jueves, 26 de marzo de 2009

SABIAS PALABRAS

" Pienso que las instituciones bancarias son mas peligrosas para nuestras libertades, que ejercitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que floreceran en torno a los bancos, privaran a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron"

Thomas Jefferson, 1802


miércoles, 25 de marzo de 2009

ANTICAPITALISTAS: ORGANIZACIONES POLITICAS Y SOCIALES DE CHILE CONVOCAN A UN AMPLIADO PARA LOS DIAS 4 Y 5 de ABRIL


Está en el aire como una urgencia antigua. De ella se habla en medio de las marchas, de la huelga, de las tomas, en los muros de las poblaciones, en las fábricas, se rumorea en las oficinas, en las plazas populares, en las reuniones de distinto signo, se fundamenta en los liceos y universidades. Lo dicen los trabajadores, la militancia popular, los pueblos en lucha. La unidad de las múltiples iniciativas anticapitalistas es un compromiso, una exigencia histórica y una necesidad a gritos cuando la crisis mundial gatillada en el corazón del imperialismo castiga violentamente a los trabajadores y los pueblos en el mundo, Latinoamérica y en Chile.El 31 de enero de 2009, respondiendo a este clamor, un conjunto de organizaciones decidimos convocarnos con visión unitaria y una larga práctica de lucha político social contra el capital y sus expresiones. La voluntad y el convencimiento honesto de la unidad necesaria motivaron a todos y cada uno de los concurrentes de esta primera convención. Desde el origen se planteó la construcción de un nuevo proyecto político que permita coordinar las luchas por las demandas inmediatas en perspectivas de disputarle el poder a la minoría oligárquica; y arrancando de la memoria de las tantas luchas que abundan en la historia chilena, como materia profunda para encarar los desafíos del siglo XXI. Aspiramos a constituir la fuerza destinada a suprimir toda forma de dominación capitalista. Rechazamos cualquier acuerdo político con la derecha o la Concertación, desde la independencia política de la clase trabajadora, porque ambas componendas son expresiones de los intereses de la minoría que administra el poder a favor de un puñado de privilegiados que dominan a las grandes mayorías a costa de la explotación y mala vida de los trabajadores y los pueblos. Esta nueva formación unitaria tendrá un carácter federativo y será una alianza política para las transformaciones sociales. El objetivo es la conquista política de los pueblos para instaurar una sociedad sin clases, solidaria, igualitaria, libertaria y liberadora. El poder popular será nuestro eje de construcción, entendido en su sentido amplio de bregar porque los pueblos recuperen el protagonismo de los procesos políticos. Descartamos el apoyo electoral a las fuerzas que son el sostén político del sistema de dominación, así como a los partidos que tengan acuerdos electorales o tácticos con la Concertación.En el proceso de acumulación de fuerza una multiplicidad de formas de lucha serán impulsadas, siendo lo electoral un elemento que debe discutirse ampliamente y de acuerdo a los contextos pertinentes, y que puede manifestarse de variadas formas; ya sea a través de un instrumento legalizado o con candidaturas autónomas o candidaturas levantadas por organizaciones sociales, y de ser necesario, con campañas de abstención y/o voto nulo.
Nos comprometemos a poner nuestros empeños en este proceso para la creación de un instrumento político federativo, amplio, con voluntad de mayorías y ética revolucionaria.La nueva fuerza será anticapitalista, antiimperialista, internacionalista y latinoamericanista. Cobrará identidad y radicalidad, y perseguirá la agrupación de los pueblos indígenas en lucha, el ambientalismo anticapitalista, el feminismo de clase y el conjunto organizaciones reales cuyas demandas sustantivas sean antagónicas al modelo de dominación.En el marco contextual de la crisis económica planetaria en curso del capitalismo, la convergencia es una necesidad y una oportunidad para los intereses emancipatorios de los trabajadores y los pueblos, para los de abajo.
Resulta perentorio construir un pliego de los pueblos, programa o plataforma de lucha y mediante los medios más democráticos, incluso a través de una consulta. Y urge un plan de acción para enfrentar la crisis.
Empezaremos desde ya a solidarizarnos mancomunadamente con las distintas luchas agrupadas, y procurar la reunión de las distintas iniciativas por la base. Iniciaremos una activa participación en todo proceso electoral de carácter social, ya sea poblacional, sindical, estudiantil, que nos permita entregar nuestros planteamientos e impulsar la práctica revolucionaria.Convinimos en que la reunión efectuada fue un primer paso y que es preciso que una nueva convocatoria amplíe la fuerza hacia empeños hermanos que no participaron en el primer encuentro. Por tanto, convocamos a una nuevo Ampliado para el 4 de abril de 2009 donde se elaborará colectivamente el programa, pliego del pueblo o plataforma de lucha, y se redactará entre todos un manifiesto fundacional. Esperamos que las propuestas sobre los contenidos del manifiesto y los elementos programáticos que cada cual aporte puedan socializarse lo antes posible para preparar los debates. Convocamos a todos los que estén de acuerdo con lo expuesto a sumarse, y a organizar instancias comunales y regionales, para darle fuerza desde abajo, y poder crear una instancia federativa de carácter nacional.Todos convinimos en cuidar con generosidad y estatura política el continente unitario recién amanecido.

Hasta ahora las organizaciones convocantes son las siguientes:
Andha Chile a Luchar,Cabildo de organizaciones de Maipú,Casa de la Identidad de Cerro Navia,Comité de Solidaridad Latinoamericana (Rancagua),Comprando Juntos de Maipú,Consejo Nacional de Comités Comunistas,Colectivo Andamios,Coordinadora de Colectivos MAPU RM,Frente Amplio de Trabajadores,Fuerza Revolucionaria-Izquierda Comunista,Movimiento de los Pueblos,Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR),Movimiento Pobladores en Lucha (MPL),Movimiento por la Asamblea del Pueblo (MAP),Los Hijos de Mafalda,Parque Cultural Valparaíso,Partido de los Trabajadores (PT),Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT),Polo Izquierdo de la Memoria,Revista Punto Suspensivo,Revolución Proletaria,Socialistas como Allende,SOL-PP

Fuente: Kaosenlaredchile

sábado, 21 de marzo de 2009

En Chile la economía se desploma y el anticapitalismo vuelve por sus fueros



Andrés Figueroa Cornejo (especial para Argenpress.info)


1. El Fondo Monetario Internacional –maldición de los pueblos, enemigo acérrimo de la regulación económica y titán de los ajustes estructurales antisociales- aseguró que el crecimiento global el 2009 será de -0,6 %. Mientras tanto, Latin American Consensus Forescast apostó a que la actividad económica del Continente caería un 0,7 % el 2009: México rendiría un -2,8 %; Ecuador un -2,3 %; Argentina un -0,7 %; y Brasil un -0,1 %. Chile se quedaría con un crecimiento nulo (0%). El Banco Central del país habla de un 0,2 %. Otra victoria moral para los defensores, intelectuales orgánicos y propagandistas chilenos del modelo respecto de los efectos trágicos de la crisis capitalista mundial en curso.

2. En la India, la Presidenta Bachelet (popular como individua y desastre en materias gubernamentales según las encuestas) afirmó que la crisis económica hay que enfrentarla rompiendo el proteccionismo y globalizando los mercados. Bachelet indicó que “para Chile la respuesta a la crisis está en intensificar la liberalización y profundizar los instrumentos económico-comerciales.” Naturalmente el líder del gremio patronal chileno, la Confederación de la Producción y el Comercio, Rafael Guilisasti, y el máximo dirigente de la Cámara de Comercio de Chile, Hernán Somerville, aplaudieron las palabras de la mandataria.. El desmantelamiento de las parciales medidas proteccionistas en Chile y el aperturismo económico extremo y asimétrico a través de los Tratados de Libre Comercio impuestos, primero durante la dictadura y luego profundizados por los gobiernos civiles de la Concertación, destruyeron la industria productiva nacional, la inicial política de sustitución de importaciones y acentuaron la dependencia del país en relación a los países capitalistas centrales, condenando a Chile a la exportación primaria de cobre, madera y productos del mar, de acuerdo a la división internacional del trabajo organizada por el imperialismo. Por eso en el país aproximadamente un 70 % de la fuerza laboral vende algo, o su quehacer está ligado a la venta de algo. Pero eso no es todo. En Nueva Delphi, Bachelet aseguró que la crisis es “de origen netamente financiero”. En este sentido, el profesor argentino de Ciencias Económicas, Fernando Azcurra, señala que “En cuanto a la “burbuja” no se puede disminuir la importancia de la forma ficticia del capital dinerario y su monstruosa expansión. Esto es una realidad, el capital financiero se ha autonomizado de tal forma que dependiendo para su existencia y movimientos especulativos del capital industria/comercial (lo que denominan “economía real”) no obstante los ha puesto bajo sus órdenes y les dicta su comportamiento económico desde lo financiero. (…) No se trata ahora de que lo financiero sea sólo un detonante; es el campus mismo de la explosión y contiene como su sostén y portador a la economía “real” que también acusa el impacto. Quiero decir: no hay una economía monetaria y una economía real como afirman los ortodoxos. La economía capitalista es una sola.” En buenas cuentas, la hegemonía del capital financiero, claramente declarada desde los 70 del siglo pasado, es la manera propia, consustancial, que adquiere el patrón de acumulación capitalista en el actual período. El mantenimiento y amplificación de la tasa de ganancia de la minoría burguesa mundial, ha recurrido y recurre al negocio del crédito y la expansión planetaria del capital ficticio como desenvolvimiento autónomo de la ganancia para abultar sus privilegios ante sus consecutivas crisis de sobreproducción. Entonces cuando se afirma que la crisis mundial es “netamente de origen financiero”, los trabajadores y el pueblo deben entender que la crisis es “netamente de origen capitalista” y que, por tanto, su superación considera la construcción de una nueva sociedad, fundada en la superación de la contradicción entre la producción social de la riqueza y su apropiación privada, esto es, en la edificación de una genuina sociedad socialista donde los patrones y la propiedad privada de los medios de reproducción de la vida sean parte del museo de la historia humana.

3. La unidad de análisis de la revista The Economist proyectó un deterioro general de las cifras para la economía. La publicación notificó que la tasa de desempleo en Chile llegará a un 11,4 % el 2010. Para el 2009, la unidad analítica proyectó una caída de un 14,4 % en la inversión, un 7 % en las exportaciones de bienes y servicios, y una de 11,7 % en las importaciones. Y lo anterior –a contrapelo de lo sentenciado por Bachelet en la India- producto de que Chile tiene “una economía abierta y dadas las proyecciones del gran deterioro del comercio mundial y los flujos de inversión en 2009-2010, hemos debido corregir a la baja nuestras estimaciones.”

4. En las ciudades de Arica, Copiapó, Valparaíso, Santiago, Concepción, Puerto Montt, Talcahuano, Lota y Coronel ya han cerrado sus puertas 450 locales comerciales debido al alto desempleo. En rigor, la patronal Confederación Nacional de Comercio Detallista y Turismo informó que las ventas se han desplomado, según cada ciudad, de un 8 % a un 30 %. Por otra parte, la empresa procesadora de carne de cerdo Friosa –de propiedad argentina- ya ha cerrado 2 de sus planteles, dejando en la calle a 420 trabajadores. Asimismo, fue clausurada la planta maderera Las Cañas de la Compañía de Maderas, Papeles y Cartones en Constitución, donde fueron despedidos 336 obreros, como efecto de la contracción de demanda de un 12 % por parte de Estados Unidos y Japón. En materia de ventas automovilísticas, el período enero-febrero de 2009 respecto de los mismos meses del año pasado, se derrumbó en un 55 %. Los niveles de confianza del empresariado (Imce) se han desplomado en el Comercio en un 39,4 %; Construcción un 20 %; Industria un 31,8 %; y Minería un 62,6 %. También cayó el indicador de solvencia de las 200 mayores empresas en prácticamente, un 30 %.

