sábado, 3 de agosto de 2013

Chile: Bases para una Asamblea Constituyente


Chile posee todos los elementos históricos, políticos, jurídicos, filosóficos y sociales para sustentar, desde su propia esencia y experiencia, la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Las profundas demandas fundacionales de nuestra República en su nacimiento como una patria libre e independiente, soberana de su destino, y las distintas expresiones constituyentes logradas entre 1810 y 1828, configuran las primeras bases que sustentan jurisprudencialmente la demanda originaria de una Asamblea Constituyente en Chile hoy. Desde que Fray Camilo Henríquez llamó en 1811 a “elegir un Congreso que se encargue de darnos nuestra primera Constitución”[1], hasta la demanda actual levantada por el movimiento social, forman parte de un único hilo conductor coherente de la expresión y demanda constituyente durante 200 años de historia. Fue el mismo Bernardo O´Higgins quien señaló explícitamente que lo correcto es convocar la elección de un “Congreso Constituyente” con diputados electos por “todos los pueblos” de Chile y que si el texto propuesto no tuviera la aprobación de la mayoría de los habitantes del país, “no tendrá la Constitución valor alguno”[2].

Lo iniciado por Fray Camilo y avanzado hasta 1828 sufre la obstrucción violenta con el golpe de estado y guerra civil encabezada por Portales en 1829, la que termina imponiendo una mal llamada “constitución” que en su entramado jurídico se encargara de impedir, mediante diversos mecanismos, el surgimiento de un proceso constituyente democrático, tal como ocurre hoy. A penas se instala la Constitución de 1833, inmediatamente el natural deseo constituyente del pueblo chileno aparece, cada vez más explícitamente, en organizaciones como la Sociedad de la Igualdad que, luego de ser derrotada en 1851 y gracias a su trabajo en las capas sociales obreras e intelectuales, permite arar el terreno para la posterior unidad de gran parte del país en la llamada “Revolución Constituyente” de 1859. Poetas, intelectuales, artesanos y algunas familias ricas de la minería, luego de 30 años de régimen autoritario, logran canalizar y dirigir el amplio movimiento constituyente despertado, el que se ve obligado a enfrentar al poder central bajo la demanda de: educación laica, descentralización y Asamblea Constituyente. Periódicos como “La Asamblea Constituyente”[3] y otros se encargaron de difundir y educar a la ciudadanía sobre este derecho.

No sería sino hasta 66 años después, en 1924 y 25, que se expresa un nuevo movimiento constituyente -compuesto incluso por militares indignados-, quienes logran tomar el poder para exigir la convocatoria a una Asamblea Constituyente y presionar hasta lograr que el presidente Arturo Alessandri Palma se comprometiera a convocarla. Y es que nuestra historia se encuentra imbuida del ideal republicano de ejercer nuestro derecho a elegir una Asamblea Constituyente.

En el ámbito jurídico todas nuestras constituciones, tanto las autoritarias como las reformadoras, han sido implantadas sin necesidad de ceñirse por los mecanismos que establecían las constituciones anteriores. En el caso de 1925 así fue, la constitución de 1833 no impidió que se cambiara ni reglamentó la forma de redactar la nueva constitución. Nunca una Constitución puede impedir que se redacte otra nueva, ya que al hacerlo contradice su propio origen. El surgimiento de una nueva Constitución está sometido al Poder Constituyente originario, es decir a la soberanía del pueblo, reflejada en la voluntad general de los ciudadanos de cambiarla. Es esta VOLUNTAD GENERAL la mayor base jurisprudencial –reconocida por los tribunales constitucionales de variadas naciones- la que valida la convocatoria de las Asambleas Constituyentes, al representar un PODER superior a toda institucionalidad constituida. El poder constituyente del pueblo es, desde lo jurídico, jerárquicamente superior al poder del Estado, por ende las instituciones deben obediencia –y protección- al poder instituyente que las origina. El poder CONSTITUIDO no puede limitar al poder CONSTITUYENTE, por ser este último el originario del primero, y  tampoco el poder constituido puede ejercer el poder constituyente.

