Machi terrorista o machi esterilizada
La represión de la protesta social mapuche que reclama por reconocimiento de derechos territoriales y políticos, en la actualidad ha tomado ribetes impensados con la focalización de la persecución, represión y criminalización a actores sociales mapuche como parte de una política de seguridad interior y menos como un abordaje político y estratégico en la relación Estado – pueblo Mapuche. Se destaca este fenómeno toda vez Chile es un país donde debieran operacionalizarse en el espectro político los tratados internacionales y leyes vigentes sobre derechos humanos y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de instrumentos legales sancionados por los mismos Estados y que promueven nuevas relaciones entre éstos, la sociedad civil y los pueblos indígenas.
En este contexto se inscribe una violenta arremetida política y de seguridad nacional el último año en contra de machi (autoridad espiritual y de sanación mapuche) de los territorios mapuche de Truf Truf (región de la Araucanía) y Pilmaiken (región de los Ríos), junto a las consecuencias materiales y presidio en el caso de las machi Millaray Huichalaf, Francisca Linconao, y los machi Tito Cañulef y Celestino Córdoba. Estas situaciones parecen esconder algo más que el aumento de los casos de mapuche criminalizados y encarcelados en situación de protesta social, toda vez que estos nuevos prisioneros políticos son autoridades espirituales y de salud para el pueblo mapuche.
El trato del Estado chileno por medio de sus políticas de seguridad y de salud se ha focalizado en la persecución y en la incorporación de machi al sistema de salud oficial chileno mediante la promoción de centros de salud “interculturales”, resaltándolas en su rol de curación exclusivamente, refuncionalizandolas y “esterilizándolas” de su contexto, su rol social y espiritual en el territorio. Por el contrario, es entre aquellas y aquellos machi que no se encuentran “esterilizados” o incorporados a las políticas de interculturalidad en salud, donde ha recaído una persecución que incluye allanamientos, golpes y encarcelamientos a partir de enero de 2013. Ambas formas de concebir a las autoridades tradicionales mapuche forman parte de una nueva estrategia de seguridad del Estado chileno y su clase dirigente en contra de quienes representan una síntesis de la relación socioespiritual y material mapuche con el territorio en tanto proceso vivido en la mapu (tierra), sustento material intervenido, usurpado y parcializado a sangre y fuego a partir de 1861. Territorio invadido militarmente y saqueado productivamente.
Las y los machi cumplen un rol muy importante para la sociedad mapuche. Se trata de autoridades espirituales con una vinculación material y espiritual con el territorio y la comunidad como fundamento de la cultura y el ser mapuche. El vínculo por excelencia con el lof o la comunidad es a partir de la terapéutica en territorio, donde se origina la enfermedad y se materializa la sanación con la familia del enfermo, reproduciendo relaciones sociales vitales entre las familias y la comunidad, dinamizando así la vida colectiva y la cosmovisión. Son poseedoras de un lugar sagrado y privilegiado (rewe) que les permite la conexión con las divinidades y fuerzas (newen) del territorio en un sentido amplio (material e inmaterial) lo que les posibilita una función de liderazgo espiritual y terapéutico por medio de la presencia de sus poderes que le son característicos y por los cuales se le conoce. Es decir, posibilitan el equilibrio socio-espiritual de la comunidad, teniendo así una función trascendental en la salud colectiva mapuche que en la actualidad convive con la terapéutica oficial en los mismos territorios rurales y en los espacios urbanos.
Machi terrorista
La machi se vuelve de importancia crítica para los procesos de recuperación territorial y demanda de autogobierno al ser su preocupación el territorio, la diversidad natural del mismo (itrofijmongen), las personas y sus relaciones, por lo que fortalecen esos procesos desde las dimensiones espirituales y políticas que ellas lideran a partir de continuos y complejos análisis de la situación de las comunidades y sus integrantes. Desde la época de guerra con la corona las y los machi han tenido un papel preponderante en la defensa del territorio y apoyo a procesos sociopolíticos y culturales mapuche, incluyendo su intervención en los escenarios de agresión que ha experimentado la formación social mapuche, primero con España y luego con Chile.