5. En lo que va del año, el Banco Central acumula un recorte de 600 puntos base de la tasa de interés de política monetaria (TPM) como medida contracíclica y señal obligada para que la banca privada transfiera la baja a los créditos a las personas y las empresas. Y en efecto, las 5 plazas que concentran la mayoría del mercado del préstamo han disminuido en promedio –según sus propias fuentes- un 11 % del costo de créditos de consumo; un 10 % en el área hipotecaria; mientras para las pequeñas y medianas empresas las cifras son más opacas. Sin embargo, pese a bajar los intereses, la banca mantiene incólume los altos requerimientos ligados al riesgo para prestar dinero. En resumen, las medidas del Banco Central nuevamente chocan contra las políticas corporativas antipopulares del negocio bursátil en Chile. Con uñas y dientes la banca cautela sus ganancias, en tanto despide trabajadores y, en los hechos, bloquea los créditos y los intentos del gobierno de paliar la cesantía creciente y tratar de dinamizar la economía por estos medios. Al respecto, la banca sintetiza paradigmáticamente la naturaleza inhumana del capital y su voracidad ilimitada.

6. Tanto la patronal gremializada, como el Ministerio de Hacienda (valga la redundancia), coinciden en la implementación del llamado “Plan de Estímulo Fiscal”. Con el fin de amortiguar el desempleo galopante (factor desestabilizador de la paz social necesaria para la reproducción del capital y las utilidades para la fracción minoritaria que domina), el bloque en el poder ha convenido subsidiar con recursos estatales a la clase propietaria empresarial mediante créditos, compra de acciones, y regalías para los patrones que despidan menos trabajadores. A ello se agrega uno que otro bono “helicóptero” directo a las personas para comprar un litro más de gas o parafina en invierno y capear algunos viajes en el Transantiago cuyo precio por pasaje aumenta paulatinamente, “para que no se note”. Sin embargo, el Presidente de la máxima autoridad patronal, la CPC, Rafael Guilisasti, además de negar la posibilidad de rebajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que alcanza un 19 % sobre todas las mercancías que compra la gente de a pie, enfatizó que “No nos vamos a salvar de altas tasas de desempleo, de ajustes económicos o de fusión de empresas.” En la práctica, los empleadores están reduciendo sueldos, suspendiendo contratos y “pactando” jornadas con los trabajadores. El pacto social vitoreado por el gobierno y los patrones no es más que un recurso literario que oculta sin éxito el programa tradicional de la burguesía contra el pueblo trabajador en tiempos de crisis capitalista.

7. El 19 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Educación que, en la práctica, además de promover cosméticas supervisiones estatales al negocio de la educación particular subvencionada por el Fisco (que representa casi el 50 % del sistema escolar chileno), mantiene intacta la irresponsabilidad histórica originada en el régimen militar respecto de la descalcificación y privatización de una educación pública universal, laica, gratuita e integral. Ahora la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de Pinochet se llama LGE. Todavía tiene que pasar a la Cámara Alta, pero el acuerdo entre la Alianza por Chile y la Concertación ya es un hecho. La “revolución pinguina” gatilló en la calle la denuncia de una educación de clase y que sólo persigue la proletarización “cualificada” de los márgenes más pobres de los niños y jóvenes del país, su funcionalidad a los intereses de la clase dominante y sus empresas, y la destrucción definitiva de la enseñanza como medio de movilidad social. Pero por abajo, los estudiantes y muchos educadores no duermen.

8. El desgaste, desprestigio popular y ausencia de sentido de la componenda en el gobierno desde hace 18 años; la crisis capitalista; las elecciones presidenciales y parlamentarias de fin de 2009; y la ofensiva de la derecha histórica, son algunas variables que podrían explicar el reordenamiento general de las fuerzas políticas que, en conjunto, reflejan los intereses de las fracciones de clase realmente existentes en Chile. Es así como el candidato de la burguesía más violenta, ortodoxa y conservadora culturalmente, el empresario Sebastián Piñera, debe conceder, por un lado, bajo las presiones de la fascista Unión Demócrata Independiente (UDI) que un pinochetista de talla mayor, como Jovino Novoa presida la Cámara Alta; mientras, por otra parte, ofrece medidas populistas y mucho más mediáticas que fundamentadas para encarar la crisis económica. Al respecto, ex dirigentes de la Concertación, como uno de los líderes de Chile Primero, Jorge Schaulson, ya se ha declarado “piñerista”, en tanto el Partido Regionalista Independiente (PRI) del ex demócratacristiano Adolfo Zaldívar, continúa flirteando con el conglomerado ultraderechista. Por su ladera, la Concertación se bate en reyertas intestinas, procurando atar desesperadamente sus desprendimientos. Ya se fue el senador socialista Alejandro Navarro, el diputado Marcos Enríquez-Ominami sostiene su pre candidatura presidencial más allá de las amenazas de la dirección de su Partido Socialista, y el pre candidato José Gómez, del Partido Radical, insiste en medir fuerzas con Eduardo Frei Ruiz Tagle en cualquier fórmula parecida a unas “primarias” de la Concertación. La descomposición profunda de la Concertación ha llegado al punto de que el senador Ricardo Núñez –respaldado ampliamente por el denominado “laguismo”- propuso la creación de un megapartido que fusione orgánica y políticamente al Partido Socialista, al Partido Por la Democracia y al Partido Radical. La eventual tienda persigue la sintonía política interna de la cual carece el conglomerado concertacionista para pavimentar el camino de una reedición de la actual Presidenta Bachelet (¿O el mismo Lagos?) para las elecciones de 2013. Mientras tanto, el candidato Eduardo Frei Ruiz Tagle hace guiños fotográficos a la izquierda tradicional agrupada en torno al Partido Comunista –lo que le ha comportado problemas meridianos con altos dirigentes de la Democracia Cristiana y la alta oficialidad católica-, en tanto recibe los tiros de la ultraderecha debido a su colaboración explícita y pecuniaria a la dictadura militar en sus primeros tiempos, denuncias que buscan desmoronar su pretendido “intachable” compromiso con la democracia electoral.

9. La izquierda tradicional y de impronta socialdemócrata encabezada por los pre candidatos presidenciales Guillermo Teillier, Tomás Hirsch y el ex funcionario y dirigente de la Concertación y el Partido Socialista, Jorge Arrate, también han sufrido trizaduras tras su objetivo de incorporarse a los escaños del parlamento. Es así que el líder del Movimiento de Acción Social (MAS), Alejandro Navarro, abandonó recientemente esa convención bajo argumentos vinculados a que todo estaría ya resuelto por arriba para que Arrate fuera el candidato presidencial de la izquierda tradicional, dejando sus propias aspiraciones al respecto “fuera de juego”. Más allá de las acusaciones mutuas --y a veces francamente destempladas- el acuerdo de esta franja política aminora sus capacidades de negociación, cuando a fines de marzo la Democracia Cristiana ya debe ofrecer una propuesta concreta en el contexto del llamado “pacto instrumental” basado en doblajes contra la derecha histórica en un número preciso de circunscripciones parlamentarias. Pero el reordenamiento de fuerzas del panorama político chileno no sólo transparenta posiciones y construye nuevas combinaciones alrededor del campo de representación político-institucional dominante. Por abajo, variopintas organizaciones sociales y político-sociales del universo anticapitalista y antiimperialista existentes a lo largo de Chile –luego de años de desencuentros, resistencias infructuosas políticamente, sectarismos y otras patologías asociadas- finalmente se darán cita el 4 y 5 de abril en un Encuentro Unitario que busca la edificación de un nuevo instrumento político social de carácter federativo y en lucha donde se alcancen puntos de convergencia en materia de principios, programa, orgánica, y agendas de acción mancomunadas. Con estatura política, ética revolucionaria y amplia generosidad, las agrupaciones –que ya superan la treintena- se darán cita histórica para recrear de acuerdo a las condiciones actuales, las relaciones de fuerzas reales y la convicción de disputar y aportar en la “cancha grande” y desde el territorio multidimensional de los trabajadores y los pueblos, a la reconstrucción de la hegemonía de los intereses genuinos de las grandes mayorías expoliadas por el capital y sus expresiones. La unidad de los de abajo se comienza a tallar por fin de manera concreta. Lejos de fundamentalismos retóricos y disfuncionales, las fuerzas anticapitalistas de Chile –sin soslayar los tabúes electorales- persiguen ser un solo empeño, manteniendo sus identidades particulares, para colaborar con la dinamización y conducción del movimiento real de los intereses de los trabajadores y los pueblos, única garantía, única manera de conquistar las transformaciones históricas para la nueva arquitectura de un Chile, un Continente y un mundo de iguales y libres. Porque es necesario, porque existen mejores condiciones que antes, y porque la superación del modo de producción capitalista en su fase crepuscular es la alternativa urgente para la emancipación de los pobres de la Tierra, la recuperación de sentido de la humanidad y la sobrevivencia del propio planeta.

viernes, 20 de marzo de 2009

La crisis capitalista: apenas un comienzo


Daniel Bensaid , en SinPermiso.info


El capitalismo? “Es comprensible que la gente no crea más en él”, confiesa Tony Blair en persona (1). Cuando se deja de creer en lo increíble, una crisis de legitimidad, ideológica y moral, se suma a la crisis social, y acaba por estremecer el orden político. La crisis actual no es una crisis más, equiparable a la de los mercados asiáticos o a la de la burbuja de Internet.

Una crisis de fe

Se trata, en realidad, de una crisis histórica –económica, social, ecológica- de la ley del valor, una crisis de medición y de desmesura. La medición de todo a través del tiempo de trabajo abstracto ha pasado a ser, como anunciaba Marx en los Manuscritos de 1857, una forma “miserable” de medir las relaciones sociales. “Las crisis económica y planetaria tienen un punto en común”, constata Nicholas Stern, autor en 2006 de un informe sobre la economía del cambio climático. “Ambas son consecuencia de un sistema que no considera los riesgos que su funcionamiento genera, que no tiene en cuenta el hecho de que puede conducir a una destrucción superior al beneficio inmediato que procura y que subestima la interdependencia entre los actores” (2). La lógica de la carrera por las ganancias, por “el beneficio inmediato” es, en efecto, una lógica cortoplacista. Y la “competencia no falseada”, por su parte, es ciega a la “interdependencia” sistemática.

¿Un nuevo Bretton Woods? ¿Un sistema de gobierno mundial? ¡El problema es que la Unión europea ni siquiera ha sido capaz de crear una agencia de control de los mercados financieros a escala continental, o de promover una definición común de paraísos fiscales!. Desde octubre de 2008, Laurence Parisot se ha encargado de dejar claro que el Estado debe desempeñar su papel en el socorro de las finanzas, pero que debe retirarse cuando los negocios recuperen su curso lucrativo. Dicho de manera más directa: que debe socializar las pérdidas para luego reprivatizar los beneficios. Tras haber admitido que el Estado es el único capaz, de manera inmediata, de “salvar la economía y los bancos”, Jean-Marie Messier, resucitado del purgatorio, no olvida apostillar que “el paraguas deberá cerrarse una vez que la tormenta haya pasado”. El Estado no debería, así, ser más que “un pasajero en medio de la lluvia” (3).

El plan de relanzamiento gubernamental descarga el coste de la crisis sobre los trabajadores y los contribuyentes. Tras el congreso de Reims, Martine Aubry pretendía descubrir que “resulta inoperante atacar a los que han utilizado el sistema sin atacar al sistema mismo” (4). Sin embargo, el Partido socialista se contenta con ofrecer un contra-plan “equilibrado” de medidas supuestamente sociales pero no en ningún caso radicales, en el sentido de que supongan una nueva redistribución de riquezas en beneficio del trabajo. Nada se dice sobre la nacionalización del sistema bancario y la creación de un servicio público en materia de crédito, nada sobre una reforma fiscal radical, nada sobre la necesidad de reorientar la construcción europea. “Atacar el sistema mismo”, sería atacar el poder absoluto del mercado, la propiedad privada de los grandes medios de producción e intercambio, la competencia de todos contra todos. Hasta el liberal Nicolas Baverez define a la banca como un “bien público de la mundialización”: “por sus características, tiene la naturaleza de un bien público” (5). Sería de esperar, en realidad, que conforme a esta “naturaleza”, este bien público fuera sometido a gestión pública bajo control público. Para Baverez, por el contrario, el Estado debería asegurar a los bancos una “inmunidad ilimitada” por sus pérdidas y asumir los riesgos ligados a su ganancias.

