FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA ES NECESARIO INICIAR UN NUEVO CICLO DE LUCHAS SINDICALES
Declaración de Espacio Alternativo ante el 1º de Mayo
En primer lugar, desde Espacio Alternativo queremos saludar la victoria conseguida por los conductores de TMB en Barcelona, una lucha ejemplar llevada con una firmeza y una dignidad que nos recuerda los mejores momentos del movimiento obrero.
Este primero de Mayo tendrá lugar en un contexto difícil, cuando comienzan a soplar los vientos de una crisis del sector de la construcción y las finanzas cuyo alcance aún está por determinar. Los sectores sindicales más combativos, junto al movimiento ecologista y la izquierda social y política anticapitalista, venía avisando de las consecuencias del modelo de crecimiento económico desarrollado desde el primer gobierno Aznar. Un modelo de crecimiento basado en la construcción y en los bajos salarios, que ha supuesto el endeudamiento de muchos y unas ganancias espectaculares para una minoría –como la banca española- y que se había convertido en el negocio más rentable. Estas políticas neoliberales, en las que la desregulación financiera ha ocupado un lugar privilegiado, han generado una burbuja inmobiliaria y un verdadero desastre ambiental, fundamentalmente en el litoral. Ahora que la crisis se acerca y que el desempleo crece, necesitamos diseñar una respuesta rápida para que los efectos no vuelvan a recaer sobre las espaldas de los mismos de siempre.
La crisis será gestionada por un nuevo gobierno del PSOE, que está preparando ya una nueva contrarreforma laboral. Después de haber hecho algunos gestos hacia el movimiento social y haber sabido aplacar y cooptar al mundo del trabajo y a la juventud, Zapatero intentará dar una salida neoliberal a la actual situación, recortando derechos. Esto va a tener lugar en un contexto donde las políticas neoliberales no han permitido reequilibrar socialmente los réditos de ese crecimiento insostenible. De hecho, aparecen problemas ligados a la carestía de la vida en sectores muy golpeados por ella. Por su parte, el PP ha intentado rentabilizar la percepción de la crisis con una campaña xenófoba, distrayendo la atención social de los culpables de esta situación e intentado dividir aún más a una clase trabajadora que debe dar una respuesta firme y unitaria a los retos que afrontamos en este momento.
Esta situación viene ilustrada por algunos datos:
Entre 2001 y 2005, las 30 primeras multinacionales españolas han acumulado un beneficio empresarial de más de 100.000 millones de euros, con una tasa anual de beneficios en torno al 15%. Sin embargo, el salario medio real de los trabajadores perdió el 4% de su poder adquisitivo en la década que va desde 1995 a 2005. Esto ha supuesto que, mientras que en 1997 la participación de los asalariados en el PIB era del 49,7%, en 2006 había pasado a ser del 46,4%.
Como ejemplo de esta situación, en el mes de marzo se ha dado a conocer un informe de CCOO en el que se constata que el 89% de los jóvenes madrileños tiene salarios inferiores a los 1.000 euros. Datos oficiales de la Agencia Tributaria muestran que el 88,6% de los jóvenes cobran salarios inferiores a los 1.082 euros al mes. Lo más grave es que un 56% de los jóvenes cobra salarios inferiores al SMI (Salario Mínimo Interprofesional). Es decir, no cobran ni 600 euros al mes. Por otra parte, los titulados españoles tienen el dudoso honor de ser los profesionales peor pagados de la Unión Europea, sólo superados por sus homólogos checos. A esta situación hay que sumarle la temporalidad, que, a día de hoy, sigue siendo uno de los principales problemas laborales de la gente joven, ya que sólo el 47% de los trabajadores de entre 16 y 29 años posee un contrato indefinido.
Otro de los sectores sociales más afectados por la carestía de la vida son las mujeres. En 2005, en el Estado español, el empleo femenino era del 51,2% frente al 75,2% del masculino y, a su vez, la brecha salarial entre hombres y mujeres alcanza el 13%. El desempleo también afecta de manera desigual. En el caso del Estado español, afecta en un 5,2% más a las mujeres.
