domingo, 25 de mayo de 2008

CONTRA LA DIRECTIVA DE LA VERGUENZA

DECLARACION PÚBLICA
¡ La Unión Europea AGITA la bandera de la XENOFOBIA y el RACISMO ¡

Teniendo en cuenta que el Consejo de la UE ha decidido aprobar la Directiva de Retorno que establece un plazo máximo de detención de los inmigrantes "sin papeles" de hasta 18 meses, permite que sea una autoridad administrativa, y no exclusivamente un juez, la que decida la detención de los inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros CIEs antes de proceder a expulsarlos, y que establece también la detención de menores no acompañados,

DECLARAMOS

1. Preparándose para la crisis que sabían impostergable, los estados de la UE prepararon desde el 2005 un expeditivo procedimiento(Directiva de Retorno) para quitarse de encima los inmigrantes que les sobran para mantener los costes salariales suficientemente bajos que necesita la "competitividad de la economía europea". El derecho a la libre circulación de las personas(migración), tan enfáticamente consagrado por la UE y sus Estados en tantas ocasiones, queda reducido así a una simple autorización administrativa discrecionalmente concedida en función de las variables necesidades de ganancia y acumulación del capitalismo europeo.

2. El triángulo de poder Sarkozy- Merkel-Berlusconi orienta la política de inmigración europea en una dirección claramente regresiva y exacerban la obsesión securitaria de esta época de crisis, encontrando en los inmigrantes el pretexto que necesitan para experimentar el recorte de libertades contra el conjunto de los derechos ciudadanos. No somos los inmigrantes los chivos expiatorios de funestas políticas económicas y sociales que afectan al conjunto de la población.

3. La locura racista y xenófoba desatada en Italia con la complicidad –si no la inducción-del Estado, recuerda una época de la historia de Europa que creíamos superada para siempre, la época de los pogroms, de las detenciones arbitrarias, de los campos de concentración.

4. Los 280 centros de internamiento actualmente existentes en suelo europeo pueden ampliarse y extenderse allende las fronteras como de hecho ya ocurre con el concurso de gobiernos comprados para ejercer funciones de carceleros a las puertas de la "Fortaleza Europa".

5. El periodo de internamiento aprobado, junto con los procedimientos administrativos de detención sin control judicial, representan el más grave atentado al Estado de Derecho en Europa desde los tiempos en que un decreto de Hitler autorizó a detener, deportar y aniquilar a millones de personas bajo la dominación nazi-fascista.

6. Es falacioso el argumento del Gobierno español de que se trata de una norma de máximos que no le obliga llegar a esos topes. Ya se anuncia la elevación del tiempo de estancia a 60 días pero,¿alguien puede dudar que este ó cualquier otro gobierno, si lo considera conveniente, va a dejar de utilizar esta cobertura comunitaria para extremar las medidas de internamiento y expulsión , por cierto promovidas en la anterior legislatura , entre otros por CiU, al parecer socio preferente en la presente legislatura?, o es que las declaraciones de la Secretaria de Estado para la Inmigración y la Emigración, Consuelo Rumí, quien declaró que la nueva directiva acordada por unanimidad por los países miembros de la Unión Europea sobre inmigración es equilibrada y ofrece garantías, no van en ese sentido?.

Ante esta agresión a la dignidad humana, a las libertades políticas y a los derechos fundamentales de las personas migrantes, las organizaciones abajo firmantes,

MANIFESTAMOS:

1.- Nuestro mas enérgico rechazo a la indignante y regresiva directiva de la Unión Europea y a las leyes facistoides del gobierno de Berlusconi.

2.- Nuestra solidaridad con los inmigrantes y refugiados residentes en Italia a quienes llamamos a unir esfuerzos en la lucha europea por los derechos de los y las inmigrantes y contra la Directiva de la Vergüenza.

3.- Convocar a las organizaciones de inmigrantes y refugiados y al movimiento social reivindicativo a una Jornada Estatal contra esta Directiva, el cierre de los Centros de Internamientos y la garantía de plenos derechos para todos las personas residentes en el Estado español.