La huelga general que desde hace más de diez días realiza en Changuinola el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (SITRAIBANA), acompañados por pobladores, campesinos, pescadores e indígenas, puede considerarse una insurrección popular espontánea. Toda Changuinola se movilizó en las calles, ocupando las principales vías de acceso a la ciudad, así como los puentes, edificios públicos, fincas bananeras, e inclusive el aeropuerto.Lo que se inicio como un conflicto laboral provocado por la empresa Bocas Fruit Company al negarse a descontar la cuota sindical, para luego negarse a pagar los salarios debidos, ha degenerado en una crisis que ha dejado en Changuinola hasta el momento dos muertos reconocidos oficialmente, más de 400 heridos, alrededor de 50 de ellos graves, y habla de más de 700 detenidos. ¿Qué ocurrió? Envalentonada por la entrada en vigencia de la Ley 30, mejor conocida como Ley Chorizo, que entre otras funestas medidas libera a las empresas del descuento obligatorio de la cuota sindical, la empresa bananera consideró que había llegado el momento de asfixiar económicamente al sindicato. La reacción no se hizo esperar: los sindicalistas declararon una huelga general a la que se ha unido el conjunto de la población, que exige ahora la derogatoria de la nefasta Ley 30. La respuesta del gobierno no ha sido otra que la represión pura y dura, lo que generalizó y endureció el conflicto. Más de 500 antimotines fueron trasladados a Changuinola.
La chispa que incendió la pradera
Inicialmente el gobierno consideró que se trataba de un conflicto laboral más, y que las iras populares podrían ser sofocadas con unas cuantas dádivas y mucho palo policial. Tanto es así que el Presidente Martinelli afirmó en un programa de televisión que “no pasa nada y me iré con mi dinero a ver la final del mundial de fútbol.” Se equivocó. El gobierno ha tenido que convocar un Consejo de Ministros extraordinario, enviar a Changuinola al ministro de la presidencia y al Vicepresidente acompañados de la mayoría de sus pares.
La lucha popular generalizada en Changuinola provocó de inmediato la solidaridad de distintos sectores sociales opuestos por muy diversas razones a la Ley 30. En ese sentido, las diversas centrales sindicales del país empezaron a considerar la posibilidad de una huelga orientada a la derogación de la Ley 30. La respuesta del gobierno, una vez más equivocada, fue la de reprimir con dureza al movimiento sindical, ordenando la detención y conducción de los principales dirigentes del Suntrac, así como intimidar al profesor Juan Jované. Tales acciones no han hecho otra cosa que provocar el llamamiento a Huelga General para el martes día 13 de todas las centrales sindicales, a las que se han unido los maestros y profesores, así como los funcionarios de la Caja de Seguro Social.
No cabe la menor duda que los acontecimientos de Changuinola, aún siendo extremadamente graves por si solos, han provocado un movimiento nacional de repudio a la Ley 30 por parte de los trabajadores y sus organizaciones, el movimiento estudiantil, los ecologistas y organismos de la denominada sociedad civil. Changuinola ha sido la chispa que ha incendiado la pradera social, cansada de sistemáticos y gravísimos ataques a las libertades democráticas de expresión y manifestación, así como de recortes inadmisibles a los derechos sindicales y sociales.
El surgimiento de un nuevo régimen político
En efecto, en sólo un año de gobierno, Martinelli ha criminalizado y penalizado con años de cárcel las movilizaciones ciudadanas, atacado abiertamente al movimiento sindical en su conjunto, agredido a periodistas y medios de comunicación, derribado las tímidas normas existentes para la defensa del medioambiente, eliminado la carrera administrativa, militarizado al país, creando un Ministerio de Seguridad y otorgando impunidad a los delitos cometidos por la policía en acto de servicio.
A lo anterior hay que sumar el que ha logrado el sometimiento absoluto de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, así como el de la Administración y, a no dudarlo, la del Tribunal Electoral. Todos los poderes del Estado sometidos sin resistencia a su entera voluntad.
Surge ante nuestros ojos un nuevo régimen político que persigue la destrucción de toda oposición política, social e intelectual, para así gobernar a través de un partido único carente de opositores. De ahí la dureza de la represión contra todos los sectores que ofrezcan alguna resistencia.
Luchar contra el monstruo que surge ante nuestros ojos requiere de un esfuerzo unitario de gran envergadura, capaz de construir una amplia alianza en defensa del las libertades democráticas hoy amenazadas y reprimidas, lo que sólo será posible en la medida en seamos capaces de rechazar todo sectarismo e impulsar, por el contrario, el respeto a la autonomía de las organizaciones, y repudiar todo aquello que se parezca al “pensamiento único”.
Todos el martes 13 por una Jornada Nacional de Lucha
En efecto, el martes día 13 hay que hacer un esfuerzo unitario para enfrentar las pretensiones del actual gobierno de acabar con el movimiento popular y las libertades democráticas, exigir un alto a la represión, libertad para todos los detenidos y la derogación de la nefasta Ley 30. Se trata de manifestarnos desde la capacidad y posibilidad de cada cual, haciendo paros de una hora, entrando tarde a las empresas, reuniéndonos a la salida o entrada del trabajo, movilizándonos ahí donde sea posible, y materializando la huelga en todos los sectores organizados, como son los trabajadores de la construcción, docentes, estudiantes, funcionarios de la CSS, médicos, etc. Todo ello en preparación de acciones más contundentes y generalizadas hasta la derogatoria de la Ley 30.
Vivimos momentos cruciales para el futuro de nuestra sociedad. La quiebra del viejo régimen de dádivas, corruptelas y falsos consensos a través del cual gobernó el PRD, y la debilidad de las alternativas populares y democráticas, ha posibilitado el surgimiento de un gobierno autoritario que pretende consolidar un nuevo régimen político caracterizado por el manejo del país “como si fuese una empresa”, en la ausencia de toda oposición. El martes demos un paso adelante para impedirlo.