A partir de este posicionamiento social, las agencias y dispositivos de represión chilena habrían sopesado dicho rol e importancia, por lo que la represión y encarcelamiento ya no solo se centra en el dirigente, el longko (líder tradicional) o werken en tanto actuales voceros de las comunidades en proceso de recuperación territorial. Se está más bien en presencia de una represión selectiva a dichas autoridades espirituales mapuche, configurándose una nueva relación del Estado chileno con la autoridad tradicional- espiritual encarnada en las y los machi. Es decir, ya no se trata de la colonial persecución religiosa de las misiones españolas de los siglos XVI, XVII y XVIII o el acechamiento de carácter médico oficial de la primera mitad del siglo XX dado su rol sanador, sino de una relación a la manera de “caza de brujas” de tradición europea medieval, teniendo a los tribunales chilenos como jurados inquisidores y utilizando como dispositivo represor por excelencia la ilegítima “Ley Antiterrorista” del año 1984. De una relación de control social se cambia a una relación de vigilancia para con las autoridades espirituales, manteniéndose además la relación de control estatal por medios de coacción más sutiles, mediante la nueva participación inocua de las y los machi en centros de salud oficiales, como veremos más adelante.
Con esta nueva política de seguridad hacia las y los machi en contexto de recuperación de tierras y protesta social mapuche es que se encarceló “preventivamente” en 2013 a la machi Millaray Huichalaf, al machi Tito Cañulef (desde 30/01/13), mientras que el machi Celestino Córdoba lleva poco más de un año preso (desde 04/01/13) “mientras se desarrolla la investigación” sin elementos de prueba concretos que avalen la acusación de terrorismo tipificado desde la fiscalía chilena especializada en la criminalización de la protesta social mapuche. Caso aparte amerita la detención y maltrato sufrido por la machi Francisca Linconao de Truf Truf, quien fue absuelta por los tribunales chilenos luego de sufrir presidio, maltrato físico y humillación social y espiritual al ser despojada de su vestimenta tradicional e instrumentos propios de su función socioespiritual cuyas consecuencias en su salud son patentes en la actualidad y a partir de la cual exige reparación y justicia a las autoridades chilenas .
En el caso de las y los machi encarcelados, son patentes los problemas de salud socio espiritual que desembocan en problemas de salud físico provocados por el desarraigo de sus familia y territorio, el aislamiento de su contexto histórico- social y territorial del cual depende esta autoridad mapuche para desempeñar sus funciones; por tanto el encierro acarrea además una trasgresión al ngen pujü o dueño del espíritu propios de la/el machi que puede traer consecuencias irreversibles en su salud según las lógicas socioculturales propias que rigen a estas autoridades espirituales mapuche.
Respecto de las detenciones a estas autoridades tradicionales, el machi Fidel Tranamil del territorio de Makewe señaló: “Le envío un mensaje al Estado como machi, el pueblo Mapuche va a continuar en lucha, hoy día no hay ningún machi que puede estar libre que no lo vengan a detener, que le levanten un montaje en su contra por solo apoyar, seguir la espiritualidad, seguir la base del pueblo mapuche, seguir ejerciendo el ser mapuche en las comunidades”
Es que en Chile se aplica una ley antiterrorista originada en la última dictadura cívico-militar, y es utilizada exclusivamente con el objetivo de reprimir la protesta social y demandas político-territoriales mapuche mediante modalidades y tácticas desmedidas del tipo contrainsurgente, incluyendo el uso de drones espía en las comunidades . Esta legislación chilena sigue entendiendo al terrorismo como “los delitos de homicidio, lesiones, secuestro, envío de efectos explosivos, incendio y estragos, las infracciones contra la salud pública y el descarrilamiento”. Mientras que nosotros, por el contrario, declaramos que es el Estado chileno y su clase política en particular, que ha secuestrado machi, les ha lesionado física, moral y espiritualmente, y al ser nuestras autoridades espirituales y sanadoras mapuche están atentando contra la salud colectiva de nuestro pueblo.
Machi esterilizada
Una segunda estrategia de seguridad interior que en Chile se implementa para encarar la participación de las y los machi en el proceso de reconstrucción social mapuche es la neutralización burocrática, promoviendo su incorporación en los servicios de salud. La incorporación esporádica o permanente de chamanes indígenas en centros de salud que se ha experimentado en América Latina desde fines del siglo pasado a la fecha, viene a descontextualizar su acción socio-terapéutica: se le recluye en un “box”, propio del método y espacio clínico (observación sistemática y control de variables), desnaturalizando su rol comunitario, interrumpiendo la práctica del contexto territorial, disponiendo al terapeuta indígena en un espacio aislado, que facilita su domesticación tecnocrática.