Por último, es necesario señalar la inaceptable penuria económica en la que viven la mayoría de los jubilados, dado lo exiguo de las actuales pensiones. Como dato ilustrativo de esta situación se puede señalar que los más de 4,7 millones de personas jubiladas que hay en España cobran una pensión media de poco más de 700 euros al mes. Los más de 2,1 millones de viudas y viudos cobran de la Seguridad Social menos de 500 euros de media al mes.
El problema de la vivienda es escandaloso. ¿Cómo explicarse que haya tanta gente que no puede acceder a una vivienda cuando éste es el lugar de Europa donde más se ha edificado en los últimos años? Desde luego, lo que se está demostrando es la falacia que supone la máxima neoliberal de que la necesidad de vivienda se arregla construyendo más viviendas. Lo que necesitamos no es construir más, sino repartir mejor. Un estudio realizado por el Consejo Económico y Social en relación a la emancipación de los jóvenes señala el acceso a la vivienda como explicación principal del retraso de la edad de emancipación, ya que supone que un joven tiene que invertir como media estatal el 53,7% de su salario para comprar una vivienda, cifra que se dispara en el caso de la comunidad de Madrid con un 70,06%, produciendo un endeudamiento enorme entre capas muy amplias de la población. Al constituir, hoy por hoy, el acceso a la vivienda un coste superior a la mitad de los ingresos, se convierte la necesidad de su mantenimiento en un arma de disciplina social y de dependencia sin igual. La docilidad ante el trabajo asalariado tiene uno de sus orígenes en el endeudamiento respecto a la vivienda y la obligación de afrontar la hipoteca mensual.
Frente a esto, el único responsable no es sólo un PSOE que ha gestionado el modelo heredado del PP sin rupturas y adaptándose a las lógicas exigidas por los mercados (por las clases dominantes, para no usar eufemismos), sino también las direcciones de unas organizaciones sindicales que no han estado a la altura de los retos. Por un lado, las organizaciones mayoritarias, CCOO y UGT, que después de la victoria de la última huelga general, cuando existían posibilidades de presionar por la izquierda para recuperar derechos, decidieron desmovilizar nuevamente a la clase trabajadora y volver a la concertación. Esta concertación está basada en una gestión antidemocrática -primero se firma y después se explica por qué- y está consolidando el giro a la derecha en la sociedad, en un momento en el que la izquierda y el mundo del trabajo deberían recuperar protagonismo mediante la movilización y el conflicto social. Seguramente, eso sería un peligro para una burocracia que se ha consolidado y que ha ido estrechando lazos y negocios con el Estado frente a una posible reactivación y giro a la izquierda de las bases sindicales. En el próximo ciclo sería muy negativo que las direcciones de esas centrales sindicales aceptaran el chantaje de la patronal y del gobierno, que pedirán congelación salarial a cambio de empleo, cuando la crisis debería recaer sobre las espaldas de los que se han beneficiado de ella y la han ocasionado.
Por otro lado, las pequeñas centrales de la izquierda sindical no han generado dinámicas lo suficientemente unitarias para acumular fuerzas que permitan conseguir victorias, por muy pequeñas que sean. Y este es el gran reto en estos momentos. Luchas como la de la limpieza del metro de Madrid o la de TMB muestran al conjunto de los trabajadores que la unidad y la firmeza, que la solidaridad y la combatividad, que la acción y la democracia directas… dan resultados. Sigamos apoyando todas las luchas que se den de manera democrática y combativa. Consigamos que los trabajadores hagan suyo este momento, para que no lo sea ni del gobierno ni de la patronal. ¡Que la crisis la paguen los ricos!
En este primero de Mayo también queremos trasladar al conjunto del movimiento algunas propuestas y reivindicaciones coherentes que nos pueden permitir devolver fuerzas al mundo del trabajo.
