lunes, 17 de marzo de 2014

Chile: Tsunami amenaza al nuevo gobierno

bachelet presidenta

Con desafiantes rayados callejeros, comentarios en Twitter y Facebook, decenas de columnas en los medios digitales y el liderazgo de la Nueva Mayoría en la primera plana de la prensa corporativa, el nuevo gobierno de Michelle Bachelet, que asume este 11 de marzo, parece acercarse a su estreno no como coalición flamante y triunfante, sino con el pesado lastre acumulado por veinte años. Las contradicciones -y también confusiones- en la conformación del gobierno mostradas durante el verano, sumadas a las tensiones al interior de la coalición, se instalan como una compleja y agorera señal: nunca, por lo menos en las últimas dos décadas, un gobierno había enfrentado tantos obstáculos antes de su inicio.

¿Qué señal exhibe un gobierno si antes de asumir entrega a la exigencia pública la cabeza de tres altos funcionarios, en tanto cerca las críticas a varios otros nominados? Contradicciones, bipolaridad, o tal vez culpa como efecto de la derrota de 2010. Pero también, como acusa la derecha, debilidad, desorden, ineficiencia. El antecedente ha quedado registrado.

Por un lado está la señal como efecto de la reacción en el equipo gubernamental, pero está también, y en un grado de mayor peso, la causa que llevó al gobierno entrante a bajar la guardia y acceder a las demandas de la opinión pública. Porque no fueron denuncias levantadas ni por un partido de oposición ni desde aquella zona tenebrosa expresada a través del duopolio que conforman los llamados poderes fácticos. Las presiones surgieron, principalmente, desde los movimientos sociales y como denuncias desde la prensa independiente, antecedente que deja a este sector muy fortalecido en cuanto observador del cumplimiento de sus demandas a partir del 11 de marzo.

Se trata de un antecedente inédito para cualquier gobierno posdictadura, registro al que se añade la carga de la culpa de la derrota de 2010, que es el miedo a un nuevo fracaso electoral. Un temor que con el correr de los días y al observar las evidentes contradicciones en materias clave que van desde la educación o derechos humanos, sólo tenderá a crecer.

Bajo este clima político estival, en este preludio destemplado, el gobierno de la Nueva Mayoría, tropezando en lo político, debiera hallar su apoyo donde siempre lo encontró la Concertación: en el modelo neoliberal, en un deseable alto crecimiento económico y en un supuesto y también necesario bajo desempleo. Con estas variables como piso de comprobada solidez durante al menos veinte años, la apuesta debiera avanzar segura.

¿Pero es más de lo mismo como se repitió durante la primera década del siglo? La Nueva Mayoría, a diferencia de los cuatro anteriores gobiernos de la Concertación, entra esta vez a La Moneda también criticando sus supuestos mayores logros de las décadas pasadas, contradicción que se eleva a la categoría de lo incompatible, la comedia o el absurdo. Que sea a partir de marzo ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, el mismo ministro que avaló desde Hacienda años atrás el crédito con aval del Estado, parece parte de un discurso de difícil articulación. O que sea el gobierno en pleno, cuyos miembros y adherentes están imbricados con los grandes grupos económicos el que pretenda, por lo menos en la letra, desmantelar parte del andamiaje mercantil, aparece también como un guión disparatado.

Pese a todas las incongruencias, algunas destapadas antes de la cocción y otras ya exhibiendo sin pudor sus diferencias y contraposiciones, el camino ya está señalado. A partir de este mes se muestra una realidad instalada, que se expresa desde la economía, los movimientos sociales, los sindicales y los gremios, a los grupos económicos y poderes fácticos. Desde todos ellos se levantan las demandas y los intereses. Unos por el cambio, los otros por el conservadurismo institucional.

EXPECTATIVAS ECONOMICAS INFUNDADAS

La campaña electoral de Michelle Bachelet creó expectativas que, al observar el espectáculo estival, trascienden la capacidad de su programa, el que está acotado básicamente a las reformas de la educación, tributaria y la redacción de una nueva Constitución. Pese a ello, el regreso a partir de marzo de la ex presidenta ha generado entre sus electores y parte de la población un clima de excesiva confianza en aspectos que no están necesariamente ligados a su programa. Es el caso de las expectativas en materia económica, que la ciudadanía está relacionando con su regreso.

