Chile: Asel fue detenido por ser anarquista

Abogado de Asel, Jaime Madariaga: "Existe una tendencia de desinformación a través de los medios de comunicación"

Mónica Suárez / Austral Temuco | A las Barricadas | 13-7-2010

Destacado abogado penalista de Temuko desmenuza la estrategia del Ministerio Público a la hora de procesar por terrorismo a ciudadanos mapuches y extranjeros en el País Mapuche. Y lo hace denunciando lo acontecido con Asel Luzarraga, escritor vasco acusado de estar vinculado con atentados explosivos en la capital regional.

Asel Luzarraga, ciudadano vasco, es el más reciente imputado por tenencia de explosivos y ha sido relacionado con el fallido atentado a la Seremi de Justicia. Actualmente se encuentra en arresto domiciliario parcial y en dos meses irá a juicio oral. Su abogado defensor, Jaime Madariaga, aseguró que su cliente es perseguido por su forma de pensar, por declararse anarquista y que el hecho de ser vasco agrava su caso. Madariaga es enfático al decir que Luzarraga es un reconocido pacifista y escritor español y que por eso confía en su inocencia.

- ¿Qué opinión le merece la manera en que la Fiscalía ha manejado el caso de los bombazos?

Creo que existe una tendencia de desinformación a través de los medios de comunicación. Lo cierto es que yo creo que lo que ha ocurrido es que el Ministerio Público no ha hecho una buena labor de investigación, demostración de ello es que el propio fiscal nacional sacó a un fiscal que estaba a cargo de los casos en Santiago, pero lamentablemente, después aparece un nuevo fiscal que a la semana encuentra a alguien colocando una bomba, poco más, o fabricándola, lo que me parece, a lo menos, llamativo.

- ¿Cree que se están presionado los resultados?

No considero eso, simplemente creo que una de las cosas más peligrosas que puede existir en una sociedad es la presión a condenas sin que importe que se condenen culpables o inocentes y ése es el peligro de la presión que se hace a través de los medios de comunicación. Hay que hacer entender a la sociedad, a los medios de comunicación que no cada vez que el ministerio acusa a alguien, esa persona es culpable.

- ¿Los medios son los que presionan al Ministerio Público?

No, no he dicho eso. Creo que hay una serie de factores. Uno, efectivamente el Ministerio Público tiene cierta presión para encontrar culpables, de alguna manera, los medios de comunicación dicen que es necesario encontrar culpables pero, ¿qué pasa con los violadores de niños?, ¿qué pasa con abusos sexuales?, ¿qué pasa con los delitos de homicidio?, entonces en qué momento la sociedad decide que las bombas son más graves que los otros casos. Yo creo que ahí hay un tema de uso político.

- ¿Hay uso político en estos casos?

Sin duda. Es una decisión política reprimir la protesta social mapuche como crímenes de terrorismo, eso es una decisión política, como hacer cambios en la ley antiterrorista. Se pretende buscar un apoyo político donde no existe.

- Siempre se han relacionado los bombazos con el conflicto mapuche.

¿Quién lo relaciona?, es que ahí es donde viene el prejuicio.

- La misma Fiscalía.

Eso es un prejuicio y una persecución criminal injusta, desmedida y racista que existe porque quién dice que estos hechos, que han ocurrido la mayoría en Santiago, tienen una vinculación con la cuestión mapuche, con el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Esa es una decisión que se toma en términos políticos y es política criminal. Ahí existe sin duda una decisión de criminalizar la protesta social mapuche, incluso a través de esta acusación que se hace que no tiene ningún asidero en los antecedentes que existen en los juicios.

- ¿Cree que el hecho de que su defendido sea vasco agrava la situación?

Creo que el hecho de ser vasco lo perjudica mucho, pero sobre todo, el hecho de ser anarquista y eso es absolutamente claro, es más quiero leer aquí en la carpeta de la investigación donde dicen por qué van a su casa. Dice "y además se refiere al conflicto huinca y la propiedad en un artículo, señalando al Estado chileno como responsable del origen del conflicto, al final de su artículo dice que desde una base anarquista horizontal e igualitaria, que no es difícil dar a cada cual lo que es justo y posibilitar una convivencia cultura, que permita a cada comunidad su propio desarrollo, cuando el ánimo del lucro desaparece, nace la justicia y la ayuda mutua".

- ¿Usted quiere decir que por pensar y escribir sobre estos temas fue acusado?