Atacar el corazón del sistema supondría dotarse de un blindaje social que proteja a los trabajadores de las consecuencias de la crisis. Para ello, habría que romper los grilletes de los criterios de Maastricht y del Pacto de Estabilidad, restablecer los controles políticos sobre el Banco central europeo, derogar el Tratado de Lisboa, reorientar de manera radical la construcción europea, comenzando por la armonización social y fiscal, e iniciar una proceso constituyente de verdad. Como mínimo, haría falta exigir la derogación del artículo 56 del Tratado de Lisboa que prohíbe toda restricción a los movimientos de capital financiero, así como de la “libertad de establecimiento” recogida en el artículo 48, una libertad que permite al capital desplazarse allí donde las condiciones le sean más favorables y a las instituciones financieras encontrar asilo donde les plazca.

Una crisis que durará tiempo

Porque se trata de una crisis sistémica que anuncia el fin de un modo de acumulación, las medidas de relanzamiento coyuntural tendrán un efecto limitado. Una salida a la crisis que conduzca a la emergencia de un nuevo orden productivo y de un nuevo régimen de acumulación no depende sólo de la economía. Exige una nueva correlación de fuerzas, nuevas relaciones geopolíticas, nuevos dispositivos institucionales y jurídicos.

Si la crisis de 1929 fue la de “la emergencia estadounidense”, ¿qué emergencia prefigura la crisis actual? ¿la china? ¿la de una de una organización multipolar de espacios continentales? ¿La de un sistema de gobierno mundial?

Al tiempo que se invocan la necesidad de un nuevo orden monetario mundial y respuestas globales, el propio Giscard d’Estaing reconoce que “la gestión económica de la crisis se ha vuelto, en Europa, más nacional durante la crisis que antes de su estallido”, y que “los instrumentos de intervención son esencialmente nacionales” (6). La crisis agudiza, en efecto, las diferencias nacionales y libera tendencias centrífugas. En nombre de una “necesaria correspondencia entre los espacios económicos y sociales”, Emmanuel Todd oficia de paladín de un “proteccionismo europeo” (7) que cree “las condiciones para la recuperación de los salarios” y una oferta que genere su propia demanda. La cuestión no es doctrinaria o de principios. ¿Proteger? Sí, pero ¿quién, contra quién y cómo? Si Europa comenzara por adoptar criterios sociales de convergencia en materia de empleo, ingreso, protección social, derecho laboral, y armonización fiscal, podría, legítimamente, adoptar medidas de protección, no ya de los intereses egoístas de sus industriales y financieros, sino de los derechos y conquistas sociales. Podría hacerlo de manera selectiva y puntual, adoptando como contrapartida acuerdos de desarrollo solidario con los países del Sur en materia migratoria, de cooperación técnica, de comercio equitativo, sin ceder a un proteccionismo de ricos cuyo efecto principal fuera diseminar los estragos de la crisis entre los países más pobres.

Imaginar que una medida de protección aduanera entrañaría de forma mecánica una mejora en las condiciones sociales europeas, como si pudiera resultar técnicamente neutra en el contexto de una lucha de clases exacerbada por la crisis, es de una enorme ingenuidad. Los trabajadores resultarían afectados por las trabas burocráticas y fronterizas sin obtener las ventajas sociales respectivas. Un proteccionismo de esta índole no resistiría mucho tiempo en razón de su impopularidad, o no tardaría en derivar hacia una “preferencia nacional” (o europea) de tipo chauvinista.

Refundar el capitalismo o combatirlo

Todos los gobernantes, de ayer y de hoy, de derecha y de izquierda, han acabado por denunciar la locura sistemática de los mercados. Sin embargo, su desregulación no ha sido el producto de la famosa mano invisible, sino de decisiones políticas y de medidas legislativas concretas. Fue a partir de 1985, cuando era ministro de finanzas el socialista Pierre Bérégovoy, cuando se concibió la gran desregulación de los mercados financieros y bursátiles en Francia. Fue un gobierno socialista el que, en 1989, liberalizó los movimientos de capital anticipándose a una decisión europea. Fue el gobierno de Jospin el que, al privatizar más que los gobiernos Balladur y Juppé juntos, sentó las bases para que el capitalismo francés pudiera acoger fondos de inversiones especulativos. Fue un ministro de finanzas socialista, Dominique Strauss-Khan, quien propuso una fuerte desfiscalización de las célebres stock-options, y fue otro ministro socialista, Laurent Fabius, quien la puso en práctica. Fue un Consejo europeo con mayoría social-demócrata el que decidió en 2002, en Barcelona, liberalizar el mercado de la energía y el conjunto de servicios públicos, aumentar en cinco años la edad de la jubilación y sostener los fondos de pensión. Fue la mayoría del Partido socialista la que aprobó la sacralización de la competencia grabada en el proyecto de Tratado constitucional europeo de 2005. Fue su voto, una vez más, el que permitió la adopción del Tratado de Lisboa, confirmando así la lógica liberal de la construcción europea.

Para los salvadores del Titanic capitalista, la tarea se anuncia ruda ¿Un nuevo New Deal? ¿Un retorno al Estado social? Sería olvidar muy pronto que la desregulación liberal no fue un capricho doctrinario de Thatcher o de Reagan. Fue la respuesta a la baja de las tasas de beneficio provocadas por las conquistas sociales de la posguerra. Después de 1973, “la incapacidad de las políticas keynesianas para relanzar la actividad productiva deja el campo abierto a una sorprendente contra-revolución conservadora”, recuerda Robert Boyer (8). Volver al punto de partida sería reencontrarse con las mismas contradicciones. Como comenta irónicamente Jean-Marie Harribey: “regular sin transformar no es regular”.

Tras la crisis de 1929, para redistribuir las cartas de la riqueza y del poder y para anunciar una nueva onda expansiva, hizo falta nada menos que una guerra mundial. La puesta en marcha de un nuevo modo de acumulación y el eventual impulso de una nueva onda larga de crecimiento comportaron el surgimiento de nuevas jerarquías planetarias de dominación, un reacomodamiento de naciones y continentes, nuevas condiciones para la valorización del capital, una transición del sistema energético. Semejante trajín no puede resolverse a través de la amabilidad diplomática, en las alfombras verdes de las cancillerías, sino en el cambo de batalla, mediante luchas sociales. La crisis, como bien escribió Marx, supone “el establecimiento por la fuerza de la unidad entre momentos [producción y consumo] impulsados de forma autónoma”.

En realidad, no es más que un comienzo

“La crisis financiera –machacaba Nicolás Sarkozy en su discurso de Toulon- no es la crisis del capitalismo. Es la crisis de un sistema alejado de los valores fundamentales del capitalismo a los que, en cierto modo, ha traicionado. Quiero decírselo claro a los franceses: el anticapitalismo no ofrece ninguna solución a la crisis actual”. El mensaje es claro: el enemigo no es el capitalismo sino el anticapitalismo.

El presidente volvió sobre la cuestión al hilo de su intervención en el coloquio sobre la refundación del capitalismo organizada a iniciativa suya el 8 de enero de 2009 por la Secretaría de Estado: “La crisis del capitalismo financiero no supone la del capitalismo como tal. No es un llamamiento a su destrucción, lo que sería una catástrofe, sino a su moralización”. Sus palabras recibieron el vigoroso espaldarazo de Michel Rocard: “Debemos comenzar por ahí: nuestro propósito es salvar el capitalismo”. Estas declaraciones de guerra social trazan una línea fuerte entre dos campos. Es preciso elegir: o discutir con los poseedores como refundar, reinventar, moralizar el capitalismo, o luchar con los explotados y desposeídos para derrocarlo.

Nadie podría predecir cómo serán las revoluciones futuras. Lo único que tenemos es un hilo conductor. Se trata de dos lógicas de clase que se enfrentan. La del beneficio a cualquier precio, el cálculo egoísta, la propiedad privada, la desigualdad, la competencia de todos contra todos, y la del servicio público, los bienes comunes de la humanidad, la apropiación social, la igualdad y la solidaridad.

Notas:
(1) Le Journal du Dimanche, 14/12/2008. (2) Le Monde, 15/12/2008. (3)La Tribune, 15/01/2009. (4) Journal du Dimanche, 05/10/2008. (5)Le Monde, 26/11/ 2008. (6) Le Monde, 13/01/2008. (7) Emmanuel Todd, Après la démocratie, París, Gallimard, 2008. (8) Libération, 29/12/2008.
Traducción de Gerardo Pisarello

Daniel Bensaïd es profesor de filosofía en la Universidad de París VIII. Formó parte del movimiento del 22 de marzo de 1968 en la facultad de Nanterre, que luego se convirtió en el famoso Mayo francés, quizás la más importante huelga general obrera de la segunda mitad del siglo XX en Europa. Fue uno de los fundadores de las Juventudes Comunistas Revolucionarias y de la Liga Comunista Revolucionaria. Actualmente es uno de los intelectuales de referencia del Nuevo Partido Anticapitalista recientemente constituido en Francia.

Hugo Chávez relanzó nacionalización de Banco de Venezuela

Caracas, 18 Mar. ABN (Juan Carlos Rico).-
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, relanzó este jueves la nacionalización del Banco de Venezuela para “darle más fuerza al sistema bancario público nacional”.

Así lo informó el jefe de Estado venezolano en consejo de ministros durante un pase especial con Venezolana de Televisión.

Chávez precisó que con ello se impulsará aún más las políticas del desarrollo económico y social del país.

Expresó que los recursos que maneja la banca privada en el país supera enormemente el monto del presupuesto nacional.

“Son miles de millones de dólares, billones de bolívares los que maneja la banca privada”, señaló.

ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe) de los Movimientos Sociales

Integración popular
Boletín quincenal Nº104. Por José R. Vidal y Tamara Roselló para ALAI.-

La Carta de los Movimientos Sociales de las Américas aprobada en Belem de Pará en el Foro Social Mundial, constituye una iniciativa que merece toda la atención y apoyo de los movimientos, redes y organizaciones comprometidos con el presente y el futuro de nuestros pueblos. En ella se llama a una integración desde abajo tomando los principios del ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe) como referente.

Esta iniciativa surge desde experiencias concretas que varios movimientos tienen con proyectos del ALBA y fue promovido desde un seminario de organizaciones y movimientos sociales celebrado en Brasil a mediados del año pasado. De allí emergió una carta abierta a todos los movimientos y organizaciones con la propuesta, donde se solicitaban contribuciones e ideas para la iniciativa. Posteriormente en el Foro Social de las Américas celebrado en Octubre en Guatemala se presentó la carta con adiciones producidas en el proceso de consulta y se sometió a nuevas consultas. Finalmente en Belem de Pará se acordó la redacción definitiva de este documento.

A partir de la experiencia de la exitosa campaña continental contra el ALCA, este llamamiento pretende articular a diversas fuerzas, no sólo ya en la denuncia y la lucha contra las múltiples formas de opresión que atentan contra los intereses populares sino además, aprovechar en toda su magnitud las potencialidades que ofrece el ALBA, para lograr un alcance mucho más allá de los países cuyos gobiernos forman parte del acuerdo, y beneficiar a los pueblos de toda la región.

La carta explica que este proceso de integración de movimientos y organizaciones sociales, tiene como objetivo construir una articulación continental en torno a estos principios y promover diversos mecanismos y potencialidades que ofrece esta iniciativa para la integración latinoamericana desde los pueblos.

En una de sus partes la carta expresa: “En esta fase vamos intensificando las acciones de resistencia, pero también las experiencias alternativas, de poder popular, de ejercicio de soberanía, e incluso de relación con algunos gobiernos que expresan -de manera contradictoria- los intereses de las mayorías.

Es necesario construir colectivamente un proyecto popular de integración latinoamericana, que replantee el concepto de “desarrollo”, sobre la base de la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y de la vida, que avance hacia la creación de un modelo civilizatorio alternativo al proyecto depredador del capitalismo, que asegure la soberanía latinoamericana frente a las políticas de saqueo del imperialismo y de las trasnacionales, y que asuma el conjunto de las dimensiones emancipatorias, enfrentando las múltiples opresiones generadas por la explotación capitalista, la dominación colonial, y el patriarcado, que refuerza la opresión sobre las mujeres”.

De esto se trata, de potenciar la activa participación de los sectores populares organizados, generando iniciativas, aprovechando al máximo los proyectos gubernamentales que los beneficien. Se desatan así procesos de carácter cultural, que van mucho más allá de lo económico y lo social concreto y son los que darán raíces profundas a la imprescindible integración latinoamericana. Pero lo más significativo puede ser la consolidación de una agenda común de luchas que se ha venido gestando en estos años y la activación coordinada de diversas fuerzas populares para hacer avanzar la actual emergencia de alternativas emancipadoras frente al neoliberalismo y a las múltiples formas de opresión.

