CONTRA LA DIRECTIVA DE LA VERGUENZA

DECLARACION PÚBLICA
¡ La Unión Europea AGITA la bandera de la XENOFOBIA y el RACISMO ¡

Teniendo en cuenta que el Consejo de la UE ha decidido aprobar la Directiva de Retorno que establece un plazo máximo de detención de los inmigrantes "sin papeles" de hasta 18 meses, permite que sea una autoridad administrativa, y no exclusivamente un juez, la que decida la detención de los inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros CIEs antes de proceder a expulsarlos, y que establece también la detención de menores no acompañados,

DECLARAMOS

1. Preparándose para la crisis que sabían impostergable, los estados de la UE prepararon desde el 2005 un expeditivo procedimiento(Directiva de Retorno) para quitarse de encima los inmigrantes que les sobran para mantener los costes salariales suficientemente bajos que necesita la "competitividad de la economía europea". El derecho a la libre circulación de las personas(migración), tan enfáticamente consagrado por la UE y sus Estados en tantas ocasiones, queda reducido así a una simple autorización administrativa discrecionalmente concedida en función de las variables necesidades de ganancia y acumulación del capitalismo europeo.

2. El triángulo de poder Sarkozy- Merkel-Berlusconi orienta la política de inmigración europea en una dirección claramente regresiva y exacerban la obsesión securitaria de esta época de crisis, encontrando en los inmigrantes el pretexto que necesitan para experimentar el recorte de libertades contra el conjunto de los derechos ciudadanos. No somos los inmigrantes los chivos expiatorios de funestas políticas económicas y sociales que afectan al conjunto de la población.

3. La locura racista y xenófoba desatada en Italia con la complicidad –si no la inducción-del Estado, recuerda una época de la historia de Europa que creíamos superada para siempre, la época de los pogroms, de las detenciones arbitrarias, de los campos de concentración.

4. Los 280 centros de internamiento actualmente existentes en suelo europeo pueden ampliarse y extenderse allende las fronteras como de hecho ya ocurre con el concurso de gobiernos comprados para ejercer funciones de carceleros a las puertas de la "Fortaleza Europa".

5. El periodo de internamiento aprobado, junto con los procedimientos administrativos de detención sin control judicial, representan el más grave atentado al Estado de Derecho en Europa desde los tiempos en que un decreto de Hitler autorizó a detener, deportar y aniquilar a millones de personas bajo la dominación nazi-fascista.

6. Es falacioso el argumento del Gobierno español de que se trata de una norma de máximos que no le obliga llegar a esos topes. Ya se anuncia la elevación del tiempo de estancia a 60 días pero,¿alguien puede dudar que este ó cualquier otro gobierno, si lo considera conveniente, va a dejar de utilizar esta cobertura comunitaria para extremar las medidas de internamiento y expulsión , por cierto promovidas en la anterior legislatura , entre otros por CiU, al parecer socio preferente en la presente legislatura?, o es que las declaraciones de la Secretaria de Estado para la Inmigración y la Emigración, Consuelo Rumí, quien declaró que la nueva directiva acordada por unanimidad por los países miembros de la Unión Europea sobre inmigración es equilibrada y ofrece garantías, no van en ese sentido?.

Ante esta agresión a la dignidad humana, a las libertades políticas y a los derechos fundamentales de las personas migrantes, las organizaciones abajo firmantes,

MANIFESTAMOS:

1.- Nuestro mas enérgico rechazo a la indignante y regresiva directiva de la Unión Europea y a las leyes facistoides del gobierno de Berlusconi.

2.- Nuestra solidaridad con los inmigrantes y refugiados residentes en Italia a quienes llamamos a unir esfuerzos en la lucha europea por los derechos de los y las inmigrantes y contra la Directiva de la Vergüenza.

3.- Convocar a las organizaciones de inmigrantes y refugiados y al movimiento social reivindicativo a una Jornada Estatal contra esta Directiva, el cierre de los Centros de Internamientos y la garantía de plenos derechos para todos las personas residentes en el Estado español.

AMENAZAS A CUBA

RENOVADAS AMENAZAS CONTRA CUBA

por Atilio A. Borón

La resistencia de Cuba a medio siglo de agresión imperialista se ha
convertido en un incordio insoportable para la clase dominante del
imperio y sus representantes políticos e ideológicos. La sucesión de
fracasados planes destinados a "normalizar" la situación en la isla
-es decir, a retornarla a su condición neocolonial- ha exacerbado sus
propensiones más agresivas y criminales.