En el caso de la/el machi mapuche, el espacio clínico esteriliza no sólo al terapeuta sino también el padecimiento a ser tratado, ya no como una entidad socioculturalmente construido y determinado, sino como una enfermedad posible de auscultar clínicamente, objetivable, racionalizable y controlada de otras variables “externas” (sociales, culturales, espirituales) y por tanto, limitada a ese espacio clínico del sistema biomédico. Dicho mecanismo de clinicalización tiende a domesticar tanto el diagnóstico como el abordaje de la o el machi, otrora determinado por el contexto socio-territorial. La machi pasa así a ser una empleada del sistema de salud, presa de la alienación sanitaria propia del trabajo clínico; de la atención reglada y casi independiente de la gravedad y de las necesidades específicas de los enfermos .
Estas nuevas formas de organización sanitario-cultural promueve una atención de salud escindida del territorio y por tanto tiende a debilitar las redes sociales y prácticas cotidianas de cuidado y prevención de la salud reproducidos en un territorio concreto y por tanto, debilitar el potencial mapuche de “salutogénesis” . Corresponde a un nuevo tipo de separación y despojo de atributos y cualidades en la relación persona-territorio que es funcional a la cosificación y mercantilización de las relaciones sociales que debilita inclusive, la demanda de reivindicación de tierras mapuche al restar progresivamente al territorio de sus propiedades, agentes, recursos y diálogo intersubjetivo con la persona y comunidad.
En términos políticos y de seguridad se trata de una nueva estrategia de “protección inmunitaria”, precisamente con la finalidad de asimilar y neutralizar al diferente/otro respecto de alguna amenaza a la integridad estatal como lo es en el caso mapuche, la demanda por autonomía. Es decir, la lucha contra la amenaza del diferente no se realiza mediante la contraposición formal sino mediante el rodeo y la neutralización por medio de dispositivos como la denominada “salud intercultural” que promueve la esterilización de machi. Tal como la práctica médica de vacunación en relación con el cuerpo del individuo: la inmunización del cuerpo político funciona introduciendo dentro de él una mínima cantidad de la misma sustancia patógena de la cual quiere protegerlo, y así bloquea y contradice su desarrollo natural .
Pero por otro lado perviven las formas de resistencia en salud vinculadas a las y los machi que han podido sortear ambas estrategias de seguridad e inmunización de la política de seguridad chilena y que han soportado siglos de persecuciones hispanas y criollas en tanto autoridades espirituales de un pueblo que resiste, se adecúa y también sortea creativamente nuevas formas y relaciones de dominación social impuestas, que hoy se nos presentan como “acciones afirmativas” o bajo el paraguas de la “interculturalidad”. Asimismo en términos terapéuticos y de auto-atención en salud es vigorosa la resistencia cotidiana frente a la burocratización de la salud propia y la medicalización de la vida y la salud promovida desde el sistema de salud oficial. También es patente el fortalecimiento de organizaciones mapuche que hoy en día gestionan centros de salud en clave de derechos y que se han desarrollado como respuesta organizada en salud para familias y comunidades mapuche y que son necesarias de proteger y fortalecer en su desarrollo en tanto instituciones mapuche de salud.
Por su lado, cada día serán más las autoridades espirituales que suman apoyos y aportan con semillas que germinan a diario en la compleja enredadera de la autodeterminación mapuche frente a la porfiada sujeción política al Estado chileno. Será entonces el devenir histórico, demandante de mayores espacios para el ejercicio de la autonomía mapuche, el que juzgue la infamia y la afectación a la espiritualidad y la salud colectiva de nuestro pueblo.
Por Andrés Cuyul Soto - El Ciudadano
Nación Mapuche. Demanda territorial conjunta sobre las tierras del ex asentamiento Lleu Lleu ubicado en la ribera norte del Lago Lleu Lleu
por País Mapuche
Domingo, 02 de Febrero de 2014 16:07
Las comunidades ribereñas del Lago Lleu Lleu, Pascual Coña sin tierra o Wechun Lleu lleu, Caupolicán y José Nahuelhual del sector El Malo, dan a conocer a la opinión pública su demanda territorial conjunta sobre las tierras del ex asentamiento Lleu Lleu ubicado en la ribera norte del Lago Lleu Lleu.
