martes, 17 de noviembre de 2009
Una visión distinta de los 'piratas' somalíes
LO QUE NOS ENTREGA EL PERIODISMO OFICIALISTA ESTA MUY LEJOS DE LA REALIDAD, EN EL MAR DE SOMALIA Y LOS PUEBLOS VECINOS, ¿QUIENES SON LOS VERDADEROS PIRATAS?
domingo, 15 de noviembre de 2009
De poemas y militancias
Miguel Longarini (Buenos Aires, Argentina). Especial para ARGENPRESS CulturalSequía, hambre, desesperanza, impunidad, autoritarismo, despotismo, ignominia, miseria, represión, abusos de poder, aculturación, desmemoria, traición y todos los etcéteras que se les ocurra para dar una simple semblanza de las vivencias en innumerables rincones de nuestro País.
Las corporaciones están de parabienes en estos tiempos, las condiciones no podrían ser mejores; si hasta el clima los ayuda para lograr sus miserables objetivos.
Usted, vos, se preguntarán a qué me estoy refiriendo: a lo de siempre. Lo que sucede es que, de tan acostumbrados que estamos, ya no llama la atención que la vida se nos escurra entre los dedos sin darnos cuenta.
Afortunadamente nos quedan los recuerdos de quienes vieron otro mundo posible y mejor.
En este mes de noviembre recordamos a dos personajes que, con sus variantes, marcaron caminos, dieron ejemplos y sembraron futuro.
Un 3 de noviembre moría Armando Tejada Gómez y un 5 de noviembre partía “El Gringo” Agustín Tosco.
Los dos fueron obreros y militantes inclaudicables que hasta se negaron a exiliarse, prefiriendo el riesgo de continuar, hasta en la clandestinidad, entregando versos, brazos y convicciones.
El haber estado en las trincheras del hambre y el obraje, les brindaron las herramientas para forjar un camino diferente, edificante, coherente.
El Huarpe le escribió al Gringo graficando la imagen que de él tenía, en por ejemplo este, uno de los versos de su poema Agustín Tumulto: Toscamente Agustín, sangre de sangre nuestra/córdobamente hermano para que el día vuelva/contigo en cada nido, en cada campanario./Y el motín de palomas que de tu sangre vuela.
La vida los habrá cruzado en algún recodo del camino combativo, enfrentando al mismo enemigo vestido de autoritarismo y miseria.
La vida se encargó de que cada uno supiera que “a esta hora exactamente hay un chico en la calle”, y por cada uno de los chicos que estaban en la calle se jugaran en acción y palabra.
La vida se encargó de mostrarles el lado oscuro y nefasto contra el que había que luchar, levantando banderas libertarias.
Imaginarlos en un mismo escenario, poetizando y arengando a una multitud de jóvenes, obreros y estudiantes, comprometiéndolos en la construcción de una sociedad distinta, sin exclusiones, más allá de ser una ilusión, es un deseo; claro, imposible si ellos, los grandes se nos fueron en un noviembre incierto. Pero me aferro a la porfía de quererlos entre nosotros militando, cada uno en su trinchera, que es la mía, la tuya, la de usted…
Apostar al imaginario para reconstruir la irrestricta defensa de la existencia, se nos hace canción, poema y acción urgente.
Si bien los años han pasado, las desigualdades han aumentado, junto con los excluidos, los marginados, los desclasados; y la militancia fervorosa de un Tosco y un Tejada nos hacen falta, mucha falta.
Decía Armando: “…Pienso que va a dolerme, acaso, la memoria/como hoy que he salido de raíz palpitante,/que estaré en una esquina de gente y amapolas,/reconstruyendo todas mis muertes, mis campanas/y que en medio de tanta multitud inocente/volveré a amar un nombre derramado en la sangre…”
Y nos duele la memoria, como nos duele la multitud inocente que día a día cae por un gatillo fácil, por una represión incontenible e inaceptable, por un plato de comida que no llega.
Y nos duelen los desterrados, los desocupados, los postergados… ¿nos duelen…? Sé que a mí me duelen, como puede haberles dolido al Huarpe y al Gringo.
¿Qué hacemos con ese dolor, de ser compartido? ¿Nos quedamos esperando que aparezca el grito poetizado invitando a la lucha? Nos quedamos en el camino sin imitar los pasos… es parte de nuestra miserable realidad…
No nos asumimos como responsables del presente y del futuro. Imagino también que Tejada y Tosco jamás habrían aprobado el tema de los homenajes recreados con discursos grandilocuentes, emocionantes; habrán querido que militemos como ellos lo hicieron, teniendo a cada reclamo, a cada hermano como trinchera y motivo de lucha.
“…Nadie se ha detenido, nadie te ha dicho me rindo;/a cada santo y seña tu multitud regresa,/con los puños en alto hacia la vida nueva,/y tu overol azul de patria en primavera…” Así le decía Armando a Agustín en su poema…
Las corporaciones están de parabienes en estos tiempos, las condiciones no podrían ser mejores; si hasta el clima los ayuda para lograr sus miserables objetivos.
Usted, vos, se preguntarán a qué me estoy refiriendo: a lo de siempre. Lo que sucede es que, de tan acostumbrados que estamos, ya no llama la atención que la vida se nos escurra entre los dedos sin darnos cuenta.
Afortunadamente nos quedan los recuerdos de quienes vieron otro mundo posible y mejor.
En este mes de noviembre recordamos a dos personajes que, con sus variantes, marcaron caminos, dieron ejemplos y sembraron futuro.
Un 3 de noviembre moría Armando Tejada Gómez y un 5 de noviembre partía “El Gringo” Agustín Tosco.
Los dos fueron obreros y militantes inclaudicables que hasta se negaron a exiliarse, prefiriendo el riesgo de continuar, hasta en la clandestinidad, entregando versos, brazos y convicciones.
El haber estado en las trincheras del hambre y el obraje, les brindaron las herramientas para forjar un camino diferente, edificante, coherente.
El Huarpe le escribió al Gringo graficando la imagen que de él tenía, en por ejemplo este, uno de los versos de su poema Agustín Tumulto: Toscamente Agustín, sangre de sangre nuestra/córdobamente hermano para que el día vuelva/contigo en cada nido, en cada campanario./Y el motín de palomas que de tu sangre vuela.
La vida los habrá cruzado en algún recodo del camino combativo, enfrentando al mismo enemigo vestido de autoritarismo y miseria.
La vida se encargó de que cada uno supiera que “a esta hora exactamente hay un chico en la calle”, y por cada uno de los chicos que estaban en la calle se jugaran en acción y palabra.
La vida se encargó de mostrarles el lado oscuro y nefasto contra el que había que luchar, levantando banderas libertarias.
Imaginarlos en un mismo escenario, poetizando y arengando a una multitud de jóvenes, obreros y estudiantes, comprometiéndolos en la construcción de una sociedad distinta, sin exclusiones, más allá de ser una ilusión, es un deseo; claro, imposible si ellos, los grandes se nos fueron en un noviembre incierto. Pero me aferro a la porfía de quererlos entre nosotros militando, cada uno en su trinchera, que es la mía, la tuya, la de usted…
Apostar al imaginario para reconstruir la irrestricta defensa de la existencia, se nos hace canción, poema y acción urgente.
