Falleció en Miami el ex presidente venezolano y prófugo de la justicia Carlos Andrés Pérez

Falleció a los 88 años Carlos Andrés Pérez presidente de Venezuela en dos oportunidades (1974-79 y 1989-93) con el partido Acción Democrática. CAP se radicó desde hace 10 años en USA para evadir la acción de la justicia venezolana por enriquecimiento ilícito y por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad perpetrados bajo su segundo mandato.

Se encontraba prófugo de la justicia venezolana y protegido por el gobierno norteamericano.


W. Dávila (Prensa Mundial-Anzoategui Vive) y Agencias, 25 dic. Recogido de Vamos a Cambiar el Mundo

Foto: Caracazo de febrero de 1989, que ordenó reprimir C.A.P.. Se habla de entre 2.000 y 3.000 muertos.
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En su segundo mandato ocurrió El Caracazo donde lo señalan como el culpable de miles de venezolanos muertos al ser reprimidos por las fuerzas públicas de esa época, donde el pueblo salió a las calles a protestar por el “paquetazo económico” establecido.

Pérez, quien militó en las filas de Acción democrática, fue Presidente de la República en dos periodos (1974-1979 y 1989-1993).

El segundo periodo de gobierno no lo culminó fue separado de sus funciones como Primer Mandatario por el Congreso Nacional de Venezuela, el 21 de mayo de 1993, por el delito de malversación de fondos públicos, fue recluido en el Retén Judicial de El Junquito y de allí paso a su casa en Caracas, por tener avanzada edad.

El 30 de mayo de 1996 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a prisión domiciliaria por “malversación agravada de fondos públicos” a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario.

En marzo de 1997 es expulsado por sus enemigos de Acción Democrática de ese partido, lo que lo conllevó a fundar el movimiento político Apertura, por donde resultó electo Senador de la República. Posteriormente viajó a Miami para vivir con parte de su familia.

Autor del Caracazo

El expresidente Carlos Andrés Pérez, en su segundo periodo de gobierno, ocurrió una de las protestas significativas del pueblo venezolano, el llamado Caracazo o Sacudón, siendo una serie de disturbios y reclamos de mayor democracia, que comenzó el día 27 de febrero y terminó el día 28 de febrero de 1989 en la ciudad de Caracas y otras del país; este episodio de la historia de la IV República fue un fiel ejemplo de un pueblo que siguiendo la herencia protestataria del Libertador Simón Bolívar decidió salir a las calles contra las medidas neoliberales impuestas por el expresidente Carlos Andrés Pérez, donde el pueblo venezolano salió a las calles a protestar por “paquetazo económico” establecido. Miles de venezolanos murieron al ser reprimidos por fuerzas públicas de esa época.

Pérez, quien se radicó desde hace 10 años en los Estados Unidos para evadir la acción de la justicia venezolana por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad perpetrados bajo su segundo mandato, se encontraba prófugo de la justicia venezolana y protegido por el gobierno norteamericano, tenía en Venezuela pendiente dos procesos judiciales uno por enriquecimiento ilícito y por los violentos disturbios callejeros de 1989.

El ex mandatario se encontraba con problemas de salud, a consecuencia de un accidente cerebrovascular que sufrió en octubre del 2003.

El Ministerio Público solicitó a comienzos del 2005 al Poder Judicial la emisión de una orden de captura contra Pérez, por el caso de corrupción, y el año 2007 anunció que preparaba un proyecto de solicitud de extradición para juzgarlo por los sucesos del 1989.

La Fiscalía General de la República imputó en julio de 2009 al general retirado Italo del Valle Aliegro, quien era el ministro de la Defensa cuando ocurrió el “Caracazo”. Por ese caso están siendo procesados también otros funcionarios militares y policiales de esa época.

Las autoridades venezolanas iniciaron a finales del mes de septiembre de 2009, una serie de exhumaciones de las personas que murieron en las protestas de 1989 en medio de las críticas de algunos de los familiares que exigen la presencia de expertos internacionales para el estudio de los restos.

Autor de los asesinatos en El Porteñazo (Puerto Cabello, estado Carabobo)

El Porteñazo o Insurrección de Puerto Cabello fue una sublevación de la Base naval de Puerto Cabello, ocurrió el 2 de junio de 1962, dirigida por el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, el capitán de fragata Pedro Medina Silva y el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales, quienes detuvieron a aquellos oficiales afectos al gobierno de Rómulo Betancourt, toman el aeropuerto y gran parte de la ciudad, liberan a 50 guerrilleros detenidos en el Castillo Libertador incorporándose a la rebelión. Esta acción desde su inicio contó con el respaldo de la población de Puerto Cabello, en su mayoría jóvenes y estudiantes. El, Ministerio de Relaciones Interiores de esa época, Carlos Andrés Pérez, ordenó a la Fuerza Aérea y el Ejército bombardear y acordonar a Puerto Cabello, con un saldo de más de 400 muertos y 700 heridos.


MÁS INFORMACIONES SOBRE EL TEMA: ARTÍCULO:
- A 20 AÑOS DEL CARACAZO: Cuatro millones de balas se dispararon contra un pueblo desarmado.