El escenario global, para nuestros países y para toda la humanidad está cargado de amenazas. Las crisis se acumulan y se profundizan sus consecuencias. Crisis financiera, alimentaria, energética, ambiental. En la opinión de muchos analistas se trata de la crisis de un sistema y de una propuesta civilizatoria que ha provocado por una parte una acumulación irracional de riqueza y la extensión injusta de la pobreza y por otra, un abuso de los recursos del planeta que provoca ya desequilibrios graves de los ecosistemas naturales. Desigualdades enormes entre países y entre clases sociales al interior de estos que desde la desigualdad tendrán que enfrentar iguales desafíos para la existencia de la vida.

Pensamos que divididos, como nos dejó el coloniaje y nos mantuvo el neocolonialismo, no podremos hacer frente a tales desafíos. Sólo la integración, real y efectiva de nuestros pueblos nos permitirá sobrevivir a las crisis presentes y futuras.

El escenario contemporáneo también nos dice que los pueblos latinoamericanos tenemos grandes oportunidades. En los últimos 10 años la región transitó de un predominio casi absoluto de las políticas neoliberales impuestas por regímenes oligárquicos subordinados al denominado “Consenso de Washington”, hasta un accionar de los sectores populares que ha permitido la emergencia de diversos gobiernos que, en grado diferente y con matices importantes, desafían ese orden imperante.

La elección en 1998 de Hugo Chávez en Venezuela, la caída estrepitosa por la vía de insurrecciones populares de gobiernos en Ecuador, Bolivia y Argentina, los triunfos electorales de Lula en Brasil, Evo en Bolivia, el Frente Amplio en Uruguay, Correa en Ecuador y Lugo en Paraguay y las evoluciones de políticas, con una mirada más centrada en lo social, en otros países de la región, conforman en la actualidad un escenario geopolítico que expresa por una parte el agotamiento y la crisis del neoliberalismo que estremece hoy inclusive a los países capitalistas desarrollados, y por otra esta emergencia popular que se niega a continuar sufriendo en su existencia y la de sus hijos las consecuencias, primero de las políticas neoliberales y ahora las de su crisis.

La incorporación de Cuba al Grupo de Río y la propuesta de convertir este en una organización de Estados Latinoamericanos, la realización por primera vez de una cumbre de presidentes de la región sin presencia europea o norteamericana, la emergencia de diversas iniciativas integradoras como UNASUR, el Banco del Sur, Petrocaribe y sobre todo la existencia del ALBA, que parte de principios diferentes orientados al bienestar de los pueblos, con una centralidad de lo social y cultural, además de lo económico, que ya se concreta con la Operación Milagro, la Campaña Alfabetizadora del Yo sí puedo, las escuelas latinoamericanas de Medicina, Deportes y Agroecología, con su Banco, y sus proyectos grannacionales, son los resultados visibles de ese cambio de época que vivimos.

Sin embargo, las consecuencias de la profunda crisis económica, que galopante recorre el mundo, puede retrotraer algunos de estos logros y obstaculizar estas iniciativas. La derecha intentará capitalizar a su favor el descontento que se deriva de las afectaciones de la crisis en la vida cotidiana, algunos tecnócratas recurrirán a fórmulas contrarias a la integración que en el corto plazo pueden favorecer a las oligarquías nacionales, nunca a los pueblos.

Los Foros Sociales, la Campaña contra el ALCA, las luchas contra los TLC, contra el pago de las deudas ilegítimas, por la Reforma Agraria y una agricultura sostenible, entre otras y las diversas formas de organización sectorial, étnica, de género etc., son un acumulado importante de los pueblos de la región que puede ser potenciado, articulado, cohesionado en torno a agendas comunes que se han ido construyendo y merecen continuar siendo consolidadas. La articulación por una integración de nuestros pueblos según los principios del ALBA, puede constituir, una de las vías principales para lograr la imprescindible cohesión de las fuerzas populares de la región.

La integración no puede esperar a que los gobiernos decidan incorporarse o no a estos procesos, no puede limitarse tampoco al cumplimiento de los acuerdos gubernamentales, mediados siempre por las burocracias que porta o representa en la generalidad de los casos intereses ajenos a los sectores populares, la integración tiene que ser asumida desde abajo.

Los sectores populares no pueden esperar, porque no puede esperar el que tiene hambre, el que muere o mueren sus hijos de enfermedades curables. No puede esperar el que no tiene trabajo, ni techo o vive en condiciones precarias. No puede esperar el que está en la miseria, o el que se empobrece más cada día, ni tampoco los sectores de clase media que ven con angustia como, pese a trabajar sin descanso, se deterioran los niveles de vida de sus familias. Avanzar en el cambio profundo de las causas de todos estos sufrimientos es lo único posible y para avanzar hay que unirse, desde abajo.

La carta aprobada en Belem no se limita a una reflexión sino que se concreta en una convocatoria.

“Desde Belém, donde nos reunimos centenares de movimientos sociales de todos los países de las Américas, que nos identificamos con el proceso de construcción del ALBA, nos convocamos y nos comprometemos para:

1.- En cada país realizar plenarias nacionales, que generen colectivos unitarios de construcción del ALBA.

2.- Promover un gran encuentro continental de todos los movimientos, para el segundo semestre del 2009, en camino a la articulación de los Movimientos Sociales con el ALBA.

3.- Poner todas nuestras energías para la Movilización Mundial Contra la Guerra y la Crisis, en la semana del 28 de marzo al 4 de abril, reforzando el día 30 de marzo, como día de movilización continental.

4.- Participar activamente en las movilizaciones e intereses de los pueblos, en las jornadas del 8 de marzo, 17 de abril, 1 de mayo y 12 de octubre, como fechas históricas de nuestros pueblos.

5.- Seguir impulsando la solidaridad concreta con los pueblos en lucha contra el imperio, en Haití, Colombia, Cuba, Venezuela, Bolivia.

6.- Seguir impulsando las acciones concretas de construcción del ALBA, como los programas de ELAM, de alfabetización de adultos, los cursos latinos de la ENFF, el IALA, la Operación Milagro, etc.”

Pensamos que cumplir con esta convocatoria, sin dilaciones, con espíritu integrador, sin sectarismos, predominio de intereses estrechos, personalismos y otros males que heredamos de la propia cultura de la dominación, -que llevamos dentro, aún los que luchamos por la emancipación-, es una buena manera de avanzar.

jueves, 19 de marzo de 2009

Colombia: Amenazas y asesinato en la Universidad de Antioquia

RED ESTUDIANTIL DISTRITAL ANTORCHA
por una Universidad Popular, Gratuita, y para todos y todas

Recogido de REDHER, 16 de marzo

AMENAZAS EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
En pleno gobierno de seguridad democratica.

El día viernes 6 de marzo en horas de la tarde, varios activistas políticos y lideres estudiantiles de la U de A, recibieron un correo electrónico; en el cual explícitamente se les dice que son declarados objetivo militar, y que tienen el plazo de una semana para desaparecerse o si no serán desaparecidos o asesinados.

Además el panfleto lanza acusaciones y estigmatizaciones en contra de las oficinas de asuntos estudiantiles, muy de la mano de las acusaciones que han lanzado varias directivas e incluso profesores que se suman a la ola terrorista, en contra de compañeros y compañeras, sin ninguna sustentación jurídica.

Es preocupante la situación puesto que la historia a demostrado que detrás del discurso de “limpieza social” se esconde el asesinato selectivo de activistas políticos, es por eso que a estas amenazas, se le suman las amenazas en todos los barrios de nuestras comunas, de los famosos panfletos que las autoridades han llamado “bromas”, los cuales milagrosamente han aparecido en casi todos los barrios de Medellín y que ahora han aparecido en varios municipios de Antioquia. No son gratis los crecientes robos a las ONG’s criticas al gobierno, robos muy particulares, en los que los delincuentes se han llevado solo la información.

Es por eso que hacemos la denuncia internacional de que los Delincuentes al servicio del estado, han anunciado su reactivación; teniendo presente que todos los que vivimos en los barrios sabemos que la “Desmovilización” fue un teatro y la guerra nunca ha cesado.

La crisis al interior del gobierno, los escándalos de corrupción e infiltración de las AUCparamilitares en las altas esferas de la política, el creciente desempleo y descontento social por la miserable situación de nuestro pueblo, coinciden con la reactivación de estos grupos del terror; que masacran la vida, la cultura y la libertad.

Las organizaciones sociales y poblaciones, quedan invitados a que no permitan que el miedo los calle y que la autocensura no nos impida decir la verdad.

Asesinato en la U.de.A, 8 dias después de las amenazas.......

Indignados, los estudiantes y profesores que este jueves, pasadas las seis de la tarde, se encontraban en la primera planta del bloque 14 de la Universidad de Antioquia, no le quitaban la mirada al charco de sangre que quedó después del ataque a bala que le costó la vida al ex alumno de la Facultad de Derecho, Jorge Andrés Isaza Velásquez, de 28 años de edad.

Nunca había visto esto en la Universidad, le decía una joven a una amiga con la que observaba la escena del crimen, en un pasillo cerca a las mesas de una cafetería.

Por su parte, a pocos metros del cerco que hizo el CTI de la Fiscalía, el vicerrector, Martiniano Jaime Contreras daba a conocer lo ocurrido.

"Aquí en el primer piso de la Facultad de Derecho hubo un ataque con arma de fuego contra un joven que había salido hace un año de la Universidad por mal rendimiento. Esto nos cogió por sorpresa, porque se venían tomando las medidas de seguridad con requisas para evitar el ingreso de personas ajenas que vienen a delinquir", dijo.

Esperamos, agregó, que la comunidad nos comprenda porque vamos a exigir el carné y a pedir la identificación en el ingreso ya que tenemos que preocuparnos por nuestro propio blindaje".

Al condenar el hecho dijo que es un acto que "nos entristece y preocupa".

El directivo universitario alertó que hace ocho días hubo una amenaza de un grupo que se hizo llamar "Autodefensas de Antioquia", contra un grupo de estudiantes, pero este joven no estaba en esa lista.

Varios estudiantes que integran el Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda expresaron preocupación por las intimidaciones que hace ocho días les enviaron por internet.

"La amenaza es muy clara. Nos la enviaron a nuestros correos y con nombres propios. Se hizo para aquellas personas que conformamos grupos de tendencias políticas", dijo el estudiante.

Otro alumno testigo del ataque indicó que fue perpetrado por un hombre y una mujer encapuchados que corrieron hacia el bloque cuatro y ahí desaparecieron".

El COLOMBIANO estableció que la víctima había cursado hasta el quinto semestre de Derecho, residía en el barrio Francisco Antonio Zea, noroccidente de Medellín y estaba trabajando como mensajero.

Una estudiante se quejó ante el Vicerrector por falta de reacción para atender al herido, porque, según ella, sólo 20 minutos después de ser atacado se acercó un paramédico para brindarle atención.

El personal de seguridad de la Universidad y la Policía montaron este jueves en la noche un dispositivo con requisas a personas y carros en las porterías de la Universidad, lo cual originó congestión en las vías internas del claustro.

Contexto

El pronunciamiento de la Universidad
El siguiente es el texto del comunicado oficial que dio a conocer el rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa, a raíz de los hechos registrados en la tarde de ayer en el bloque de la Facultad de Derecho del Alma Máter:

"El rector de la Universidad de Antioquia lamenta informar que en la tarde del jueves 12 de marzo de 2009, el joven Jorge Andrés Isaza Velásquez, quien estuvo matriculado en años anteriores en la Universidad, fue víctima de un violento atentado que cobró su vida.

Ante situaciones como ésta, exhorta a todos los universitarios y a la sociedad a unirse en torno a la defensa de la vida y la libertad, para hacer viable la realización de la misión de la Universidad".

domingo, 15 de marzo de 2009

Murió el cantautor Quintín Cabrera, una voz de lucha permanente, que no se dejó doblegar

Kaosenlared/ Rebelión/ La República/ Anticapitalistas.org

Ver vídeos suyos en: Blogueros y corresponsales de la Revolución

La fría y escueta noticia: El cantautor uruguayo Quintín Cabrera falleció hoy, a los 64 años de edad, en un hospital de Madrid, por complicaciones que surgieron tras un trasplante de pulmón al que se sometió en enero pasado.