Si bien los años han pasado, las desigualdades han aumentado, junto con los excluidos, los marginados, los desclasados; y la militancia fervorosa de un Tosco y un Tejada nos hacen falta, mucha falta.
Decía Armando: “…Pienso que va a dolerme, acaso, la memoria/como hoy que he salido de raíz palpitante,/que estaré en una esquina de gente y amapolas,/reconstruyendo todas mis muertes, mis campanas/y que en medio de tanta multitud inocente/volveré a amar un nombre derramado en la sangre…”
Y nos duele la memoria, como nos duele la multitud inocente que día a día cae por un gatillo fácil, por una represión incontenible e inaceptable, por un plato de comida que no llega.
Y nos duelen los desterrados, los desocupados, los postergados… ¿nos duelen…? Sé que a mí me duelen, como puede haberles dolido al Huarpe y al Gringo.
¿Qué hacemos con ese dolor, de ser compartido? ¿Nos quedamos esperando que aparezca el grito poetizado invitando a la lucha? Nos quedamos en el camino sin imitar los pasos… es parte de nuestra miserable realidad…
No nos asumimos como responsables del presente y del futuro. Imagino también que Tejada y Tosco jamás habrían aprobado el tema de los homenajes recreados con discursos grandilocuentes, emocionantes; habrán querido que militemos como ellos lo hicieron, teniendo a cada reclamo, a cada hermano como trinchera y motivo de lucha.
“…Nadie se ha detenido, nadie te ha dicho me rindo;/a cada santo y seña tu multitud regresa,/con los puños en alto hacia la vida nueva,/y tu overol azul de patria en primavera…” Así le decía Armando a Agustín en su poema…
Sincerémonos y veamos el presente, ya la gente (que es tan necesaria como decía Hamlet Lima Quintana), no regresa con los puños en alto hacia la vida nueva, se quedan detrás del televisor, viendo como se escurre la existencia; confundiéndose, convenientemente, realidad y ficción, de tal modo que ya no es fácil discurrir si en verdad el piquetero que reclama por un puesto de trabajo, no es integrante del elenco maquiavélico que escenifica una obra surrealista…
El Armando y el Agustín nos están haciendo falta, mucha falta; para volvernos seriamente “…militantes de la vida…”
Agustín Tosco y Armando Tejada Gómez se han transformado en los íconos de la coherencia militante combativa… ¿podremos, seriamente, comprometernos con ellos e imitarlos para que evitemos que “…la canción se haga ceniza…? *
*Gracias Mario Benedetti…
El Armando y el Agustín nos están haciendo falta, mucha falta; para volvernos seriamente “…militantes de la vida…”
Agustín Tosco y Armando Tejada Gómez se han transformado en los íconos de la coherencia militante combativa… ¿podremos, seriamente, comprometernos con ellos e imitarlos para que evitemos que “…la canción se haga ceniza…? *
*Gracias Mario Benedetti…
sábado, 14 de noviembre de 2009
SALVADOR ALLENDE: como la casa blanca provoco su muerte
Durante más de diez años el Gobierno de los Estados Unidos intentó evitar que Salvador Allende asumiera la Presidencia de Chile e interrumpir el sueño de construir un socialismo en democracia. En 1973 lo lograron.
Dirección: Diego Marín Verdugo
Guíon: Patricia Verdugo
Fotografía: Diego Marín Verdugo
Montaje: Patricia Esteves
Productor: Diego Marín Verdugo
Producción: Diego Marín Verdugo - El Viaje Producciones - Telesur
Año de producción: 2008 Chile
VER VIDEO Arcoiris।tv - español - Buscar: " "
Dirección: Diego Marín Verdugo
Guíon: Patricia Verdugo
Fotografía: Diego Marín Verdugo
Montaje: Patricia Esteves
Productor: Diego Marín Verdugo
Producción: Diego Marín Verdugo - El Viaje Producciones - Telesur
Año de producción: 2008 Chile
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lunes, 9 de noviembre de 2009
DENUNCIAN CONSPIRACIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE Y SUS DEMANDAS
...¡basta de represion a recuperar lo que nos pertenece como nacion!...
* Sectores Políticos, empresariales, Latifundistas-estancieros, Paramilitares y prensa escrita señalados como de cortes fascistas y racistas en Colombia, Chile y Argentina, coludida y planificadamente estarían implementando desde hace algún tiempo una conspiración tendiente a aumentar la criminalización al Pueblo Mapuche frente a sus reclamaciones por tierras ancestrales y frente a lo que denominaron, legítimas protestas ante nefastos mega proyectos industriales en sus territorios. Así lo denunció el Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos (GTDC).
* Un hecho que deja en absoluta evidencia según sus declaraciones, serían montajes instaurados sobre “terrorismo Mapuche” y supuestos nexos entre grupos Mapuches y las Farcs de Colombia y ETA, lo que a juicio de GTDC, involucra a ciertos sectores fascistas de estos Países que buscan replicar experiencias al más puro estilo de la guerra fría, como lo fue el Plan operación cóndor en la década de los 70 y el desprecio absoluto por los Derechos Humanos. El grupo de Trabajo hizo notar que existen sectores que no han evolucionado, que siguen siendo irracionales y que no se han democratizado. Asimismo, emplazó a los Gobiernos para que se respeten plenamente los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y terminar con complicidades.
Para el Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos - GTDC, no es casualidad que cierta prensa escrita de Chile y Argentina, junto a políticos y gremios empresariales y latifundistas-estancieros ligados al fascismo, estén en una abierta campaña para aumentar la criminalización de la protesta social Mapuche en ambos países, como asimismo, para el aumento de la militarización en Comunidades Mapuches dijo Sergio Millamán.
Por su parte, lamentaron que el Gobierno chileno, con absoluta complicidad y complacencia se involucre en estas operaciones encubiertas y asuma la situación Mapuche en sus planes de seguridad como de “enemigos internos”. “Es inaceptable que el Gobierno, en vez de buscar de frente soluciones de fondo a las legítimas demandas por tierras ancestrales y garantice plenamente derecho, particularmente ante la imposición de nefastos megaproyectos industriales a favor de grupúsculos económicos, acceda a presiones para aumentar la represión en las comunidades e implemente un nuevo plan de seguridad a un costo de 3,5 millones de dólares para, según la versión oficialista, frenar acciones de violencia de mapuches radicales”, señaló Alfredo Seguel, también integrante de GTDC.
Para el Grupo de Trabajo Mapuche, estas oscuras políticas y operaciones solo buscan mayor represión para el mantenimiento de verdaderos feudos coloniales en zonas del sur de Chile y Argentina y cuidar los intereses económicos de verdaderos poderes fácticos que sobreexplotan recursos naturales en Tierras ancestrales con actividades forestales, celulosa, de energía y minera, las que traen consigo la destrucción territorial, económica, socio-cultural y ambiental del Pueblo Mapuche y diversos sectores de población rural en estos países.