Sí, lo digo seriamente, lo digo responsablemente. Porque así está en la carpeta de investigación, porque los antecedentes que llevaron al Ministerio Público a allanar su casa fueron que tenía una página web en la que se autoidentificaba como vasco , en la que, en su mayor parte era en euskera, salvo un artículo, que señalé; y en haber participado, según el Ministerio Público, en un grafiti.

- ¿Qué tipo de persona es su defendido?

Asel ha sido el escritor más vendido en el país vasco en muchas oportunidades, es el autor de cuatro libros, él es un reconocido pacifista en el mundo literario. Asel ha escrito artículos en el País Vasco en contra de Eta y para escribir artículos de esa naturaleza en el país vasco hay que ser realmente pacifista y no tenerle miedo a un acto de represión.

Panamá: LA CRISIS NACIONAL

Comunicado del MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO POPULAR (MDP)

La huelga general que desde hace más de diez días realiza en Changuinola el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (SITRAIBANA), acompañados por pobladores, campesinos, pescadores e indígenas, puede considerarse una insurrección popular espontánea. Toda Changuinola se movilizó en las calles, ocupando las principales vías de acceso a la ciudad, así como los puentes, edificios públicos, fincas bananeras, e inclusive el aeropuerto.

Lo que se inicio como un conflicto laboral provocado por la empresa Bocas Fruit Company al negarse a descontar la cuota sindical, para luego negarse a pagar los salarios debidos, ha degenerado en una crisis que ha dejado en Changuinola hasta el momento dos muertos reconocidos oficialmente, más de 400 heridos, alrededor de 50 de ellos graves, y habla de más de 700 detenidos. ¿Qué ocurrió? Envalentonada por la entrada en vigencia de la Ley 30, mejor conocida como Ley Chorizo, que entre otras funestas medidas libera a las empresas del descuento obligatorio de la cuota sindical, la empresa bananera consideró que había llegado el momento de asfixiar económicamente al sindicato. La reacción no se hizo esperar: los sindicalistas declararon una huelga general a la que se ha unido el conjunto de la población, que exige ahora la derogatoria de la nefasta Ley 30. La respuesta del gobierno no ha sido otra que la represión pura y dura, lo que generalizó y endureció el conflicto. Más de 500 antimotines fueron trasladados a Changuinola.

La chispa que incendió la pradera

Inicialmente el gobierno consideró que se trataba de un conflicto laboral más, y que las iras populares podrían ser sofocadas con unas cuantas dádivas y mucho palo policial. Tanto es así que el Presidente Martinelli afirmó en un programa de televisión que “no pasa nada y me iré con mi dinero a ver la final del mundial de fútbol.” Se equivocó. El gobierno ha tenido que convocar un Consejo de Ministros extraordinario, enviar a Changuinola al ministro de la presidencia y al Vicepresidente acompañados de la mayoría de sus pares.

La lucha popular generalizada en Changuinola provocó de inmediato la solidaridad de distintos sectores sociales opuestos por muy diversas razones a la Ley 30. En ese sentido, las diversas centrales sindicales del país empezaron a considerar la posibilidad de una huelga orientada a la derogación de la Ley 30. La respuesta del gobierno, una vez más equivocada, fue la de reprimir con dureza al movimiento sindical, ordenando la detención y conducción de los principales dirigentes del Suntrac, así como intimidar al profesor Juan Jované. Tales acciones no han hecho otra cosa que provocar el llamamiento a Huelga General para el martes día 13 de todas las centrales sindicales, a las que se han unido los maestros y profesores, así como los funcionarios de la Caja de Seguro Social.

No cabe la menor duda que los acontecimientos de Changuinola, aún siendo extremadamente graves por si solos, han provocado un movimiento nacional de repudio a la Ley 30 por parte de los trabajadores y sus organizaciones, el movimiento estudiantil, los ecologistas y organismos de la denominada sociedad civil. Changuinola ha sido la chispa que ha incendiado la pradera social, cansada de sistemáticos y gravísimos ataques a las libertades democráticas de expresión y manifestación, así como de recortes inadmisibles a los derechos sindicales y sociales.

El surgimiento de un nuevo régimen político

En efecto, en sólo un año de gobierno, Martinelli ha criminalizado y penalizado con años de cárcel las movilizaciones ciudadanas, atacado abiertamente al movimiento sindical en su conjunto, agredido a periodistas y medios de comunicación, derribado las tímidas normas existentes para la defensa del medioambiente, eliminado la carrera administrativa, militarizado al país, creando un Ministerio de Seguridad y otorgando impunidad a los delitos cometidos por la policía en acto de servicio.

