Panamá: LA CRISIS NACIONAL

Comunicado del MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO POPULAR (MDP)

La huelga general que desde hace más de diez días realiza en Changuinola el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (SITRAIBANA), acompañados por pobladores, campesinos, pescadores e indígenas, puede considerarse una insurrección popular espontánea. Toda Changuinola se movilizó en las calles, ocupando las principales vías de acceso a la ciudad, así como los puentes, edificios públicos, fincas bananeras, e inclusive el aeropuerto.

Lo que se inicio como un conflicto laboral provocado por la empresa Bocas Fruit Company al negarse a descontar la cuota sindical, para luego negarse a pagar los salarios debidos, ha degenerado en una crisis que ha dejado en Changuinola hasta el momento dos muertos reconocidos oficialmente, más de 400 heridos, alrededor de 50 de ellos graves, y habla de más de 700 detenidos. ¿Qué ocurrió? Envalentonada por la entrada en vigencia de la Ley 30, mejor conocida como Ley Chorizo, que entre otras funestas medidas libera a las empresas del descuento obligatorio de la cuota sindical, la empresa bananera consideró que había llegado el momento de asfixiar económicamente al sindicato. La reacción no se hizo esperar: los sindicalistas declararon una huelga general a la que se ha unido el conjunto de la población, que exige ahora la derogatoria de la nefasta Ley 30. La respuesta del gobierno no ha sido otra que la represión pura y dura, lo que generalizó y endureció el conflicto. Más de 500 antimotines fueron trasladados a Changuinola.

La chispa que incendió la pradera

Inicialmente el gobierno consideró que se trataba de un conflicto laboral más, y que las iras populares podrían ser sofocadas con unas cuantas dádivas y mucho palo policial. Tanto es así que el Presidente Martinelli afirmó en un programa de televisión que “no pasa nada y me iré con mi dinero a ver la final del mundial de fútbol.” Se equivocó. El gobierno ha tenido que convocar un Consejo de Ministros extraordinario, enviar a Changuinola al ministro de la presidencia y al Vicepresidente acompañados de la mayoría de sus pares.

La lucha popular generalizada en Changuinola provocó de inmediato la solidaridad de distintos sectores sociales opuestos por muy diversas razones a la Ley 30. En ese sentido, las diversas centrales sindicales del país empezaron a considerar la posibilidad de una huelga orientada a la derogación de la Ley 30. La respuesta del gobierno, una vez más equivocada, fue la de reprimir con dureza al movimiento sindical, ordenando la detención y conducción de los principales dirigentes del Suntrac, así como intimidar al profesor Juan Jované. Tales acciones no han hecho otra cosa que provocar el llamamiento a Huelga General para el martes día 13 de todas las centrales sindicales, a las que se han unido los maestros y profesores, así como los funcionarios de la Caja de Seguro Social.

No cabe la menor duda que los acontecimientos de Changuinola, aún siendo extremadamente graves por si solos, han provocado un movimiento nacional de repudio a la Ley 30 por parte de los trabajadores y sus organizaciones, el movimiento estudiantil, los ecologistas y organismos de la denominada sociedad civil. Changuinola ha sido la chispa que ha incendiado la pradera social, cansada de sistemáticos y gravísimos ataques a las libertades democráticas de expresión y manifestación, así como de recortes inadmisibles a los derechos sindicales y sociales.

El surgimiento de un nuevo régimen político

En efecto, en sólo un año de gobierno, Martinelli ha criminalizado y penalizado con años de cárcel las movilizaciones ciudadanas, atacado abiertamente al movimiento sindical en su conjunto, agredido a periodistas y medios de comunicación, derribado las tímidas normas existentes para la defensa del medioambiente, eliminado la carrera administrativa, militarizado al país, creando un Ministerio de Seguridad y otorgando impunidad a los delitos cometidos por la policía en acto de servicio.