Unos años atrás, en el 2004, el gobierno de Bush creó una "Comisión
para la Transición en Cuba" y destinó ingentes sumas de dinero para
pergeñar el tránsito de la isla hacia la democracia y el paraíso de
los libres mercados. En palabras de Roger Noriega durante la audiencia
ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en su condición
del operador presidencial para este proyecto, lo que se proponía este
grupo de "expertos", empresarios y políticos convocados por Bush era
llevar a la práctica "la determinación presidencial de acabar con el
régimen de Castro y desmantelar el aparato que lo había mantenido en
el poder durante tanto tiempo." Tal como lo plantearon Wayne S. Smith
and Chloe Schwabe en su dura crítica a esta iniciativa, ésta no sólo
violaba flagrantemente al derecho internacional, el principio de
no-intervención y la Carta de la OEA que Washington decía respetar
sino que, además, sus efectos serían totalmente nulos.

No obstante, la Casa Blanca siguió con sus planes y el 29 de julio de
2005 designó a Caleb McCarry, un cuadro técnico de la derecha
conservadora e hijo de un connotado agente de la CIA, como coordinador
de dicho programa. Su misión era articular el "cambio de régimen" -es
decir, construir desde la Roma americana una oposición radical a la
Revolución mediante abundantes flujos de dinero y recursos de todo
tipo- y conducir, cual un antiguo gobernador colonial, a ese
infortunado país a la libertad. Bajo su inspiración y liderazgo este
grupo produjo un voluminoso informe en donde se trazaba una minuciosa
"hoja de ruta" por la que transitaría el tan anhelado "cambio de régimen".

Sin embargo, luego de varios años de trabajo todos sus esfuerzos
demostraron ser absolutamente inútiles. Este fiasco no debía
sorprendernos puesto que lo que ese mamotreto prometía era nada menos
que la restauración de la Cuba pre-revolucionaria y un feroz
escarmiento a quienes guiaron y acompañaron a la revolución. Si algo
hacía falta para legitimar aún más a la Revolución Cubana era esa
estúpida proclama de la contrarrevolución y la explicitación de su sed
de venganza.

El último episodio de esta secuencia se conoció el pasado Miércoles 21
de Mayo, cuando en la Casa Blanca George W. Bush convocó a un grupo de
contrarrevolucionarios, mafiosos y oportunistas a una nueva iniciativa
propagandística, tan insulsa e inoperante como las demás: declaró esa
fecha como el "Día de solidaridad con el pueblo cubano". La sola
mención de los asistentes al encuentro es suficiente para comprender
el profundo rechazo que el pueblo de Cuba siente en relación a quienes
simulan solidarizarse con él.

El discurso que le prepararon a Bush no tiene desperdicio y revela la
asombrosa persistencia de los gastados clichés con los que el imperio
se engaña a sí mismo y, además, juzga a sus enemigos. En sus labios su
alusión al Apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, con el
propósito de avalar su plan de recolonizar Cuba -es decir, de destruir
la obra martiana por la que Martí ofrendó su vida y que fuera
consumada por la Revolución- es no sólo una brutal tergiversación del
legado martiano sino también una infamia incalificable. Las
referencias del ocupante de la Casa Blanca a los "prisioneros
políticos" en Cuba no sólo son un disparate sino también la prueba de
la esquizofrenia galopante que se ha apoderado del establishment
norteamericano: un presidente que ha avalado explícitamente la
tortura, los vuelos ilegales para torturar sospechosos y que mantiene
en funcionamiento dos campos de inhumana reclusión y permanente
tortura como Guantánamo y Abu Ghraib; un presidente que, durante el
Katrina que azotó New Orleans es culpable de haber practicado el
genocidio en contra de los afrodescendientes que allí vivían; el
vándalo que destruyó una de las más antiguas cunas de la civilización,
Irak, se siente moralmente autorizado a dictar cátedra de derechos
humanos a los demás.

Esquizofrenia, o doble rasero, de un gobierno que ha violado todas y
cada una de las leyes estadounidenses y que mantiene en la cárcel, en
condiciones absolutamente reñidas con las más elementales normas sobre
la materia, a "los cinco" patriotas cubanos injustamente detenidos, y
a quienes se les niega un juicio justo que se le concede sin más a un
criminal serial, precisamente por su lucha para combatir al terrorismo.