1) Por el acceso a un trabajo digno, estable y con derechos
Según datos de Eurostat, la jornada semanal media de los empleados a tiempo completo en 2006, medida en horas realmente trabajadas, seguía siendo en el Estado español igual que en 1990: 42,3 horas semanales. Sin embargo, la productividad laboral (PIB por hora trabajada) se ha incrementado durante este periodo casi un 20%. Eso quiere decir que el incremento de la productividad laboral, aunque débil, no se ha puesto al servicio de mejores condiciones laborales –como podría ser el incremento de los salarios y la reducción de la jornada laboral– sino que ha ido a parar casi íntegramente al incremento de los beneficios empresariales y de los grandes accionistas. Por todo ello debemos impulsar huelgas por aumentos salariales y exigir la reducción de la jornada laboral a 35 (con la perspectiva de bajar a 32) horas semanales sin reducción de salario y la prohibición por ley de las horas extras.
Por otro lado, es vital detener la oleada de deslocalizaciones que está destruyendo nuestro tejido industrial. Preparemos una ILP contra ellas.
En los últimos años, en un intento de rebajar los costes laborales y de domesticar a los trabajadores, la patronal ha conseguido, favorecida por los cambios legislativos, que muchos trabajadores dejen de estar sujetos al régimen general de la Seguridad Social y tengan que convertirse en falsos autónomos, ahorrando en vacaciones, cotizaciones, enfermedades… y facilitando y utilizando el despido como arma dentro de la empresa. En este sentido, hay que cambiar la ley para que desaparezca la posibilidad de convertir a los asalariados en falsos autónomos y combatir esta práctica que se impone poco a poco en múltiples sectores.
Por una ILP que nos permita que, en caso de despido improcedente, sea el trabajador quien elija la readmisión. Esta forma de despido se está utilizando para limpiar las empresas de trabajadores conflictivos.
2) Todo sube, salvo los salarios…
¿Contención salarial o contención de los beneficios empresariales?
Para contrarrestar estas tendencias regresivas, defendemos un incremento anual del Salario Mínimo Interprofesional hasta que alcance los 1.200 euros netos al final de esta legislatura y luchamos por un incremento de 300 euros al mes de todos los salarios inferiores a 30.000 euros anuales. Una auténtica política de izquierdas debe preocuparse de mejorar la situación de los asalariados con rentas más bajas, en particular la juventud, las mujeres y los inmigrantes.
3) Reforma fiscal y reparto de la riqueza
La reducción de los ingresos fiscales constituye la coartada para la degradación de los servicios públicos y de las prestaciones sociales y un pretexto para su privatización. Hay que tener presente que gran parte del excedente de riqueza está acabando en manos de especuladores improductivos (inversores institucionales, sistema bancario y de seguros, capital inmobiliario, accionistas oportunistas, etc…) que disfrutan de regímenes fiscales sensiblemente inferiores al propio impuesto de sociedades (el 35%), o que sitúan sus sedes en zonas prácticamente libres de impuestos, como los denominados “paraísos fiscales”. Exijamos que el dinero necesario para llevar a cabo las medidas que aquí proponemos salga de los bolsillos de los especuladores financieros e inmobiliarios que se enriquecen a costa nuestra. En suma, es necesaria una reforma fiscal regida por los siguientes objetivos:
a) Lucha contra el fraude fiscal. Mayor inspección.
b) Incremento de los tipos impositivos de impuestos directos progresivos (Impuesto sobre la Renta) en los tramos superiores.
c) Equiparación de los impuestos al capital mobiliario (sobre dividendos) al impuesto de sociedades.
d) Instauración de un impuesto sobre las grandes fortunas y sucesiones que gravaría las sucesiones a partir de cierta cifra y el patrimonio.
e) Reducción sustancial del IVA, especialmente para bienes de primera necesidad, en un nivel inferior al vigente.
