridad ciudadana” en defensa de la gran propiedad privada, particularmente la de las cadenas de distribución (como Líder, que pertenece a Wall-Mart), mientras en numerosas zonas afectadas, a menudo muy pobres, no se desarrollaba ninguna acción pública de emergencia y los servicios básicos (como el agua potable o la electricidad) seguían sin restablecerse. El caos, una asistencia defectuosa, producto
del modelo semi-público chileno, las carencias de reavituallamiento y la especulación de ciertos comerciantes poco escrupulosos no podían dejar de favorecer las reacciones de angustia, o incluso de violencia. Pero ciertas escenas de pillaje o de compra compulsiva, incluso en el gran Santiago (sin embargo poco afectado por el seísmo), han mostrado también ciertos comportamientos colectivos marcados por el “cada cual para sí” de una sociedad rota y deprimida, cuyo abono está compuesto por una mezcla tóxica de valores ultraindividualistas, de llamamientos al consumo permanente (pero a crédito) combinados con una brutal fractura social y un pasado autoritario, siempre presente en filigrana. Sin duda alguna, será preciso en los meses que vienen tomar más tiempo para descifrar lo que ha ocurrido durante estas jornadas, pero no es exagerado afirmar que, una vez más, el mito del “jaguar” de América del Sur, el del país rico y “desarrollado”, ha sido desnudado en todas sus inmensas contradicciones: Chile sigue siendo uno de los diez países con más desigualdades del planeta.
En este contexto, Piñera se apresta a aplicar una política de “capitalismo del desastre”, según la expresión de Naomi Klein, en la que los discursos de “unión nacional” están al servicio de una perspectiva de reconstrucción que se hará en beneficio de la burguesía. Ya han comenzado las grandes maniobras. En el seno del círculo próximo al poder se encuentran varios personajes clave de las empresas de construcción del país. Algunos de ellos llevaron a cabo en el pasado iniciativas inmobiliarias importantes con el grupo del actual presidente, como el intendente (gobernador) de la región Maule (una de las más afectadas por la catástrofe), el ministro de Economía y el gobernador de Santiago. Por otra parte, Fernando Echeverría ha pasado directamente de la Cámara chilena de la construcción (sindicato patronal) ¡al gobierno de la región metropolitana! Para los especuladores inmobiliarios más conocidos (entre ellos el amigo de infancia de Piñera, Carlos Alberto Délano) los próximos años se anuncian jugosos a más no poder, incluso si por “mala suerte” su responsabilidad penal está actualmente comprometida debido a la mala calidad de los edificios construidos (que han resistido mal al terremoto). Por todas partes florecen proyectos y se agudizan los
apetitos, como en el histórico barrio Brasil de Santiago. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) está por su parte en manos del lobby de la Asociación de concesionarios de obras y de infraestructuras públicas (COPSA). “Queremos hablar un poco con el nuevo ministro y con el presidente Piñera para que todas sus carreteras, pero también sus escuelas, hospitales, prisiones y edificios públicos que se han hundido, sea transformados en concesiones” ha declarado el dirigente de la COPSA (y primo de Piñera). A lo que respondía al día siguiente el ministro del MOP: “El proceso de concesiones ha ayudado al desarrollo del país y
creo que podría ayudar en adelante a la reconstrucción”.
En un Chile en el que prácticamente todos los campos sociales están ya dominados por el sector privado y las lógicas de rentabilidad inmediatas, estas declaraciones marean.