Esta nueva fase de la ofensiva en contra de Cuba tuvo también otro
lamentable protagonista: el Senador por Arizona John McCain, candidato
republicano a las elecciones presidenciales del 2008. Si los dislates
del "pato rengo" George W. pueden interpretarse como las bravatas
retóricas de un personaje que es impotente en lo político y lo
militar: allí están Cuba, Venezuela, Irak, Irán, Afganistán, Corea del
Norte y tantos otros países para demostrar que sus fanfarronadas no
surten efecto alguno.

En su desesperación por capturar los votos republicanos de Florida y
por granjearse el apoyo de la mafia cubana (excrecencia ésta que no
debe confundirse con la comunidad cubana residente en la región, que
como tantos otros de América Latina y el Caribe, emigran a los Estados
Unidos en busca de oportunidades económicas), mafia que como toda que
se precie de tal mantiene excelentes contactos con gobernantes, jueces
y policías lo que le permite "corregir" un resultado electoral
desfavorable, como lo hicieron con George W. Bush en las sonadas
elecciones del 2000, McCain dijo que "Como presidente no esperaré
pasivamente al día en el que el pueblo cubano disfrute de las
bendiciones de la libertad y la democracia. No voy a esperar: éste es
un asunto que afecta también los intereses nacionales de Estados
Unidos y no voy a esperar. El pueblo cubano ha esperado ya demasiado."

¿Qué quiere decir esto? ¿Que de ganar la presidencia ordenaría una
invasión sobre la isla, para llevar a sus habitantes las "bendiciones
de la libertad y la democracia" que tan pródigamente los Estados
Unidos distribuyeron en Irak? En todo caso, habrá que esperar que al
Senador se le pase la intoxicación etílica que seguramente motivaron
sus tremebundas amenazas para averiguar que es lo que realmente piensa
sobre la cuestión cubana. Sin olvidar, claro está, que sus chances de
suceder a George W. Bush son bastante escasas y que, por ahora al
menos, sus amenazas no deberían ser consideradas demasiado seriamente.
Representan, eso sí, un espectro del electorado norteamericano, sobre
todo en la Florida. Pero no demasiado más que eso.



No es casual que estas renovadas bravuconadas y amenazas de Bush,
McCain y compañía se produzcan cuando el gobierno cubano ha aportado
nuevas evidencias que demuestran irrefutablemente como la supuesta
"oposición democrática" a la Revolución no es sino un heterogéneo
grupúsculo de agentes a sueldo del imperio, más interesados en
fortalecer sus finanzas personales que en cualquier otra cosa. Uno de
sus principales financistas desde las entrañas del monstruo es Alvarez
Fernández-Magriñá, reconocido terrorista que, entre otros servicios
brindados al gobierno de los Estados Unidos, figura el de haberse
hecho cargo del ingreso ilegal de Posada Carriles a ese país.

En la Mesa Redonda del pasado Martes, conducida por Randy Alonso
Falcón, se informó detalladamente sobre algunos de los "líderes" de
esta supuesta oposición democrática y en algunos casos se los pudo
filmar -en un auto que los hunde sin retorno en perpetuo deshonor-
recibiendo dinero contante y sonante de sus padrinos estadounidenses y
de funcionarios de la propia Sección de Intereses de Estados Unidos en
La Habana que, en los hechos, funciona como el estado mayor de la
subversión del orden constitucional cubano. El desparpajo de un
imperio sumido en una irreversible decadencia moral, económica y
política sigue siendo sorprendente.

Tanto como digna de todo elogio ha sido la actitud del gobierno
cubano, que ante la burda intromisión del imperialismo ha actuado con
una mezcla de firmeza, sensatez y prudencia muy poco habituales en el
mundo contemporáneo. Imaginemos cómo habría reaccionado la Casa Blanca
ante la inapelable revelación de que un gobierno extranjero está
financiando y organizando una oposición ilegal, anti-constitucional y
anti-sistémica para derrocar a las legítimas autoridades de los
Estados Unidos. Si alguno de los miembros de esa oposición quedase
vivo a los pocos días de descubierta la conspiración seguramente sería
para pudrirse en una celda de dos metros cuadrados por el resto de sus
vidas. Nada de eso ha ocurrido en Cuba.



En fin, no estamos en presencia de nada nuevo. Esta ha sido la
política seguida por Washington de manera sistemática y global desde
fines de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el caso de Cuba esta
práctica ha adquirido una importancia enorme dada la prioridad que la
Casa Blanca le asigna al "cambio de régimen" en la isla. Ante ese
objetivo se desvanecen todos los escrúpulos morales de la dirigencia
norteamericana, que no cesa de arrogarse la mesiánica (y demencial)
misión de diseminar la libertad, la justicia, la democracia y el libre
mercado por todo el mundo. Pero Cuba ha resistido medio siglo de
agresiones imperiales y resistirá mucho más, todo lo que sea necesario.