El territorio en cuestión, hoy en manos de varias empresas forestales como Volterra, Bosques Arauco y algunos particulares, corresponde a las tierras altas del antiguo Lof Lleu Lleu, del que descienden todas las comunidades actuales del territorio Lleu Lleu. Corresponde a terrenos de bosques y montañas de gran importancia para la vida tradicional mapuche, de ellas se nutre el conocimiento y la practica medicinal, ya que era una zona rica en una diversidad de especies nativas de plantas y arboles.
También tiene una importancia relevante en el ámbito netamente cultural e identitario como una fuente de conocimiento histórico y un lazo concreto de unidad de los mapuche actuales con generaciones anteriores. Allí existen Treng Treng, Trayenco y Reni que vinculan la vida mapuche de hoy con los antepasados.
Esta situación fue reconocida en parte por gobiernos anteriores como el de Salvador Allende que en su tiempo y a su manera devolvieron este territorio a las comunidades a través de la parcelación Cora Lleu Lleu, un proyecto de parcelación que en sus inicios tuvo como principales asignatarios a comuneros mapuche del sector. La presión de los no mapuche, la escasa fuerza del reclamo mapuche de la época, que pasaba por el filtro de los partidos políticos dominantes en el proceso y luego el golpe militar de Pinochet hicieron que fueran muy pocos los mapuche que finalmente mantuvieran sus asignaciones de tierra, especialmente en la parte baja del sentamiento, en tanto que la parte alta casi la totalidad de la tierra fue entregada a ciudadanos no mapuche.
Con la implementación del negocio forestal a partir de la mitad de los años 70 y su posterior desarrollo en los 80, el gobierno de Pinochet presiono a través de todos sus instrumentos administrativos, Indap, SAG, SII, etc a los parceleros para que traspasaran sus propiedades a las dos grandes empresas forestales que se formaron al alero de la dictadura, Bosques Arauco y Forestal Crecex.
La excesiva carga impositiva y la enorme cantidad de restricciones y tramitaciones hicieron que la mayoría de los asentados terminaran vendiendo o arrendando (arriendos por 99 años) sus parcelas a las grandes forestales. La entrada al negocio forestal de la japonesa Volterra termino por liquidar el asentamiento CORA Lleu Lleu.
La consolidación de la propiedad forestal en el ex asentamiento CORA Lleu Lleu significo para las comunidades el desastre económico y ambiental, ya que terminaron con la flora nativa y restringieron el acceso a los cerros para los comuneros.
Actualmente también son resguardadas por la policía hasta la ribera del lago, siendo prácticamente una zona privatizada en toda la ribera norte.
A pesar de esta situación, nuestras comunidades vienen desarrollando desde hace varios años trabajos de ocupación, productivos, culturales y sociales en el sector de El Guairao correspondientes a la parte alta de el ex asentamiento CORA Lleu Lleu.
Las comunidades demandantes:
La comunidad Caupolican:
Esta comunidad es integrada por los ciudadanos mapuche hijos de asignatarios mapuche de la parcelación CORA y algunos de los asignatarios, así como otros comuneros del sector unidos por lazos familiares.
La comunidad Pascual Coña Sin Tierra o Wechun Lleu lleu:
Esta comunidad corresponde a los desplazados de la comunidad Pascual Coña, tras el traspaso fraudulento de la ex hacienda Lleu lleu a la comunidad P. Coña y su asignación arbitraria a un grupo de comuneros todos familiares directos de Avelino Meñaco.
Los comuneros desplazados han sufrido por años la exclusión, los montajes judiciales, la represión y el encarcelamiento, así como el secuestro de su personalidad jurídica, ya que no han podido hacer uso de esta para ser sujeto de sus respectivos derechos, especialmente a recuperar sus tierras.
La comunidad Jose Nahuelhual:
La comunidad Jose Nahuelhual corresponde a comuneros del sector alto El Malo y ribereños del Lago Lleu Lleu, que tienen una vinculación permanente e histórica con la ribera norte a la que cruzan por generaciones en busca de medicinas y otros elementos propios de la vida mapuche.