Reconstruir las alternativas
Frente a este escenario de lo peor, en el que la catástrofe geofísica retroalimenta el terremoto político, apuntan varios destellos de esperanza. Ciertamente, el movimiento obrero, la Central Unitaria de los Trabajadores, la izquierda radical, las asociaciones de barrio no son más que la sombra de lo que eran antes del golpe de estado de 1973. Sin embargo, desde el comienzo de los años 2000, la “resaca” de la transición pactada parece alejarse y una nueva generación de militantes se moviliza y renueva los repertorios de la acción colectiva, en relación con la experiencia de los más veteranos. Múltiples iniciativas de solidaridad activa
recorren el país, bien lejos del show televisado de la "Teletón", patrocinado por las mismas empresas que piensan enriquecerse gracias al seísmo. Sindicatos, colectivos de estudiantes, asociaciones de mujeres o indígenas, militantes de izquierdas intentan, a contra corriente, mostrar que la noción de solidaridad es aún posible frente a la morgue del “todo mercado”. Como declara Carlos Gajardo, dirigente social de la comuna de La Florida (Santiago), Cuando se habla de reconstrucción es el momento de la reflexión. ¿Queremos reconstruir un país en el que predominan las decisiones de algunos, el empleo precario, el clientelismo, la corrupción? ¿O bien hacer lo que corresponde a un pueblo digno: exigir la reconstrucción del país sobre las bases de la solidaridad, la justicia social y la soberanía nacional? .
La alternativa se plantea efectivamente en estos términos: choque neoliberal por arriba o reconstrucción solidaria por abajo. Sin embargo, para que la vuelta estruendosa de la derecha no sea más que un mal recuerdo y que no anuncie un regreso de mayor amplitud del “bastón” más amplia en el plano regional, este gobierno y sus aliados deberán ser combatidos en su terreno: el de la lucha de clases.
Será preciso así plantear la cuestión de la reconstrucción política de una izquierda popular y combativa: una “política del oprimido” (según la bella fórmula de Daniel Bensaïd), que no renuncie a su independencia ante la Concertación y que sepa romper la fatalidad de la fragmentación proponiendo alternativas concretas. No hay duda de que un gobierno progresista habría podido poner en marcha un proyecto diferente de reconstrucción, financiado particularmente por una tasa inmediata (royalty) sobre las empresas mineras transnacionales, que explotan las múltiples concesiones sin dejar prácticamente nada para el país. Una fiscalidad, incluso muy moderada, aportaría como poco la cifra de 2,5 mil millones de dólares anuales. Más en general, debería decidirse, como medida de urgencia social y nacional, una verdadera renacionalización del cobre y de los servicios básicos (agua, electricidad, comunicación, transportes...) bajo el control de los trabajadores. Una nueva organización de sanidad pública financiada con impuestos sobre las rentas de las transnacionales, de las clases acomodadas y apoyada en la movilización del movimiento social y sindical. Esta dinámica bastaría para iniciar una reconstrucción gestionada por medio de un organismo público ad hoc, bajo control de las poblaciones afectadas y favoreciendo las múltiples iniciativas de autoorganización que ha surgido aquí y allá. En estas condiciones, la dura prueba que está atravesando el pueblo chileno sería una oportunidad de refundación democrática y, para las izquierdas sociales y políticas, la ocasión de retomar el camino de las y los trabajadores de los cordones industriales cuando clamaban durante la Unidad Popular: “¡Crear, crear, poder popular!”.
Tras diecisiete años de un terrorismo de Estado contrarrevolucionario que puso fin a la experiencia de la Unidad Popular de Salvador Allende –y a dos decenios de una democracia bajo tutela establecida en una “transición pactada”, conducida por la Concertación de los Partidos por la Democracia, coalición entre el Partido Socialista (PS) y el Partido Demócrata Cristiano (DC)–, el pueblo chileno conocería en adelante las alegrías de la alternancia .../1. Frente al apagado ex-presidente Eduardo Frei (DC), el mediático Piñera –“Berlusconi chileno” con un bronceado permanente y dientes resplandecientes– ha prometido maravillas a golpe de ingeniería de marketing y televisual: crecimiento sostenido del 6% destinado a hacer olvidar la crisis capitalista internacional, creación de un millón de empleos, combate contra la pobreza... todo ello acompañado de un fuerte discurso en materia de “seguridad ciudadana” y el “fin de la delincuencia” (al menos de la de las clases populares; es seguro que los de “cuellos blancos” no se alarmarán...).