Máxime cuando una serie de indicadores: desde la inconfesada pero real
derrota de las tropas imperiales en Irak y Afganistán (convertido
gracias a los Estados Unidos en el paraíso mundial para la producción
de heroína), hasta el derrumbe del dólar, pasando por el creciente
aislamiento político de Estados Unidos a causa de su flagrante
violación de la legalidad internacional en los cinco continentes,
demuestran que su capacidad para imponer sus políticas ha disminuido
considerablemente. Lo que ratifica, una vez más, una vieja enseñanza
de la historia: existe una correlación inversa entre la ampulosidad de
una amenaza y la capacidad efectiva para ejecutarla.


Atilio A. Borón es profesor de Teoría Política, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Fuente: Argenpress

RECHAZAMOS LA DIRECTIVA DE LA VERGUENZA

DECLARACION PÚBLICA

¡ La Unión Europea AGITA la bandera de la XENOFOBIA y el RACISMO ¡

• Preparándose para la crisis que sabían impostergable, los estados de la UE prepararon en el 2005 un expeditivo procedimiento para quitarse de encima los inmigrantes que les sobraban para mantener los costes salariales suficientemente bajos que necesita la “competitividad de la economía europea”. El derecho a la libre circulación de las personas(migración), tan enfáticamente consagrado por la UE y sus Estados en tantas ocasiones, queda reducido así a una simple autorización administrativa discrecionalmente concedida en función de las variables necesidades de ganancia y acumulación del capitalismo europeo.
• El triángulo de poder Sarkozy- Merkel-Berlusconi orienta la política de inmigración europea en una dirección claramente regresiva y exacerban la obsesión securitaria de esta época de crisis, encontrando en los inmigrantes el pretexto que necesitan para experimentar el recorte de libertades contra el conjunto de los derechos ciudadanos. No somos los inmigrantes los chivos expiatorios de funestas políticas económicas y sociales que afectan al conjunto de la población.
• La locura racista y xenófoba desatada en Italia con la complicidad –si no la inducción-del Estado, recuerda una época de la historia de Europa que creíamos superada para siempre, la época de los pogroms, de las detenciones arbitrarias, de los campos de concentración.
• Los 280 centros de internamiento actualmente existentes en suelo europeo pueden ampliarse y extenderse allende las fronteras como de hecho ya ocurre con el concurso de gobiernos comprados para ejercer funciones de carceleros a las puertas de la “Fortaleza Europa”.
• El periodo de internamiento aprobado, junto con los procedimientos administrativos de detención sin control judicial, representan el más grave atentado al estado de derecho en Europa desde los tiempos en que un decreto de Hitler autorizó a detener, deportar y aniquilar a millones de personas bajo la dominación nazi-fascista.
• Es falacioso el argumento de que se trata de una norma de máximos que no obliga al gobierno español a llegar a esos máximos. Ya se anuncia la elevación del tiempo de estancia a 60 días pero,¿alguien puede dudar que este ó cualquier otro gobierno, si lo considera conveniente, va a dejar de utilizar esta cobertura comunitaria para extremar las medidas de internamiento y expulsión , por cierto promovidas en la anterior legislatura , entre otros por CiU, al parecer socio preferente en la presente legislatura?.

Ante esta agresión a la dignidad humana, a las libertades políticas y a los derechos fundamentales de las personas migrantes, las organizaciones abajo firmantes,

DECLARAMOS:

1.- Nuestro mas enérgico rechazo a la indignante y regresiva directiva de la Unión Europea y a las leyes facistoides del gobierno de Berlusconi.

2.- Nuestra solidaridad con los inmigrantes y refugiados residentes en Italia a quienes llamamos a unir esfuerzos en la lucha europea por los derechos de los y las inmigrantes y contra la Directiva de la Vergüenza.

3.- Convocar a las organizaciones de inmigrantes y refugiados y al movimiento social reivindicativo a una Jornada Estatal contra esta Directiva, el cierre de los Centros de Internamientos y la garantía de plenos derechos para todos las personas residentes en el Estado español y la Unión Europea.

4.- Llamamos a las organizaciones democráticas y progresistas españolas a pronunciarse y movilizarse en contra de esta directiva.

