Partidario de intensificar y profundizar las investigaciones que permitan conseguir más verdad y justicia sobre las causas de detenidos desaparecidos se mostró este miércoles el presidente de la Corte Suprema, magistrado Sergio Muñoz, en una reunión de más de dos horas con una delegación de Londres 38, espacio de memorias. En la misma cita el presidente del alto tribunal también se manifestó a favor de permitir el libre acceso a los archivos de la represión.
Erika Hennings, Gloria Elgueta y Magdalena Navarrete, integrantes del espacio de memoria, plantearon al magistrado Muñoz su preocupación por la forma en que se están cerrando las causas por crímenes de lesa humanidad, ya que en las resoluciones no hay nuevos antecedentes ni información sobre el destino final o procedimientos usados para hacer desaparecer a las personas detenidas por los organismos de represión de la dictadura militar.
En la misma línea, la delegación de Londres 38 puso de relieve que las sentencias y condenas –además de ser bajas para el tipo de crímenes cometidos- alcanza solo a un reducido número de ex agentes de la represión, particularmente a parte de la cúpula directiva de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), pero deja fuera a otros que también fueron parte de la toma de decisiones, así como a los agentes operativos que participaron en los secuestros, a los torturadores o a quienes ejercieron labores de guardias en los centros de represión y exterminio.
La organización de derechos humanos Londres 38, espacio de memorias, también manifestó su preocupación por el alto número de causas que están paralizadas. De los procesos que involucran a las 98 personas que fueron desaparecidas o ejecutadas en Londres 38, al menos 53 de ellos están en estado de “sumario” desde hace varios años. Pese a que fueron varias decenas de agentes que operaron en el llamado “Cuartel Yucatán”, solo 23 de los represores han sido imputados y un número considerablemente menor ha terminado en condena.
En el diálogo con el presidente de la Corte Suprema también se constató que la acción investigativa de los jueces se ha visto debilitada por la decisión política de “desmantelar” organismos como la Brigada de Investigaciones contra delitos de Derechos Humanos de la PDI, que ha generado una rotación de su personal con la consiguiente pérdida de continuidad, conocimientos y experiencias de los investigadores. La reconstitución de esta unidad deberá ser una de las tareas prioritarias de las autoridades que asumirán en marzo próximo.
Archivos secretos
Junto con reiterar que los jueces tienen independencia para llevar las causas que tienen a su cargo, el ministro Sergio Muñoz recalcó que los magistrados han tenido acceso limitado a los archivos generados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y ninguna posibilidad de trabajar con aquellos archivos formados por la Comisión sobre Prisión Política y Torturas (Valech), los cuales tienen 50 años de reserva de acuerdo a una ley elaborada en 2004.
También consideró innecesario mantener bajo secreto los documentos y fichas incautadas hace ocho años en la ex Colonia Dignidad, en los que hay información sobre detenidos desaparecidos que fueron llevados por la DINA al predio alemán, varios de ellos provenientes de Londres 38 y otros centros de represión y exterminio.
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Demandan apertura de los archivos de la represión
El Ciudadano
No más Archivos Secretos
Campaña No más archivos secretos
Chile: A 40 años del golpe de estado y de dos décadas de gobiernos civiles hay archivos que se mantienen en secreto.
Entre los desafíos que interpelan a Londres 38, ex centro de detención, tortura y exterminio, en el marco de los 40 años del golpe de estado cívico militar, se encuentra relevar la importancia del derecho al libre acceso a la información y a los archivos para la defensa de los derechos humanos, así como para los derechos civiles en general.
En Chile hay archivos secretos... Y hay que abrirlos
La falta de información atenta contra los derechos democráticos. Y si ésta se refiere a crímenes y violaciones a los derechos humanos, favorece la impunidad.
En el marco de los 40 años del golpe de estado cívico militar, Londres 38, ex centro de detención, tortura y exterminio, busca relevar la importancia del derecho al libre acceso a la información y a los archivos para la plena vigencia de los derechos humanos, y de los derechos civiles en general.
El secreto es antidemocrático y entorpece los procesos de verdad y justicia, perpetuando la impunidad de los culpables. Por ello, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de entregar toda la información disponible, y no puede ampararse en la sola afirmación de la inexistencia de los documentos solicitados, o en restricciones de acceso, como son la privacidad de las personas o la seguridad nacional, causales habituales de reserva para negar el acceso.
A fin de hacer efectivo el derecho al libre acceso a la información en poder de los órganos de la administración del Estado, para alcanzar la verdad y la justicia, hasta ahora negadas, desde Londres 38, espacio de memorias, exigimos la desclasificación y apertura de los siguientes archivos:
Archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y de las dos Comisiones sobre Prisión Política y Tortura (Valech) que reúnen declaraciones de las propias víctimas y diversos documentos, a los cuales se les impuso arbitrariamente 50 años de secreto a pesar de ser información necesaria para esclarecer lo sucedido, hacer justicia y castigar a los culpables.
Archivos de la ex Colonia Dignidad incautados en 2005, que podrían ser claves para develar casos de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Se trata de miles de documentos y fichas producidas por esta organización criminal y que, amparándose en la Ley de Inteligencia Nacional, han sido calificadas como "secreto de Estado" por el juez Jorge Zepeda.
Archivos aun en poder de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia. Considerando el tiempo transcurrido y que estos organismos construyeron archivos y produjeron gran cantidad de información, demandamos al Estado su desclasificación y, en caso de haber sido destruidos, dar a conocer los elementos que lo acreditan.