FUEGO CRUZADO
Para GTDC se quiere promover un Status Quo, bajo la excusa de “atentados incendiarios” de dudosa procedencia, a los cuales se les ha catalogado de terrorismo vinculado a Mapuches en su generalidad, y de paso generar una serie de montajes comunicacionales y de hechos políticos de “seguridad” de orden militarizado, para la provocación, cuyo origen radica en sectores fascistas y racistas en la zona sur transandina, lo que se agravaría mucho más, ya que los propios sectores de derecha en Chile se han referido a ciertas informaciones obtenidas hace algunos años desde el propio Gobierno de Colombia, sin embargo, nunca se ha logrado determinar absolutamente nada, cuya participación rayaría la complicidad junto, que incluso, podría involucrar a sectores paramilitares de dicho País.
Para GTDC hacer la relación con las Farcs y de la etiqueta de terrorismo a las movilizaciones Mapuches, son planificaciones, donde se manipula una situación de lesa humanidad que afecta a numerosos Pueblos Indígenas en Colombia víctimas de un genocidio sistemático bajo el amparo y promoción de dicho estado, cuyas comunidades están bajo fuego cruzado por sectores bélicos en medio de un clima turbio y siniestro.
El grupo, hizo notar que estos sectores conspirativos no han evolucionado y que mantienen prácticas violatorias. A su vez, emplazó a los Gobiernos, particularmente al chileno, para que se asegure el respeto pleno de los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche. Asimismo, a las organizaciones Mapuches ha no dejarse provocar y valoró los procesos de reconstrucción de institucionalidad propia y tradicional. Por último, se refirió a los organismos internacionales de Derechos Humanos haciendo un llamado a investigar fehacientemente y a estar alertas.
ANTECEDENTES
En septiembre de 2008, parlamentarios de Renovación Nacional, encabezados por el Senador Alberto Espina denunciaron la existencia de vínculos entre las FARC con grupos extremistas mapuches de la región de la Araucanía, cuya información “privilegiada” habría sido provista desde el mismo Gobierno de Uribe en Colombia en el 2006, lo que nunca fue demostrado.
Lo mismo era resaltado por El diputado independiente -ex RN y ex Ministro de Pinochet- Alberto Cardemil y el RN Cristián Monckeberg quienes aseguraron que el Ministerio del Interior estaba al tanto de la posible relación entre las FARC y grupos subversivos vinculados a la causa mapuche desde hace más de un año y medio.
Lo mismo hizo el presidenciable Sebastián Piñera en agosto de este año 2009 en agencias internacionales en medio de su campaña electoral, sin precisar quien, dónde y cuando, afirmando irresponsablemente que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras..
En Argentina, La Cámara de diputados ante la petición del diputado José Luis Sáez, a fines de Septiembre de 2009 inició una discusión para solicitarle al fiscal federal y al gobernador Jorge Sapag que realicen una “minuciosa investigación” relacionada a las denuncias efectuadas por el empresario Carlos “Nuno” Sapag sobre las comunidades mapuches locales en Neuquén, lo que fue derivado a la comisión de Peticiones y Poderes. Cabe mencionar que el empresario, hermano del Gobernador de Neuquén afirmó que existe una campaña de infiltración desde Chile de supuestos grupos armados dispuestos a tomar tierras privadas o estatales a través de la fuerza, según publicaba el Diario la Mañana de Neuquén l 1 de Octubre. Fuente:
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2009/10/1/42050.php
La misma denuncia que hizo el empresario “fue publicada por el diario chileno El Mercurio। Allí decían que la inteligencia chilena manejaba información acerca de que los Carabineros seguían a grupos armados hasta la frontera argentina en el sur.
FUENTE MEMORIA INDIGENA
* Un hecho que deja en absoluta evidencia según sus declaraciones, serían montajes instaurados sobre “terrorismo Mapuche” y supuestos nexos entre grupos Mapuches y las Farcs de Colombia y ETA, lo que a juicio de GTDC, involucra a ciertos sectores fascistas de estos Países que buscan replicar experiencias al más puro estilo de la guerra fría, como lo fue el Plan operación cóndor en la década de los 70 y el desprecio absoluto por los Derechos Humanos. El grupo de Trabajo hizo notar que existen sectores que no han evolucionado, que siguen siendo irracionales y que no se han democratizado. Asimismo, emplazó a los Gobiernos para que se respeten plenamente los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y terminar con complicidades.
Para el Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos - GTDC, no es casualidad que cierta prensa escrita de Chile y Argentina, junto a políticos y gremios empresariales y latifundistas-estancieros ligados al fascismo, estén en una abierta campaña para aumentar la criminalización de la protesta social Mapuche en ambos países, como asimismo, para el aumento de la militarización en Comunidades Mapuches dijo Sergio Millamán.
Por su parte, lamentaron que el Gobierno chileno, con absoluta complicidad y complacencia se involucre en estas operaciones encubiertas y asuma la situación Mapuche en sus planes de seguridad como de “enemigos internos”. “Es inaceptable que el Gobierno, en vez de buscar de frente soluciones de fondo a las legítimas demandas por tierras ancestrales y garantice plenamente derecho, particularmente ante la imposición de nefastos megaproyectos industriales a favor de grupúsculos económicos, acceda a presiones para aumentar la represión en las comunidades e implemente un nuevo plan de seguridad a un costo de 3,5 millones de dólares para, según la versión oficialista, frenar acciones de violencia de mapuches radicales”, señaló Alfredo Seguel, también integrante de GTDC.
Para el Grupo de Trabajo Mapuche, estas oscuras políticas y operaciones solo buscan mayor represión para el mantenimiento de verdaderos feudos coloniales en zonas del sur de Chile y Argentina y cuidar los intereses económicos de verdaderos poderes fácticos que sobreexplotan recursos naturales en Tierras ancestrales con actividades forestales, celulosa, de energía y minera, las que traen consigo la destrucción territorial, económica, socio-cultural y ambiental del Pueblo Mapuche y diversos sectores de población rural en estos países.
FUEGO CRUZADO
Para GTDC se quiere promover un Status Quo, bajo la excusa de “atentados incendiarios” de dudosa procedencia, a los cuales se les ha catalogado de terrorismo vinculado a Mapuches en su generalidad, y de paso generar una serie de montajes comunicacionales y de hechos políticos de “seguridad” de orden militarizado, para la provocación, cuyo origen radica en sectores fascistas y racistas en la zona sur transandina, lo que se agravaría mucho más, ya que los propios sectores de derecha en Chile se han referido a ciertas informaciones obtenidas hace algunos años desde el propio Gobierno de Colombia, sin embargo, nunca se ha logrado determinar absolutamente nada, cuya participación rayaría la complicidad junto, que incluso, podría involucrar a sectores paramilitares de dicho País.