A lo anterior hay que sumar el que ha logrado el sometimiento absoluto de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, así como el de la Administración y, a no dudarlo, la del Tribunal Electoral. Todos los poderes del Estado sometidos sin resistencia a su entera voluntad.

Surge ante nuestros ojos un nuevo régimen político que persigue la destrucción de toda oposición política, social e intelectual, para así gobernar a través de un partido único carente de opositores. De ahí la dureza de la represión contra todos los sectores que ofrezcan alguna resistencia.

Luchar contra el monstruo que surge ante nuestros ojos requiere de un esfuerzo unitario de gran envergadura, capaz de construir una amplia alianza en defensa del las libertades democráticas hoy amenazadas y reprimidas, lo que sólo será posible en la medida en seamos capaces de rechazar todo sectarismo e impulsar, por el contrario, el respeto a la autonomía de las organizaciones, y repudiar todo aquello que se parezca al “pensamiento único”.

Todos el martes 13 por una Jornada Nacional de Lucha

En efecto, el martes día 13 hay que hacer un esfuerzo unitario para enfrentar las pretensiones del actual gobierno de acabar con el movimiento popular y las libertades democráticas, exigir un alto a la represión, libertad para todos los detenidos y la derogación de la nefasta Ley 30. Se trata de manifestarnos desde la capacidad y posibilidad de cada cual, haciendo paros de una hora, entrando tarde a las empresas, reuniéndonos a la salida o entrada del trabajo, movilizándonos ahí donde sea posible, y materializando la huelga en todos los sectores organizados, como son los trabajadores de la construcción, docentes, estudiantes, funcionarios de la CSS, médicos, etc. Todo ello en preparación de acciones más contundentes y generalizadas hasta la derogatoria de la Ley 30.

Vivimos momentos cruciales para el futuro de nuestra sociedad. La quiebra del viejo régimen de dádivas, corruptelas y falsos consensos a través del cual gobernó el PRD, y la debilidad de las alternativas populares y democráticas, ha posibilitado el surgimiento de un gobierno autoritario que pretende consolidar un nuevo régimen político caracterizado por el manejo del país “como si fuese una empresa”, en la ausencia de toda oposición. El martes demos un paso adelante para impedirlo.

Sangrienta represión en Panamá: muertos y heridos de gravedad y aumentan los detenidos/as

Una primera información sobre la sangrienta represión en Panamá

Envíado en directo desde Panamá, para VACEM, por Bernardo E.

La insurrección de Bocas del Toro se inicia con una huelga de 24 horas que la CTRP y la directiva de SITRAIBANA convocan al declarar la empresa que la semana laborada, antes del 2 de Julio cuando se inicia la huelga, no se pagaría, al retener las cuotas sindicales y al afirmar que no se realizaría más el descuento de la cuota sindical.

Se hizo el domingo 4 de julio otra asamblea general con presencia de representante de CONATO. Los/as representantes sindicales y las bases exigieron declarar la huelga indefinida por la derogación de los aspectos laborales de la 'Ley 30', el alto a los desalojos de las comunidades gnobes de sus tierras, la derogacion del decreto ejecutivo 10 que viola la autonomia de la ley de las Comarcas.

Esto se mantiene y agrava por los 4 muertos confirmados y 4 por confirmar. No se acepta negociar con la comisión presidencial, solo si aceptan los puntos mencionados y ahora la libertad de los presos que no se pueden confirmar ya que al acercarse a verificar información alguna se arresta a la gente.

Hoy (día 9) se quemó el cuartel que se ubica en la carretera que va a Guabito. En los enfrentamientos la policía tira con bala y se les acabó las lacrimogenas y los cartuchos de perdigones.

En la Capital hoy hubo cierre de calles por obreros de Suntracs y los estudiantes de la universidad y de dos colegios de enseñanza media (el artes y oficios y el instituto nacional).

Para la próxima semana se da inicio a un proceso de Huelga escalonada hasta llamar a la paralizacion del país.

¡ Atreverse a luchar es empezar a vencer !

¡Urgente! Brutal represión en Panamá, muertos y heridos de gravedad.

Informe actualizado en Kaos en la Red:

www.kaosenlared.net/noticia/urgente-brutal-represion-panama-muertos-heridos-gravedad-actualizandos

Enfrentamientos por la aplicación de Ley 30.
Estalla el caos en Bocas del Toro. Exigen derogar la nueva ley.