A lo anterior hay que sumar el que ha logrado el sometimiento absoluto de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, así como el de la Administración y, a no dudarlo, la del Tribunal Electoral. Todos los poderes del Estado sometidos sin resistencia a su entera voluntad.

Surge ante nuestros ojos un nuevo régimen político que persigue la destrucción de toda oposición política, social e intelectual, para así gobernar a través de un partido único carente de opositores. De ahí la dureza de la represión contra todos los sectores que ofrezcan alguna resistencia.

Luchar contra el monstruo que surge ante nuestros ojos requiere de un esfuerzo unitario de gran envergadura, capaz de construir una amplia alianza en defensa del las libertades democráticas hoy amenazadas y reprimidas, lo que sólo será posible en la medida en seamos capaces de rechazar todo sectarismo e impulsar, por el contrario, el respeto a la autonomía de las organizaciones, y repudiar todo aquello que se parezca al “pensamiento único”.

Todos el martes 13 por una Jornada Nacional de Lucha

En efecto, el martes día 13 hay que hacer un esfuerzo unitario para enfrentar las pretensiones del actual gobierno de acabar con el movimiento popular y las libertades democráticas, exigir un alto a la represión, libertad para todos los detenidos y la derogación de la nefasta Ley 30. Se trata de manifestarnos desde la capacidad y posibilidad de cada cual, haciendo paros de una hora, entrando tarde a las empresas, reuniéndonos a la salida o entrada del trabajo, movilizándonos ahí donde sea posible, y materializando la huelga en todos los sectores organizados, como son los trabajadores de la construcción, docentes, estudiantes, funcionarios de la CSS, médicos, etc. Todo ello en preparación de acciones más contundentes y generalizadas hasta la derogatoria de la Ley 30.

Vivimos momentos cruciales para el futuro de nuestra sociedad. La quiebra del viejo régimen de dádivas, corruptelas y falsos consensos a través del cual gobernó el PRD, y la debilidad de las alternativas populares y democráticas, ha posibilitado el surgimiento de un gobierno autoritario que pretende consolidar un nuevo régimen político caracterizado por el manejo del país “como si fuese una empresa”, en la ausencia de toda oposición. El martes demos un paso adelante para impedirlo.

Sangrienta represión en Panamá: muertos y heridos de gravedad y aumentan los detenidos/as

Una primera información sobre la sangrienta represión en Panamá

Envíado en directo desde Panamá, para VACEM, por Bernardo E.

La insurrección de Bocas del Toro se inicia con una huelga de 24 horas que la CTRP y la directiva de SITRAIBANA convocan al declarar la empresa que la semana laborada, antes del 2 de Julio cuando se inicia la huelga, no se pagaría, al retener las cuotas sindicales y al afirmar que no se realizaría más el descuento de la cuota sindical.

Se hizo el domingo 4 de julio otra asamblea general con presencia de representante de CONATO. Los/as representantes sindicales y las bases exigieron declarar la huelga indefinida por la derogación de los aspectos laborales de la 'Ley 30', el alto a los desalojos de las comunidades gnobes de sus tierras, la derogacion del decreto ejecutivo 10 que viola la autonomia de la ley de las Comarcas.

Esto se mantiene y agrava por los 4 muertos confirmados y 4 por confirmar. No se acepta negociar con la comisión presidencial, solo si aceptan los puntos mencionados y ahora la libertad de los presos que no se pueden confirmar ya que al acercarse a verificar información alguna se arresta a la gente.

Hoy (día 9) se quemó el cuartel que se ubica en la carretera que va a Guabito. En los enfrentamientos la policía tira con bala y se les acabó las lacrimogenas y los cartuchos de perdigones.

En la Capital hoy hubo cierre de calles por obreros de Suntracs y los estudiantes de la universidad y de dos colegios de enseñanza media (el artes y oficios y el instituto nacional).

Para la próxima semana se da inicio a un proceso de Huelga escalonada hasta llamar a la paralizacion del país.

¡ Atreverse a luchar es empezar a vencer !