No pocos analistas han escrito sobre los aspectos subjetivos de la figura de Bachelet, los que tuvieron un peso relevante en su triunfo electoral. Estos análisis pueden ser una herramienta para comprender la extraña relación que existe entre su programa y las enormes, y bastantes infundadas, esperanzas de mejoría casi inmediata de calidad de vida. Un horizonte radiante que más parece una visión creada por la fe que por un párrafo de su programa. Una ilusión, al considerar las proyecciones económicas para el año en curso.

Las altas expectativas colocadas en el futuro gobierno, registradas por la encuesta CEP y el derechista Instituto Libertad y Desarrollo, no tienen gran correspondencia ni con las proyecciones para 2014 realizadas por diferentes organismos económicos, como tampoco con las cifras del anterior gobierno de Bachelet. Durante el periodo 2006-2009 el PIB creció a una tasa promedio de un escaso cuatro por ciento, en circunstancias que durante el actual gobierno saliente la economía creció una media anual del 5,4 por ciento. Y algo similar ocurrió con el empleo. Durante el cuatrienio 2006-2009 la tasa de desempleo promedió un ocho por ciento, la que descendió a 6,8 en el gobierno de Sebastián Piñera. A grandes rasgos, no existen bases económicas objetivas para relacionarlas con las altas expectativas creadas por la Nueva Mayoría. Y si buscamos en otros indicadores, como los índices de desigualdad, veremos que éstos se han mantenido muy similares durante los últimos veinte años. Las dos coaliciones no han hecho nada para suavizar esas extremas diferencias en la distribución de la riqueza.

El futuro inmediato para la Nueva Mayoría no dista mucho de las cifras del último gobierno de la Concertación. La encuesta económica que realiza el Banco Central a especialistas del sector financiero apunta en la dirección contraria a las creencias de la ciudadanía. Para la mayoría de los economistas consultados, el PIB chileno, que en 2013 habría aumentado un 4,5 por ciento, sólo crecerá un cuatro por ciento en 2014, cifra que comparten la mayoría de los organismos económicos, desde el mismo Banco Central a organismos como la Cepal y el Banco Mundial. La economía chilena está en un proceso decreciente.

Hay una serie de variables que están contrayendo la economía nacional. Una de ellas es el comportamiento de la economía internacional, la que afectará la producción y exportación de productos ligados a los recursos naturales, piedra angular del modelo chileno. En la minería, una proyección de la Sonami, organización de los empresarios privados, estima que las exportaciones mineras llegarán este año a 45 mil millones de dólares, cifra menor que la del año pasado, como efecto de una nueva baja en el precio del metal rojo, que este año llegaría a unos 3,1 dólares la libra tras el peak histórico de 2011, con un precio de cuatro dólares.

La otra variable que se contrae en la economía nacional será la demanda interna, que es inversión y consumo. Después de un periodo de fuerte crecimiento económico, esta variable, en especial la inversión, se ha enfriado. Un informe de la OCDE del año pasado alerta sobre esta caída en la inversión, la que tendrá sus efectos en los salarios. Para el organismo internacional, la demanda interna creció en 2013 un 6,1 por ciento, en 2014 se expandirá un 5,3 por ciento y el próximo año seguirá cayendo para alcanzar solo a un 4,7 por ciento. Y otro tanto sucede con el desempleo, que desde el segundo semestre del año pasado expresa una tendencia al alza.

El panorama no es riesgoso en cuanto forma parte de los usuales ciclos económicos. Varios de los gobiernos de la Concertación, en especial el de Ricardo Lagos, tuvieron que hacer frente incluso a procesos recesivos y lograron terminar sus periodos sin grandes mellas. Pero el escenario que se abre en marzo tiene características que lo hacen especialmente sensible por las diversas expectativas creadas. Una está relacionada con las promesas de reformas en el programa de la Nueva Mayoría, en especial el aumento de los impuestos a las empresas para financiar los proyectos en educación; la otra, es la percepción empresarial, en cuanto estima que esas reformas serán mínimas.