Ovidio Lorenzo y Redacción de La Estrella de Panamá

Changuinola/Bocas del Toro.- Al menos una persona murió ayer en los enfrentamientos entre policías y obreros indígenas que rechazan la Ley 30 —aprobada por el Gobierno—, la cual fue aplicada por la bananera Bocas Fruit Company. La situación mantiene paralizada a Changuinola desde hace ocho días y ayer llegó a su punto más conflictivo. Los obreros reclaman el descuento de la cuota sindical y conquistas laborales.

En medio de la confusión, generada por el bloqueo de las vías y el aeropuerto local, las primeras versiones informaban de dos muertos —incluida una niña— y en la tarde hasta de cuatro. No obstante, el Ministerio de Salud confirmó solo una muerte y al menos 100 heridos, 18 de éstos de consideración, quienes fueron llevados a David, Chiriquí, y al Hospital Santo Tomás, en Panamá, para su atención.

El comercio en Changuinola sigue cerrado y los huelguistas mantienen las barricadas y según los informes, anoche se habrían registrado incendios en locales comerciales.

Giovani Montero, uno de los dirigentes en paro, dijo que ellos no darán marcha atrás y que ya no les interesa hablar con el Ejecutivo. ‘Queremos la derogación de la Ley 30, nuestra huelga no es contra la Bocas Fruit, nosotros exigimos que se elimine la ley’, agregó.

Los indígenas mantienen retenidos a cuatro policías, incluido un miembro del Senafront, quienes están en Guabito, Puente Torres, y el sector de Las 30. Aseguran que los soltarán cuando dejen en libertad a los obreros presos y se les garantice que no habrá persecución contra ellos.

Anoche, el ministro de Seguridad, José Mulino, informó que cuatro policías están retenidos por los manifestantes. A la vez, el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, viajó a Changuinola para establecer un diálogo con los indígenas. Indicó que todo es por la desinformación de opositores y la mala interpretación de la ley, que no elimina derechos como el décimo tercer mes y las vacaciones.

Panamá: LA LEY CHORIZO DE MARTINELLI

"Ley chorizo", ahora es Ley 30

Jesús Simmons DIAaDIA, 11 de junio

En pie de guerra. Así están los miembros de las asociaciones ambientales y de la sociedad civil de Panamá, luego que el presidente Ricardo Martinelli, sancionó la Ley 30, que dicta medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial en Panamá.

Esta nueva ley, que en su momento fue el proyecto de Ley 177, modifica los Códigos de Trabajo, Penal, Judicial, la Leyes Ambiental, la Orgánica de la Policía Nacional, de Aeronáutica Civil, del Tribunal de Cuentas y la Migratoria.

Lo que más indignó a los ambientalistas es que mientras los habían citado a una reunión con varios ministros, se enteraron de que la "Ley chorizo" había sido sancionada.

Gabriela Etchelecu, de la fundación MarViva, dijo que los organismos internacionales ven con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Panamá. Agregó que "nos hemos convertido en el primer país de América Latina en eliminar el estudio de impacto ambiental y que nunca habían visto cómo se le cerraba la puerta en la cara a la sociedad civil".

Los ambientalistas expresaron su preocupación por la pérdida del grado de inversión que pueda acarrear al país, la aprobada y publicada en Gaceta Oficial como: Ley 30.

Mientras no se derogue esta ley, los amigos del medio ambiente llevarán este caso a la Corte Suprema de Justicia y a los organismos internacionales.

ALGUNAS REFORMAS
No es obligatorio estar en un sindicato, descontarle a los trabajadores la cuota sindical y las empresas no podrán ser cerradas durante una huelga.

Un miembro de la Policía Nacional sea denunciado o querellado por la presunta comisión de un delito en el servicio o cumplimento de su deber, por motivo de uso de la fuerza excesiva, no se ordenará su detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional de su cargo.

Quienes falsifiquen o alteren, total o parcialmente, un pasaporte panameño, cédula, licencia de conducir o visa; se le aplicará una pena de 5 a 10 años.

Las obras que sean declaradas de interés social, no requerirán de un estudio de impacto ambiental.

Obliga a las asociaciones sin fines de lucro que publiquen mensualmente, en la Internet, una lista de todos sus donantes.