Quintín venía peleando desde hace tiempo, cada vez con más dificultades con su "fuelle" y esperaba el ansiado transplante de pulmón, que finalmente no resultó como todos esperábamos.

El compositor y músico, se había instalado en el estado español desde fines de los 60, (unos tiempos en Catalunya otros en Castilla) como una voz de lucha permanente, que no se dejó doblegar, ni aun por sus padecimientos físicos.

Uruguayo, de aquellos cantos emigrados por las dictaduras de América Latina, persistió en sus “broncas” y “pataleos” hasta el final.

Quintín Cabrera nace en Montevideo (Uruguay), pero también era catalán y madrileño, desde que en el 68 se trasladase a vivir a Barcelona y en el 91 a Madrid.

Participó en julio del 67 en el "Festival Protesta" que se celebró en Cuba, donde se encontraban nombres muy importantes de la canción y donde nació la Nueva Trova Cubana. Iconoclasta, Quintín lleva con orgullo el hecho de ser uno de los cantantes del mundo que más ha actuado en actos solidarios por la lucha de los pueblos.

Sus amigas/os, estaban organizando un acto para que, desde el escenario y desde el patio de butacas, pudiera darse cuenta del cariño y el reconocimiento de su gente. Iba a ser el 27 de marzo, pero la triste realidad hizo que no se llegara a tiempo para que él pudiera verlo. El concierto sigue previsto para el mismo viernes 27 de marzo a las 22.30 h. en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO (c/ Lope de Vega 40, Madrid), en que se celebrará el concierto en homenaje al cantautor. Venta anticipada de localidades en Ateneo Cultural 1º de Mayo desde el día 16.

Quintín, nos mantuvo informados paso a paso, regalándonos a través de sus versos, un reflejo de lo que le estaba pasando y como se sentía, sin perder el humor y la ironía, pero fundamentalmente, su capacidad de lucha hasta el final.

Hasta siempre, compañero Quintín!!!

Una biografia desde su página (www.quintincabrera.net)

Nació en Montevideo, República Oriental de Uruguay, el 25 de abril de 1944. Estudios de música, agronomía y magisterio.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Bellaterra, Barcelona.

Formo parte del Comité de Arte Popular que dirigía el musicólogo Casto Canel, con el que actúa por primera vez en público, en el Teatro Zitlowski de Montevideo.

Viaja a Cuba en 1967 como integrante de la delegación uruguaya que participa en el Festival de la canción protesta, evento que tendría gran influencia en la creación de la "Nueva Trova Cubana". Actúa en la Habana, Santiago y Varadero. Participa, junto a Carlos Puebla, en la filmación de un corto para la televisión francesa.

Un año después viaja a París, Estocolmo, Upsala y Malmoe, actuando en teatros, radio y televisión.

El mismo año fija su residencia en Barcelona.

A partir de entonces comienza una importante labor dentro de la música del Estado español, no solamente en al faceta de cantante, sino como productor, creador y promotor de varias iniciativas.

Ha realizado multitud de recitales a lo largo de la geografía hispana, compartiendo escenarios con casi todos los grandes intérpretes de la canción, no sólo locales sino portugueses, italianos, franceses y alemanes. Ha cantado en Urguay, Portugal, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Suiza, Cuba y Suecia.

Sus colaboraciones se extienden al mundo del teatro, el cine y la publicidad, campos en los que ha sido requerido en bastantes ocasiones.

Como periodista, especializado fundamentalmente en temas musicales, ha dirigido y presentado programas de radio y televisión en diferentes cadenas (Radio Nacional de España, Radio Quatre, Canal Sur, radios libres y municipales...), ha aportado sus amplios conocimientosj a colaboraciones en periódicos y revistas (El Periódico de Catalunya, Guía del Ocio de Barcelona, Ghaita, Destino, Resumen Latinoamericano, Diario de Córdoba...)

Es Secretario general de Zeca, Centro de Canción, desde la creación del mismo.

Mi tumba no anden buscando,
porque no la encontrarán,
mis manos son las que van
en otras manos tirando.
Mi voz la que va gritando,
mi sueño el que sigue entero,
y sepan que solo muero,
si ustedes van aflojando.
Porque el que murió peleando,
vive en cada compañero.
(Milonga del Fusilado)

Bolivia: Rechaza USA despenalizar la hoja de coca planteado por Evo Morales

Argenpress.info

El gobierno de Estados Unidos anunció su rechazo al planteamiento del presidente de Bolivia, Evo Morales, de despenalizar la hoja de coca para garantizar su consumo tradicional.

"El presidente tiene todo el derecho de exponer su opinión, la posición del país sobre la coca, pero nosotros (Estados Unidos) somos signatarios de la convención de Viena de 1961, que tiene que ver con las drogas y pues nosotros seguimos apoyando este tratado que firmamos hace años y bueno nuestra posición es bien conocida", señaló el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Kris Urs.

El diplomático hizo estas declaraciones luego que el segundo secretario de esa legación Francisco Martínez, acusado por Evo Morales de espionaje, abandonara el país a las 05.00 del jueves.

Entretanto, el presidente Evo Morales, continuando con su trabajo por la despenalización de la hoja de coca, tal como lo hiciera en Viena, Austria, entregó hoy una carta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, solicitando la eliminación de los incisos 2e) y 1c) del artículo 49 de la Convención Única de Naciones Unidas sobre estupefacientes de 1961.

Durante el 52 periodo de sesiones de las Naciones Unidas sobre estupefacientes, que se desarrolló el 11 y 12 de marzo en Viena, Austria, el mandatario de Bolivia, al reiterar que la coca no es cocaína, pidió al mundo dejar de satanizar la hoja milenaria porque en su estado natural es medicina para la humanidad.

"La masticación de la hoja de coca es una práctica ancestral y milenaria de los pueblos indígenas andinos que no puede ni debe ser prohibida", señala la carta entregada al secretario de general de la ONU.

Asimismo, expresa que el hábito de masticar hojas de coca en la región de Suramérica se remonta a por lo menos 3 mil años antes de Cristo, y las evidencias históricas demuestran que era utilizada desde hace milenios en las culturas andinas (preincaicas e incaicas) y desde hace siglos por las culturas amazónicas y guaraníes.

En Bolivia el planteamiento de despenalizar la hoja de coca recibió amplio apoyo de las organizaciones de campesinos, indígenas y otros sectores de trabajadores.

El ejecutivo de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Hernán Justo, señaló que el pueblo boliviano en múltiples formas evidenció que el uso de la hoja de coca no provoca daños a la salud.

Para el Gobierno y las organizaciones sociales, la praxis histórica demuestra que no se han presentado evidencias clínicas de toxicidad en pacientes, ni reportes clínicos de toxicología de personas que mastican la hoja de coca en Bolivia. Tampoco fue internada una persona en un centro de tratamiento de drogodependientes por masticar coca.

jueves, 12 de marzo de 2009

LOS DESAFIOS DE LA INMIGRACION EN TIEMPOS DE CRISIS

ENCUENTRO ESTATAL DE VOLUNTARIADO DE CEAR
EL ESCORIAL
21 FEBRERO 2009

JAVIER DE LUCAS
*Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política (Instituto de derechos humanos de la Universidad de Valencia). Presidente de CEAR.
Javier.delucas@cear.es
lucasfra@uv।es
jdelucas@colesp.org

En el momento en que redacto estas líneas, en la tercera semana de febrero de 2009, ni siquiera los más sacrificados panegiristas se atreven a negar el alcance devastador en España de una crisis sin duda global, pero que ha desnudado los defectos estructurales de un modelo de crecimiento económico que se presumía ejemplar. Los datos de paro son los más duros desde hace veinte años (la mayor parte de los observadores creen verosímil que se sobrepasen los 4 millones a finales de 2009, por encima del 19% de la población activa), los ERE se multiplican y la crisis de algunos de los grandes motores de la producción y del empleo (construcción, automóvil, turismo –hostelería, servicios-) obliga a los trabajadores españoles a volver a nichos laborales abandonados hasta ayer a la mano de obra inmigrante: agricultura y, en menor medida, servicios. La tentación de respuestas de repliegue -como sucede a menudo en tiempos difíciles-, es enorme.
En efecto, vivimos en el consabido caldo de cultivo propicio para enviar mensajes simplistas a los atribulados ciudadanos. Esto es particularmente fácil a propósito de la inmigración, mediante el recurso al argumento de la preferencia nacional, que sugiere que se ha alcanzado el límite de la solidaridad y hay que reordenar las prioridades en los servicios y prestaciones. Cuando vuelve a sonar el sálvese quien pueda, resurge con fuerza el discurso instrumental que analiza la presencia de los inmigrantes en términos funcionales y la reduce al cálculo más egoísta de costes y beneficios . Así se propicia e incluso se fomenta el principio demagógico y maniqueo, el de “los nuestros, ante todo” en detrimento de los de fuera, los inmigrantes a los que ahora vemos como carga cuando hasta ayer eran admitidos como factores imprescindibles de prosperidad. Y, por cierto, que los sindicatos tienen una tarea decisiva a la hora de dejar las ideas claras a este respecto.
Lo que me parece más preocupante, con todo, es que, al socaire de la omnipresencia argumentativa de la crisis, se multiplican los discursos acerca de la urgencia de ofrecer respuestas adecuadas y eso quiere decir restrictivas, frente al nuevo escenario de los movimientos migratorios que pretenden llegar y aun instalarse en el privilegiado territorio de la Unión Europea, tanto los inmigrantes en sentido estricto como los refugiados. La propia UE ha dado muestras evidentes de la necesidad de avanzar en esa vía en el segundo semestre de 2008 . Y el Gobierno español parecería seguir un camino similar con sus recientes propuestas de reforma de la Ley de asilo y de la mal llamada Ley de extranjería .
En ese contexto, resulta casi inevitable evocar la fórmula propuesta por la jurista francesa Danielle Lochak: frenbte a los inmigrantes, tenemos dos opciones, o ser fieles a las exigencias del estado de Derecho, o aceptar la lógica del estado de excepción . De suyo, tal alternativa no es una novedad y subyace a un reiterado enfoque del pretendido dilema entre libertad y seguridad, que aflora sobre todo ante amenazas graves como el terrorismo o la delincuencia organizada. Se trata de la tentación de optar por una lógica jurídica de la excepcionalidad, de la derogación o al menos suspensión de alguno de los principios y reglas del Estado de Derecho cuando se trata de regular el status jurídico de quienes son identificados como amenaza. En el caso que nos ocupa, no necesariamente presentados de forma expresa como agentes de un grave riesgo sino, al menos de partida, sólo como manifiestamente diferentes qua extranjeros.
De eso se trata, de afirmar o, lo que es más grave, de construir mediante el Derecho una visión de ajenidad radical que recupera la argumentación clásica –predemocrática- acerca del status demediado que corresponde al extranjero. Un trato discriminatorio, desigualitario, cuya justificación radicaría en el hecho de la diferencia y en la provisionalidad de su presencia. En efecto, esa presencia es concebida, si no como una sorpresa o como un riesgo sujeto a sospecha, sí como un fenómeno coyuntural, provisional, estrictamente dependiente de unas circunstancias (la necesidad de acudir a trabajadores que desempeñen tareas no cubiertas por la mano de obra nacional) que, al cambiar, modifican necesariamente la aceptación de esa presencia. Y los hacen manifiestamente no-deseables, o, por decirlo de otra forma, retornables, expulsables.
En lo que sigue quiero presentar una aproximación a esas iniciativas con el objetivo de poner de manifiesto el riesgo de que, en caso de no ser objeto de serias modificaciones, se conviertan en instrumentos de la opción por el segundo término de la alternativa. Pues lo que me preocupa es que –sobre todo esos dos proyectos de reforma- terminen siendo la prueba de la debilidad de nuestro Estado de Derecho, que, ante dificultades objetivas pero no parangonables en sus características a las amenazas dirigidas contra su supervivencia, reaccionaría renunciando a su propia aplicación, en aras de la lógica de la excepcionalidad. A mi juicio, de aprobarse en los términos en los que han sido presentados, se enviaría precisamente un mensaje de debilidad que desnudaría la pretensión de campeones de la lucha por los derechos y por la legalidad que tantas veces nos arrogamos.
Pero las consecuencias desbordan el ámbito de lo jurídico, pues los riesgos alcanzan dimensiones más amplias. Como ha argumentado contundentemente Sami Naïr , la perspectiva de nacionalismo económico propia de la lógica de la preferencia nacional que inspira en buena medida este repliegue no sólo pone en entredicho el proyecto mismo de la UE, sino que siembra las semillas de una fronda de xenofobia social que, sin temor a la exageración, evoca el contexto del auge de los fascismos en el siglo XX, indudablemente conectado a las respuestas a la gran crisis del 29. En la vanguardia europea de esa toma de posición se encuentra el Gobierno italiano de Berlusconi, cuya penúltima iniciativa resulta particularmente elocuente: El Senado italiano aprobó el pasado 5 de febrero de 2009 la Ley de Seguridad, que aplica el ideario represivo y xenófobo de la Liga Norte sobre inmigración ilegal. El texto, que –en el momento de redactar estas páginas- debe ser refrendado por la Cámara, prevé tasar el permiso de residencia con un impuesto de entre 80 y 200 euros, fichar a todos los sin techo, permitir a los médicos que denuncien a los irregulares. Como explicaba la senadora y portavoz parlamentaria del Partido Demócrata, Italia ha pasado de regular la inmigración a lisa y llanamente perseguirla .