¡Urgente! Brutal represión en Panamá, muertos y heridos de gravedad.

Informe actualizado en Kaos en la Red:

www.kaosenlared.net/noticia/urgente-brutal-represion-panama-muertos-heridos-gravedad-actualizandos

Enfrentamientos por la aplicación de Ley 30.
Estalla el caos en Bocas del Toro. Exigen derogar la nueva ley.

Ovidio Lorenzo y Redacción de La Estrella de Panamá

Changuinola/Bocas del Toro.- Al menos una persona murió ayer en los enfrentamientos entre policías y obreros indígenas que rechazan la Ley 30 —aprobada por el Gobierno—, la cual fue aplicada por la bananera Bocas Fruit Company. La situación mantiene paralizada a Changuinola desde hace ocho días y ayer llegó a su punto más conflictivo. Los obreros reclaman el descuento de la cuota sindical y conquistas laborales.

En medio de la confusión, generada por el bloqueo de las vías y el aeropuerto local, las primeras versiones informaban de dos muertos —incluida una niña— y en la tarde hasta de cuatro. No obstante, el Ministerio de Salud confirmó solo una muerte y al menos 100 heridos, 18 de éstos de consideración, quienes fueron llevados a David, Chiriquí, y al Hospital Santo Tomás, en Panamá, para su atención.

El comercio en Changuinola sigue cerrado y los huelguistas mantienen las barricadas y según los informes, anoche se habrían registrado incendios en locales comerciales.

Giovani Montero, uno de los dirigentes en paro, dijo que ellos no darán marcha atrás y que ya no les interesa hablar con el Ejecutivo. ‘Queremos la derogación de la Ley 30, nuestra huelga no es contra la Bocas Fruit, nosotros exigimos que se elimine la ley’, agregó.

Los indígenas mantienen retenidos a cuatro policías, incluido un miembro del Senafront, quienes están en Guabito, Puente Torres, y el sector de Las 30. Aseguran que los soltarán cuando dejen en libertad a los obreros presos y se les garantice que no habrá persecución contra ellos.

Anoche, el ministro de Seguridad, José Mulino, informó que cuatro policías están retenidos por los manifestantes. A la vez, el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, viajó a Changuinola para establecer un diálogo con los indígenas. Indicó que todo es por la desinformación de opositores y la mala interpretación de la ley, que no elimina derechos como el décimo tercer mes y las vacaciones.

Panamá: LA LEY CHORIZO DE MARTINELLI

"Ley chorizo", ahora es Ley 30

Jesús Simmons DIAaDIA, 11 de junio

En pie de guerra. Así están los miembros de las asociaciones ambientales y de la sociedad civil de Panamá, luego que el presidente Ricardo Martinelli, sancionó la Ley 30, que dicta medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial en Panamá.

Esta nueva ley, que en su momento fue el proyecto de Ley 177, modifica los Códigos de Trabajo, Penal, Judicial, la Leyes Ambiental, la Orgánica de la Policía Nacional, de Aeronáutica Civil, del Tribunal de Cuentas y la Migratoria.

Lo que más indignó a los ambientalistas es que mientras los habían citado a una reunión con varios ministros, se enteraron de que la "Ley chorizo" había sido sancionada.

Gabriela Etchelecu, de la fundación MarViva, dijo que los organismos internacionales ven con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Panamá. Agregó que "nos hemos convertido en el primer país de América Latina en eliminar el estudio de impacto ambiental y que nunca habían visto cómo se le cerraba la puerta en la cara a la sociedad civil".

Los ambientalistas expresaron su preocupación por la pérdida del grado de inversión que pueda acarrear al país, la aprobada y publicada en Gaceta Oficial como: Ley 30.

Mientras no se derogue esta ley, los amigos del medio ambiente llevarán este caso a la Corte Suprema de Justicia y a los organismos internacionales.