Panamá: Ley chorizo Martinelli = minería = muerte

Héctor Endara Hill, de Panamá Profundo. Extracto recogido de Argenpress.info

La nombrada ley 9 en 1, conocida también como ley chorizo, por aquello de embutir temas diversos, con la falaz intención de desarrollar la aviación comercial, revela la verdadera agenda del gobierno del “cambio”. En escritos y glosas se rumora que, escondido en la propuesta, van plasmados objetivos e intereses personales del actual mandamás de Panamá en el campo de la aviación comercial.

Así de estridente y oscura la situación, no sorprende que, el paquete de chorizo presentado, plantee reformas en materia comercial, judicial, ambiental y laboral. Todos los cambios, a pesar de las múltiples mentiras de ministros y diputados, van destinados a favorecer intereses mercantiles, mientras se atropella intereses populares y se eliminan derechos sociales.

Así funciona el sistema, cada vez que puede, golpea los intereses de los trabajadores; y recorta las leyes y normativas con tinte democrático que los poderes sienten que obstaculizan su natural visión y misión de explotar y expoliar a las mayorías nacionales y los ecosistemas.

Los principios y pasiones de un gobierno empresarial están fielmente reflejados en las últimas actuaciones mostradas por los poderes del Estado en Panamá. El legislativo hace lo que el ejecutivo le dice y el judicial los bendice a ambos. Aquí lo que importa y vale es el sagrado y sacrosanto principio empresarial-capitalista de hacer dinero a toda costa y a costa de todo.

Todo nuestro repudio para la ley chorizo y los choriceros; para los que nos desgobiernan, violando leyes y procedimientos; para los que se hacen llamar honorables, excelencias, magistrados y ministros, cuando son más que sátrapas carroñeros del capitalismo salvaje. Repudio para los ecocidas; para los asesinos del medio ambiente que promueven minería metálica a cielo abierto y represas en cada estrecho y rincón. Repudio para los “dueños” ganaderos que se han adueñado de territorios indígenas; para los que persiguen comunidades campesinas e indígenas que no tienen donde reclinar la cabeza; para los que mienten descaradamente y llaman “maleantes de mierda” a los trabajadores. Repudio también –y en dosis grande- para los que prometieron seguridad ciudadana y nos han traído un aumento de asesinatos y violencia; para los que prometieron cambio y acabar con la corrupción y han cambiado de discurso y aumentado la corrupción con sus corruptelas.

No hay asociación ambientalista, sindicato de trabajadores o ciudadanos informado que no haya rechazado y repudiado la ley chorizo. La creativa, participativa y combativa caminata de ayer 15 de junio, animada por organizaciones ambientalistas en la ciudad de Panamá, es una muestra y ejemplo contundente de participación ciudadana que debe extenderse a todos los rincones del país.

La administración Martinelli ensaya y prueba la capacidad de lucha y de participación ciudadana de las mayorías nacionales para enfrentar arbitrariedades. Montado sobre las divisiones y debilidades de autodenominadas vanguardias de la “izquierda” panameña, la prepotencia avanza hacia una evidente dictadura empresarial, custodiada por leyes que favorecen capitales nacionales e internacionales y asfixian a los sectores organizados y envenenan y destruyen ecosistemas.

MEMORIA REBELDE

A PROPÓSITO DE LA MEMORIA REBELDE: La reinvención de lo necesario.

Necesitamos indemne nuestra memoria para seguir organizando resistencia y rebeldía
Ana Tania Toro

Chile hoy, algunos pocos militares procesados por estar involucrados en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de pinochet, reos, cumpliendo condena en cárceles de lujo, en búsqueda del indulto presidencial por “razones humanitarias” . Políticas asistenciales en “democracia” que se sostienen en una constitución golpista que continúa fracturando la concepción de los derechos humanos en el país y perfecciona la dominación capitalista a través de una gobernabilidad que está en crisis y busca mantenerse con la propagación psicótica de estas políticas públicas neoliberales que consolidan distintos estándares de derechos para unos y otros, de acuerdo a su poder adquisitivo.

Chile, un Estado de y en impunidad, con un nivel de criminalización de la pobreza y de las luchas sociales, completamente funcional al mantenimiento de esta impunidad. Un Estado que se tilda de progresista y que evade todo tipo de responsabilidad política en dictadura, en la derecha concertacionista y en la derecha fascista del gobierno actual, cuyos signos de progreso están basados en la opresión de la memoria, en la negación de la historia y en el perfeccionamiento del sistema represor. La tan nombrada reconciliación política, tan promovida desde distintos espacios de poder, busca el olvido, vencer las resistencias y continuar la criminalización de la socialización de la lucha por los derechos humanos, los violados en dictadura y los que continúan violando día a día, el derecho a la vida, a la recuperación de tierras, a vivienda, cultura, trabajo, salud y educación dignas. Es necesario para estos gobiernos continuar aplastando la memoria como mecanismo de control de la iniciativa popular, de la organización y resurgimiento de una resistencia popular con conciencia de clase.