SEÑALES DEL EMPRESARIADO

Durante las semanas que antecedieron a la segunda vuelta electoral hubo una presión desde la Alianza que amenazó a la ciudadanía con un freno en la inversión ante la incertidumbre económica que generaba el programa de Bachelet. Aun cuando se trataba de parte de la campaña electoral, si relacionamos las advertencias con la real caída en la inversión, la que está ligada a ciclos económicos, hay aquí elementos subjetivos y comunicacionales que podrían amplificarse en el futuro. No sería difícil para el empresariado amplificar sus quejas a través del duopolio mediático, las que ligadas a la desaceleración económica, podrían crear en el corto plazo un clima de deterioro económico. Los numerosos artículos que han aparecido en la prensa del duopolio alertando sobre los peligros de la eliminación del FUT que ha planteado la Nueva Mayoría, son solo un primer indicio de lo que podría venir en el futuro.

Ante este escenario, Bachelet podría poner el freno y echar marcha atrás en las materias que incomoden al empresariado. Un deteriorado clima económico genera temor entre los actores económicos y entre la población se propaga con facilidad. Afecta con rapidez a la confianza en el gobierno, en especial en un país con una arraigada cultura basada en los mercados.

ARTICULACIÓN FUTURA DEL MOVIMIENTO SOCIAL

Pero no será tan fácil para el gobierno de la Nueva Mayoría repetir las políticas de los consensos de la Concertación, algo que los incidentes del verano dejaron como muestra. Desde los últimos años de la década pasada el país ha dado un giro radical. El clamor ciudadano, canalizado a través de los movimientos sociales, que surgió durante el anterior gobierno de Bachelet y se organizó durante el saliente, está preparado para observar y cautelar sus demandas a partir de marzo. Lo han dicho los estudiantes, los trabajadores y otras organizaciones sociales.

Basta revisar algunos de los más importantes referentes sociales para argumentar esta afirmación. Desde diciembre tanto los estudiantes universitarios como los secundarios han comenzado a lanzar claras señales de cómo será la relación con el gobierno que se instala este mes. Desde la Fech, su presidenta, Melissa Sepúlveda, ha marcado las grandes diferencias que han detectado entre las demandas del movimiento estudiantil y las propuestas de la Nueva Mayoría. Para el futuro gobierno el fin del lucro estará acotado a las universidades estatales; para los estudiantes, en educación no puede haber espacio para el lucro.

Una perspectiva muy similar tienen los estudiantes secundarios. Eloísa González, de la Aces, en una columna titulada “Bachelet y el fantasma que recorre las calles”, afirmó durante el verano: los secundarios -junto al movimiento social- estarán tomándose no solamente los colegios. “Chile será un país ocupado por sus habitantes y reales dueños: el pueblo chileno”.

Durante el año pasado el movimiento sindical logró dar un salto cualitativo, cual fue la unión de varios sindicatos para la articulación de demandas compartidas. Y en un modelo neoliberal que ha despojado de prácticamente todos los beneficios y derechos a los trabajadores, compartir demandas es fácil, las que van desde los salarios, a las jornadas de trabajo y al sistema privado de pensiones administrado por las AFPs.

El año pasado marcó un punto de inflexión para el movimiento laboral. Tal vez la huelga en el puerto de Mejillones puede usarse como emblema, la que fue apoyada solidariamente por los trabajadores de los puertos de todo el país. Y es en aquel episodio en el cual surgen las demandas compartidas, desde el fin de las AFPs al fin del lucro en la educación de sus hijos.

POLITICA DE ALIANZAS: ESTUDIANTES Y TRABAJADORES

La política de alianzas sindicales corre a la par con un clima de conflictos laborales y huelgas en pleno desarrollo y crecimiento, las que superan en número y días a las de periodos anteriores. Sólo en los últimos meses están las huelgas de Correos, Asmar, Bodegas de Sodimac, Ripley y Montserrat, entre las más conocidas.

El gran salto de 2013 fueron las movilizaciones intersectoriales, las que han ido creciendo. Porque es cada vez más frecuente que las distintas grandes marchas cuenten con la participación de estudiantes y trabajadores, tanto del sector público como del privado. Hacia la mitad de diciembre numerosos sindicatos y centrales dieron una conferencia de prensa en conjunto con los principales líderes estudiantiles para sellar un pacto de movilización y lucha para impulsar las diversas demandas compartidas.