Por qué y para qué reformar la ley de extranjería
Pues bien, como decía, en ese contexto el Gobierno español ha adoptado recientemente algunas iniciativas acerca que parecieran responder a la pregunta de cómo gestionar la inmigración en período de vacas famélicas. El problema es que, más que ofrecer un modelo que muestre cuál debe ser la política de inmigración adecuada a tiempos difíciles, quizá se trata de cómo hacer política con la inmigración en tiempos difíciles. Me referiré en particular a las tres que he mencionado: el denominado “plan de retorno (voluntario)” presentado por el Ministro Corbacho al comienzo del verano de 2008 y los dos proyectos de reforma legislativa presentados casi simultáneamente, la reforma de la ley de asilo de 1984 y la reforma de la conocida popularmente como “Ley de extranjería” (Ley orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), en Consejos de Ministros del 12 y el 19 de diciembre de 2009.
Desde luego, podríamos referirnos a otras, que cabría calificar como “positivas”: por ejemplo, la adopción de convenios bilaterales con diferentes países emisores de inmigrantes en aras al reconocimiento de mecanismos de reciprocidad que permitan el ejercicio del derecho al sufragio en el ámbito municipal por parte de los inmigrantes, el establecimiento de acuerdos de cooperación con países africanos emisores de inmigración, o el Fondo de Ayudas para la integración de los inmigrantes. Sin embargo, lo cierto es que son las tres medidas que he mencionado las que se relacionan directamente con el modo en que se va a gestionar los efectos de la crisis en relación con la presencia de los inmigrantes, y en particular la segunda, porque es la de incidencia más general y porque en su propia exposición de motivos se aduce ese argumento. Es a esa reforma a la que voy a dedicar mi intervención hoy, en este encuentro de voluntarios de CEAR.
En efecto, a la hora de justificar esa cuarta reforma se aducen tres tipos de argumentos. El primero, la loable pretensión de mejorar el standard de derechos de la actual ley reguladora; además, la necesidad de adecuar nuestra legislación al marco europeo -a partir del programa que se enuncia en el Pacto europeo sobre inmigración y asilo, aprobado en la cumbre de París de los pasados 16 y 17 de octubre de 2008-. Finalmente, los cambios en la situación económica y en las características de la inmigración.
Adelantaré que, a mi juicio y como han advertido ya no pocos especialistas y numerosas ONGs, comenzando por CEAR, en realidad la reforma de la ley, pese a que incorpora, como era obligado, el reconocimiento de derechos exigido por las sentencias de noviembre y diciembre de 2007 del Tribunal Constitucional, supone un recorte más que preocupante que afecta a derechos básicos –fundamentales- de los inmigrantes y envía a la ciudadanía española un mensaje que puede tener efectos estigmatizadores.
Pero antes, permítanme unas consideraciones breves sobre el denominado Plan de retorno voluntario.


Un lapsus cuasi freudiano: de qué se trata con el “retorno”.
Por descontado, el retorno voluntario no es una iniciativa de suyo criticable. Desde hace años, y conforme a lo que dispone la propia Ley, diferentes ONGs trabajan en programas de retorno voluntario que entre 2003 y 2007 ha propiciado el retorno de algo menos de 4000 inmigrantes a sus países de origen. Lo que cambia ahora en el Plan de retorno voluntario propuesto por el Gobierno casi desde el comienzo de esta segunda legislatura es la vinculación con la situación de crisis y la tesis subyacente de que hay que fomentar esta vía para pinchar la bolsa de paro y para aliviar las dificultades en la que se van a encontrar no sólo los inmigrantes, sino también las Administraciones: menos a repartir. Las condiciones para acogerse no parecen complicadas: encontrarse en paro y no tener recursos económicos para volver por sus medios; haber residido en España al menos seis meses; una valoración de los servicios sociales del Ayuntamiento en el que se resida o de una ONG especializada y presentar por escrito una declaración de voluntariedad del interesado. Además, es necesario que se trate de países ajenos a la UE y con los que existan Convenios de Seguridad Social (para que quienes se acojan al plan puedan computar las cotizaciones cumplidas en España para su futura pensión) . A cambio se les ofrece el abono de la prestación por desempleo en dos plazos: el 40% en España y el 60% en su país. Como contrapartida, el inmigrante debe renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo y no volver a España en tres años .
Pero sucede que, como ha ocurrido con otras explicaciones de la política de inmigración adoptada desde la llegada del ministro Corbacho , este Plan –que hasta hoy constituye un considerable fracaso respecto a las desproporcionadas expectativas que el propio ministro presumió en su presentación-, desnuda nuestra concepción de fondo de la inmigración. Sí: somos el país de la UE que más inmigrantes ha recibido y en menos tiempo. Sí, hablamos de políticas de integración y ciudadanía para los inmigrantes. Pero eso era antes de la crisis. En realidad, los recibimos porque no teníamos más remedio y porque nos salía barato emplear esa mano de obra inmigrante en un momento de despegue económico y vacas gordas. Pero cuando escasea el trabajo, hay que dejarse de discursos bien pensantes. Es el momento de que se vayan. Y no importa que de esa forma expongamos alto y claro que no los consideramos iguales, que les negamos una vez más derechos elementales, en este caso su condición de parados, con todas las obligaciones legales que ello supone. Son “expulsables”, aunque -según la lengua de trapo al uso- se hable de retornables.
Hay no pocos argumentos que desvelan los presupuestos (¿prejuicios?) que subyacen a la concepción del Plan: la primera, la dificultad para deslindar la zona gris entre el retorno voluntario y el forzado. La propaganda del Plan parece enfatizar lo primero (el lema es “Estas pensando en volver?”), pero en realidad no esta lejos de sugerir el “si eres inmigrante en paro, “márchate!”. Además, como se ha señalado, el Plan generaliza indebidamente y envía el mensaje de que todos los inmigrantes son lo mismo, pues no distingue entre la gran variedad de situaciones en las que se encuentran los inmigrantes “retornables”, que afectan a muy diversas modalidades de retorno. No es lo mismo según sea el tipo de permiso de trabajo y residencia, o el modelo de familia que se haya constituido o asentado (parejas mixtas, parejas en las que uno de los miembros adquiere la nacionalidad española, parejas con hijos nacidos en España, etc). Finalmente, y esto es importante, en todo proceso de retorno hay dos elementos a considerar, la situación en el país donde se ha asentado el inmigrante y la de su país de origen. Si esta última no ha mejorado sensiblemente respecto al momento en el que el inmigrante partió y también respecto a la situación en España, el plan está abocado al fracaso. Pese al tópico, el inmigrante no piensa necesariamente en volver, y menos aún sus hijos. Y es que un riesgo potencial del Plan es fomentar el prejuicio xenófobo, la idea de que “sobran”. Como ya no nos benefician y nos cuestan el paro y los servicios sociales (olvidando que son derechos), lo mejor es que se vayan.



La necesidad de la reforma legal en materia de inmigración.
Veamos ahora algunas consideraciones sobre la reforma de la Ley. La primera pregunta que debemos formular acerca de este proyecto de reforma atañe a su necesidad y oportunidad. Dicho de otra manera, ¿está justificada? ¿es esta situación de crisis el momento y el procedimiento oportunos para llevarla a cabo?
Como anticipé, las razones justificativas aducidas son de tres órdenes. Ante todo, ampliar el reconocimiento de derechos, aunque, en realidad, no es tanto una libre decisión política, sino la ejecución del mandato del Tribunal Constitucional que, en diferentes Sentencias en noviembre y diciembre de 2007 -especialmente las STC 236/2007 de 7 de noviembre y la STC 259/2007 de 19 de diciembre- relativas a recursos interpuestos sobre todo (no sólo) por algunos Parlamentos autonómicos, declaró inconstitucionales disposiciones de la ley 8/2000 que negaban derechos fundamentales a los inmigrantes irregulares (mal llamados sin papeles). Además, la exigencia de ajustar la legislación española a las directivas europeas y a los postulados expresados en el referido Pacto europeo de asilo e inmigración, encaminados a crear un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). Finalmente, los cambios en el fenómeno migratorio y las condiciones actuales del mercado de trabajo, en medio de una profunda crisis. Se trataría de una reforma positiva, pues extendería derechos y nos homologaría con lo que postula la UE, sin hacer de los inmigrantes el chivo expiatorio de nuestros problemas.
Pero las críticas son evidentes. Lo primero es recordar que las Sentencias del TC obligan a reconocer esos derechos, luego su incorporación no supone voluntad extensiva de reconocimiento sino –faltaba más- acatamiento de un imperativo. Luego la prueba de una voluntad política de igualdad en derechos está en cómo se incorporan e interpretan. Y aquí el reagrupamiento familiar constituye, como veremos, un argumento que pone en entredicho tal voluntad. Respecto al segundo argumento, es preciso clarificar de qué se habla cuando se invoca la necesidad de armonizar nuestro ordenamiento con la normativa europea. Lo cierto es que, en materia de interpretación y aplicación del derecho comunitario, el criterio básico es siempre el de la prioridad de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y por eso la claúsula reiterada que recuerda que los Estados tienen competencia para aplicar la norma más favorable, es decir, que la aplicación de las directivas europeas (por ejemplo, la tristemente célebre directiva de retorno) se supedita siempre a aplicar la norma vigente más favorable a los derechos. Dicho de otra forma, como ha insistido CEAR a propósito de la otra reforma en curso, la del asilo, los cambios legales deben recoger lo que es considerado como mínimo en las directivas, cuando sea necesario y no exista norma nacional mejor que sea aplicable, no afectando a aquellas materias en las cuales la protección, las garantías y los derechos reconocidos superan el contenido de la misma; por tanto la política de la UE no obliga a ningún recorte, si se apuesta por esta opción se hará desde la responsabilidad de cada gobierno. Lo que nos conduce al segundo test.
En efecto, como decía, no basta con afirmar como argumento justificativo que se trata de reformas progresistas que amplían derechos. Hay que examinar, en efecto, si los derechos en concreto se ven ampliados en su reconocimiento y garantía. Y aquí el balance es mucho menos positivo de lo que se pretende e incluso resulta seriamente preocupante. Quizá la objeción de fondo es la supeditación del marco de la inmigración a lo que parece constituir la prioridad de prioridades del Pacto europeo mencionado, la obsesión por “dominar” los flujos migratorios en propio beneficio y la fijación en el objetivo de “controlar la inmigración ilegal y adecuar todos esos movimientos de personas a las necesidades del mercado de trabajo europeo y de su economía productiva”. Así se refleja en la justificación oficial de la reforma que literalmente sostiene que los poderes públicos “deben ordenar y canalizar legalmente los flujos migratorios de tal manera que los mismos se ajusten a nuestra capacidad de acogida y a las necesidades de nuestro mercado de trabajo” (dos criterios considerablemente indeterminados) y, en particular, en un nuevo precepto en el articulado, el artículo 2 bis, apartado 2.b) que señala como objetivo de política de inmigración fomentar “la inmigración legal y ordenada, orientada al ejercicio de una actividad productiva”.
Hablar de extensión de derechos choca con la regulación que hace el proyecto de por ejemplo, el derecho a la educación, tanto infantil como de naturaleza no obligatoria (artículo 9) , del derecho de reagrupación familiar (artículos 17 y siguientes) , de la situación de los menores no acompañados (artículos 35 y 57.2) y por terminar, del catálogo de sanciones graves (cuyo número se incrementa en el artículo 53) así como del plazo de internamiento en los CIE, que pasa de 40 a 60 días (artículos 53 y 62, sin que se justifique ante la actual realidad migratoria en España ) y que posibilita plazos más amplios cuando el extranjero internado solicite asilo, pues el período de tramitación de solicitud suspende el plazo anterior .
Particularmente llamativo es lo que sucede con el derecho al reagrupamiento familiar, un derecho fundamental reconocido como tal tanto a nivel nacional como internacional . Es difícilmente aceptable que una reforma de ley que se emprende para extender los derechos no reconocidos y de acuerdo con el mandato imperativo del TC, se aproveche, paradójicamente para restringir el ámbito de los beneficiarios de ese derecho –básico, es el derecho a la unidad familiar- y someterlo a condiciones más gravosas. Los ascendientes no podrán ser reagrupados hasta que no sean mayores de 65 años, y además se exige que el reagrupante tenga una residencia de larga duración, esto es, lleve 5 años de residente legal en España, cuando en la normativa vigente sólo se requiere una autorización de residencia renovada. No se entiende que la reforma hable del objetivo de integración cuando un requisito elemental como el respeto a la unidad familiar es deteriorado.
Podríamos añadir otros dos elementos de juicio. De un lado, sorprende una vez más que la reforma de la ley no se aproveche para adecuarla al standard internacional básico que el la Convención de la ONU de 1990 sobre derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias , un Tratado en vigor, que el Estado español no ha ratificado ni muestra voluntad de ratificar (ninguno de los de la UE, pese a las continuas llamadas del Parlamento Europeo o del Consejo de Europa). Si ese instrumento jurídico se hubiera ratificado, no habría dificultades como las que nacen de la malhadada directiva de retorno. Y este es el segundo argumento: por qué no es igualmente prioritario para el Gobierno tal ratificación? Cuáles son las razones, si resulta evidente que dicho standard es superior al que hoy ofrecemos, por ejemplo en materia de reunificación familiar?
La reforma no parece, por último, una barrera eficaz frente al discurso xenófobo. Al contrario, prosigue en la vía de estigmatización de la inmigración irregular, o, por decirlo mejor, de la culpabilización de los migrantes en situación irregular al sostener que “la inmigración irregular atenta contra la cohesión social y contra la dignidad de las personas y distorsiona y precariza el mercado de trabajo”.
Es de esperar que el esfuerzo que realizan en este momento buena parte de los representantes de la sociedad civil permita que, por vía de enmiendas en el proceso de tramitación parlamentaria, se corrijan al menos estas deficiencias para acercarnos a uno de los elementos que definen una sociedad decente, como recordara Péguy: una “ciudad sin exilio”.