Una derrota que viene de lejos
La derrota es amarga para la Concertación que creía poder jugar aún la lógica del “voto útil” frente a los fantasmas de una derecha marcada a fuego por su apoyo a la dictadura. Pero Piñera, afirmándose como “humanista”, ha sabido recordar que había votado No a Pinochet en 1988, sin por ello poder distanciarse de su pasado de nuevo rico salido del régimen militar, ni de su alianza con la Unión Democrática Independiente (UDI), derecha reaccionaria “pinochetista” (cercana al Opus Dei y primera fuerza del Congreso). Los diputados del centro-izquierda esperaban que la imponente popularidad de la presidenta Bachelet y sus recientes reformas a favor de los más pobres podrían hacer olvidar el pasivo de decenios de social-liberalismo:
justicia para las víctimas de la dictadura “en la medida de lo posible”, permanencia de la ley de amnistía de 1978 y la muerte de Pinochet sin haber sido juzgado; “economía social de mercado” en la que lo social sirve para hacer aceptar un proyecto macro-económico fundamentalmente al servicio del gran capital; ausencia de voluntad política para poner definitivamente fin a la Constitución autoritaria de 1980; acuerdos múltiples con la derecha en el Parlamento; política medioambiental desastrosa sometida a los designios de las transnacionales; represión no desmentida de las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche y autismo frente a las reivindicaciones estudiantiles y salariales...
A este ritmo, ¿cómo extrañarse de que haya cada vez más ciudadanos que se alejen de las urnas y de los grandes partidos institucionales (el 31% de los chilenos en edad de votar, es decir 3,8 millones de personas, ni siquiera están inscritos en los registros electorales) y que quienes se desplazan para poner una papeleta de voto en la urna hayan elegido mayoritariamente “el original” (un patrón millonario ambicioso) más que “la copia” (un senador DC cuya presidencia no ha dejado buenos recuerdos a las clases populares y a los organismos de defensa de los derechos humanos)? Frei ha intentado agitar un trapo rojo entre las dos vueltas: “Durante la campaña, nuestros adversarios han dicho siempre que la Concertación está agotada por haber gobernado ya durante 20 años. Pero ellos mismos han estado en el poder durante 17 años y Chile ha ido mucho mejor con la Concertación que durante sus años (de dictadura, se entiende)”. Esto no ha bastado, como tampoco el apoyo recibido del Partido Comunista y de su coalición, Juntos Podemos.
El último día de Bachelet. ¿Privatizar el litoral del Mar Austral?
Y si fuera preciso intentar explicar por qué la Concertación es odiada por toda una parte del movimiento social y criticada por numerosos militantes de izquierdas (incluso del Partido Socialista); si hubiera que intentar mostrar qué representa el social-liberalismo en Chile, se podría ir al último día de la presidencia de Bachelet.
Ese 10 de marzo de 2010, se ha rubricado la reforma de la Ley general de pesca y de agricultura con la aprobación del último ejecutivo de la Concertación. ¿El objetivo? Sencillamente, acudir en ayuda de las transnacionales del salmón de piscifactoría
que han invadido las costas del sur del país desde hace años y que ahora tienen graves dificultades. Crisis sanitaria en primer lugar, consecuencia de un modo de producción aberrante que ha devastado una parte del litoral a golpe de colorantes, hormonas, antibióticos, sobrepesca (¡para alimentar a los salmones!).
Crisis económica después. Cuando se suponía que esta industria iba a ser uno de los motores de la economía, ha sido desarrollada sobre la base de una rentabilidad a cualquier precio, basada en una exportación masiva a los cuatro rincones del
planeta (Japón, Estados Unidos, Unión Europea). El desarrollo exponencial de un virus (virus ISA) ha afectado a toda la cadena, y ese modelo de crianza intensiva enteramente dependiente del mercado mundial se ha agotado violentamente.