4) Por los bienes comunes y contra la privatización del mundo: defendamos y mejoremos los servicios públicos y la protección social.
Hay que tener muy claro que las empresas privadas se rigen por la lógica del máximo beneficio, mientras que el servicio público se rige por el principio de satisfacer las necesidades básicas de la población. De ahí que debamos rechazar frontalmente que servicios de titularidad pública sean gestionados por empresas privadas, ya que sus fines son contradictorios y sus lógicas incompatibles. Además, para un sector importante de la clase trabajadora, es posible ver en términos reales en qué se han convertido las promesas de mejora de servicios y de reducción de precios en aquellos sectores que se iban a privatizar, tanto por los gobiernos del PSOE como del PP. En sectores como el agua o la energía las bajadas de precios no han sido reales y sólo la intervención estatal ha impedido que los nuevos monopolios u oligopolios privados eleven más sus beneficios, subiendo sus precios y ahogando a los consumidores. En otros temas como la educación y la sanidad, podemos ver como en lugares donde la privatización avanza muy rápido, ya sea Madrid o Valencia, la sanidad y la educación públicas empiezan a ser enterradas en un hoyo del que será muy difícil sacarlas, dando como única salida a los usuarios la apuesta por la privada, previo pago. En el caso de los médicos de las urgencias del Severo Ochoa, el gobierno de Esperanza Aguirre cargó contra ellos para levantar una cortina de humo que hiciera invisible la situación a la que ha llevado a la sanidad pública en esa comunidad autónoma.
Por ello exigimos:
a) La congelación de todos los planes en curso de privatización de empresas y servicios públicos y la renacionalización bajo control democrático de l@s usuari@s y l@s trabajador@s de los que ya han sido privatizados.
b) La prohibición de las subvenciones a las clínicas privadas.
c) La prohibición de las subvenciones a la enseñanza privada y concertada.
d) Gratuidad de los estudios universitarios y el rechazo al llamado Plan Bolonia.
1 de Mayo de 2008
www.espacioalternativo.org
Declaración de Espacio Alternativo ante el 1º de Mayo
En primer lugar, desde Espacio Alternativo queremos saludar la victoria conseguida por los conductores de TMB en Barcelona, una lucha ejemplar llevada con una firmeza y una dignidad que nos recuerda los mejores momentos del movimiento obrero.
Este primero de Mayo tendrá lugar en un contexto difícil, cuando comienzan a soplar los vientos de una crisis del sector de la construcción y las finanzas cuyo alcance aún está por determinar. Los sectores sindicales más combativos, junto al movimiento ecologista y la izquierda social y política anticapitalista, venía avisando de las consecuencias del modelo de crecimiento económico desarrollado desde el primer gobierno Aznar. Un modelo de crecimiento basado en la construcción y en los bajos salarios, que ha supuesto el endeudamiento de muchos y unas ganancias espectaculares para una minoría –como la banca española- y que se había convertido en el negocio más rentable. Estas políticas neoliberales, en las que la desregulación financiera ha ocupado un lugar privilegiado, han generado una burbuja inmobiliaria y un verdadero desastre ambiental, fundamentalmente en el litoral. Ahora que la crisis se acerca y que el desempleo crece, necesitamos diseñar una respuesta rápida para que los efectos no vuelvan a recaer sobre las espaldas de los mismos de siempre.
La crisis será gestionada por un nuevo gobierno del PSOE, que está preparando ya una nueva contrarreforma laboral. Después de haber hecho algunos gestos hacia el movimiento social y haber sabido aplacar y cooptar al mundo del trabajo y a la juventud, Zapatero intentará dar una salida neoliberal a la actual situación, recortando derechos. Esto va a tener lugar en un contexto donde las políticas neoliberales no han permitido reequilibrar socialmente los réditos de ese crecimiento insostenible. De hecho, aparecen problemas ligados a la carestía de la vida en sectores muy golpeados por ella. Por su parte, el PP ha intentado rentabilizar la percepción de la crisis con una campaña xenófoba, distrayendo la atención social de los culpables de esta situación e intentado dividir aún más a una clase trabajadora que debe dar una respuesta firme y unitaria a los retos que afrontamos en este momento.