COLOMBIA: Impunidad por Crímenes Atroces

COLOMBIA: Estado de alerta
ante posible impunidad por crímenes atroces
Por el Comité Internacional
contra las desapariciones forzadas y la tortura

En estado de alerta se declararon diversas organizaciones multilaterales, entre ellas la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la posible impunidad por crímenes atroces y de lesa humanidad cometidos en Colombia por fuerzas paramilitares tras la extradición a Estados Unidos de 14 integrantes de esas fuerzas ilegales armadas, entre ellos sus máximos cabecillas.

Tras enterarse de la extradición de los máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), entre quienes se encuentran Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo Bejarano, Rodrigo Tovar, Ramiro Vanoy y Hernán Giraldo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por esta decisión, ordenada por el presidente Álvaro Uribe de manera intempestiva, que podría dejar impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos por esta organización armada durante los últimos 20 años.

"La Oficina alerta sobre el riesgo de que las extradiciones debiliten las posibilidades de avanzar, eficaz y oportunamente, en la lucha contra la impunidad de violaciones graves de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario", señaló la ONU, y enfatizó que el
Gobierno nacional debe satisfacer los derechos de las víctimas y sus familiares a "la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición".

El Presidente Uribe ordenó en la noche del 12 de mayo la extradición hacia Estados Unidos de 14 integrantes de las Auc recluidos en diversas cárceles colombianas y acogidos a la Ley de Justicia y Paz, para que fueran juzgados por narcotráfico, contrabando de archivos y financiación de actividades terroristas, con lo cual le dio mayor trascendencia a esos delitos que a los procesos judiciales por más de 200 masacres y la desaparición forzada de por lo menos 49 mil personas.

Frente a este hecho, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que los extraditados "han admitido su responsabilidad por haber ordenado, participado o cometido graves violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario" y resaltó que "en muchos casos, estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y, en ocasiones, se perpetraron con la aquiescencia, tolerancia o complicidad de agentes del Estado".

La ONU manifestó que las normas internacionales catalogan dichos delitos entre los más graves y establecen que son imprescriptibles y que no pueden ser objeto de amnistías o indultos. El presidente Uribe explicó que la extradición de los paramilitares se había dado "porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega".

A la voz de alerta de la ONU se le sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): "La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares".

Coincidió la CIDH con la Organización de Naciones Unidas en advertir que la extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. "También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares".

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, organización que representa Iván Cepeda, también se unió a las voces de rechazo de la extradición de los ex jefes de las Auc y consideró que "es un elemento adicional que revela el fracaso de la Ley de Justicia y Paz, y constituye una nueva afrenta contra las víctimas, así el actual Gobierno presente, ante la opinión pública, la extradición como un favor a las mismas".

Aseveró el Movimiento que la extradición por razones de narcotráfico desconoce la prioridad que tiene la investigación y juzgamiento de los responsables de la comisión de crímenes contra la humanidad. "Esta decisión quiere ocultar que el paramilitarismo ha constituido un instrumento que ha favorecido la sistemática y masiva violación de los derechos humanos, estrategia en la que el Estado tiene una decisiva e inocultable responsabilidad".
En una inusual petición, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado le exigió al Gobierno norteamericano que "devuelva a las autoridades colombianas a los jefes paramilitares para que sean procesados por la justicia ordinaria y no bajo el marco de la Ley de Justicia y Paz", en razón de que "no han contado toda la verdad, no han reparado integralmente a las víctimas y no han desmontados sus estructuras criminales".

Además, le solicitó a la administración de justicia colombiana el traslado a la justicia ordinaria de todos los procesos que se tramitan en el marco de la Ley de Justicia y Paz que se siguen contra los jefes paramilitares extraditados, así como todos los procesos que se adelantan en este marco normativo, "dada la evidente ineficacia e inoperancia del mismo".

Por su parte, la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) estimó que con la decisión de Gobierno del presidente Uribe de extraditar de forma masiva a los jefes del paramilitarismo a los Estados Unidos, "las víctimas nos quedamos sin verdad, sin justicia y sin reparación integral".

Recordaron las mujeres agrupadas en esta Alianza que el juzgamiento de los líderes de las Auc alude al delito de narcotráfico, pero los graves delitos de lesa humanidad y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH cometidos por los paramilitares en Colombia seguirán en la impunidad.

"Si las razones que tomó el Gobierno para la extradición masiva es que los líderes paramilitares seguían delinquiendo desde las cárceles, esto demuestra aún más la ineficiencia de la justicia colombiana", indicó IMP, organización que adelanta un proceso de acompañamiento psicojurídico a víctimas de la guerra en Colombia.