Esta “agonía del salmón” ha provocado una caída de la producción de más del 30% entre 2007 y 2008 y el despido de miles de trabajadores (más de 15.000). Durante veinte años, gracias a las ventajosas condiciones ofrecidas, los capitales han afluido de todas partes, comenzando por la transnacional holandesa Nutreco (la mayor productora mundial) pero también empresas noruegas, japonesas, canadienses y españolas. La patronal chilena no se quedó atrás, puesto que tiene el 55% del ramo. Aunque esto no guste a los ecologistas y a los pescadores artesanales (cuya vida ha sido arruinada), Chile se ha convertido en el segundo productor del planeta, con más de 650.000 toneladas de salmón en 2007, el 4º puesto de la exportación nacional en valor.
Rápidamente ha hecho aparición un verdadero lobby del salmón en el seno de las instituciones y de la sociedad civil. Así, mientras el sector reconocía ya una deuda de dos mil millones de dólares, la proposición del gobierno Bachelet ha sido garantizar el desbloqueo de un fondo público de 450 millones de dólares. Ante la desconfianza de los bancos, el proyecto de ley prevé también una modificación de las reglas de producción, un mejor confinamiento de los peces, una rotación regular de los lugares de cultivo y... la concesión de miles de hectáreas de mar y de tierra firme ¡ofrecida como garantía hipotecaria ante los bancos! Como recordaban los responsables de la campaña “Salvemos el mar chileno”, “Jamás en la historia ningún país había permitido hipotecar el mar. No es sólo un escándalo, es también la renuncia de nuestro país a la soberanía sobre su territorio” . En lugar de seguir tras la huella de Allende, que había expropiado a las grandes compañías de cobre (“el salario de Chile”), el gobierno de Bachelet se habrá mostrado mucho menos glorioso a ojos de la historia...
Los primeros días de Piñera. El regreso de los chicago boys
“Se van los capataces y vuelve el patrón”... Éste es el sentimiento de una parte de los ciudadanos tras las elecciones. En efecto, la mayor parte del personal político de la Concertación no había salido de los medios de negocios, aunque sus miembros
dirigentes se hayan acercado rápidamente a ellos gracias al contacto con el poder. Por otra parte, ¿el presidente socialista Ricardo Lagos no había sido proclamado, al final de su mandato, como uno de los mejores políticos del siglo XX por el sindicalismo patronal chileno? Sin embargo, la llegada de Piñera representa el fin de una mediación política: en adelante, es un capitalista sin complejos el que tiene las riendas del país. Ciertamente, lo que algunos sociólogos llaman la democracia “de los compromisos” o también “del consenso” va a proseguir, con sus diversos acuerdos entre derecha e izquierda, mientras la Alianza por el Cambio no posea mayoría absoluta en el parlamento.
A pesar de ello, este gran patrón cuenta con gobernar para los suyos. A la cabeza de una fortuna de más de un millardo de dólares y situado en el puesto 701 de la clasificación Forbes de las personas más ricas del mundo, su grupo está presente en la televisión (Chilevisión), la banca, la salud, la gran distribución, la energía, el transporte aéreo (Lan Chile) e incluso el fútbol con un club muy popular (Colo Colo). Gran admirador del presidente francés Sarkozy, Piñera pretende administrar el Estado como gestiona sus empresas, cuya cotización en bolsa ha conocido una subida notable desde el anuncio de su elección. Si se observa quienes son los actuales ministros, es interesante notar que el nuevo presidente ha elegido mimar ante todo a las élites económicas más que a la derecha política. Pablo Longueira, fundador de la UDI, se ha enfadado por ello, lo que podría augurar tensiones entre neoliberales y ultraconservadores en un futuro cercano. En efecto, ¡el nuevo gabinete ministerial se parece en algunos aspectos a un verdadero consejo de administración del país! El presidente había insistido mucho en su voluntad de formar un “gobierno de los mejores”... 13 de los 22 ministros no son militantes. Esto no quiere decir que no tengan convicciones políticas, sino al menos que no han hecho de ello su profesión. En fin, el político más aguerrido es probablemente Jaime Ravinet, antiguo de la Concertación (DC) que se convierte en ministro de Defensa de la derecha.