Para GTDC hacer la relación con las Farcs y de la etiqueta de terrorismo a las movilizaciones Mapuches, son planificaciones, donde se manipula una situación de lesa humanidad que afecta a numerosos Pueblos Indígenas en Colombia víctimas de un genocidio sistemático bajo el amparo y promoción de dicho estado, cuyas comunidades están bajo fuego cruzado por sectores bélicos en medio de un clima turbio y siniestro.
El grupo, hizo notar que estos sectores conspirativos no han evolucionado y que mantienen prácticas violatorias. A su vez, emplazó a los Gobiernos, particularmente al chileno, para que se asegure el respeto pleno de los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche. Asimismo, a las organizaciones Mapuches ha no dejarse provocar y valoró los procesos de reconstrucción de institucionalidad propia y tradicional. Por último, se refirió a los organismos internacionales de Derechos Humanos haciendo un llamado a investigar fehacientemente y a estar alertas.
ANTECEDENTES
En septiembre de 2008, parlamentarios de Renovación Nacional, encabezados por el Senador Alberto Espina denunciaron la existencia de vínculos entre las FARC con grupos extremistas mapuches de la región de la Araucanía, cuya información “privilegiada” habría sido provista desde el mismo Gobierno de Uribe en Colombia en el 2006, lo que nunca fue demostrado.
Lo mismo era resaltado por El diputado independiente -ex RN y ex Ministro de Pinochet- Alberto Cardemil y el RN Cristián Monckeberg quienes aseguraron que el Ministerio del Interior estaba al tanto de la posible relación entre las FARC y grupos subversivos vinculados a la causa mapuche desde hace más de un año y medio.
Lo mismo hizo el presidenciable Sebastián Piñera en agosto de este año 2009 en agencias internacionales en medio de su campaña electoral, sin precisar quien, dónde y cuando, afirmando irresponsablemente que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras..
En Argentina, La Cámara de diputados ante la petición del diputado José Luis Sáez, a fines de Septiembre de 2009 inició una discusión para solicitarle al fiscal federal y al gobernador Jorge Sapag que realicen una “minuciosa investigación” relacionada a las denuncias efectuadas por el empresario Carlos “Nuno” Sapag sobre las comunidades mapuches locales en Neuquén, lo que fue derivado a la comisión de Peticiones y Poderes. Cabe mencionar que el empresario, hermano del Gobernador de Neuquén afirmó que existe una campaña de infiltración desde Chile de supuestos grupos armados dispuestos a tomar tierras privadas o estatales a través de la fuerza, según publicaba el Diario la Mañana de Neuquén l 1 de Octubre. Fuente:
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2009/10/1/42050.php
La misma denuncia que hizo el empresario “fue publicada por el diario chileno El Mercurio। Allí decían que la inteligencia chilena manejaba información acerca de que los Carabineros seguían a grupos armados hasta la frontera argentina en el sur.
FUENTE MEMORIA INDIGENA
miércoles, 4 de noviembre de 2009
La justicia militar, Bachelet y los mapuche
por Lucía Sepúlveda Ruiz
Al filo del fin de su mandato, la Presidenta Bachelet anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que le quitará competencia a la justicia militar para juzgar a civiles –entre ellos a los mapuche – y creará nuevos órganos militares: juzgados de garantía, tribunales orales y ministerio público para juzgar los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Es difícil que la iniciativa pueda avanzar, dado el receso anunciado para el 15 de noviembre por la Cámara de Diputados debido a las campañas electorales. Para la discusión del proyecto que implicará un elevado gasto en recursos para los nuevos mecanismos, sólo restará el escaso tiempo que queda desde el 13 de diciembre, día de la elección presidencial hasta la segunda vuelta (10 de enero). Lo que ocurra después, dependerá de quién sea elegido presidente de Chile, y hasta ahora ningún candidato ha puesto este tema entre sus prioridades, por lo que no se avizoran cambios en el futuro inmediato. En lo formal, sin embargo - aunque nada cambie en el país- la Presidenta podrá afirmar ante los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que ha dado respuesta a las exigencias planteadas en ese sentido, en especial por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Precisamente sobre el tema “Justicia militar en causas mapuche” expusieron en la Universidad Alberto Hurtado el pasado 21 de octubre, en un auditorio colmado de público mayoritariamente mapuche, el historiador Sergio Grez, el jefe de prensa de radio BioBio, periodista Nibaldo Mosciatti, el padre de un preso político mapuche, Sadi Huillical, y los abogados especializados en derechos humanos José Galiano y Alberto Espinoza. La exitosa convocatoria partió de la agrupación mapuche Kilapán y los familiares de presos políticos mapuche, y apuntaba a contra lo que Mosciatti calificó ese día como “la brutal indiferencia de la mayoría de los chilenos sobre este conflicto, una indiferencia que es también desprecio…y desconocimiento por gran parte de los ciudadanos”. De ese foro surgió la voluntad de impulsar un amplio movimiento de solidaridad con los presos políticos mapuche.
Emplazamiento a los candidatos
Alberto Espinoza, docente de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, abogado de FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) y defensor de presos políticos de ayer y de presos políticos mapuche hoy, sostuvo:
“A lo largo de los gobiernos de la Concertación se han cursado distintos proyectos y a más de 20 años del término de la dictadura, ninguno de ellos ha prosperado. ¿No sería bueno emplazar a los candidatos sobre esto? No encontramos proyectos en los que se materialice una reforma profunda, pese a que se ha consensuado la necesidad de introducirla. La justicia militar se validó a raíz de la reforma procesal penal. Fue a raíz de la Reforma Procesal Penal y la creación del ministerio público, que se introdujo una modificación a la Constitución del 80 en que por primera vez se reconoce la justicia militar y su independencia. En esa oportunidad se desperdició una gran oportunidad de haber reformado la justicia militar.”
A juicio del abogado Espinoza, no se justifica una jurisdicción especial de tipo militar. “Bastaría que se incorporara un capítulo en el Código Penal donde se establezcan los delitos militares y que los procedimientos para juzgar a los militares se desarrollaran dentro de las reglas universalmente aceptadas. No se justifica ni siquiera la existencia de un código militar. Los procedimientos deberían ser los mismos que los dispuestos para el resto de las personas.”
El profesional aclaró que respecto de los mapuche, el problema no es sólo la aplicación de la justicia militar. Afirmó: “Sería un error cargar la crítica exclusivamente al tema de la jurisdicción penal militar, ya que tanto esta como la de la reforma procesal penal tienen los mismos objetivos y las mismas características, que en la práctica privan a los imputados de su legítimo derecho a la defensa y a contar con las garantías procesales reconocidas para todos los seres humanos.”
Abuso de poder del Estado
Nibaldo Mosciatti agradeció la confianza de los mapuche en su radio. Al iniciar el foro, los organizadores habían comparado el rol de la BioBio con el de radio Cooperativa en dictadura (“la voz de los sin voz”), afirmando que en el campo mapuche se escuchan las noticias de ese medio para saber qué pasa en las comunidades.