Una democracia se mide por la posibilidad que las personas tienen de participar efectivamente en la toma de decisiones, pero su participación depende en buena medida de la información con la que cuentan. Es por ello que el libre acceso a la información es un principio democrático fundamental, inherente al derecho a la información y a la libertad de expresión.
La cultura del secreto en los poderes de Estado es una herencia de la dictadura que debe erradicarse.
Firma la petición diciendo NO MÁS ARCHIVOS SECRETOS. Haremos llegar nuestras firmas a los órganos de la administración del Estado y con ello exigiremos la desclasificación y apertura de archivos.
Formulario de adhesión a Campaña Archivos
Organizaciones que apoyan la campaña
- Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
- Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
- Comité de Derechos Humanos Nido 20
- Memorial Paine, un lugar para la Memoria
- Fundacion 1367. Casa Memoria José Domingo Cañas
- Comisión Ética Contra la Tortura
- Archiveros Sin Fronteras Chile
- Archivo y Centro de Documentación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
- Colectivo Acción Directa
- Proyecto de la Memoria Histórica
- Corporación Mutualista Bautista Van Schouwen Vasey
- Agrupacion de Familiares de Ejecutados Politicos
- Central Unitaria de Trabajadores de Chile
- Coordinadora de Ex Presos Políticos de Santiago
- Comando Unitario de Organizaciones Nacionales de Ex Prisioneros Políticos y Familiares
- Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos de Chile
- Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos
- Corporación 3 y 4 Álamos
- Observadores de Derechos Humanos de la Casa Memoria José Domingo Cañas
- Asociacion de Ex Presos Politicos Chilenos-Francia AEXPPCH France
- Fundación Salvador Allende
Personas que apoyan la campaña
(Más de dos mil personas ya han firmado)
Chile: Demandan apertura de los archivos de la represión
En la oficina de partes de La Moneda fue ingresada una carta al Presidente de la República, Sebastián Piñera, con la adhesión de una veintena de organizaciones sociales y de derechos humanos y la firma de más de 1.500 personas, que demandan el libre acceso a un conjunto de documentos que contienen información sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.
Publicado el 17 de Enero de 2014
La iniciativa de Londres 38, espacio de memorias, coloca un énfasis en tres conjuntos de archivos, explica la carta al gobernante, y que están en poder del Estado con severas restricciones de uso o con prohibición de acceso. Tales son los casos de los documentos y testimonios recopilados por las comisiones Rettig y Valech; los documentos y fichas incautadas en la ex Colonia Dignidad hace ocho años; y los archivos generados por organismos de inteligencia y policiales durante la represión bajo la dictadura.
"A 40 años del golpe de Estado y 20 de los gobiernos sucesivos electos, no se justifica mantener documentación reservada que resulta indispensable para seguir avanzando en verdad y justicia, frente a las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidas por agentes del Estado", dice la carta entregada en La Moneda por las organizaciones de derechos humanos que fueron acompañadas por medio centenar de personas y dirigentes estudiantiles como Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECh; Naschla Aburman, presidenta de la FEUC; Andrés Feilbaum, ex presidente de la FECH; Alicia Lira, presidenta de Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, entre otros.
La misiva de la que fue portadora Erika Hennings, integrante de Londres 38, espacio de memorias, recuerda que "el Estado tiene la obligación de cautelar el derecho al libre acceso a la información que está en los organismos públicos, así como los medios para avanzar en más verdad y justicia. Si distintas normas y disposiciones dictadas en dictadura, y también en democracia, han impedido el acceso, ahora se trata de revertir ese proceso generando las condiciones para garantizar el más amplio acceso a la información pública que pertenece a todos los chilenos y chilenas".
Paulina Bravo, encargada del Área de Archivos del sitio de memorias Londres 38, explicó que "con estas acciones queremos crear conciencia y que se avance hacia una apertura de estos documentos. Esperamos que el gobierno de Piñera o el que le suceda se pronuncie sobre los archivos de las comisiones Rettig o Valech, pues necesitan solo una modificación legal simple para que sean accesibles".
En cuanto a los archivos generados por los organismos represores y de inteligencia, que en múltiples ocasione se ha señalado que fueron destruidos, Gloria Elgueta -también de Londres 38, espacio de memorias- , dijo que "si ese fuera el caso, exigimos se informe y se entreguen todas las pruebas de quiénes, cuándo y de qué modo los destruyeron, porque nosotros tenemos antecedentes de que ellos sí existen. Sabemos que la Policía de Investigaciones tiene archivos de ese tipo, y también las Fuerzas Armadas. Al observar experiencias de otras dictaduras en Latinoamérica, nos encontramos que las policías actuaron con procedimientos similares, y allí pese a que también se procuró borrar las evidencias, sí se encontraron documentos, que tienen un enorme potencial para avanzar en verdad y justicia sobre los hechos ocurridos. Tenemos acceso a información solo a través de causas en tribunales. Creemos que este debe ampliarse, pues nos parece que esta información pertenece a la ciudadanía. Nosotros hemos presentado solicitudes de acceso a la información y estamos hablando con parlamentarios para ver eventuales reformas legales que permitan este objetivo", concluyó.
A su vez, Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECh 2014, manifestó su apoyo a la iniciativa que busca abrir acceso a los archivos de la represión, porque -según dijo- "no se puede seguir ocultando la verdad después de 40 años. Naschla Aburman, presidenta de la FEUC, añadió que además en 20 años de gobiernos civiles no hay avances "en la democratización de la información, en transparencia, ni en terminar con la impunidad".
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