Por otra parte la gran mayoría de sus miembros tienen su origen y mantienen lazos de sanguinidad en las comunidades del sector Lleu Lleu, su actual emplazamiento en el sector El Malo, tiene que ver con los desplazamiento propios de la guerra que llevo a cabo el Estado Chileno y el consiguiente despojo territorial hace alrededor de 130 años.
Debemos recordar que antes de la reforma agraria y los asentamientos CORA, la gran mayoría de la tierra estuvo en manos de grandes terratenientes como los Ebensperger en el tiempo de mayor reducción de las comunidades mapuche.
En total nuestras comunidades demandan 2050 hectáreas aproximadamente, que hoy están en manos de las empresas forestales Volterra, Bosques Arauco, Forestal Santa ester, y algunos particulares.
Lucha Mapuche: Control Territorial v/s política de entrega de tierras del Estado chileno
por Wichan
Martes, 04 de Febrero de 2014 14:01
Sólo el Control Territorial, la resistencia y la reconstrucción nos permiten avanzar con unidad pero, digna y autónomamente, hacia la Liberación Nacional Mapuche.
Como dice el dicho “no todo lo que brilla es oro” y no todas las “recuperaciones de tierra” son Control Territorial, concepto que si bien se ha internalizado al interior de las comunidades mapuche, no siempre es, en la práctica, lo que dice ser.
Es decir, no todas las recuperaciones de tierra responden a una estrategia mapuche propia, desde una perspectiva autonomista y centrada en la recomposición del mapuche kimun y las practicas organizativas ancestrales, sino más bien responden a la política de asignación de tierras por parte del estado chileno, contrapuesta a un proyecto propio de reconstrucción, en el cual la CONADI dirige negociaciones, donde la mayoría de las veces beneficia a una parte de las comunidades, en desmedro de otras, instigando con ello conflictos internos.
Son muchas las experiencias de este tipo de negociaciones lideradas por la CONADI y sus operadores políticos, que han terminado en enfrentamientos entre pu peñi ka lamngen, desviando la atención y el objetivo de nuestra lucha como pueblo.
Ejemplo de ello es el conflicto que dividió a la Comunidad Pascual Coña cuando CONADI compra La Hacienda Lleu LLeu a Osvaldo Carvajal, o lo ocurrido hace algunos meses en Collipulli, por el Fundo Curaco y que hoy se pretende repetir en Tirúa con el Fundo El Canelo correspondiente a la Hacienda Tranquepe.
Por lo tanto, “Control Territorial” y “Recuperaciones de Tierra a través de CONADI”, no es lo mismo, ni tampoco una lleva a la otra o son complementarias, si no que son absolutamente contradictorias.
Dichas “Recuperaciones de Tierra” son de carácter instrumental, pues sólo buscan presionar para lograr el objetivo que es la compra por parte de CONADI a la empresa forestal. Pudiendo responder, inclusive, a cierto clientelismo político de algunas autoridades o dirigentes que son quienes lideran las negociaciones.
El Control Territorial es un fin en sí mismo, es el ejercicio del poder mapuche sin mediar negociación alguna, sin otorgar ganancias a las forestales o latifundistas y sin pagar favores políticos.
Como se ha señalado anteriormente, la actual política de compra de tierras, llevada por los gobiernos de la Concertación y la Alianza, no responden a un acto de justicia en contra del despojo sufrido por el Pueblo Mapuche, sino que se trata, la mayoría de las veces, de ventas especulativas que reportan enormes ganancias para los usurpadores, razón por la cual muchas “recuperaciones de tierra” pudieran ser instigadas por operadores políticos, tanto del estado como de las empresas, en donde los “negociadores” sacan una buena tajada de la venta, mandando “al choque” a las comunidades y pu cona.
Sólo el Control Territorial evita las luchas fratricidas promovidas por el Estado en base a subdivisiones de los lof en “comunidades indígenas” institucionalizadas por la CONADI y con personalidad jurídica chilena, semejante a una Junta de Vecinos, que el común de la gente tiene a confundir sólo porque llevan nombres mapuche. Pregonar la “unidad” y los “derechos mapuche” en base a las “comunidades Indígenas” (PJ) seria validar la intervención del estado.