Esta situación viene ilustrada por algunos datos:
Entre 2001 y 2005, las 30 primeras multinacionales españolas han acumulado un beneficio empresarial de más de 100.000 millones de euros, con una tasa anual de beneficios en torno al 15%. Sin embargo, el salario medio real de los trabajadores perdió el 4% de su poder adquisitivo en la década que va desde 1995 a 2005. Esto ha supuesto que, mientras que en 1997 la participación de los asalariados en el PIB era del 49,7%, en 2006 había pasado a ser del 46,4%.
Como ejemplo de esta situación, en el mes de marzo se ha dado a conocer un informe de CCOO en el que se constata que el 89% de los jóvenes madrileños tiene salarios inferiores a los 1.000 euros. Datos oficiales de la Agencia Tributaria muestran que el 88,6% de los jóvenes cobran salarios inferiores a los 1.082 euros al mes. Lo más grave es que un 56% de los jóvenes cobra salarios inferiores al SMI (Salario Mínimo Interprofesional). Es decir, no cobran ni 600 euros al mes. Por otra parte, los titulados españoles tienen el dudoso honor de ser los profesionales peor pagados de la Unión Europea, sólo superados por sus homólogos checos. A esta situación hay que sumarle la temporalidad, que, a día de hoy, sigue siendo uno de los principales problemas laborales de la gente joven, ya que sólo el 47% de los trabajadores de entre 16 y 29 años posee un contrato indefinido.
Otro de los sectores sociales más afectados por la carestía de la vida son las mujeres. En 2005, en el Estado español, el empleo femenino era del 51,2% frente al 75,2% del masculino y, a su vez, la brecha salarial entre hombres y mujeres alcanza el 13%. El desempleo también afecta de manera desigual. En el caso del Estado español, afecta en un 5,2% más a las mujeres.
Por último, es necesario señalar la inaceptable penuria económica en la que viven la mayoría de los jubilados, dado lo exiguo de las actuales pensiones. Como dato ilustrativo de esta situación se puede señalar que los más de 4,7 millones de personas jubiladas que hay en España cobran una pensión media de poco más de 700 euros al mes. Los más de 2,1 millones de viudas y viudos cobran de la Seguridad Social menos de 500 euros de media al mes.
El problema de la vivienda es escandaloso. ¿Cómo explicarse que haya tanta gente que no puede acceder a una vivienda cuando éste es el lugar de Europa donde más se ha edificado en los últimos años? Desde luego, lo que se está demostrando es la falacia que supone la máxima neoliberal de que la necesidad de vivienda se arregla construyendo más viviendas. Lo que necesitamos no es construir más, sino repartir mejor. Un estudio realizado por el Consejo Económico y Social en relación a la emancipación de los jóvenes señala el acceso a la vivienda como explicación principal del retraso de la edad de emancipación, ya que supone que un joven tiene que invertir como media estatal el 53,7% de su salario para comprar una vivienda, cifra que se dispara en el caso de la comunidad de Madrid con un 70,06%, produciendo un endeudamiento enorme entre capas muy amplias de la población. Al constituir, hoy por hoy, el acceso a la vivienda un coste superior a la mitad de los ingresos, se convierte la necesidad de su mantenimiento en un arma de disciplina social y de dependencia sin igual. La docilidad ante el trabajo asalariado tiene uno de sus orígenes en el endeudamiento respecto a la vivienda y la obligación de afrontar la hipoteca mensual.