Y está el movimiento mapuche, que observa el regreso de Bachelet a La Moneda como el de un antiguo enemigo. Bachelet carga con el asesinato de Matías Catrileo hace seis años, crimen que las organizaciones mapuches no han olvidado, y con la aplicación de la Ley Antiterrorista. En una declaración publicada en diversos medios alternativos, el prisionero líder de la CAM, Héctor Llaitul, realizó un análisis sobre el futuro gobierno de Bachelet, cuyas reformas son simplemente una estrategia para contener a los movimientos sociales que tiene como objetivo el refuerzo del modelo de explotación neoliberal. Para Llaitul, “desde nuestras definiciones de mapuche autonomistas anticapitalistas, seguiremos en la senda de la resistencia y la reconstrucción nacional haciendo frente con diversas formas de lucha al nuevo gobierno, mientras se administre para los poderosos y en la medida en que se siga con la política de guerra contra nuestro pueblo”.

Ante este escenario lleno de tensiones, la Nueva Mayoría no podrá, como lo hizo la Concertación durante veinte años, gobernar con una cómoda administración del modelo.
Paul Walder - Punto Final

¿Es utópico luchar contra el capitalismo?



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por Julio C. Gambina    12/2/2014 La Haine

¡El capitalismo nacional es una utopía! :: Resulta imprescindible cambiar la lógica de razonamiento sobre la solución de los problemas que afectan a nuestro pueblo


La crisis capitalista es un dato de la realidad, aunque algunos la nieguen. Es parte de un diagnóstico generalizado, a izquierda y derecha, sin embargo algunos se resisten a esa calificación.

Hace pocos días, el economista Pablo Rojo me discutía la existencia de una crisis mundial y calificaba de utópica mi propuesta en pos del socialismo [1]. Era en pleno despliegue de la mega devaluación de fin de enero.
Lo curioso es que también me calificaba de utópico un periodista de izquierda ante mis comentarios de nacionalización del comercio exterior y la banca realizados en una entrevista radial telefónica antes de la mega devaluación.

No son los únicos, ya que algunos (muchos) amigos que evalúan mis presentaciones públicas me endilgan la imposibilidad de materializar mis propósitos anti capitalistas y que se requieren soluciones para el “mientras tanto”, lógicamente dentro del capitalismo.

Utópicos son los que esperan soluciones para la mayoría dentro del capitalismo

La realidad es que mientras me califican de utópico, el capitalismo realmente existente continúa su desarrollo, con mayor desigualdad a escala mundial y local.

La organización OXFAM presentó en Davos, en el Foro Económico Mundial, un informe que entre otras cuestiones relata como 85 fortunas tienen el equivalente de la riqueza de la mitad de la población mundial, unos 3.500 millones de habitantes.

A su vez, la CEPAL, en su último Panorama Social de América Latina difundido a comienzos de este 2014 da cuenta del estancamiento en la tendencia a la mejora de los indicadores sociales verificados en buena parte de la década 2002/2012, con deterioro de las causas que explicaron el gran crecimiento de la región y su impacto positivo en la disminución de la pobreza.

El asunto es que la crisis, con epicentro en el capitalismo desarrollado, situación normal para calificar de mundial a una crisis, empieza ahora a sentirse entre los países emergentes, forma de llamar a aquellos territorios receptores de inversiones externas en plena crisis de los desarrollados, y lógicamente con ellos, el impacto de la crisis se extiende a todo el resto de países, amplificando el fenómeno de la miseria, la pobreza y la mayor explotación de los trabajadores, de los pueblos y de la naturaleza.

Lo utópico es pensar en un “mientras tanto” (difuso) en el marco del horizonte capitalista.

Juan Carlos Pugliese, el ministro de economía en el ocaso del gobierno de Raúl Alfonsín, confesaría a la sociedad que les habló con el corazón y los empresarios le contestaron con el bolsillo. Se puede pensar que se olvidó del orden social capitalista presidido por la lógica de la ganancia y la valorización del capital.

Ocurre lo mismo cuando las autoridades actuales se sorprenden ante la actitud especulativa de la sociedad ante la posibilidad otorgada por la política económica para ahorrar en divisas, o cuando solicitan a los productores vender sus tenencias acumuladas en silo-bolsas para bien de la situación económica nacional.

Ambas acciones, las compras de dólares o las retenciones de producciones, son parte de una cultura propia del orden capitalista incentivado por la posibilidad ofrecida desde la política gubernamental.