Contradiciendo totalmente lo anterior, la Concertación plantea armar una comisión bicameral dentro del congreso (poder constituido) como “la mejor vía” para cambiar la constitución, sin decirle a la gente que obligatoriamente lo que generarán será igual o peor a lo anterior debido a las trabas del binominal y los quórums calificados. También es importante aclarar que la propuesta del comando de Bachelet de elegir una asamblea compuesta por concejales de todo el país tampoco corresponde a una Asamblea Constituyente, ya que en ese caso son miembros del poder constituido quienes redactarían la nueva carta magna, con el conflicto de intereses que eso representa al ser quienes gestionan el poder los mismos que lo regulan. Esto último sería más bien una asamblea constitucional y no Constituyente, al buscar una vía que “no viole” la constitución de 1980, cometiendo así un error similar al gran fracaso de 1998 en Ecuador.

Es algo lógico y simple de entender que durante cientos de años los poderes fácticos privilegiados –ya sean monárquicos, religiosos, militares o económicos- intenten siempre ocultar este derecho natural de los pueblos a ejercer su poder constituyente. Pero como en la esencia de la naturaleza humana está la libertad, siempre resurge desde lo profundo de la sociedad el deseo constituyente de cambiar el sistema cuando este se convierte en un régimen injusto que los oprime durante tanto tiempo.

La supremacía del poder constituyente originario, por sobre la Constitución, el Estado y las leyes, ha sido y es reconocida por todos los tribunales y cortes constitucionales de los países que han llevado adelante procesos constituyentes democráticos -Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia entre muchos otros- puesto que no se trata de un tema ideológico sino de derecho constitucional básico. Todo esto es avalado por tratados internacionales que consagran la autodeterminación y la soberanía popular, firmados por el Estado chileno. Basta con leer los textos fundamentales del constitucionalismo clásico, como el Contrato Social de Rousseau (1762) y las declaraciones de derechos ciudadanos que surgen en distintas partes del mundo a partir de la revolución norteamericana (1775) y francesa (1789), para darnos cuenta que este es un tema insoslayable.

En el caso de nuestra realidad actual, la imposición de una Constitución a través de una Dictadura, de manera antidemocrática y con un sinnúmero de causales de fraude plebiscitario -comprobado y confesado por quienes participaron de la farsa (ex personeros CNI)-, demuestran la invalidez total jurídica de origen de la constitución actual.

Pero igual de significativo que lo anterior resulta lo sucedido durante el mes de junio con la encuesta MORI, que dejó en evidencia la voluntad mayoritaria de la población chilena (64%) en acuerdo con la necesidad de cambiar la constitución mediante una Asamblea Constituyente. En esta misma lógica se enmarca la iniciativa de marcar el voto con “AC” en las próximas elecciones de fin de año, para ir dejando evidencia concreta de la voluntad constituyente de los ciudadanos, imitando la experiencia colombiana que mediante una vía similar logró crear la jurisprudencia para que la Corte Constitucional aceptara que debía convocarse a un plebiscito aunque éste contradijera los mecanismos de reforma establecidos en la Constitución de ese momento.

Son realmente cientos los fundamentos que sustentan las bases para decir que en Chile existe la jurisprudencia supraconstitucional necesaria y suficiente para justificar la convocatoria legítima de una Asamblea Constituyente y más específicamente de un plebiscito donde se le pregunte al pueblo si quiere o no una nueva constitución mediante este mecanismo. Plebiscito que no puede ser prohibido ni limitado por la actual Constitución ni el Estado, puesto que obedece al derecho supraconstitucional de los pueblos a ejercer su soberanía y poder constituyente originario.

No obstante para poder abrir las puertas del sistema y doblegar la resistencia conservadora que administra la institucionalidad, se hace imprescindible lograr la unidad de todas las fuerzas sociales, con toda la diversidad y pluralidad que nos caracteriza, olvidando nuestras diferencias sectarias y dogmáticas, de pensamiento y de origen, y así demostrar de manera irrefutable la existencia de una mayoría social de todos los pueblos de Chile en demanda de la convocatoria a una ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

Esta es la tarea esencial del presente, y solo la podemos llevar adelante los movimientos sociales para que el proceso constituyente ya comenzado hace años desemboque en una Asamblea Constituyente soberana. La instalación de un candidato presidencial que comprenda este proceso y se consagre de manera absoluta a él, resulta importante para intentar abrir la institucionalidad desde el poder ejecutivo. Debemos demostrar en las calles y en las urnas que la mayoría de los habitantes de este país desea iniciar este camino de transformación. No resulta tan difícil, puesto que la unidad no depende en este caso de que PENSEMOS TODOS IGUAL, sino justamente de lo contrario: que PENSEMOS TODOS DIFERENTE para que en un proceso constituyente debatamos y construyamos una nueva República que refleje fidedignamente el pensamiento mayoritario de la población.