Frente a esto, el único responsable no es sólo un PSOE que ha gestionado el modelo heredado del PP sin rupturas y adaptándose a las lógicas exigidas por los mercados (por las clases dominantes, para no usar eufemismos), sino también las direcciones de unas organizaciones sindicales que no han estado a la altura de los retos. Por un lado, las organizaciones mayoritarias, CCOO y UGT, que después de la victoria de la última huelga general, cuando existían posibilidades de presionar por la izquierda para recuperar derechos, decidieron desmovilizar nuevamente a la clase trabajadora y volver a la concertación. Esta concertación está basada en una gestión antidemocrática -primero se firma y después se explica por qué- y está consolidando el giro a la derecha en la sociedad, en un momento en el que la izquierda y el mundo del trabajo deberían recuperar protagonismo mediante la movilización y el conflicto social. Seguramente, eso sería un peligro para una burocracia que se ha consolidado y que ha ido estrechando lazos y negocios con el Estado frente a una posible reactivación y giro a la izquierda de las bases sindicales. En el próximo ciclo sería muy negativo que las direcciones de esas centrales sindicales aceptaran el chantaje de la patronal y del gobierno, que pedirán congelación salarial a cambio de empleo, cuando la crisis debería recaer sobre las espaldas de los que se han beneficiado de ella y la han ocasionado.
Por otro lado, las pequeñas centrales de la izquierda sindical no han generado dinámicas lo suficientemente unitarias para acumular fuerzas que permitan conseguir victorias, por muy pequeñas que sean. Y este es el gran reto en estos momentos. Luchas como la de la limpieza del metro de Madrid o la de TMB muestran al conjunto de los trabajadores que la unidad y la firmeza, que la solidaridad y la combatividad, que la acción y la democracia directas… dan resultados. Sigamos apoyando todas las luchas que se den de manera democrática y combativa. Consigamos que los trabajadores hagan suyo este momento, para que no lo sea ni del gobierno ni de la patronal. ¡Que la crisis la paguen los ricos!
En este primero de Mayo también queremos trasladar al conjunto del movimiento algunas propuestas y reivindicaciones coherentes que nos pueden permitir devolver fuerzas al mundo del trabajo.
1) Por el acceso a un trabajo digno, estable y con derechos
Según datos de Eurostat, la jornada semanal media de los empleados a tiempo completo en 2006, medida en horas realmente trabajadas, seguía siendo en el Estado español igual que en 1990: 42,3 horas semanales. Sin embargo, la productividad laboral (PIB por hora trabajada) se ha incrementado durante este periodo casi un 20%. Eso quiere decir que el incremento de la productividad laboral, aunque débil, no se ha puesto al servicio de mejores condiciones laborales –como podría ser el incremento de los salarios y la reducción de la jornada laboral– sino que ha ido a parar casi íntegramente al incremento de los beneficios empresariales y de los grandes accionistas. Por todo ello debemos impulsar huelgas por aumentos salariales y exigir la reducción de la jornada laboral a 35 (con la perspectiva de bajar a 32) horas semanales sin reducción de salario y la prohibición por ley de las horas extras.
Por otro lado, es vital detener la oleada de deslocalizaciones que está destruyendo nuestro tejido industrial. Preparemos una ILP contra ellas.
En los últimos años, en un intento de rebajar los costes laborales y de domesticar a los trabajadores, la patronal ha conseguido, favorecida por los cambios legislativos, que muchos trabajadores dejen de estar sujetos al régimen general de la Seguridad Social y tengan que convertirse en falsos autónomos, ahorrando en vacaciones, cotizaciones, enfermedades… y facilitando y utilizando el despido como arma dentro de la empresa. En este sentido, hay que cambiar la ley para que desaparezca la posibilidad de convertir a los asalariados en falsos autónomos y combatir esta práctica que se impone poco a poco en múltiples sectores.
Por una ILP que nos permita que, en caso de despido improcedente, sea el trabajador quien elija la readmisión. Esta forma de despido se está utilizando para limpiar las empresas de trabajadores conflictivos.
2) Todo sube, salvo los salarios…
¿Contención salarial o contención de los beneficios empresariales?
