LOS ARCHIVOS SECRETOS DEL REGIMEN DE PINOCHET REVELAN LA COLABORACION DE EX FUNCIONARIOS
Según la documentación, las autoridades civiles chilenas coordinaron durante años acciones con la policía secreta, ordenaron seguir o pidieron información sobre opositores, periodistas, sacerdotes, académicos y diplomáticos.
Un soldado vigila prisioneros en el Estadio Nacional durante la dictadura de Pinochet en Chile.
El Ejecutivo chileno anunció ayer que entregará a la Justicia archivos secretos de la dictadura pinochetista, revelados el jueves, que muestran una estrecha colaboración de ex funcionarios civiles con el régimen militar para coordinar acciones contra opositores, documentos en el que aparecen involucrados legisladores oficialistas. Los archivos incluyen planes, memorandos, circulares y coordinaciones de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores y textos emitidos por varios organismos de Defensa en el período 1978-1989, entre otros papeles.
“Voy a hacer todas las indagaciones respecto de la eventual existencia de estos archivos, y si existen, obviamente que los voy a entregar”, aseguró ayer el ministro de Defensa, Andrés Allamand, sobre miles de documentos escaneados y contenidos en tres CD. Según la documentación, las autoridades civiles coordinaron durante años acciones con la policía secreta, ordenaron seguir o pidieron información sobre opositores, periodistas, sacerdotes, académicos y diplomáticos, acciones que se realizaron dentro y fuera de Chile, incluyendo tres atentados explosivos en Italia, la Argentina y Estados Unidos.
Algunos de esos documentos revelan que el actual jefe del bloque del oficialista Renovación Nacional, Alberto Cardemil, envió a las autoridades castrenses “antecedentes completos” de los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, órgano de la Iglesia Católica que asistía a víctimas de la represión. Como viceministro del Interior hasta su salida del poder, el 11 de marzo de 1990, Cardemil también estuvo a cargo de informar qué chilenos podían volver al país y cuáles debían permanecer en el exilio.
Las acciones coordinadas entre los ministerios y el aparato represivo, encabezado por la policía secreta pinochetista, tuvieron también un blanco sistemático sobre los periodistas, según se desprende de los documentos.
En un único memorando secreto del 2 de noviembre de 1976 aparecen para ser seguidos y vigilados los nombres de 761 corresponsales de medios de Japón, Alemania, Estados Unidos, Holanda, Argentina, Brasil e Israel. Allí están enlistados periodistas de las agencias de noticias France Press, ANSA, Reuters, AP y EFE; de las teleemisoras británica BBC y las alemanas Westdeutscher Rundfunk y TVZDF; de los semanarios Stern y The Economist y de los diarios Le Monde, The New York Times y Frankfurter Allgemeine Zeitung, entre otros. Las embajadas chilenas remitían copias periódicas de artículos, columnas o reportajes sobre Chile y, en especial, sobre las violaciones a los derechos humanos, y de las transcripciones palabra por palabra de programas de radio o televisión.
Uno de los ejemplos del control sobre la prensa extranjera es el oficio secreto que remitió en 1975 el entonces secretario general de Gobierno, general Hernán Mejares, al canciller, vicealmirante Patricio Carvajal, sobre la conveniencia o no de autorizar el ingreso de periodistas de las cadenas estadounidenses CBS y NBC. En 1986, marcado por los paros en el país, además de un frustrado atentado contra Pinochet por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la Cancillería pide elevar la cooperación y propone crear un grupo de trabajo con la policía secreta y los ministerios del Interior, Agricultura, Gobierno, Presidencia, Salud y Hacienda. El objetivo era contrarrestar las informaciones y denuncias que circulaban en Naciones Unidas, en medio de un clima adverso en la prensa, e investigar a todo el que hablara contra el régimen en los medios extranjeros, como ocurrió con el escritor Ariel Dorfman, exiliado en Francia y también en Estados Unidos.
El contenido de los archivos revelados no sorprendió a algunas personalidades del área de Defensa de Derechos Humanos, como el abogado Roberto Garretón, ex jefe del área jurídica de la Vicaría de la Solidaridad, quien resaltó que todos los integrantes del organismo sabían que eran espiados y que la información pasaba por el hoy diputado Cardemil. “Cardemil es la evidencia de lo que hemos señalado acerca de cómo a través de componendas políticas se dejó en la impunidad a los civiles que fueron parte del aparato de la dictadura”, señaló la presidenta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desa-parecidos, Lorena Pizarro. “La participación de civiles como el diputado de Gobierno, Alberto Cardemil, pero también el senador Jovino Novoa y otra serie de sujetos que ejercieron distintos cargos en democracia” también quedó en evidencia, añadió. “Es necesario una acción judicial que los imposibilite del ejercicio de cargos públicos”, exigió Pizarro.