Ahora, desde el agrupamiento Carta Abierta se acusa al poder económico de haber obligado al gobierno a devaluar, siendo que el deliberado accionar político podría haber enfrentado, no de palabras, sino con acciones la aspiración por la depreciación de la moneda nacional.

La propia Presidenta aludió a la ausencia de una burguesía nacional, sujeto imprescindible para el sueño utópico del capitalismo nacional a que convocó Néstor Kirchner el 25/5/2003.

¡El capitalismo nacional es una utopía!

No existe ese sujeto burgués para un capitalismo nacional en tiempos de transnacionalización de la economía, verificado en la dominación transnacional de la producción y los servicios en el país, aun en una década de críticas discursivas contra el neoliberalismo, los organismos internacionales y el poder económico concentrado.

Históricamente, el peronismo pretendió suplir la ausencia de burguesía nacional con el papel del Estado como sujeto colectivo para definir ese objetivo deseado.

Resulta que el Estado ha sido reformulado en los '80 y '90, siendo la institucionalidad neoliberal, reforma constitucional incluida, con sus tratados internacionales e institutos de libre comercio y defensa de las inversiones extranjeras (TBI, CIADI, etc.), con la legislación favorable a los transgénicos, la reforma al Código minero, la protección a la producción de las terminales extranjeras de la industria automotriz, la promoción de la industria de armaduría, o la ley de entidades financieras supérstite; junto al cáncer de la especulación financiera y el endeudamiento, lo que explica el carácter estructural de la subordinación y dependencia del capitalismo argentino al orden contemporáneo del capital, más allá de buenas intencionalidades discursivas.

Un mérito del kirchnerismo fue captar a importantes sectores de la sociedad y el movimiento popular para su proyecto político de hacer normal el desarrollo capitalista en la Argentina, es decir, crecimiento económico con consenso social y relativa capacidad compensatoria de satisfacer necesidades insatisfechas y deterioro absoluto y relativo de condiciones de vida entre 1975 y 2001.

La convergencia de demanda social hacia el 2001-03 con el discurso oficial kirchnerista favoreció la extensión del consenso que empieza a encontrar límites ante las restricciones para continuar la convivencia del desarrollo capitalista “normal” con paliativos social de inclusión.

Estamos en pleno despliegue del ajuste

El ajuste responde a plena lógica del régimen del capital. No es impuesto por lógica externa, sino por la propia dinámica de la búsqueda de la ganancia, la acumulación y la valorización.

La devaluación desde el 1 a 1 a 1 =1,40 y su proyección 1=3 y su evolución hasta el 1=8 constituyen una política de transferencia de ingresos desde la mayoría de la población con ingresos fijos a la minoría en condiciones de fijar precios en el conjunto de la economía. La política de gobierno, sea fiscal o monetaria, de ingresos y precios, más allá de ciertas iniciativas en el intento de frenar aumentos o administrar el precio de la divisa ha sido funcional al modelo de acumulación de ganancias, de riqueza y de poder.

No todos los países sufren el problema de la inflación, no del modo en que se soportan para la mayoría de la población en la Argentina. El asunto es que la inflación, lo dijimos muchas veces, es la forma específica que tiene el poder económico actuante en el país para redistribuir regresivamente el producto social del trabajo en el país. La responsabilidad gubernamental es esencial, por acción u omisión.

Desde el fortísimo impacto social de la situación económica del 2001-2002, se crearon condiciones para desplegar paliativos que nunca retrotrajeron la situación social a otros tiempos del capitalismo local, previos a 1975, el máximo de redistribución progresiva en el marco capitalista. El tiempo de las reformas encontraron un límite hacia el 2007 y por eso la respuesta del capital hegemónico fue la inflación, que contagia incluso a sectores no hegemónicos, que aumentan precios mientras exista mercado que demande sus bienes o servicios. Por esto es que la inflación no solo tiene sus causas en los grandes fijadores de precios, sino que estos tienen capacidad de extender la cultura remarcadora asociada a la demanda de un patrón de consumo que favorece a los monopolios.

El gobierno se jacta de no querer generalizar el ajuste. Sin embargo, la inflación es ajuste. Es algo que sufre la mayoría de trabajadores, regulares o irregulares, precarios o no, tercerizados o no, activos o pasivos, incluso benefactores de subsidios congelados o actualizadas en una desigual carrera contra los precios de bienes y servicios que consume la mayoría de la población.