La desigualdad, la miseria, el hambre, el endeudamiento que aliena, las innumerables dificultades de la vida cotidiana en transporte, trabajo, acceso a salud, educación y vivienda, deben terminar por modificar la percepción subjetiva de las masas populares: Las modificaciones de nuestras subjetividades son procesos de transformación muy lentos, casi imperceptibles y más difícil aun en Chile, procesos atomizados de una izquierda ultra dividida. Sin embargo son transformaciones que se han ido dando y de una u otra forma, el camino hacia una recreación de la memoria, conciencia y recuperación de una identidad perdida, que evidencian la desconfianza hacia el poder ejercido por el Estado y a los gobiernos que se han caracterizado por robarnos la memoria.

El inconsciente colectivo debe surgir una vez más para instalarse en un imaginario colectivo de demandas de memoria, de recuperación de la verdad y el ahogo de la impunidad, en todas sus formas. La desmemoria que nos han impuesto, la desmemoria disfrazada y con distintos matices y también la desmemoria que nos hemos impuesto nosotros mismos, no es más que un subterfugio, un burdo recurso para la dominación de nuestros pueblos. Necesitamos indemne nuestra memoria para seguir organizando resistencia y rebeldía y en ese espacio liberado, multiplicar los colectivos desde la participación real y sustantiva, ordenarnos e inclusive subordinarnos de manera crítica y constructiva a la estrategia del movimiento popular, un movimiento que se desencadene y que rompa definitivamente con la situación de aletargamiento, desmotivación, y, sobre todo, con la sensación de impotencia que genera la dominación de todo este tiempo, un movimiento que no desafíe el poder de los dominantes desde la misma estructura o desde estructuras que de una forma u otra reproduzcan la misma lógica de las políticas del Estado represor.

Tenemos que recuperar y seguir recuperando estos espacios llenos de memoria, reinventar espacios de colectivización de las necesidades y sus vías de resolución, reinventar el trabajo, hacer una especie de “laboratorio” de recuperación de la memoria, a través del rehacer de redes, redes de rebeldía, resistencia, de creación y recreación de movimientos en base a la recuperación del poder popular, conocernos y reconocernos y, que este espacio, se convierta en una alternativa popular capaz de articularse en base a la decisión de luchar contra los distintos mecanismos de dominación impuestos, independientemente de quien o que los haya impuesto. Desmembrar la desmemoria y recuperar nuestra memoria rebelde.

¿Son los medios de comunicación libres y democráticos?

Alberto Maldonado, para ARGENPRESS.info

Cuando comencé a escuchar y leer las no pocas y permanentes “denuncias” de que se había agredido a periodistas y medios a través de unas “groseras” cuñas televisivas que se insertaban en los canales abiertos que retransmitían los partidos del mundial de fútbol Sudáfrica 2010, pensé que, a lo mejor, a los responsables de la publicidad gubernamental, “se les había pasado el mano” en sus afanes por contrarrestar eso que ya tiene nombre: El terrorismo mediático.

Como yo pertenezco a la vieja escuela del periodismo que procura ser veraz y objetivo, antes de opinar a favor o en contra de este nuevo destape mediático, le puse atención a esas cuñas y las encontré ingenuas, casi inocentes. Lo único que hacían era poner un poco de énfasis en aquello que Piero, desde hace años, lo dice y lo repite cantando: “los diarios publicaban porquerías, todos los días, todos los días” Y en estos tiempos, no solo los diarios sino las redes radiales del sistema y, sobre todo, los canales de televisión. Por algo, alguien que vivió en sus entrañas, lo calificó de televisión basura la mayor parte de su programación, que es lo que ven todos los días a toda hora nuestros congéneres, de todas las razas y todas las edades.

La ofensa que percibieron los sipianos (de la SIP-CIA) fue que públicamente los publicistas gubernamentales estaban “acusando” a los “inocentes” medios y sus periodistas, de mentirosos, de los verdaderos enemigos de la libertad de expresión, de la que tanto hablan y de la que se creen dueños y señores.