VÍDEOS SOBRE LA MASACRE DEL 'CARACAZO' (Hacer click en el texto):
- 27 Febrero de 1989- Carlos Andrés Pérez ordena la masacre del Pueblo (1/2) 
- 27 Febrero de 1989- CAP ordena la masacre del Pueblo (2/2)

A propósito de la criminalización de la investigación sobre los crímenes del franquismo

La ley de Amnistía, un fruto especialmente amargo y duradero del "consenso de la transición".

Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas y miembro de Izquierda Anticapitalista.

El escándalo generado por el procesamiento al juez “superestrella” Garzón por su decisión de investigar las “desapariciones forzadas” bajo la dictadura franquista, dando así la razón a las acusaciones de “prevaricación” presentadas por sus herederos falangistas y similares, ha vuelto a sacar a la luz el debate sobre la transición política y , más concretamente, la significación de la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977. Un repaso de la misma y del contexto en el que se aprobó viene a recordarnos de nuevo el carácter antimodélico de una “reconciliación nacional” que equiparó a víctimas y verdugos del franquismo.

Esa Ley vino a consagrar en realidad el primer “consenso” de la transición, el del olvido y el perdón sobre el pasado de forma, además, completamente asimétrica e injusta: así, si bien por un lado gracias al artículo 1 a) quedaban amnistiados “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, implicados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976” (fecha del referéndum sobre la Ley de Reforma Política de Suárez, entronizada así como el punto de partida del “cambio” de régimen), en el artículo 2 e) se consideraba comprendidos en la amnistía “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes de orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley” y en el 2 f) “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Se consagró de esta forma la eterna impunidad total de la dictadura y de sus crímenes a cambio de una amnistía parcial para quienes habían luchado contra el franquismo.

Porque es cierto que se consiguió que pudieran salir de la cárcel un buen número de presos y presas, incluso quienes habían cometido “delitos de sangre” antes de la fecha mencionada (pero ya no quienes los hubieran hecho entre la misma y el 15 de junio de 1977), que volvieran otras exiliadas o deportadas a terceros países y que se adoptara una amnistía laboral. Pero ni siquiera se logró la amnistía para los militares republicanos, los de la UMD y de las organizaciones antifranquistas de soldados que se habían extendido en los últimos años y tampoco se incluyó a las personas condenadas por adulterio, aborto, uso de anticonceptivos y homosexualidad. Han hecho falta más de 30 años, por cierto, para que se cerrara esa lista.

Fue, por tanto, una Ley de “punto final”, de olvido y perdón completamente injusta, ya que, equiparando a vencedores y vencidos de la guerra civil y a franquistas y antifranquistas, permitió la supervivencia de un aparato represivo que se ha ido reproduciendo hasta nuestros días y continúa especialmente presente en el poder judicial, como estamos comprobando y han corroborado buenos conocedores del medio, entre ellos Carlos Jiménez Villarejo. Trabajos recientes como los de Alfredo Grimaldos y Mariano Sánchez Soler han venido a rememorar también que los meses y años posteriores a esa Ley fueron todo menos “pacíficos”.

Lo peor es que, según recuerdan algunas crónicas posteriores, ese pacto había sido ya diseñado desde una reunión el 11 de enero de 1977 entre los principales representantes de la “oposición democrática antifranquista” y el propio Suárez1. Antes, pues, de someter a prueba hasta qué punto se podía modificar la relación de fuerzas en unos meses que fueron decisivos, aquéllos mostraban ya su disposición a hacer tabla rasa del pasado y a renunciar a reivindicar justicia por los crímenes de la guerra civil y la dictadura. Y, en efecto, pese a que los resultados de las elecciones de junio de 1977 fueron más lejos de las previsiones de los reformistas franquistas, y salvo excepciones como Francisco Letamendía en el Congreso y Lluis María Xirinachs en el Senado, todos los demás grupos mostraron su voluntad de alcanzar una “amnistía de todos y para todos”. En la proposición del grupo del PCE, por ejemplo, se postulaba la necesidad de “superar definitivamente la división de los ciudadanos españoles en vencedores y vencidos de la guerra civil”. Los nacionalistas del PNV y los pujolistas catalanes pidieron afrontar la nueva etapa “con olvido y superación de todo agravio pretérito”, fórmula recogida por el PSOE. Sólo el grupo de Alianza Popular mostraría reticencias que se irían suavizando hasta llevarle a no votar en contra de la Ley. Durante ese debate el PCE mostró, además, su protagonismo reivindicando su política de “reconciliación nacional” adoptada en 1956 y apostando abiertamente por el olvido y el perdón, llegando el entonces Secretario General de ese partido, Santiago Carrillo, a declarar en un mítin: “Queremos hacer cruz y raya sobre la guerra civil de una vez para siempre” (El País, 2/10/1977).

En resumen, la Ley de Amnistía fue uno de los frutos más amargos de la transición –y de la política de “reconciliación nacional”- que, como hemos visto, sigue gozando de buena salud y todavía se utiliza para impedir que crímenes de lesa humanidad imprescriptibles puedan juzgarse hoy. Convierte así a la transición española en “antimodélica”, como reconoce el conocido filósofo y cientista social Jon Elster en su investigación comparada: “El caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional” (Rendición de cuentas, Buenos Aires, Katz, 2006, 80-81).