En definitiva, sólo el Control Territorial basado en una estrategia mapuche propia y sin intervencionismo externo, salvaguarda la recuperación de los territorios ancestrales correspondiente a los lof tradicionales, anteriores al proceso de arreduccionamiento.
Para ello es necesario primero, recuperar la memoria histórica, respetar los principales hitos de la resistencia mapuche y a partir de esto levantar las reivindicaciones territoriales.
Sólo el Control Territorial, la resistencia y la reconstrucción nos permiten avanzar con unidad pero, digna y autónomamente, hacia la Liberación Nacional Mapuche.
EL PROCESO DE RECUPERACION TERRITORIAL DEL FUNDO TRANAQUEPE (TIRUA)
ANTECEDENTES HISTÓRICOS*
En términos legales, hacia 1866 el reconocido “territorio de indígenas” por la legislación es cambiado por el de “territorio de Colonización”, y el 13 de octubre de 1875 se dicta el decreto que crea las Provincias de BioBio y Arauco y el Territorio de Colonización de Angol. Lo anterior significó que las tierras mapuche ubicadas al norte de Tirúa dejan de tener la protección que hasta entonces tenían, e ingresan en gloria y majestad al mercado inmobiliario, no importando ni haciendo cuestión a sus habitantes ancestrales.
Es en este momento que se forman –en tierras mapuche de antigua data- la Hacienda Lanalhue, de propiedad de la familia Etchepare (1850), en 5.500 hectáreas; la Hacienda Lleu Lleu de Félix Antonio Aguayo (1860), con 4.000 hectáreas; la Hacienda Antiquina de Pedro Etchepare B. (1876), de 8.130 hectáreas; y la Hacienda Tranaquepe, de Francisco Javier Ovalle (1876), con alrededor de 12.000 hectáreas. Es decir, el Estado chilena adjudica 9.630 hectáreas para solo 4 familias.
En contraposición, a las familias mapuche se les entrega ‘Títulos de Merced’, en un proceso de radicación que significó que en la Provincia de Arauco -que posee una superficie de 542.010 hectáreas- se entregue en 77 Títulos de Merced a los mapuche 9.700 hectáreas, un 1,4% del total provincial, para 2.477 personas.
La familia Ebensperger
En el espacio territorial que desde antiguo ocupaban -como propio y como herencia de los antepasados- las familias mapuche aledañas al lago Lleu Lleu se formó tempranamente la Hacienda Tranaquepe, la que durante casi un siglo sería propiedad de la familia Ebensperger.
Sin embargo, los títulos originales se remontan a otro propietario, a Francisco Javier Ovalle Olivares, residente en la ciudad de Santiago.
Será el diputado y empresario Ovalle quien realice un trabajo metódico y ordenado para hacerse de los predios, recorriendo cada uno de los vericuetos que le otorgaba la ley, inscribiendo luego los derechos que iba adquiriendo, dando forma de latifundio a un extenso territorio que se emplaza entre el lago Lleu Lleu y el Oceáno Pacífico, precisamente el territorio que conformaba el antiguo Lof mapuche del área.
“La sucesión vendedora se obliga a la evicción i saneamiento i también a la expulsión de los indígenas que poseen el fundo..”
La radicación/reducción de las familias mapuche.
Una vez que los Ebensperger han consolidado su dominio sobre la Hacienda Tranaquepe, las familias mapuche que hoy conforman las comunidades de Miquihue y Choque, son desalojadas y encerradas entre la montaña y el lago, en las peores tierras y en superficies ínfimas.
Finalmente el Estado chileno en el año 1904 y a través de la Comisión Radicadora de Indígenas entrega a los mapuche desplazados desde diferentes fundos cercanos al lago LLeu LLeu los Títulos de Merced N° 936, a nombre de Esteban Yevilao, en Choque, por 400 hectáreas para 68 personas; N°935, Lorenzo Pilquiman, en 250 hectáreas para 48 personas; N° 957, Lorenzo Lepin Millahual,en 257 hectáreas, en Ranquilhe, para 46 personas; N°914, Juan Lincopan, en Ranquilhue Grande, en 420 hectáreas para 104 personas; y N°922, a nombre de José María Calvul, El Malo, con 310 hectáreas para 48 personas.
De la reforma agraria a la Dictadura.