Para contrarrestar estas tendencias regresivas, defendemos un incremento anual del Salario Mínimo Interprofesional hasta que alcance los 1.200 euros netos al final de esta legislatura y luchamos por un incremento de 300 euros al mes de todos los salarios inferiores a 30.000 euros anuales. Una auténtica política de izquierdas debe preocuparse de mejorar la situación de los asalariados con rentas más bajas, en particular la juventud, las mujeres y los inmigrantes.
3) Reforma fiscal y reparto de la riqueza
La reducción de los ingresos fiscales constituye la coartada para la degradación de los servicios públicos y de las prestaciones sociales y un pretexto para su privatización. Hay que tener presente que gran parte del excedente de riqueza está acabando en manos de especuladores improductivos (inversores institucionales, sistema bancario y de seguros, capital inmobiliario, accionistas oportunistas, etc…) que disfrutan de regímenes fiscales sensiblemente inferiores al propio impuesto de sociedades (el 35%), o que sitúan sus sedes en zonas prácticamente libres de impuestos, como los denominados “paraísos fiscales”. Exijamos que el dinero necesario para llevar a cabo las medidas que aquí proponemos salga de los bolsillos de los especuladores financieros e inmobiliarios que se enriquecen a costa nuestra. En suma, es necesaria una reforma fiscal regida por los siguientes objetivos:
a) Lucha contra el fraude fiscal. Mayor inspección.
b) Incremento de los tipos impositivos de impuestos directos progresivos (Impuesto sobre la Renta) en los tramos superiores.
c) Equiparación de los impuestos al capital mobiliario (sobre dividendos) al impuesto de sociedades.
d) Instauración de un impuesto sobre las grandes fortunas y sucesiones que gravaría las sucesiones a partir de cierta cifra y el patrimonio.
e) Reducción sustancial del IVA, especialmente para bienes de primera necesidad, en un nivel inferior al vigente.
4) Por los bienes comunes y contra la privatización del mundo: defendamos y mejoremos los servicios públicos y la protección social.
Hay que tener muy claro que las empresas privadas se rigen por la lógica del máximo beneficio, mientras que el servicio público se rige por el principio de satisfacer las necesidades básicas de la población. De ahí que debamos rechazar frontalmente que servicios de titularidad pública sean gestionados por empresas privadas, ya que sus fines son contradictorios y sus lógicas incompatibles. Además, para un sector importante de la clase trabajadora, es posible ver en términos reales en qué se han convertido las promesas de mejora de servicios y de reducción de precios en aquellos sectores que se iban a privatizar, tanto por los gobiernos del PSOE como del PP. En sectores como el agua o la energía las bajadas de precios no han sido reales y sólo la intervención estatal ha impedido que los nuevos monopolios u oligopolios privados eleven más sus beneficios, subiendo sus precios y ahogando a los consumidores. En otros temas como la educación y la sanidad, podemos ver como en lugares donde la privatización avanza muy rápido, ya sea Madrid o Valencia, la sanidad y la educación públicas empiezan a ser enterradas en un hoyo del que será muy difícil sacarlas, dando como única salida a los usuarios la apuesta por la privada, previo pago. En el caso de los médicos de las urgencias del Severo Ochoa, el gobierno de Esperanza Aguirre cargó contra ellos para levantar una cortina de humo que hiciera invisible la situación a la que ha llevado a la sanidad pública en esa comunidad autónoma.
Por ello exigimos:
a) La congelación de todos los planes en curso de privatización de empresas y servicios públicos y la renacionalización bajo control democrático de l@s usuari@s y l@s trabajador@s de los que ya han sido privatizados.
b) La prohibición de las subvenciones a las clínicas privadas.
c) La prohibición de las subvenciones a la enseñanza privada y concertada.
d) Gratuidad de los estudios universitarios y el rechazo al llamado Plan Bolonia.
1 de Mayo de 2008
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