El afirmó: “El Estado chileno ha recurrido a instrumentos como el uso de la ley antiterrorista, de testigos anónimos, y el privilegio de las amplias facultades de la justicia militar, que en la práctica constituyen abuso de poder. Es una herencia de la transición chilena…y una deuda fundamental de la democracia y de una transición que en aras de la estabilidad, estuvo dispuesta a sacrificar valores fundamentales de la democracia, como es la justicia. El acuerdo de no tocar el poder de los militares y civiles afines a la dictadura, se tradujo en la mantención de las excesivas atribuciones a la justicia militar. Nos acostumbramos a excluir, a segregar, a discriminar a los mapuche pero también no sólo a ellos. Los actores del conflicto se han ido deshumanizando, fruto de mucha humillación, mucha opresión e imposición de modelos, un modelo que tiene como única lógica la economía, la producción, y mira los territorios sólo como fuentes de recursos naturales explotables. Y a su vez, la respuesta de los humillados asume la lógica de la exclusión, la lógica de la negación del otro”.
Respecto del rol del gobierno, valoró la disposición al diálogo del ministro Viera Gallo en contraposición a “voces de autoridades que suenan como si tuvieran más vocación de esbirros que de políticos. Llaman al orden pero un orden desde la imposición, desde la amenaza de la fuerza…desde la defensa de los intereses de los poderosos”.
Sostuvo que a nivel del Estado, hay falta de imaginación para abordar los nuevos temas, y “falta de audacia para reconocer que hay fórmulas fracasadas, por ello enfrentamos el peligro de ser víctimas de la esterilidad de la política o de los políticos. Muchas veces sus declaraciones no son más que la repetición de fórmulas retóricas, vacías de sentido propósito y voluntad.”
Hizo un llamado a todos los actores del conflicto a intentar entender qué hay detrás de los gestos, las arengas y las declaraciones, a reconocer la diversidad, valorarla e intentar entender al otro. “Al final todos somos eternamente un otro. Y si no valoramos la condición humana de cualquier otro, no habrá espacio a su vez para que nos entiendan”, alegó Mosciatti, que había iniciado su intervención advirtiendo que iba a hablar “desde el corazón”.
Concluyó aseverando: “A veces, viendo la esterilidad de tantos discursos y leyes me pregunto si la solución no pasa primero por una toma de conciencia de todos nosotros. ¿Iremos camino a eso? Esa es mi esperanza.”
Los requerimientos
Alberto Espinoza se remontó a los orígenes del concepto de “requerimiento”, que actualmente es la acción judicial presentada por ley antiterrorista o por ley de seguridad interior del estado contra los luchadores sociales mapuche. En 1502, un documento llamado “Requerimiento” elaborado por una junta de juristas de Burgos, España, legitimó el concepto de guerra justa para reprimir y aplastar a los pueblos originarios, con el aval del Papa y el rey.
Criticando la aplicación de la ley antiterrorista a quienes son detenidos por atentados incendiarios, recalcó que para la definición de terrorismo, la afectación del bien jurídico de la vida debe estar presente y también se requiere que el supuesto terrorista cuente con armas de gran poder destructivo “y no creo que lo sean las piedras, las hondas y los palos. Se les aplica esta ley a los comuneros cuando frente a ellos, están los carabineros que sí tienen armas de gran poder destructivo. Es una fuerza policial que en la realidad está militarizada. Sería interesante determinar cuál es el poder de fuego y el tipo de armas e instrumentos que utiliza. Cuenta con armas no sólo defensivas, y opera con tanquetas, helicópteros, que son medios propios de una guerra. Es un tema que requiere un análisis más a fondo.” Alberto Espinoza tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado de Chile por la aplicación de la legislación antiterrorista en el caso Poluco-Pidenco.
Ahondando en la justicia militar, sostuvo que no cumple con principios básicos del debido proceso. Recordó que el juez militar es el comandante de división de cada zona, y deja ese cargo si es trasladado, lo que afecta principios como la imparcialidad, la inamovilidad y la independencia. Aunque toda sentencia debiera estar fundada en un proceso previo legalmente tramitado, “en la justicia militar eso no existe porque se aplica el sistema inquisitivo - nombre que proviene de la Inquisición- en el cual el derecho a defensa está profundamente limitado debido al secreto del sumario.” Por tiempo indefinido –pues el sumario no tiene plazo- el abogado que ve estas causas no conoce los cargos que hay contra los imputados ni los elementos sobre los que se construyen esos cargos.
¿Carabineros son militares?
Alberto Espinoza criticó que la justicia militar incluya actualmente a Carabineros ya sea como víctimas o como acusados. “En la constitución Carabineros es reconocido como fuerza de orden y seguridad pública, al igual que la Policía de Investigaciones. Algunos jueces de garantía han promovido contiendas de competencia respecto de carabineros, pero la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional las han rechazado, estrechando filas para consolidar esa institucionalidad, ante la indiferencia de los legisladores y el poder ejecutivo. “
El abogado destacó sin embargo que en los dos últimos años la Corte Suprema ha dictado fallos respecto de que los menores no pueden ser juzgados nunca por la justicia militar. Adelantó asimismo que a partir de la vigencia del convenio 169, está explorando cómo fundamentar una incompetencia de la justicia militar para procesar al pueblo mapuche.
Guerra de baja intensidad
El historiador Sergio Grez, director del Museo B. Vicuña Mackenna, y uno de los impulsores de dos declaraciones/manifiestos en apoyo al pueblo mapuche ante los asesinatos de comuneros, recalcó que “como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía. Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.”
Para él, los métodos empleados para quebrar la resistencia mapuche son “la militarización del territorio mapuche a través de la instalación permanente de Carabineros como guardia pretoriana de los empresarios en las zonas más álgidas; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas”.
Describió asimismo el acoso permanente a las comunidades que luchan por recuperar sus tierras, recalcando: “Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judicializadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria.”
Agregó que los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a procesos tanto por la justicia civil como por la justicia militar bajo la ley antiterrorista “heredada de la dictadura militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación.”
Explicó también que si una causa criminal parece no prosperar, los fiscales civiles y militares “se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión”. Reveló que eso es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) a quien le comunicaron en estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.
Llamados a la guerra
Por su parte Mosciatti se refirió a una declaración reciente de la CAM, señalando: “Cuando escucho convocatorias que llaman a una guerra, me asombra constatar cómo no hemos aprendido nada de nuestra historia reciente acerca de los efectos del uso de la violencia en nuestra patria. La violencia, aunque sea justa, al hacerse habitual termina degradando también a quien la ejerce. La violencia es lo mismo que el poder….corrompe, pero primero brutaliza, porque da excusas para el abuso, justifica el abuso. Hemos vivido siglos de guerras y revoluciones, y ¿para qué? Yo sólo veo rumas de cadáveres que terminaron matando los ideales de esas guerras o revoluciones. Las palabras inflamadas, detrás de la violencia y las proclamas…sólo sirven para despertar a nuestros más bajos instintos, azuzar a la bestia que vive en cada uno de nosotros. ¿Dejaremos que el odio, a punta de palizas, de discriminación, acorralamiento, de quema de camiones, sea el que trace el camino? ¿Hay así un camino posible?”