Esta iniciativa de mujeres propuso que si el Gobierno colombiano acudió a la justicia norteamericana para hacer juzgamiento a los líderes de las Auc por narcotráfico, "a las víctimas y a las organizaciones que las acompañamos nos queda otra opción: llevar los casos ante los organismos de Justicia Internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional".

EL DISCURSO DE MICHELLE BACHELET Y EL PRINCIPIO DEL BIEN COMÚN

Política: EL DISCURSO DE MICHELLE BACHELET Y EL PRINCIPIO DEL BIEN COMÚN
Enviado el Jueves, 22 mayo a las 04:43:56


Sin duda que a la Presidenta Bachelet la anima un buen y correcto sentido de lo que es el principio del Bien Común, no solo porque citó este importante precepto en dos oportunidades, sino también porque ella sabe que esta es una responsabilidad de todas las personas y, principalmente del Estado, simplemente porque el bien común es la razón de ser de toda autoridad política.

Ahora bien, de todo lo expuesto en su cuenta al Congreso Pleno, hemos de destacar la intención cierta y sincera de hacer de su gestión gubernamental un intento por mejorar, sustantivamente, la calidad de vida de las personas y la eficiencia en toda la gestión pública en un Estado democrático que debe velar, preferentemente, por los más pobres. Es lo que se percibe de su discurso y logros alcanzados en estos tres años de mandato, sin desconocer los grados de corrupción que son transversales.

Pero, en medio de este sistema económico marcado por los dictámenes neoliberales del Banco Mundial y el FMI, muchas de estas medidas, simplemente, no se pueden implementar. Para probar esto, un solo dramático caso: el lucro en la educación. No por casualidad cuando la Mandataria estaba rindiendo su cuenta anual, eran estudiantes, en su mayoría los que se manifestaban en las afueras del Congreso y se mantenìa ocupada la casa central de la Universidad de Chile.

Respecto al importante tema de la equidad, no basta con mencionar a la pasada las conclusiones de la Comisión Meller, tampoco es suficiente anunciar bonos por la grave pérdida del poder económico de los sectores más pobres. Este es un tema delicado en la cual la dignidad humana está presente y no puede ser tratado como un elemento adicional de un discurso por importante que sea. Se deben crear las condiciones económicas para que toda persona tenga derecho a un salario justo, es lo ética y políticamente correcto en una gestión gubernamental realista y comprometida.

Los desafíos de la equidad han sido tratados innumerables veces por todos los sectores sociales, en especial por las organizaciones de trabajadores y la Iglesia. A este respecto es de justicia señalar los esfuerzos hechos por Monseñor Goic, cuando hace unos días señalaba con claridad y fundamento que para avanzar en materias sociales se debería tener presente: la pobreza que disminuye pero que persiste, la desigualdad, la dura realidad laboral, la convivencia cotidiana, el desarrollo sustentable y el desafío energetico.

El mundo político debe tomar en cuenta lo que plantea la Presidenta, precisamente, en aras del bien común. Pero, también el Gobierno debe hacer esfuerzos tanto en la eficiencia como en la implementación proba de tan buenas intenciones de caracter social. En esto consiste el libre juego democrático y el respeto a las personas. Más aún cuando constatamos que el país no alcanza la plenitud democrática al existir un sistema electoral perverso e injusto en que una minoría es, en el Congreso, mayoría.

Finalmente y por todo lo escuchado, hemos de congratularnos porque en el alma y espíritu de la Presidenta está también el sentido de la tolerancia, palabra que la derecha más dura -léase la UDI de Larraín y Arancibia- ignora o considera solo por conveniencia política. Es destacable que Michelle Bachelet comunique al país que la famosa "píldora del día del después", tan defendida por el integrismo, estará para las mujeres de escasos recursos en los Municipios. Lo mismo respecto a la necesidad de reformar el actual sistema electoral binominal. En estos dos puntos se nota la grandeza y pluralismo que animan a la mandataria aunque estas virtudes no sean reconocidas por todos.

Por Jaime Escobar M. / Editor religioso de "Crónica Digital" y "Reflexión y Liberación".

Santiago de Chile, 22 de mayo 2008
Crónica Digital

NEWEN MAPU CHE, (Fuerza de la gente de la tierra)

Sipnosis, documental newen mapuche de ojo-film

La televisión chilena no cubre defensa de Elena Varela