ALGUNAS REFORMAS
No es obligatorio estar en un sindicato, descontarle a los trabajadores la cuota sindical y las empresas no podrán ser cerradas durante una huelga.

Un miembro de la Policía Nacional sea denunciado o querellado por la presunta comisión de un delito en el servicio o cumplimento de su deber, por motivo de uso de la fuerza excesiva, no se ordenará su detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional de su cargo.

Quienes falsifiquen o alteren, total o parcialmente, un pasaporte panameño, cédula, licencia de conducir o visa; se le aplicará una pena de 5 a 10 años.

Las obras que sean declaradas de interés social, no requerirán de un estudio de impacto ambiental.

Obliga a las asociaciones sin fines de lucro que publiquen mensualmente, en la Internet, una lista de todos sus donantes.

Panamá: Ley chorizo Martinelli = minería = muerte

Héctor Endara Hill, de Panamá Profundo. Extracto recogido de Argenpress.info

La nombrada ley 9 en 1, conocida también como ley chorizo, por aquello de embutir temas diversos, con la falaz intención de desarrollar la aviación comercial, revela la verdadera agenda del gobierno del “cambio”. En escritos y glosas se rumora que, escondido en la propuesta, van plasmados objetivos e intereses personales del actual mandamás de Panamá en el campo de la aviación comercial.

Así de estridente y oscura la situación, no sorprende que, el paquete de chorizo presentado, plantee reformas en materia comercial, judicial, ambiental y laboral. Todos los cambios, a pesar de las múltiples mentiras de ministros y diputados, van destinados a favorecer intereses mercantiles, mientras se atropella intereses populares y se eliminan derechos sociales.

Así funciona el sistema, cada vez que puede, golpea los intereses de los trabajadores; y recorta las leyes y normativas con tinte democrático que los poderes sienten que obstaculizan su natural visión y misión de explotar y expoliar a las mayorías nacionales y los ecosistemas.

Los principios y pasiones de un gobierno empresarial están fielmente reflejados en las últimas actuaciones mostradas por los poderes del Estado en Panamá. El legislativo hace lo que el ejecutivo le dice y el judicial los bendice a ambos. Aquí lo que importa y vale es el sagrado y sacrosanto principio empresarial-capitalista de hacer dinero a toda costa y a costa de todo.

Todo nuestro repudio para la ley chorizo y los choriceros; para los que nos desgobiernan, violando leyes y procedimientos; para los que se hacen llamar honorables, excelencias, magistrados y ministros, cuando son más que sátrapas carroñeros del capitalismo salvaje. Repudio para los ecocidas; para los asesinos del medio ambiente que promueven minería metálica a cielo abierto y represas en cada estrecho y rincón. Repudio para los “dueños” ganaderos que se han adueñado de territorios indígenas; para los que persiguen comunidades campesinas e indígenas que no tienen donde reclinar la cabeza; para los que mienten descaradamente y llaman “maleantes de mierda” a los trabajadores. Repudio también –y en dosis grande- para los que prometieron seguridad ciudadana y nos han traído un aumento de asesinatos y violencia; para los que prometieron cambio y acabar con la corrupción y han cambiado de discurso y aumentado la corrupción con sus corruptelas.

No hay asociación ambientalista, sindicato de trabajadores o ciudadanos informado que no haya rechazado y repudiado la ley chorizo. La creativa, participativa y combativa caminata de ayer 15 de junio, animada por organizaciones ambientalistas en la ciudad de Panamá, es una muestra y ejemplo contundente de participación ciudadana que debe extenderse a todos los rincones del país.

La administración Martinelli ensaya y prueba la capacidad de lucha y de participación ciudadana de las mayorías nacionales para enfrentar arbitrariedades. Montado sobre las divisiones y debilidades de autodenominadas vanguardias de la “izquierda” panameña, la prepotencia avanza hacia una evidente dictadura empresarial, custodiada por leyes que favorecen capitales nacionales e internacionales y asfixian a los sectores organizados y envenenan y destruyen ecosistemas.