Recuerdos de la DINA
Ligando pasado y presente Sergio Grez afirmó que los procedimientos de los fiscales le recuerdan las “condenas clandestinas” de la DINA durante la dictadura de Pinochet, que él conoció en el campo de concentración de Puchuncaví, en 1975. “Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación.”
Criticó asimismo la política del gobierno de pretender dividir al movimiento mapuche en “buenos” (que podrán recibir tierras) y “malos” (los que luchan y son considerados violentistas) y alertó sobre la formación de cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano.
Al reseñar las características de la justicia militar, agregó que la imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar. El procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.
Denuncia por tortura
Sadi Huillicán viajó a Santiago desde el poblado cordillerano de Icalma enclavado en el sur profundo, a más de 900 km de esta capital, y cerca de la frontera con Argentina, El es el padre de Jonathan Huillican Méndez (24 años) y dio testimonio en el foro sobre la detención de su hijo, torturado desde que fue detenido en Temuco por la PDI para que se culpara a sí mismo o a otro, de haber participado en una emboscada contra el fiscal Elgueta ocurrida. “Esto para mí y el sentimiento de los mapuche es sólo un montaje político en contra de nuestro pueblo. Es pura mentira.” El joven estudiante pehuenche lleva ya seis meses preso en la cárcel El Manzano, de Concepción, por ley antiterrorista. Su padre afirmó: “Con la gracia de Dios tengo la certeza y la convicción mediante el expediente que ya se abrió, que no hay ninguna prueba que justifique la acusación. Aquí se ve que sólo hay una intención del Estado contra nuestro pueblo, el Estado lo único que quiere es la extinción de nuestra cultura y nuestras raíces.” Agregó que los ocho presos de la cárcel de El Manzano fueron llevados a una reconstitución de escena en Cañete, pero se abstuvieron de participar porque no tenían que ver con esos hechos. Informó asimismo que el 25 de septiembre de 2009 presentó en tribunales de Temuco una querella criminal contra los responsables de la tortura a Jonathan, patrocinada por el abogado Pablo Ortega y agradeció la solidaridad recibida en Concepción y ahora en Santiago.
Precisamente sobre el tema “Justicia militar en causas mapuche” expusieron en la Universidad Alberto Hurtado el pasado 21 de octubre, en un auditorio colmado de público mayoritariamente mapuche, el historiador Sergio Grez, el jefe de prensa de radio BioBio, periodista Nibaldo Mosciatti, el padre de un preso político mapuche, Sadi Huillical, y los abogados especializados en derechos humanos José Galiano y Alberto Espinoza. La exitosa convocatoria partió de la agrupación mapuche Kilapán y los familiares de presos políticos mapuche, y apuntaba a contra lo que Mosciatti calificó ese día como “la brutal indiferencia de la mayoría de los chilenos sobre este conflicto, una indiferencia que es también desprecio…y desconocimiento por gran parte de los ciudadanos”. De ese foro surgió la voluntad de impulsar un amplio movimiento de solidaridad con los presos políticos mapuche.
Emplazamiento a los candidatos
Alberto Espinoza, docente de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, abogado de FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) y defensor de presos políticos de ayer y de presos políticos mapuche hoy, sostuvo:
“A lo largo de los gobiernos de la Concertación se han cursado distintos proyectos y a más de 20 años del término de la dictadura, ninguno de ellos ha prosperado. ¿No sería bueno emplazar a los candidatos sobre esto? No encontramos proyectos en los que se materialice una reforma profunda, pese a que se ha consensuado la necesidad de introducirla. La justicia militar se validó a raíz de la reforma procesal penal. Fue a raíz de la Reforma Procesal Penal y la creación del ministerio público, que se introdujo una modificación a la Constitución del 80 en que por primera vez se reconoce la justicia militar y su independencia. En esa oportunidad se desperdició una gran oportunidad de haber reformado la justicia militar.”
A juicio del abogado Espinoza, no se justifica una jurisdicción especial de tipo militar. “Bastaría que se incorporara un capítulo en el Código Penal donde se establezcan los delitos militares y que los procedimientos para juzgar a los militares se desarrollaran dentro de las reglas universalmente aceptadas. No se justifica ni siquiera la existencia de un código militar. Los procedimientos deberían ser los mismos que los dispuestos para el resto de las personas.”
El profesional aclaró que respecto de los mapuche, el problema no es sólo la aplicación de la justicia militar. Afirmó: “Sería un error cargar la crítica exclusivamente al tema de la jurisdicción penal militar, ya que tanto esta como la de la reforma procesal penal tienen los mismos objetivos y las mismas características, que en la práctica privan a los imputados de su legítimo derecho a la defensa y a contar con las garantías procesales reconocidas para todos los seres humanos.”
Abuso de poder del Estado
Nibaldo Mosciatti agradeció la confianza de los mapuche en su radio. Al iniciar el foro, los organizadores habían comparado el rol de la BioBio con el de radio Cooperativa en dictadura (“la voz de los sin voz”), afirmando que en el campo mapuche se escuchan las noticias de ese medio para saber qué pasa en las comunidades.
El afirmó: “El Estado chileno ha recurrido a instrumentos como el uso de la ley antiterrorista, de testigos anónimos, y el privilegio de las amplias facultades de la justicia militar, que en la práctica constituyen abuso de poder. Es una herencia de la transición chilena…y una deuda fundamental de la democracia y de una transición que en aras de la estabilidad, estuvo dispuesta a sacrificar valores fundamentales de la democracia, como es la justicia. El acuerdo de no tocar el poder de los militares y civiles afines a la dictadura, se tradujo en la mantención de las excesivas atribuciones a la justicia militar. Nos acostumbramos a excluir, a segregar, a discriminar a los mapuche pero también no sólo a ellos. Los actores del conflicto se han ido deshumanizando, fruto de mucha humillación, mucha opresión e imposición de modelos, un modelo que tiene como única lógica la economía, la producción, y mira los territorios sólo como fuentes de recursos naturales explotables. Y a su vez, la respuesta de los humillados asume la lógica de la exclusión, la lógica de la negación del otro”.
Respecto del rol del gobierno, valoró la disposición al diálogo del ministro Viera Gallo en contraposición a “voces de autoridades que suenan como si tuvieran más vocación de esbirros que de políticos. Llaman al orden pero un orden desde la imposición, desde la amenaza de la fuerza…desde la defensa de los intereses de los poderosos”.
Sostuvo que a nivel del Estado, hay falta de imaginación para abordar los nuevos temas, y “falta de audacia para reconocer que hay fórmulas fracasadas, por ello enfrentamos el peligro de ser víctimas de la esterilidad de la política o de los políticos. Muchas veces sus declaraciones no son más que la repetición de fórmulas retóricas, vacías de sentido propósito y voluntad.”