miércoles, 11 de marzo de 2009

El Gran Salto adelante del Socialismo del Siglo XXI


Se celebró el II Encuentro de Pueblos y Estados por la Liberación de la Patria Grande en Barquisimeto, 27, 28 de febrero, 1 de marzo. Los Pueblos con la Ciencia construyen el Socialismo del Siglo XXI

Heinz Dieterich en Kaos en la Red

1. Las tres fuentes del Socialismo del Siglo XXI

En 1913, Vladimir I. Lenin, definió al marxismo como “el heredero legítimo de lo mejor que la humanidad creó en el siglo XIX: la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés”. Estas son “las tres fuentes del marxismo, que constituyen, a la vez, sus partes integrantes”, escribió el más grande revolucionario de su época, refiriéndose a la metodología científica aportada por los alemanes, la ciencia económica contribuida por los ingleses y la razón política generada por los franceses.

Si se definieran hoy las tres fuentes y partes integrantes del Socialismo del Siglo XXI, tendríamos que hablar de las ciencias de vanguardia; la economía de equivalencia, basada en el valor y el principio de equivalencia; y la democracia participativa, extensiva a las cuatro relaciones sociales del ser humano y con un fuerte componente electoral aleatorio.

2. Digitalización y telemática: el ágora global del Socialismo del Siglo XXI

Las fuerzas productivas que hacen posible que los tres elementos constitutivos del Socialismo del Siglo XXI lleven la humanidad a una economía más humana y una democracia más participativa, se basan en la digitalización y la telemática. Sin ellas, las enormes escalas de espacio y tiempo de los Estados modernos se erigen como murallas infranqueables entre los ciudadanos, permitiendo únicamente la dictadura burguesa en su forma de democracia representativa.

Sin embargo, la tiranía de espacio y tiempo está cediendo. Digitalización y telemática sustituyen el privilegio democratizador de la organización a pequeña escala, que disfrutaban los griegos. La burguesía, castigada por el implacable flagelo de la ganancia, ha generado el ágora global digital, que nos obliga moralmente a retomar el experimento de los griegos, realizarlo a gran escala (humanidad) y profundizarlo cualitativamente. El vuelo del Ícaro, liberado de plumas y ceras de la utopía, despega ahora sobre las alas de la ciencia y tecnología del Siglo XXI.

3. Vanguardia y Socialismo del Siglo XXI

La afirmación de Lenin, de que la obra de Marx/Engels representa lo mejor de la ciencia y de la voluntad libertadora del Siglo XIX, puede extenderse al Socialismo del Siglo XXI. El asombroso avance de la epistemología científica en las últimas décadas, que resulta del cúmulo de hazañas científicas particulares, ha permitido al Socialismo del Siglo XXI convertirse en una ciencia crítica coherente y madura para su aplicación gradual y consensuada. En palabras del ingeniero Angel Cadelli del Astillero Rio Santiago (Argentina), en el reciente encuentro del BRPP en Barquisimeto: “La única alternativa al capitalismo es el Socialismo del Siglo XXI”.

Muchas disciplinas científicas han contribuido a esa vanguardia, por ejemplo, el software libre. Pero dos han sido de particular importancia: la Escuela de Bremen y la de Escocia. Por las razones mencionadas, tienen una génesis común. La Escuela de Bremen nace de la simbiosis científica entre el inventor alemán de la computadora, Konrad Zuse y el historiador-cartógrafo-matemático Arno Peters. De esta forma, la informática entra en síntesis con la teoría del valor de Marx y se consuma con el principio de equivalencia que introduce Peters. Carsten Stahmer, magnífico matemático inspirado por la teoría resultante y la ética del 68, demuestra la validez de la nueva teoría al convertir las cuentas nacionales monetarias de la economía alemana en cuentas nacionales en valores (time inputs) y volúmenes físicos (1997).

Allin Cottrell y Paul Cockshott, de la Escuela de Escocia, parten del inventor escocés de la computación, Charles Babbage y demuestran ---sobre el ideario de Robert Owen, Karl Marx/Friedrich Engels y Aristóteles--- que solo con la tecnología informática es posible la planeación democrática de la economía de valor y de una democracia participativa.

4. El espíritu se vuelve materia: ciencia y pueblos se unen

Construidas las condiciones del espíritu para el futuro poscapitalista: conocimiento científico, ética y tecnología, solo faltaba el poder material de la transición: los pueblos y sectores estatales progresistas.

Tal comunión se logró en el Segundo Encuentro de Pueblos y Estados por la Liberación de la Patria Grande, Los Pueblos con la Ciencia construyen el Socialismo del Siglo XXI, Barquisimeto, 27, 28 de febrero y 1 de marzo, donde los movimientos sociales del Bloque Regional de Poder Popular latinoamericano (BRPP), los científicos de Scientists for a Socialist Political Economy (SSPE), la Gobernación del Estado Lara, su Consejo Legislativo, la Alcaldía de Iribarren y los portales www.aporrea.org y www.kaosenlared.net, dieron el Gran Salto adelante del Socialismo del Siglo XXI, mediante:

5. Los tres pasos necesarios hacia el Socialismo del Siglo XXI


1. Reafirmando su apoyo inclaudicable a los gobiernos constitucionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

2. Demostrando que las condiciones científicas y tecnológicas necesarias para crear la economía de equivalencia y la democracia participativa están dadas en la actualidad y que, su conocimiento e implementación depende, por lo tanto, del grado de conciencia y de la voluntad política de los movimientos sociales y gobiernos progresistas.


3. Ofreciendo a los movimientos sociales y gobiernos progresistas de América Latina constituir, de manera conjunta, los equipos científico-sociales latinoamericanos-internacionales, capaces de profundizar e implementar el conocimiento científico existente en los sectores socialistas avanzados de la comunidad científica latinoamericana y mundial, en seis áreas de trabajo: 1. Modelos de simulación económica; 2. Conversión de cuentas nacionales en valores mediante matrices de Input-Output (IOT); 3. Ampliación del concepto trabajo productivo, incluyendo el trabajo no-remunerado (transporte al trabajo) y el trabajo del hogar (amas de casa); 4. Contabilidad de valor a nivel micro (empresas) según el modelo de economía política de la “Rosa de Peters”, usado por los obreros del BRPP del Astillero Río Santiago, Argentina, en la construcción del buque “Eva Perón” para PdVSA; o, por la contabilidad monetaria actual y el método MELT (Monetary Equivalent of Labour Time); 5. Tecnología informática como herramienta masificadora de la participación democrática y el empoderamiento de las comunidades; 6. Mecanismos de superación de las tres fuentes de explotación humana: ganancia, renta de la tierra e interés, incluyendo los temas de la imposibilidad de la especulación financiera y de la inflación en la economía de equivalencias, y el uso del valor en la creación de monedas de referencia latinoamericanas. (Ver “Declaración de Barquisimeto” y “Programa de Transición”, en www.socialismoxxi.org, www.aporrea.org, www.kaosenlared.net y www.rebelion.org.)


6. “Nadie puede parar una idea, cuyo tiempo ha llegado”


El trabajo por el Socialismo del Siglo XXI, iniciado con la fundación del BRPP en Sucre, Bolivia, en 2006; profundizado con el “Programa General de Transición hacia la economía política del Socialismo del Siglo XXI en América Latina”, el 8 de octubre, 2008, en Caracas; y llevado a nivel de aplicabilidad científica en el Encuentro de Barquisimeto, continuará este año con eventos científico-populares del BRPP-SSPE en Centroamérica, donde inauguraremos la primera Cátedra del Socialismo del Siglo XXI, Francia, Ecuador, Perú, Argentina y América del Norte. A inicios del 2010, el BRPP-SSPE realizará el primer evento en Asia.

“Nadie puede parar una idea, cuyo tiempo ha llegado”, decía Víctor Hugo. El Socialismo del Siglo XXI es una de esas ideas cuyo tiempo ha llegado. Y nadie lo va a parar: ni las equivocaciones socialistas del pasado, ni las delusiones capitalistas del presente.

lunes, 9 de marzo de 2009

Reseña “Mercenarios: guerreros del imperio. Los ejércitos privados y el negocio de la guerra” de Daniel Pereyra

Las conexiones entre las corporaciones militares y la industria armamentística

Carlos Sevilla Alonso
para SURCOAUSTRAL

“El Estado es una comunidad humana que reivindica con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia física en un territorio determinado” Max Weber

“¿Necesita un Ejército? Sólo levante el teléfono y llame” Barry Yanman

En la clásica y muy discutible definición weberiana del Estado - la cual sigue marcando el estándar de la “estatalidad”- esa ficticia comunidad humana de cuya anatomía surgen los conflictos, ha centralizado en un territorio dado y en ciertos aparatos –judicial, ejército, policía- la violencia física, en forma discutiblemente legítima – ficción del consentimiento o a través de la menos ficticia función hegemónica- con “éxito”. Este “éxito” está, hoy en día, muy poco asegurado.

Para tener un Ejército basta con descolgar el teléfono.