La reforma agraria, a través de la formación de las CORA, en donde participaban los inquilinos del fundo y mapuche, restituyó algunas tierras en el sector, las que con el Golpe Militar de 1973 son nuevamente expoliadas a través del proceso de contra reforma ejerciendo una brutal represión.
A esta altura de la historia, el Lof de LLeu LLeu, el territorio antiguo, se comienza a llenar de pinos y eucaliptus, habían ingresado las empresas forestales, se estaba desecando y erosionando el territorio, se estaban contaminando sus aguas.
Don Juan Carilao recuerda que
“Cuando llego el pinochetismo, aquí conversamos nuevamente, y dijimos vamos a seguir luchando por las reservas que quedaron. Porque estos ricos se quedaron con reservas, los Ebensperger, El mismo Fundo Tranaquepe que ahora es de Volterra y Mininco… ¡Y se fue a la recuperación! Harta gente, cerca de 500 personas, estuvimos tres días. Se hizo nguillatun, rokin y llega las Fuerzas Armadas. Milicos, pacos, con aviones con helicópteros, camiones…movieron un ejército casi entero para desalojar a la gente. Con bombas lacrimógenas, palos, agarrones.”
SITUACIÓN ACTUAL
Con el término del régimen militar e iniciando la década de los 90, las movilizaciones continuaron y las demandas territoriales se han mantenido intactas con el tiempo: las “tierras antiguas”. Con la Hacienda Tranaquepe dividida la demanda se dirige a una parte de ella, pero que tienen el mismo origen: los fundos “El Canelo”, “Puntilla de Tranaquepe”, “Labranza”, colindantes con el Titulo de Merced original, corresponden a reivindicación de tierras ancestrales del lof original y que hoy están en manos de Forestal Volterra y Forestal Mininco, ya no de los Ebensperger. A esta demanda se suma, en la década de 1940, las tierras ocupadas por particulares al interior del Título de Merced, específicamente, las hijuelas ocupadas por Ballochi y por Santos Jorquera. A lo que suman los fundos El Guairao, Las Playas y Choque, frente al lago LLeu Lleu, y el Fundo Ranquilhue hacia el mar.
Por lo anterior, en base a estos hitos históricos, por razones geográficas y por ascendencia natural, los longko tradicionales de las reducciones del Lleu LLeu, han mantenido con coherencia sus demandas históricas de tierras correspondientes a cada comunidad, respetando esta condición y apoyándose mutuamente.
De esta forma la distribución natural e histórica de los fundos es:
· Reducción de Choque y Miquihue: Fundo el Canelo
· Reducción Choque: Fundo Choque y La Puntilla
· Reducción de El Malo: Fundo el Guairao y Las Playas
· Reducción de Ranquilhue: Fundo Ranquilhue (sector costa)
· Reducción Las Huellas: Fundo Labranza
Lamentablemente, las políticas asimilacionistas e integracionistas de los gobiernos neoliberales de la Concertación y la Alianza a través de la Ley Indígena 19.253 de 1993, motiva y permite la conformación de nuevas “Comunidades Indígenas” dividiendo las ya existentes Reducciones (Títulos de Merced) provocado, aún más, la atomización de la organización mapuche territorial, generando conflictos inter e intra comunidades.
Actualmente, dos grupos de comunidades se encuentran reivindicando y ocupando el Fundo El Canelo, por un lado las “comunidades indígenas” (CONADI) José María Calbul(El Malo), Esteban Yevilao (Choque), Segundo Yevilao (Ranquilhue chico), Francisco Millabur (Ranquilhue grande); y por otro las comunidades Venancio Ñeguey (Choque) y Lorenzo Pilquiman (Miquihue).
¿Pero por qué hoy existe tanto interés por el fundo El Canelo?
Porque finalmente Forestal Volterra ha manifestado a la CONADI sus intenciones de vender, a diferencia de Forestal Mininco que ha señalado que los fundos que se encuentra en su poder no se encontrarían en la misma situación.
Pero esta decisión por parte de Forestal Volterra no es voluntaria, y en esto hay que ser categórico responde, por un lado, al control territorial ejercido por las comunidades y por otro, al permanente sabotaje ejercido por parte de los ORT-CAM, impidiendo la existencia de toda faena forestal dentro del fundo El Canelo.