La realidad es el ajuste mundial que induce el capitalismo en tiempos de crisis, con especificidades nacionales. En Argentina se pretende disciplinar a los trabajadores que se aprestan a discutir convenciones colectivas, intentando que demanden por debajo de la inflación pasada y en perspectiva, que dicho sea de paso, nadie puede verificar a ciencia cierta ante las incertidumbres de las mediciones del INDEC. Una gran incógnita es el nuevo indicador federal de la evolución de los precios, algo a develar en los próximos días y meses.

No es en las conspiraciones en que se debe indagar sobre los responsables de los problemas económicos de la Argentina, es en el propio capitalismo y su lógica de explotación de fuerza de trabajo (agro y monocultivo, industria de armaduría dependiente de insumos externos) y naturaleza (tierra, agua, minería, hidrocarburos), como en la dependencia del ingreso de inversiones externas (Chevron, por ej.) o préstamos (acuerdo con el BM, búsqueda de acuerdo con el club de París para cancelar deuda ilegítima asumida en tiempos de la dictadura genocida).

Llamemos a las cosas por su nombre: el problema es el capitalismo

Resulta imprescindible cambiar la lógica de razonamiento sobre la solución de los problemas que afectan a nuestro pueblo. No existe salida dentro del capitalismo. Eso es lo utópico. Hace falta enfrentar el orden capitalista y así como el capitalismo tiene sujeto social que lo hace posible -en la vanguardia las transnacionales, los principales estados capitalistas y los organismos internacionales, los que generan el sentido común mayoritario para un patrón productivo y de consumo privilegiando el sálvese quien pueda y el individualismo-, el anticapitalismo y el socialismo también requiere de la construcción del sujeto social para el cambio.

Esa construcción de sujeto es el “mientras tanto” entre la denuncia actual al orden capitalista y su gobierno, y la perspectiva para pensar en construir una sociedad alternativa con otro modelo productivo y de desarrollo, bajo el programa de la soberanía alimentaria, energética, financiera en un marco de integración regional no subordinada.
La soberanía alimentaria supone discutir el modelo sojero “transgénico” monoproductor, bajo el comando de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, de Monsanto, Syngenta, Dreyfus, Bunge y otros similares. Se trata de avanzar desde la agricultura familiar y de las comunidades en articulación con comunidades barriales de abastecimiento popular, extendiendo ferias contra grandes cadenas comerciales monopólicas, en beneficio de calidad de vida y empleo extendido con participación popular en la definición del patrón de producción y consumo.

Al remitir a la soberanía energética se supone asumir el proyecto “petroamérica” oportunamente sustentado por Hugo Chávez para articular una política energética común en Nuestramérica, lo que significa aunar criterios de impulso al desarrollo tecnológico y científico autónomo, con aporte de las universidades públicas de la región, con asignación de presupuestos suficientes y una convocatoria a definir el modelo productivo y de desarrollo no solo para el país, sino integradamente con la región.

Apuntamos a sustentar la propuesta de “nueva arquitectura financiera” para la región, con fondo constituido por las reservas internacionales, las que deben dejar de alimentar las finanzas del capitalismo desarrollado para organizar financiamiento propio con Banco del Sur o del ALBA, con aliento a monedas locales, sea el SUCRE (aceptado en el ALBA y que Venezuela podría proponer al Mercosur), o los acuerdos escasamente desarrollados de intercambio con monedas locales como el suscripto entre Brasil y Argentina.

Todo ello es posible si se denuncian los acuerdos bilaterales, se retira a la Argentina del CIADI, se generaliza una campaña contra el libre comercio redivivo en la Alianza Pacífico o en los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, si se audita la deuda pública, especialmente ahora la que demanda el Club de París, que en su mayoría es deuda ilegitima, espuria y odiosa, por haber sido asumida por gobiernos no constitucionales.

Cualquier medida que asumamos en este sentido, sea la nacionalización del comercio exterior y la banca, como venimos proponiendo, supone golpear fuerte al desarrollo capitalista e iniciar la construcción de un nuevo orden que me empecino en llamar socialista. No es una utopía la lucha contra el capitalismo y por el socialismo, es una demanda de nuestro tiempo, es el camino por la emancipación social y la defensa de la naturaleza.

Nota [1] En el programa de Rolando Graña, tercera posición, 3P, en A24.
La Haine