La administración Bush a partir del 11-S ha realizado con su “capitalismo del desastre” una aportación fundamental a su etapa neoliberal, esto es, la privatización de las consideradas funciones esenciales del Estado, adjudicando al sector privado el “núcleo” de funciones de seguridad, defensa e infraestructura. Como señala Naomi Klein en su reciente libro, La doctrina del shock, “A través de la "Guerra contra el Terror", la administración Bush ha provocado: la creación del complejo del capitalismo del desastre –una nueva economía con todas las de la ley en materia de seguridad nacional, guerra privatizada y reconstrucción de zonas de desastre, ocupada en nada menos que en la construcción y la gestión de un estado con su seguridad privatizada, tanto en casa como en el extranjero. El estímulo económico de esta iniciativa radical se probó con creces a la hora de recoger el testigo allí donde la globalización y el boom de las empresas puntocom lo habían dejado. Así como Internet emprendió la burbuja de las puntocom, el 11-S emprendió la del capitalismo del desastre... Fue el pico más alto de la contrarrevolución lanzada por Friedman. Durante décadas, el mercado se había estado alimentando de los apéndices del estado; ahora devoraría su núcleo”. La privatización acelerada de los activos públicos o estatales en la era neoliberal, incluyendo el “núcleo” de las funciones estatales, forma parte del dispositivo más general de “acumulación por desposesión” del nuevo imperialismo, señalado por David Harvey. En la invasión y posterior ocupación de Irak, no ha habido ni una sola función gubernamental considerada del “núcleo” que no haya sido entregada a un contratista. La privatización generalizada del planeta tiene, por tanto, como resultado, una globalización de la violencia social y militar y la privatización de su uso por mafias, milicias y otras tropas mercenarias.

En su nuevo libro, “Mercenarios: guerreros del Imperio. Los ejércitos privados y el negocio de la guerra”, Daniel Pereyra presta especial atención al fenómeno relativamente reciente de la privatización y mercenarización de la guerra, especialmente durante la ocupación de Irak. Este libro está dividido en cuatro capítulos que hacen referencia respectivamente a los cambios en las formas de la guerra en el siglo XX, al papel de los mercenarios en las guerras del Imperio, a la guerra global permanente inaugurada por la administración Bush y a las Corporaciones Militares Privadas (CMP) que han ido surgiendo en las dos últimas décadas como consecuencia de la subcontratación de funciones esenciales policiales y militares a empresas privadas.

En la primera parte, que versa sobre los cambios en las formas de la guerra durante el siglo XX, el autor señala el aumento de la barbarie producido por el fenómeno de la “guerra total”, en la cual, la definición de “enemigo” como negación óntica de lo propio (Carl Schmitt), borra las fronteras entre combatientes y civiles, deshumanizando la guerra con los campos de concentración o los bombardeos nucleares hasta la utilización de armas químicas contra la población civil. Esta barbarie tiene su origen en la creciente industrialización de la guerra y el avance tecnológico producido por las necesidades bélicas. La industria bélica, muy concentrada y ligada a los Estados que garantizan la compra de su producción, se convirtió a partir de la segunda guerra mundial, en una rama central en las economías del centro, creando en los EEUU un “complejo militar-industrial” ya denunciado en su día por el presidente Eisenhower que orienta y condiciona la política exterior norteamericana. La provisión de seguridad en la actualidad se ha convertido en una nueva industria creciente yendo más lejos aún del viejo complejo militar-industrial. Los grandes beneficios derivados del negocio de la guerra para diversos sectores económicos (industria siderúrgica, naval, aeronáutica, espacial, informática y electrónica) han desatado desde finales de los años 90, una nueva carrera armamentística a nivel mundial tratando de buscar “mercados sustitutivos”, neokeynesianismo militar mediante, ante la crisis estructural de sobreproducción y sobrecapacidad que se ha instalado en la economía mundial, especialmente en su “centro”.

El papel de los mercenarios en las guerras del Imperio durante el siglo XX es abordado en el segundo capítulo. Esta profesión, siendo tan antigua como el arte de la guerra, está rodeada en la actualidad, bajo la forma del moderno mercenario, de un halo fascinante, típica del aventurero intrépido gracias al trabajo ideológico de la industria cinematográfica y del entretenimiento –videojuegos- como señala Roberto Montoya en el prólogo del libro. Sin embargo, adquieren especial relevancia tras la segunda guerra mundial cuando se desmovilizaron los ejércitos de masas constituidos por millones de soldados que buscaron empleo en la vida civil. En esta segunda parte, el autor se detiene en las intervenciones imperialistas y el empleo de mercenarios en América Latina al calor de la guerra antisubversiva o anticomunista desplegada por los EEUU en su “patio trasero”, desde los años cincuenta hasta el tiempo presente, con los escuadrones de la muerte en Guatemala y El Salvador, el empleo de mercenarios en el desembarco de Bahía de Cochinos contra la victoriosa revolución cubana, la operación Cóndor en el Cono Sur, la Contra nicaragüense, el paramilitarismo de Estado en Colombia, etc.

También se aborda el papel de los mercenarios en las intervenciones militares en África durante el período de la descolonización política como integrantes de milicias locales al servicio de las potencias imperialistas y como ejércitos privados al servicio de particulares, mafias o empresas privadas, para la custodia de las instalaciones petrolíferas o de las minas de diamantes en Sierra Leona y del coltán en la República Democrática del Congo. Más generalmente, el uso actual de mercenarios está provocado por una serie de factores que señala el autor, “la necesidad de los Estados de ejecutar tareas militares “sucias” sin implicarse de forma directa; la ventaja política de que las bajas no se contabilizan como propias; la posibilidad de contar con un combatiente que no es preciso entrenar y del que se puede prescindir cuando no es necesario; la dificultad para completar las plantillas de personal necesarias en la medida que crecen los frentes bélicos; y porque constituyen un sector económico muy apetecible por su rentabilidad, que atrae constantemente a nuevas empresas que se unen a los tradicionales y poderosos fabricantes de armamento en los lobbies que presionan y condicionan a los gobiernos y los parlamentos, bregando en pro de guerras y conflictos que den salida a sus servicios y productos” (p. 60-61)

La tercera parte del libro está dedicada a la preparación de la guerra global permanente desatada por la administración neoconservadora norteamericana tras los ataques del 11-S. En este capítulo, el autor se detiene en la lógica del fenómeno de privatización y mercenarización de la guerra, señalando que “era lógico desde el punto de vista del capital, que también se privatizara la gestión de las guerras, desde la fabricación de material hasta el reclutamiento de personal, siendo además un mercado cautivo para un número limitado de grandes empresas, con una tasa de beneficios muy alta y con la posibilidad de continuar creciendo” (p.166) Esta privatización de la gestión de las guerras y su “subcontratación” a las corporaciones militares privadas, ha supuesto una evolución del empleo de mercenarios en la guerra global permanente, pasando del desempeño de tareas logísticas de apoyo a los ejércitos (transporte, sanidad, abastecimiento, alimentación, intendencia y correo) a las áreas de combate que requieren una fuerza de trabajo cualificada constituida por exmilitares y policías de procedencias diversas y amplia experiencia profesional en el empleo de armas y en el ejercicio de la violencia. La motivación del mercenario es como señala el autor “la retribución económica”, sirviendo al mejor postor y cuyos empleadores suelen ser corporaciones militares privadas que obtienen contratos de los ministerios de defensa, mafias, bandas de narcotraficantes o señores de la guerra, obedeciendo a distintas facciones sean éstas militares, políticas o empresariales.

El último capítulo está dedicado al análisis de la política imperial norteamericana actual y al papel de las corporaciones militares en las “privatizadas” guerras de Irak y de Afganistán. Como señala el autor, “la declaración de la guerra global permanente significó un impulso definitivo a la carrera armamentística […] y el aumento imparable del gasto militar mundial de 765.000 millones de dólares en 1998 a 1.160.000 millones de dólares en el 2006, el 46 % del gasto a cuenta de los EEUU” (p.197). El neokeynesianismo militar puesto en marcha por la administración Bush, para tratar de superar las crisis bursátiles y financieras de las empresas puntocom y de las hipotecas subprime, es un caso claro de búsqueda de mercados sustitutivos ante la latente crisis estructural de la economía norteamericana que da francos signos de recesión, sobreproducción y sobrecapacidad. La mayor parte del aumento del gasto militar ha ido a parar a relativamente pocos contratistas bien conocidos (Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, British Aerospace, Grumman, General Dynamics, Thales, EADS, Finmecanica, Honeywell) un total de 10 empresas de armamento de las cuales 6 son americanas. Estas empresas son las principales contratistas de los ministerios de defensa y de los programas de I+D+i militar que absorben aproximadamente el 30% de la I+D mundial, de los cuales, dos tercios de los gastos mundiales en investigación militar son aprobados por los EEUU. Estos ejemplos ilustran la vitalidad del complejo militar-industrial y la relación íntima existente entre la industria militar y la actual administración norteamericana.

El fenómeno reciente en el que se detiene Daniel Pereyra, lo constituye, sin embargo, la proliferación de las Corporaciones Militares Privadas a partir de los años 90 del pasado siglo. Siendo Dick Cheney, actual vicepresidente de los EEUU y secretario de Defensa en 1992, se aprobó un plan para la privatización de servicios militares, encargándolo a su propia ex-empresa, una filial de Halliburton, que es la mayor contratista del Pentágono en Irak. Este plan creó las condiciones para la subcontratación de servicios y personal de las unidades militares para operaciones en el exterior. El increíble volumen de negocio derivado de tal externalización de funciones esenciales, se ha concentrado en diez contratistas del gobierno americano muchos de los cuales obtienen grandes beneficios pues son empresas armamentísticas. (Lockheed, Boeing, Raytheon, General Dynamics). Como en todo sector en expansión se han acelerado los procesos de absorción y fusión, y de intercambio de directivos entre estas empresas.

Irak constituye el ejemplo del despliegue de la guerra privatizada y del empleo masivo de mercenarios en tareas logísticas y de combate. La destrucción de buena parte de las infraestructuras iraquíes y el intento de sustitución del aparato de Estado Ba’athista por un nuevo ejército y una nueva policía abrieron una oportunidad de negocio para los contratistas parcialmente frustrada por el incremento de la resistencia armada. Funciones consideradas esenciales del “núcleo” del Estado han sido entregadas a contratistas. Por ejemplo, el grupo Betchel, uno de cuyos principales dirigentes es George Schultz –exsecretario de Estado de Ronald Reagan- ha sido uno de los mayores beneficiarios de la llamada reconstrucción de Irak, recibiendo contratos por valor 2.800 millones de dólares para infraestructura no petrolera. Otra de las empresas más conocidas es Blackwater, cuyos mercenarios saltaron opinión pública internacional cuando fueron ajusticiados por la resistencia iraquí en Faluya, empresa fundada por exmilitares de las fuerzas especiales americanas, se dedica a la formación y entrenamiento militar, está implicada en tareas de combate en Irak y a cargo de la seguridad de Zalmay Khalizad, embajador americano en Bagdad. La empresa Dyn corp, perteneciente al grupo americano CSC, se encarga del entrenamiento de la policía en Irak y Afganistán, de la provisión de interrogadores para el ejército y de la seguridad del presidente afgano, Hamid Karzai. El autor recopila un interesante listado de las principales Corporaciones Militares Privadas (pp. 209-228) mostrando las conexiones íntimas entre éstas y la industria armamentística así como el sistema de “puertas rotatorias”, por el cual, antiguos altos mandos de los ejércitos, policiales y de los servicios de inteligencia se pasan al suculento negocio de las Corporaciones Militares Privadas.

Se calcula que aproximadamente 100.000 mercenarios están presentes en Irak, por 172.000 soldados regulares. La diferencia entre Irak e Afganistán reside en la magnitud muy superior del despliegue militar y mercenario en Irak y en las funciones que éstos asumen en Irak, desde el combate a aspectos logísticos o técnicos. “Las razones de esta revolución en la organización militar son básicamente dos: la escasez de personal para la política imperial y la decisión neoliberal de privatizar la gestión de la acción militar, dejando en manos del estado las funciones de combate que no se pueden transferir y la dirección estratégica de la guerra” (p.277) como señala el autor.

Sólo las utopías más reaccionarias hubieran soñado con un escenario como el que delinea Daniel Pereyra en lo referido a la privatización del núcleo del Estado en los experimentos neocoloniales de nation building. La concepción mínima del Estado como “agencia de protección”, lleva a la idea delirante, expresada entre otros por el intelectual “anarcocapitalista” Robert Nozick, de privatización de las fuerzas policiales y el ejército. El neoliberalismo de la globalización feliz devoraba los apéndices del Estado; la fase de globalización armada inaugurada por el 11-S, amenaza con devorar el propio núcleo del Estado. En definitiva, nos encontramos ante un libro fundamental y de referencia para comprender esta “gran transformación”.

“Mercenarios: guerreros del imperio. Los ejércitos privados y el negocio de la guerra” de Daniel Pereyra, El Viejo Topo: Barcelona, 2007, 294 págs.