Los Presos Políticos Mapuche del Conflicto Territorial del Fundo Tranaquepe.
La persecución y la prisión política son una clara respuesta de la institucionalidad chilena, impulsada y financiada por el poder económico, hacia un proyecto político estratégico fundado en la recuperación territorial y la profundización de la autonomía nacional mapuche, no por negocios ni transacciones mínimas, ni menos aportando a la especulación económica. Más bien respondiendo a un proyecto mayor de liberación nacional.
Por esta razón, así como en dictadura muchos hermanos y hermanas sufrieron la represión y la prisión política, como los emblemáticos Longko Carilao de Choque y Longko Gilberto Reinao de Miquihue, la historia se ha vuelto a repetir en democracia con los presos políticos mapuche Ramón LLanquileo (Choque) y Héctor LLaitul (CAM) quienes han participado, junto a las comunidades, por años en el proceso de recuperación territorial del Fundo Tranaquepe. A ellos se suma ahora Emilio Berkhoff, quien se encuentra en prisión preventiva y cuyos querellantes de su persecución político-judicial son justamente las empresas que hoy ocupan los predios demandados por las comunidades (Forestal Volterra, Forestal Mininco y Forestal Arauco).
La recuperación territorial no tiene que ver tan solo con hectáreas, sino que tiene la obligación moral de responder y sumar a un proceso mayor de reconstrucción política y espiritual, fortaleciendo nuestras autoridades y prácticas ancestrales, dando cuenta, además, de un contexto donde muchos dirigentes y pu weichafe están asumiendo los costos de esta lucha.
La recuperación del fundo El Canelo representa la posibilidad real de profundizar un proceso de control y recuperación territorial, que si no responde a sus contextos históricos y políticos perdería, en cierto grado, el sentido y la oportunidad de sumar a un proceso mayor de reconstrucción desde nuestro mapuche kimun, admapu y fellentun.
Comisión Comunicaciones
CAM
* Los antecedentes históricos de este documento, son parte de la memoria histórica de diferentes comuneros y comuneras mapuche, y de una investigación realizada por el Historiador Martin Correa.
En Temuco se inicia juicio antimapuche contra Machi del Lof Yeupeko
por País Mapuche
Martes, 04 de Febrero de 2014 14:00
Fuerte represión a marcha de apoyo a Celestino Cordova. Con incidentes en las afueras del tribunal de juicio oral de Temuco partió hoy el mas importante de los juicios antimapuche de los últimos años.
La gran cantidad de comuneros que llegaron marchando a las afueras del tribunal se les impidió acercarse al recinto con un enorme contingente policial que incluyó fuerzas especiales, GOPE, policías de civil, gran cantidad de vehículos policiales y vallas papales. Tampoco se les permitió a los manifestantes realizar una ceremonia religiosa y se produjeron forcejeos y altercados con la policía que terminaron con 13 detenidos.
Fiscalia y gobierno “creen” que Celestino es culpable:
El fiscal regional inicio el juicio acusando al Machi de participar en el grupo que la noche del 04 de enero del año 2013 prendió fuego a la granja Lumahue donde fallecieron los colonos Lucksinger- Mackay y ademas de ser participe de la quema de la casa patronal del fundo Santa Isabel en diciembre de 2012.
Sin embargo no cuentan mas que con suposiciones y prejuicios como que se encontró herido y a más de dos kilómetros del lugar del hecho al imputado y unas pericias de resultados forzados con las que pretenden hacer creer a los jueces que la herida del Machi es probablemente del arma que portaba Werner Lucksinger al momento de su muerte.
El juicio que se extendería por al menos veinte días hábiles, pretende condenar al peñi Cordova a pena perpetua basado en el andamiaje jurídico que le entrega al Ministerio Publico la ley antiterrorista.
Nueva acción de resistencia en las cercanías de Temuco
La jornada no inicio tranquila para los ocupantes de Wallmapu, pues a no mas de quince kilómetros al sur de Temuco un nuevo sabotaje a los intereses económicos de la ocupación chilena, despertó a los lacayos. Se trataba de un incendio a un galpón con maquinaria agrícola en el fundo Santa Teresa de propiedad de Carlos Heller, accionista mayoritario del club universidad de Chile y tambien de Megavisión.
