En el libro Asociación ilícita. Los archivos secretos de la dictadura, los periodistas Mauricio Weibel Barahona y Carlos Dorat Guerra muestran documentos del régimen de Pinochet que demuestran que la acción represiva fue una política de Estado que coordinó diversas reparticiones públicas. Hasta las embajadas se preocuparon de seguir a los exiliados fuera de Chile. También se constata que a fines de la dictadura se destruyeron archivos y de como el ex diputado Alberto Cardemil envió a la CNI información de personas que trabajaban en la Vicaría.
El discurso de la derecha chilena para justificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura se preocupan de separar dichos actos de la transformación neoliberal de la economía chilena, argumentando que se trató de casos aislados y de excesos individuales. Los documentos que son compartidos en el libro Asociación ilícita. Los archivos secretos de la dictadura (Ceibo Ediciones) de los periodistas Mauricio Weibel Barahona y Carlos Dorat Guerra, evidencian que los aparatos represivos de Pinochet actuaron en el corazón mismo del Estado, siendo en la realidad una política institucional.
El libro analiza los archivos de varias reparticiones públicas, los que dan cuenta de que las policías secretas de la dictadura, DINA y CNI, operaron en cada repartición del Estado, desde las embajadas chilenas esparcidas por el mundo hasta en la selección de funcionarios públicos. La conclusión de los investigadores es que la lucha contrainsurgente “fue convertida en una acción central del Estado” y de que el “alcance de los aparatos de seguridad de la dictadura fue global”.
Una “biblioteca borgeana del horror y de la intolerancia” es como describen los periodistas los documentos de la dictadura a los que tuvieron acceso.
Mauricio Weibel Barahona es corresponsal en Chile de la agencia Deutsche Presse Agentur (DPA), coopera con Reporteros Sin Fronteras y preside la Unión Sudamericana de Corresponsales. Además de periodista tiene postgrado en Educación, Políticas Públicas, Literatura y Estudios Americanos y es miembro del directorio de la Fundación Democracia Ciudadana. Carlos Dorat Guerra es periodista y antropólogo social de la Universidad de Hull, Gran Bretaña. Trabajó en la radio Chilena a fines de la dictadura y para la DPA.
PLAN CONDOR Y MOVIMIENTOS DE EXILIADOS
Las acciones fuera de las fronteras nacionales de los aparatos de seguridad de Pinochet son muchas más que los conocidos atentados a Carlos Prats, Bernardo Leighton y Orlando Letelier o el Plan Condor. Se trató de una acción coordinada y sistemática del día a día con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En marzo de 1978, quien fuera viceministro de RR.EE., el general de brigada Enrique Valdés Puga, a través del oficio secreto Nº 35 de Cancillería envió al entonces director de la CNI, general Odlanier Mena, una petición para normalizar el “envío de oficiales de esa CNI como Consejeros Administrativos o Civiles a distintas representaciones diplomáticas de Chile en el exterior”- según reza el documento. Además Valdés solicita un ejemplar del Plan Cóndor. La respuesta de Mena fue directa al canciller, almirante Patricio Carvajal, quien ratifica destinaciones de agentes de la CNI a Perú, Bolivia y Argentina.
Respecto de la colaboración entre la DINA y el ministerio de RR.EE., Weibel sostiene a El Ciudadano que “fue amplia.
Las historias ocultas en estos archivos confirman que los cuerpos represivos chilenos, la Dirección de Inteligencia Nacional primero y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones, siempre actuaron desde el corazón de la institucionalidad durante la dictadura militar que asoló el país entre 1973 y 1990. Sus responsables mantuvieron correspondencia diaria con ministerios y otras reparticiones públicas, como prueban los miles de memorandos revisados. Los sucesivos jefes de la policía secreta, Manuel Contreras, Odlanier Mena, Humberto Gordon y Hugo Salas, actuaron en muchas operaciones de común acuerdo con ministros y otras autoridades superiores, tanto militares como civiles”.
Weibel también comprueba que “la DINA estuvo encargada a la vez de colocar citófonos presidenciales en las unidades clave del Estado como de autorizar la contratación de todo el personal público, por orden directa del fallecido general Augusto Pinochet, como máxima autoridad. Cada funcionario tuvo una ficha de antecedentes, la que a lo largo del tiempo fue siempre rechequeda”.
El periodista destaca que “los archivos y su entramado de complicidades y normas, revelan que RR.EE. solicitó habitualmente a la DINA y la CNI información sobre detenidos y acciones opositoras. Coordinaban operaciones y nombramientos, dentro y fuera de Chile. Además, compartieron información obtenida a través de sus propias redes de informantes”.
LAS HUELLAS DE CARDEMIL
Quien fuera subsecretario del Interior de la dictadura en 1988 y después por largos periodos diputado por Santiago centro, el RN Alberto Cardemil, firmó documentos destinados para la CNI. Weibel comenta que “tras un almuerzo con las autoridades de Cancillería, él envió a esa repartición las fichas con ‘antecedentes completos’ de los funcionarios de la Vicaria de la Solidaridad, para poner en marcha una amplia acción de desprestigio de esa entidad defensora de los derechos humanos, liderada por la Iglesia católica”.
Cardemil envió esa información cuatro semanas después del asesinato del sociólogo de la Vicaria, José Manuel Parada, quien fue degollado junto a Manuel Guerrero y Santiago Nattino por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). “¿Quién entregó esas fichas a Cardemil? ¿Las conservó? ¿Jamás pensó en lo que eso implicaba a un mes del crimen de Parada? ¿Tan comprometido estaba intelectualmente con la dictadura? ¿Es Cardemil otro hijo de la banalidad del mal como decía la intelectual alemana Hanna Arendt?”- se pregunta Weibel.
DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS Y “DEMOCRACIA TUTELADA”
En 1988 la CNI coordinó la destrucción de archivos en varias reparticiones públicas adviniendo el fin de la dictadura. Según Weibel se trató “esencialmente eran los informes sobre la situación de seguridad del país. Incluían datos sobre los partidos opositores y sus líderes”.
También la policía secreta se encargó de elaborar informes de coyuntura y anticipatorios respecto del traspaso de poder y el advenimiento de la democracia. En ellos se daban las líneas gruesas para un sistema de “tutelaje militar”, según la frase usada en los mismos documentos.
El argumento de los defensores de la dictadura es que las violaciones a los DDHH fue algo de individuos particulares ¿qué concluyes tras revisar los documentos que sustentan tu investigación?
- No, fue una acción institucionalizada, lo que algunos teóricos llaman prácticas sociales genocidas, cuyo objetivo es cambiar las relaciones sociales en un país, como ocurrió en Chile que terminó siendo una sociedad neoliberal, donde los derechos sociales son hoy proveídos por empresas- sentencia Weibel.
Mauricio Becerra Rebolledo
@kalidoscop
El Ciudadano
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Se abren archivos de los aparatos represivos de las dictaduras. Son pruebas para denuncias, procesos y condenas. En Uruguay NO se abren los archivos. Se localizan criminales de lesa humanidad nazis, en este caso de 88 años. En Uruguay según fallo de la Suprema Corte los crímenes de lesa humanidad han prescripto ya que son "delitos comunes", y el Presidente pretende liberar "a los viejitos", unos pocos criminales presos. En Uruguay NO SE CUMPLEN las normas aceptadas internacionalmente.