Hizo un llamado a todos los actores del conflicto a intentar entender qué hay detrás de los gestos, las arengas y las declaraciones, a reconocer la diversidad, valorarla e intentar entender al otro. “Al final todos somos eternamente un otro. Y si no valoramos la condición humana de cualquier otro, no habrá espacio a su vez para que nos entiendan”, alegó Mosciatti, que había iniciado su intervención advirtiendo que iba a hablar “desde el corazón”.
Concluyó aseverando: “A veces, viendo la esterilidad de tantos discursos y leyes me pregunto si la solución no pasa primero por una toma de conciencia de todos nosotros. ¿Iremos camino a eso? Esa es mi esperanza.”
Los requerimientos
Alberto Espinoza se remontó a los orígenes del concepto de “requerimiento”, que actualmente es la acción judicial presentada por ley antiterrorista o por ley de seguridad interior del estado contra los luchadores sociales mapuche. En 1502, un documento llamado “Requerimiento” elaborado por una junta de juristas de Burgos, España, legitimó el concepto de guerra justa para reprimir y aplastar a los pueblos originarios, con el aval del Papa y el rey.
Criticando la aplicación de la ley antiterrorista a quienes son detenidos por atentados incendiarios, recalcó que para la definición de terrorismo, la afectación del bien jurídico de la vida debe estar presente y también se requiere que el supuesto terrorista cuente con armas de gran poder destructivo “y no creo que lo sean las piedras, las hondas y los palos. Se les aplica esta ley a los comuneros cuando frente a ellos, están los carabineros que sí tienen armas de gran poder destructivo. Es una fuerza policial que en la realidad está militarizada. Sería interesante determinar cuál es el poder de fuego y el tipo de armas e instrumentos que utiliza. Cuenta con armas no sólo defensivas, y opera con tanquetas, helicópteros, que son medios propios de una guerra. Es un tema que requiere un análisis más a fondo.” Alberto Espinoza tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado de Chile por la aplicación de la legislación antiterrorista en el caso Poluco-Pidenco.
Ahondando en la justicia militar, sostuvo que no cumple con principios básicos del debido proceso. Recordó que el juez militar es el comandante de división de cada zona, y deja ese cargo si es trasladado, lo que afecta principios como la imparcialidad, la inamovilidad y la independencia. Aunque toda sentencia debiera estar fundada en un proceso previo legalmente tramitado, “en la justicia militar eso no existe porque se aplica el sistema inquisitivo - nombre que proviene de la Inquisición- en el cual el derecho a defensa está profundamente limitado debido al secreto del sumario.” Por tiempo indefinido –pues el sumario no tiene plazo- el abogado que ve estas causas no conoce los cargos que hay contra los imputados ni los elementos sobre los que se construyen esos cargos.
¿Carabineros son militares?
Alberto Espinoza criticó que la justicia militar incluya actualmente a Carabineros ya sea como víctimas o como acusados. “En la constitución Carabineros es reconocido como fuerza de orden y seguridad pública, al igual que la Policía de Investigaciones. Algunos jueces de garantía han promovido contiendas de competencia respecto de carabineros, pero la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional las han rechazado, estrechando filas para consolidar esa institucionalidad, ante la indiferencia de los legisladores y el poder ejecutivo. “
El abogado destacó sin embargo que en los dos últimos años la Corte Suprema ha dictado fallos respecto de que los menores no pueden ser juzgados nunca por la justicia militar. Adelantó asimismo que a partir de la vigencia del convenio 169, está explorando cómo fundamentar una incompetencia de la justicia militar para procesar al pueblo mapuche.
Guerra de baja intensidad
El historiador Sergio Grez, director del Museo B. Vicuña Mackenna, y uno de los impulsores de dos declaraciones/manifiestos en apoyo al pueblo mapuche ante los asesinatos de comuneros, recalcó que “como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía. Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.”
Para él, los métodos empleados para quebrar la resistencia mapuche son “la militarización del territorio mapuche a través de la instalación permanente de Carabineros como guardia pretoriana de los empresarios en las zonas más álgidas; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas”.
Describió asimismo el acoso permanente a las comunidades que luchan por recuperar sus tierras, recalcando: “Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judicializadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria.”
Agregó que los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a procesos tanto por la justicia civil como por la justicia militar bajo la ley antiterrorista “heredada de la dictadura militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación.”
Explicó también que si una causa criminal parece no prosperar, los fiscales civiles y militares “se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión”. Reveló que eso es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) a quien le comunicaron en estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.
Llamados a la guerra
Por su parte Mosciatti se refirió a una declaración reciente de la CAM, señalando: “Cuando escucho convocatorias que llaman a una guerra, me asombra constatar cómo no hemos aprendido nada de nuestra historia reciente acerca de los efectos del uso de la violencia en nuestra patria. La violencia, aunque sea justa, al hacerse habitual termina degradando también a quien la ejerce. La violencia es lo mismo que el poder….corrompe, pero primero brutaliza, porque da excusas para el abuso, justifica el abuso. Hemos vivido siglos de guerras y revoluciones, y ¿para qué? Yo sólo veo rumas de cadáveres que terminaron matando los ideales de esas guerras o revoluciones. Las palabras inflamadas, detrás de la violencia y las proclamas…sólo sirven para despertar a nuestros más bajos instintos, azuzar a la bestia que vive en cada uno de nosotros. ¿Dejaremos que el odio, a punta de palizas, de discriminación, acorralamiento, de quema de camiones, sea el que trace el camino? ¿Hay así un camino posible?”
Recuerdos de la DINA
Ligando pasado y presente Sergio Grez afirmó que los procedimientos de los fiscales le recuerdan las “condenas clandestinas” de la DINA durante la dictadura de Pinochet, que él conoció en el campo de concentración de Puchuncaví, en 1975. “Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación.”
Criticó asimismo la política del gobierno de pretender dividir al movimiento mapuche en “buenos” (que podrán recibir tierras) y “malos” (los que luchan y son considerados violentistas) y alertó sobre la formación de cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano.
Al reseñar las características de la justicia militar, agregó que la imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar. El procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.
Denuncia por tortura
Sadi Huillicán viajó a Santiago desde el poblado cordillerano de Icalma enclavado en el sur profundo, a más de 900 km de esta capital, y cerca de la frontera con Argentina, El es el padre de Jonathan Huillican Méndez (24 años) y dio testimonio en el foro sobre la detención de su hijo, torturado desde que fue detenido en Temuco por la PDI para que se culpara a sí mismo o a otro, de haber participado en una emboscada contra el fiscal Elgueta ocurrida. “Esto para mí y el sentimiento de los mapuche es sólo un montaje político en contra de nuestro pueblo. Es pura mentira.” El joven estudiante pehuenche lleva ya seis meses preso en la cárcel El Manzano, de Concepción, por ley antiterrorista. Su padre afirmó: “Con la gracia de Dios tengo la certeza y la convicción mediante el expediente que ya se abrió, que no hay ninguna prueba que justifique la acusación. Aquí se ve que sólo hay una intención del Estado contra nuestro pueblo, el Estado lo único que quiere es la extinción de nuestra cultura y nuestras raíces.” Agregó que los ocho presos de la cárcel de El Manzano fueron llevados a una reconstitución de escena en Cañete, pero se abstuvieron de participar porque no tenían que ver con esos hechos. Informó asimismo que el 25 de septiembre de 2009 presentó en tribunales de Temuco una querella criminal contra los responsables de la tortura a Jonathan, patrocinada por el abogado Pablo Ortega y agradeció la solidaridad recibida en Concepción y ahora en Santiago.
sábado, 31 de octubre de 2009
¿ QUIENES SON LOS PIRATAS EN EL MAR DE SOMALIA..?