El diputado de Izquierda Ciudadana Sergio Aguiló, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que muchos de estos antecedentes se conocían y calificó de insólito que personas involucradas en los documentos sean hoy legisladores. El diputado del opositor Partido Socialista, Carlos Montes, sobreviviente de las cárceles secretas, señaló que la información no le sorprende por cuanto la dictadura quería controlar todo el país. “Lo más novedoso es que se involucre a Cardemil. Yo espero que él clarifique la situación, aunque dijo que no se acuerda y que no es cierto”, afirmó el diputado. Aguiló señaló que “no hay que olvidarse de lo que fue la dictadura de Pinochet. Hasta ahora no he visto a ninguno de los civiles retractarse de lo ocurrido. No sólo hay amnesia, sino hipocresía”, enfatizó, y apuntó que esperaba como mínimo que dijeran que “se arrepienten de lo que hicieron”.
Archivos confirman complicidad de DINA con terroristas CIA de Miami
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La justicia estadounidense solicitó a la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, que investigara a tres agentes anticastristas, uno de ellos autor material del asesinato en Washington del excanciller chileno Orlando Letelier, en 1976.
Así lo confirman varios archivos públicos de la Cancillería chilena a los que ha tenido acceso Efe y en los que se recoge la correspondencia entre la fiscalía norteamericana, el FBI y altos cargos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) durante el año 1977.
En concreto, Estados Unidos solicitó información sobre Guillermo Novo Sampoll, Orlando Bosch y Alvin Ross-Díaz.
En respuesta, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta del régimen, remitió a ese país otro documento con datos sobre los dos primeros y sobre otros dos disidentes cubanos, José Dionisio Suárez y Rolando Otero.
Se da la circunstancia de que Novo Sampoll había sido contratado por la DINA, junto a los también disidentes cubanos José Dionisio Suárez y Virgilio Paz, para atentar contra el excanciller Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffit, asesinados ambos el 21 de septiembre de 1976 en la capital estadounidense.
De hecho, los tres anticastristas fueron sentenciados a penas de doce años de prisión por la justicia estadounidense, al ser considerados autores materiales de la muerte de Letelier y su asistenta.
La solicitud de Estados Unidos se enmarca en la investigación judicial sobre el caso Letelier y consta en una carta fechada el 14 de abril de 1977.
En ella, a petición de ese país, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Patricio Carvajal, pide al jefe de la DINA, Manuel Contreras, que indague la fecha de entrada y de salida de Chile de Novo Sampoll, Orlando Bosch y Alvin Ross-Díaz.
“Adjunto remito a US. el telex 339 en que el embajador Cauas transmite la solicitud del fiscal federal Eugene Propper quien solicita cualquier documento que se pueda obtener respecto a la entrada o salida de Chile de Guillermo Novo, Orlando Bosch y Alvin Ross Díaz”, indica Carvajal en la misiva.
Asimismo, el canciller pidió al jefe de la DINA -hoy en prisión- que proporcionara esa información lo antes posible, ya que, según la carta, el régimen se había comprometido a ofrecer “la máxima cooperación” al fiscal que investigó la muerte de Letelier.
Por su parte, la DINA envió a la Cancillería los informes sobre cuatro cubanos el 5 de agosto del mismo año.
En ellos se adjunta información sobre la estancia en Chile entre 1974 y 1975 de Orlando Bosch y Novo Sampoll, pero no de Alvin Ross-Díaz.
Además, se aportan datos sobre otros dos cubanos, José Dionisio Suárez, quien participó en el atentado contra Letelier, y Rolando Otero Hernández, miembro del Movimiento Nacionalista Cubano.
El documento indica que Orlando Bosch entró a Chile el 3 de diciembre de 1974 con el nombre de Pedro Antonio Peña, con nacionalidad dominicana, y abandonó el país en agosto de 1975, pero regresó en diciembre de ese año, en esa ocasión con pasaporte chileno y un nombre falso.
Bosch, que falleció en 2011 en Miami, fue uno de los condenados en Venezuela por atentar en 1976 contra un avión cubano en el que fallecieron 73 personas.
Según el informe, Novo Sampoll ingresó a Chile el 3 de diciembre de 1974 junto a Orlando Bosch y lo hizo con su nombre verdadero, pero con nacionalidad estadounidense.
Un día después entró al país José Dionisio Suárez, con pasaporte venezolano, que abandonó Chile junto a Novo Sampoll dos semanas después, el 19 de diciembre.
Tanto de Novo Sampoll como de José Dionisio Suárez, la DINA aseguró que no existían “antecedentes negativos” sobre su estancia en Chile.
La DINA también proporcionó información sobre un cuarto ciudadano cubano, Rolando Otero Hernández, quien participó en atentados terroristas en Estados Unidos.
De él se dice que pertenece “al grupo cubano de los “Halcones Dorados” que actúan en contra de Israel y a favor de los palestinos, al igual que varias organizaciones castristas, por lo que su línea política es dudosa”.
En un tercer documento, el entonces director del FBI, Clarence M. Kelley, agradece al jefe de la DINA “sus esfuerzos por facilitar el arresto de Rolando Otero Hernández”, a quien califica como “fugitivo de la justicia americana”.