Si no son políticos profesionales, ¿de dónde provienen pues los nuevos ministros?
Principalmente del sector privado y del mundo universitario. Si este gobierno no encarna la “transversalidad” anunciada, en el sentido de la representación de diferentes sensibilidades políticas, está por el contrario generosamente “equilibrado” desde el punto de vista de la representación de los grupos y familias que tienen peso en la economía chilena. Alfredo Moreno, miembro del directorio de Falabella (gran distribución) y de Penta (banca), se convierte así en ministro de Asuntos Exteriores. Su experiencia en materia de diplomacia está basada sobre todo en su papel en la expansión internacional
de su empresa, particularmente hacia Perú. Laurence Goldborne, antiguo director general de un competidor directo en la gran distribución (Cencosud), obtiene el ministerio de Minas, sector clave en el país primer productor mundial de cobre. Magdalena Matte, de una prestigiosa familia conocida por su oposición al gobierno de Allende, ocupará la cartera de la Vivienda. En el Sernam (Servicio Nacional de la Mujer), estará Carolina Schmidt, calificada en el pasado por una revista del mundo de los negocios como “primera dama de los Luksic”, familia que aparece en el 76º lugar de la lista Forbes. Los demás responsables de carteras son universitarios (seis de ellos son titulares de un doctorado). Dieciséis miembros del gobierno han estudiado en las aulas de la muy conservadora Universidad Católica y una mayoría exhibe orgullosamente diplomas de universidades estadounidenses, particularmente de Harvard y de Chicago. Se asiste a una especie de vuelta de una nueva generación de chicago boys, dispuesta a perfeccionar el modelo comenzado en la dictadura por sus predecesores, alimentado en los años 1970 con el biberón de los economistas Milton Friedman y Arnold Harberger, pioneros del neoliberalismo. El mejor representante de los ideólogos de combate es sin duda alguna Juan Andrés Fontaine, nombrado ministro de Economía. Director del Centro de Estudios Políticos (CEP), uno de los principales centros de ideas de la derecha liberal, Fontaine está ligado al grupo Matte y es
miembro de la dirección de varias grandes empresas. Este gobierno está así formado por una mayoría de hombres, sin casi ninguna experiencia política pero que representan de maravilla la dimensión de clase que se proponen defender.
Estrategia del choque neoliberal contra reconstrucción democrática y solidaria
¡Se podría creer que los propios dioses se estremecen de cólera! Piñera ha debido asumir sus primeros momentos de gobierno en un país parcialmente destruido y una población consternada por un seísmo (y después, un tsunami) de una magnitud excepcional. La derecha no ha podido festejar demasiado abiertamente su victoria.
Como subrayaba la periodista Claire Martin: “Ni cotillones ni celebraciones. La toma del poder de Sebastián Piñera será este jueves 11 de marzo de una sobriedad ejemplar”. La tragedia que ha hecho más de 800 muertos y aterrorizado a los habitantes de la región del Maule y Bío-Bío ha cambiado de arriba a abajo la agenda del presidente que ha llamado a “secarse las lágrimas” y a ponerse a trabajar.