Y como ellos tienen y trabajan con aliados a nivel continental, no tardó en aparecer la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con su protesta por tamaño “desacato” contra los “dueños de la verdad, la democracia y la libertad”. Una protesta que no hemos visto ni leído condenando los hasta hoy 9 asesinatos de periodistas en Honduras, la del señor Lobo; como tampoco hemos percibido la protesta sipiana por la detención y encausamiento de la periodista peruana-norteamericana Vicky Peláez, acusada, junto con su esposo y ocho personas más, de “espías al servicio de Rusia” aunque la acusación oficial fue que, de acuerdo a la ley FARA (según siglas en inglés) los sospechosos debían acreditarse como agentes al servicio de un gobierno extranjero en la oficina respectiva, que está muy cerca del FBI y de la CIA.

A estas alturas del siglo 21, que esos servicios secretos “descubran” que 10 personas (más un prófugo) han estado trabajando para Rusia, parecería una broma de muy mal gusto ya que hace una semana, los Presidentes Obama y Medvedev saboreaban unos deliciosos emparedados, en una camaradería que me recordó (sin quererlo) cuando el Presidente Abdalá comía cuy con la mano, junto a su carnal Fujimori.

Averiguada la verdadera razón de tan ridícula sospecha, gente honesta que todavía hay en EEUU descubrió que doña Vicky (una periodista peruana nacionalizada en Estados Unidos y con 10 años de residencia) escribía para el periódico en español La Prensa (que se edita en New York) unos comentarios en los cuales criticaba acremente la política imperial contra América Latina, especialmente contra Cuba, y reivindicaba las imágenes de los presidentes Hugo Chávez y Evo Morales a quienes la prensa imperial había caricaturizado como unos monigotes cualquiera.

Y aquello, en el corazón mismo del imperio, cuando toda la prensa sipiana norteamericana sostiene lo contrario era (es) poco menos que “repudiable e inaceptable” En consecuencia, la SIP, que depende de los grandes “trust” que dominan la comunicación social en el imperio, ¡cómo podía criticar a sus propios amos, por semejante medida!

Pero la gran prensa sipiana, en el Ecuador, se sintió “ofendida y humillada” por las cuñas televisivas del gobierno, un detalle que fue detectado por el asambleísta César Montúfar, que para eso está él ahí. Desde luego, ni me corresponde ni me propongo salir por los fueros del Secretario de Comunicación de la Presidencia (Sr. Fernando Alvarado) a quien el diario El Comercio de Quito le dedicó el domingo 4 de julio/2010, una “enjundiosa y amplia” carta-desafío bajo el titular “EL COMERCIO - pide suspender la propaganda injuriosa”.

Lo que si puedo -y debo- como ciudadano en pleno uso de sus facultades y derechos, es hacerme eco de alguna expresión del diario. Por ejemplo: “ha emprendido una campaña de desprestigio en contra de la prensa libre del Ecuador” le dicen al señor Alvarado y él sabrá como responde; pero en tan corta expresión hay dos afirmaciones dignas de analizarse:

La expresión “prensa libre del Ecuador” es un auto calificativo que desde hace mucho está cuestionado, cuando no desbaratado. En el mundo entero, la prensa sipiana goza de una indiscutida fama de parcializados, mentirosos, manipuladores y fascistoides. Solo por argumentar este criterio traigo a colación una frase que encuentro en el libro de José Peralta (el ideólogo del liberalismo radical de fines del 19 y comienzos del 20) “Eloy Alfaro y sus victimarios” edición especial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de febrero del 2008 (pag. 209 del capítulo VII Criminalidad y Premeditación) los siguientes párrafos:

ACUSAN A VICKY PELAEZ DE ESPIA RUSA

EEUU detiene 10 supuestos “espías rusos”, entre ellos, una periodista

La Periodista Vicky Peláez de orígen peruano, escribía para El Diario/La Prensa,

Caracas, 28 de junio de 2010 - La semana pasada, el Presidente Barack Obama compartía una típica comida “americana” con el Presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvedev. Entre hamburguesas y coca colas, los dos jefes de Estado sonreían y proclamaban su relación “estable” y “mejor que nunca”. Hasta Medvedev envió por Twitter las fotos de su agradable comida con su par estadounidense. No esperaba que días después, la Guerra Fría sería resucitada.


El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy la detención de 10 presuntos “espías rusos”, la mayoría de los cuales son estadounidenses acusados de recibir financiamiento del gobierno ruso para ejecutar operaciones de “inteligencia”. Su principal violación es de la ley FARA (Foreign Agent Registration Act – Ley de Registro de Agentes Extranjeros), que regula y monitorea todo ciudadano o residente estadounidense que recibe financiamiento de un gobierno extranjero para fines políticos o propagandísticos en el país.