San Agustín cuenta la historia de un pirata capturado por Alejandro Magno,
quien le preguntó: "¿Cómo osas molestar al mar?"..... "¿Cómo osas tú molestar al
mundo entero?" -replicó el pirata-. Yo tengo un pequeño barco, por eso me
llaman ladrón. Tú tienes toda una flota, por eso te llaman emperador"
(Chomsky, "Piratas y emperadores")
quien le preguntó: "¿Cómo osas molestar al mar?"..... "¿Cómo osas tú molestar al
mundo entero?" -replicó el pirata-. Yo tengo un pequeño barco, por eso me
llaman ladrón. Tú tienes toda una flota, por eso te llaman emperador"
(Chomsky, "Piratas y emperadores")
Los verdaderos piratas
JOAQUIM SEMPERE
En 1991 se hundió el orden político de Somalia, país que
sucumbió a una guerra civil empeorada por la intervención estadounidense. El
colapso político dejó la sociedad somalí sin defensas, situación que fue
aprovechada por navíos procedentes de Europa, Estados Unidos, China y otros
países para verter en sus aguas grandes cantidades de residuos tóxicos y
radioactivos. El abuso se hizo visible cuando, en 2005, un tsunami depositó
en las playas y costas somalíes bidones corroídos y otras muestras de estos
residuos. Según el enviado de las Naciones Unidas en Somalia Ahmadou
Ould-Abdallah, la porquería tóxica acumulada en pocos días por la catástrofe
marina provocó úlceras, cánceres, náuseas y malformaciones genéticas en
recién nacidos y, al menos, 300 muertes.
Pero las desgracias no terminan ahí. Aprovechando el desgobierno, una
multitud de barcos de pesca empezó a faenar en las aguas frente al país,
incluidas sus aguas territoriales. En 2005 se calculó que pescaron allí unos
800 barcos de distintos países, muchos de ellos europeos y, más
específicamente, españoles. Se estima que los ingresos generados durante un
año por esta pesca extranjera ilegal ascendía a 450 millones de dólares. El
resultado fue la rápida disminución de unas reservas pesqueras que eran el
principal recurso para las comunidades de pescadores del país, catalogado
como uno de los más pobres del mundo.
Un reportaje de Al Yazira informa de que grupos de somalíes trataron de
constituir un cuerpo autodenominado "Guardacostas Voluntarios de Somalia",
reuniendo dinero con el que pagar a la empresa estadounidense Hart Security,
que se dedica a entrenar y formar luchadores y mercenarios por todo el mundo
-y que, años más tarde, ha actuado como mediadora para el cobro de rescates
en aquellas mismas aguas: ¡negocio redondo!-. Al parecer, hubo intentos de
esos guardacostas voluntarios de negociar con los buques de pesca
extranjeros para que dejaran de faenar o pagaran un impuesto para seguir
haciéndolo, intentos que resultaron fallidos. El desenlace final fue lo que
hoy se califica como piratería somalí. En un país plagado de armas,
desgarrado por bandas rivales y sometido a una situación económica
desesperada, un desenlace así no debería sorprender. A la vista de lo
anterior es legítimo preguntarse: ¿quiénes son, en esta historia, los
verdaderos piratas?
Hay en España quien propone que los atuneros españoles (que son sobre todo
vascos) lleven militares a bordo para disuadir a los piratas. En el
Parlamento vasco, los votos del PP y el PNV han hecho posible el pasado 8 de
octubre aprobar una moción en esta línea. El Congreso ya lo había descartado
meses antes arguyendo que la legislación española no lo permite. Francia sí
lo permite, y hace tiempo que en el Índico los barcos de pesca franceses
llevan militares a bordo. Pero esta diferencia es de detalle: ambos países
lograron que el 10 de diciembre de 2008 los ministros de Defensa de la Unión
Europea aprobaran la llamada Operación Atalanta contra la piratería somalí,
y que se diera luz verde al envío de entre 6 y 10 buques de guerra para
"garantizar la seguridad" en el golfo de Adén con el mandato de vigilar las
costas de Somalia, "incluidas sus aguas territoriales".
Estos hechos muestran que el colonialismo no sólo no ha muerto, sino que
está tomando nuevos bríos. Y un nuevo aspecto marcado por la crisis de
recursos naturales, en este caso la pesca. Las flotas pesqueras de los
países ricos, compuestas por buques con capacidad para moverse por todos los
mares del mundo, esquilman un caladero tras otro: son las principales
culpables de la sobre pesca que desde hace años viene destruyendo la
capacidad de regeneración de las especies marinas y preparando un colapso de
las capturas a escala mundial. Las primeras perjudicadas son las poblaciones
de los países pobres que dependen de la pesca local: ellas carecen de flotas
potentes para pescar lejos de sus costas. El caso somalí es uno de los más
sangrantes por las circunstancias políticas internas, pero no es el único.
España está recuperando sus blasones imperiales contribuyendo a empobrecer a
uno de los países más pobres del mundo. Al hacerlo no sólo comete una
injusticia, sino que practica una política sin futuro también para sus
habitantes. Porque cuando ya no haya caladeros por explotar en ningún rincón
del mundo, ¿qué harán nuestros marineros y pescadores?
Es una indignidad aprovecharse de un país desangrado por una guerra civil y
luego mandar a los soldados a defender una causa indefendible que no hace
más que profundizar la tragedia de ese pueblo. Y si se quiere mirar desde
otra óptica, ¿cuánto nos cuesta mantener la dotación de dos buques de
guerra, un avión y 395 efectivos de la Marina española que tenemos
destacados en la zona?
El caso tiene su moraleja. Un país desarrollado como España no debe, tras
agotar sus propios recursos pesqueros, expandirse por los mares del mundo
privando a otras poblaciones más pobres de sus medios de subsistencia,
porque agrava la situación de esas poblaciones y las empuja a una
resistencia que desemboca en aventuras violentas y salidas militares. La
solución hay que buscarla en casa, adaptándose a unos ecosistemas dañados y
gestionándolos mejor (por ejemplo, con la piscicultura como alternativa a la
pesca), y adoptando medidas previsoras para que nadie se quede sin trabajo y
sin fuente de ingresos. Es inquietante que se esté haciendo exactamente lo
contrario: optar por la huida hacia delante y por un neoimperialismo
ecológico reforzado militarmente que sólo puede redundar en un empeoramiento
de la situación.
Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología
Medioambiental de la Universidad de Barcelona
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