En primer lugar, el ejecutivo ha hecho todo lo posible para poner sordina a la completa ineficiencia de la ONEMI, organismo ligado al ministerio del Interior y a la Marina que está encargado de organizar las evacuaciones en caso de peligro de tsunami. Sin embargo, las familias de los centenares de desaparecidos y ahogados denuncian el escándalo de la incompetencia de la administración y la arrogancia del almirante Edmundo González que es su responsable. Según ciertas estimaciones, no menos de treinta mil millones de dólares deberán ser invertidos durante los próximos años para reconstruir las infraestructuras y la
derecha podría aprovecharse de ello para avanzar una lógica de “estrategia de choque”. Tanto más cuanto que tiene experiencia en la materia. Naomi Klein ha recordado hasta qué punto en los momentos de gran vulnerabilidad, de desorganización como consecuencia de catástrofes naturales o de golpes de Estado, las personas y las sociedades pueden ser más fácilmente sometidos a terapias de choque económico o formas crecientes de autoritarismo /16. Desplegando más de 10.000 militares en el sur del país, y declarando el estado de sitio en ciertas regiones en nombre de la lucha contra los “saqueos”, con gran apoyo de reportajes televisivos, la señal es clara. La prioridad fue una intervención dura de “seguridad ciudadana” en defensa de la gran propiedad privada, particularmente la de las cadenas de distribución (como Líder, que pertenece a Wall-Mart), mientras en numerosas zonas afectadas, a menudo muy pobres, no se desarrollaba ninguna acción pública de emergencia y los servicios básicos (como el agua potable o la electricidad) seguían sin restablecerse. El caos, una asistencia defectuosa, producto
del modelo semi-público chileno, las carencias de reavituallamiento y la especulación de ciertos comerciantes poco escrupulosos no podían dejar de favorecer las reacciones de angustia, o incluso de violencia. Pero ciertas escenas de pillaje o de compra compulsiva, incluso en el gran Santiago (sin embargo poco afectado por el seísmo), han mostrado también ciertos comportamientos colectivos marcados por el “cada cual para sí” de una sociedad rota y deprimida, cuyo abono está compuesto por una mezcla tóxica de valores ultraindividualistas, de llamamientos al consumo permanente (pero a crédito) combinados con una brutal fractura social y un pasado autoritario, siempre presente en filigrana. Sin duda alguna, será preciso en los meses que vienen tomar más tiempo para descifrar lo que ha ocurrido durante estas jornadas, pero no es exagerado afirmar que, una vez más, el mito del “jaguar” de América del Sur, el del país rico y “desarrollado”, ha sido desnudado en todas sus inmensas contradicciones: Chile sigue siendo uno de los diez países con más desigualdades del planeta.
En este contexto, Piñera se apresta a aplicar una política de “capitalismo del desastre”, según la expresión de Naomi Klein, en la que los discursos de “unión nacional” están al servicio de una perspectiva de reconstrucción que se hará en beneficio de la burguesía. Ya han comenzado las grandes maniobras. En el seno del círculo próximo al poder se encuentran varios personajes clave de las empresas de construcción del país. Algunos de ellos llevaron a cabo en el pasado iniciativas inmobiliarias importantes con el grupo del actual presidente, como el intendente (gobernador) de la región Maule (una de las más afectadas por la catástrofe), el ministro de Economía y el gobernador de Santiago. Por otra parte, Fernando Echeverría ha pasado directamente de la Cámara chilena de la construcción (sindicato patronal) ¡al gobierno de la región metropolitana! Para los especuladores inmobiliarios más conocidos (entre ellos el amigo de infancia de Piñera, Carlos Alberto Délano) los próximos años se anuncian jugosos a más no poder, incluso si por “mala suerte” su responsabilidad penal está actualmente comprometida debido a la mala calidad de los edificios construidos (que han resistido mal al terremoto). Por todas partes florecen proyectos y se agudizan los
apetitos, como en el histórico barrio Brasil de Santiago. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) está por su parte en manos del lobby de la Asociación de concesionarios de obras y de infraestructuras públicas (COPSA). “Queremos hablar un poco con el nuevo ministro y con el presidente Piñera para que todas sus carreteras, pero también sus escuelas, hospitales, prisiones y edificios públicos que se han hundido, sea transformados en concesiones” ha declarado el dirigente de la COPSA (y primo de Piñera). A lo que respondía al día siguiente el ministro del MOP: “El proceso de concesiones ha ayudado al desarrollo del país y
creo que podría ayudar en adelante a la reconstrucción”.