Hasta el momento, los 10 detenidos no han sido acusados de espionaje, sino de haber “conspirado para actuar como agentes extranjeros sin estar registrados bajo la ley FARA”.


Entre los detenidos, hay una periodista de Nueva York, de orígen peruano. Vicky Peláez escribía para El Diario/La Prensa, el periódico en idioma español más leído en la Gran Manzana. Era una de pocos periodistas hispanos que criticaba las políticas de Washington hacia América Latina, y que buscaba balance en sus reportajes sobre Venezuela y otros países de la región que normalmente son muy criticados en la prensa estadounidense.


Hasta hoy, ninguna organización internacional que defiende a los periodistas y la libertad de expresión, como el Comité de Proteger a los Periodistas (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), o Reporteros sin Fronteras (RSF) ha declarado sobre su detención.


Peláez fue arrestada junto con su esposo, Juan Lázaro, nativo de Uruguay, el domingo en su casa en Yonkers, en las afueras de la ciudad de Nueva York. Según el Departamento de Justicia, Peláez es acusada de haber recibido dinero de un representante del gobierno ruso el 14 de enero del 2000, mientras estaba en un país de Sur América. Presuntamente, su esposo recibió otro paquete de dinero de un agente ruso el 25 de agosto de 2007. Según el expediente, “apenas días después de regresar a Nueva York, pagó casi 8 mil dólares en impuestos que debía” al gobierno estadounidense.


Entonces, ¿recibió dinero de Rusia para pagar sus impuestos en Estados Unidos?


El expediente entregado por el Departamento de Justicia revela que la sede de inteligencia rusa en Moscú había enviado un mensaje a dos de los detenidos. El mensaje decía que su misión principal era “buscar y desarrollar vínculos con los círculos políticos en EEUU”, y luego “enviar informes”.


¿Alto espionaje?


Agentes de la FBI detuvieron a Richard Murphy y Cynthia Murphy en su residencia en Montclair, Nueva Jersey el domingo pasado. También fueron arrestados Anna Chapman en Manhattan; Michael Zottoli y Patricia Mills en Arlington, Virginia; Mikhail Semenko en Alexandria, Virginia; y Donald Howard Heathfield y Tracey Lee Ann Foley en su casa en Boston. Están buscando un sospechoso adicional, Christopher R. Metsos, que parece haberse escapado.


Nueve de los 10 detenidos también fueron imputados por “lavado de dinero”.


La semana pasada, un documento publicado con financiamiento de una agencia estadounidense, National Endowment for Democracy (NED), reveló entre 40 a 50 millones de dólares en financiamiento a grupos políticos en Venezuela que se oponen al gobierno del Presidente Hugo Chávez. Según informes desclasificados desde el 2002, distintas agencias estadounidenses y europeas, como la USAID, NED, Freedom House, Departamento de Estado, Comisión Europea y otras, han financiado partidos y grupos políticos en Venezuela para “salir del gobierno de Chávez”, incluyendo un intento de golpe de Estado en abril 2002.


No obstante, cuando el gobierno venezolano ha acusado (y no arrestado) los grupos e individuos que reciben estos fondos, de ser “agentes extranjeros”, el gobierno estadounidense y las “defensoras” internacionales de derechos humanos lo acusan de ser “dictatorial”, “represor” y “violador” de los derechos básicos.


La semana pasada, el Presidente Evo Morales de Bolivia también acusó a la USAID de financiar actividades de desestabilización en su país, alertando a Washington que su agencia estatal podría ser expulsado del país andino.


En Cuba, Alan Gross, un empleado de una contratista de la USAID, Development Alternatives Inc (DAI), fue detenido en diciembre 2009 y acusado de espionaje y subversión. Traía equipos satelitales y de alta tecnología al país caribeño para ser entregados a grupos de la contrarrevolución.


En Venezuela, las agencias internacionales parecen estar involucradas en grandes redes de lavado de dinero, junto a sus “socios” venezolanos. Ingresan los millones de dólares en efectivo al país, sin fiscalizarlos, para evitar los controles sobre el cambio de moneda extranjera que existen en Venezuela para evitar actos ilícitos y fuga de capital.


Las leyes electorales en Venezuela prohiben el financiamiento externo a campañas políticas en el país. No obstante, Washington viola las mismas leyes que hace respetar en su propio territorio.

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