En un Chile en el que prácticamente todos los campos sociales están ya dominados por el sector privado y las lógicas de rentabilidad inmediatas, estas declaraciones marean.
Reconstruir las alternativas
Frente a este escenario de lo peor, en el que la catástrofe geofísica retroalimenta el terremoto político, apuntan varios destellos de esperanza. Ciertamente, el movimiento obrero, la Central Unitaria de los Trabajadores, la izquierda radical, las asociaciones de barrio no son más que la sombra de lo que eran antes del golpe de estado de 1973. Sin embargo, desde el comienzo de los años 2000, la “resaca” de la transición pactada parece alejarse y una nueva generación de militantes se moviliza y renueva los repertorios de la acción colectiva, en relación con la experiencia de los más veteranos. Múltiples iniciativas de solidaridad activa
recorren el país, bien lejos del show televisado de la "Teletón", patrocinado por las mismas empresas que piensan enriquecerse gracias al seísmo. Sindicatos, colectivos de estudiantes, asociaciones de mujeres o indígenas, militantes de izquierdas intentan, a contra corriente, mostrar que la noción de solidaridad es aún posible frente a la morgue del “todo mercado”. Como declara Carlos Gajardo, dirigente social de la comuna de La Florida (Santiago), Cuando se habla de reconstrucción es el momento de la reflexión. ¿Queremos reconstruir un país en el que predominan las decisiones de algunos, el empleo precario, el clientelismo, la corrupción? ¿O bien hacer lo que corresponde a un pueblo digno: exigir la reconstrucción del país sobre las bases de la solidaridad, la justicia social y la soberanía nacional? .
La alternativa se plantea efectivamente en estos términos: choque neoliberal por arriba o reconstrucción solidaria por abajo. Sin embargo, para que la vuelta estruendosa de la derecha no sea más que un mal recuerdo y que no anuncie un regreso de mayor amplitud del “bastón” más amplia en el plano regional, este gobierno y sus aliados deberán ser combatidos en su terreno: el de la lucha de clases.
Será preciso así plantear la cuestión de la reconstrucción política de una izquierda popular y combativa: una “política del oprimido” (según la bella fórmula de Daniel Bensaïd), que no renuncie a su independencia ante la Concertación y que sepa romper la fatalidad de la fragmentación proponiendo alternativas concretas. No hay duda de que un gobierno progresista habría podido poner en marcha un proyecto diferente de reconstrucción, financiado particularmente por una tasa inmediata (royalty) sobre las empresas mineras transnacionales, que explotan las múltiples concesiones sin dejar prácticamente nada para el país. Una fiscalidad, incluso muy moderada, aportaría como poco la cifra de 2,5 mil millones de dólares anuales. Más en general, debería decidirse, como medida de urgencia social y nacional, una verdadera renacionalización del cobre y de los servicios básicos (agua, electricidad, comunicación, transportes...) bajo el control de los trabajadores. Una nueva organización de sanidad pública financiada con impuestos sobre las rentas de las transnacionales, de las clases acomodadas y apoyada en la movilización del movimiento social y sindical. Esta dinámica bastaría para iniciar una reconstrucción gestionada por medio de un organismo público ad hoc, bajo control de las poblaciones afectadas y favoreciendo las múltiples iniciativas de autoorganización que ha surgido aquí y allá. En estas condiciones, la dura prueba que está atravesando el pueblo chileno sería una oportunidad de refundación democrática y, para las izquierdas sociales y políticas, la ocasión de retomar el camino de las y los trabajadores de los cordones industriales cuando clamaban durante la Unidad Popular: “¡Crear, crear, poder popular!”.