Queda en nosotros. No vendrá nadie a hacerlo por nosotros. Está absolutamente en nuestras manos como ciudadanos hacer de esta esperanza una realidad.

Por Matías Sagredo.
El Ciudadano

[1] Proclama de Quirino Lemachez (1811): primer texto difundido a la ciudadanía chilena por Camilo Henríquez luego de su regreso de Quito, donde vivió en carne propia del proceso revolucionario ecuatoriano.

[2] Preámbulo de la Constitución Provisoria (1818): Bernardo O´Higgins como Director Supremo llama a plebiscito para que los habitantes del país en esa época votaran para decidir si el proyecto constitucional propuesto se instalaba como Constitución Provisoria del Estado.

[3] Benjamín Vicuña Mackenna crea y difunde este periódico, expresando su adhesión a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, motivo por el cual es apresado y condenado a muerte, salvándose con el exilio.




Asamblea Constituyente, puerta a la libertad

por Manuel Cabieses Donoso



Casi un cuarto de siglo de retraso tiene la convocatoria a una Asamblea Constituyente que permita a los chilenos decidir libremente el destino de la nación, y así poner fin al periodo de dominación oligárquica que abrió el golpe de Estado de septiembre de 1973 y que no ha terminado.

Esta deuda, que mantiene en interdicción la soberanía popular, reduciendo los derechos del ciudadano a una mínima expresión, es todavía más antigua si tomamos como referencia los compromisos que en los años 80 asumieron todos los partidos políticos, desde liberales de derecha hasta el MIR, pasando por la Democracia Cristiana y los partidos Socialista, Comunista, Radical, etc. Asimismo están las declaraciones pro Constituyente de figuras destacadas de esas colectividades, como Eduardo Frei Montalva, Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Ricardo Núñez, Hugo Zepeda, etc.(1)

Para los años 80 -incluso se registraron opiniones tempranas en los 70-, todos los sectores políticos que se agrupan hoy en la Concertación de Partidos por la Democracia, más la corriente liberal que tiene domicilio en Renovación Nacional -y por supuesto el Partido Comunista-, coincidían en que al recuperar Chile el Estado de derecho “se crearían las condiciones necesarias para el más pronto funcionamiento de las instituciones democráticas, particularmente mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente integrada por las distintas corrientes de opinión y la adopción de un sistema electoral que garantice la libre, informada y auténtica expresión de la voluntad ciudadana” (declaración de marzo de 1983. Ver artículo de P. Segura).

No obstante, la Concertación llegó al gobierno en 1990 y permaneció 21 años en La Moneda, disfrutando de las delicias del poder sin hacer nunca amago de convocar a la Constituyente. Más bien por el contrario; los dirigentes de esa coalición -que busca retornar al gobierno este año- se convirtieron en ardientes enemigos de la Asamblea Constituyente como legítima vía de retorno a una democracia construida por voluntad libremente expresada de los ciudadanos. La excusa para este viraje es el temor de apelar a la soberanía del pueblo en cada una de las etapas del proceso constituyente (plebiscito de la convocatoria, elección de los diputados a la Constituyente y la aprobación -o rechazo- de la nueva Constitución), lo cual pondría en peligro la gobernabilidad. En buenas cuentas, una defensa cerrada del statu quo cuyos fundamentos fueron diseñados por la extrema derecha política y empresarial asociada a la corrupta dictadura militar.

La aspiración de contar -por primera vez en la historia de Chile- con una Constitución generada con participación directa de los ciudadanos, ha sido estigmatizada por politiquillos con ínfulas de repúblicos. En medio de aplausos de la derecha, han calificado esa solución cívica a la crisis institucional en marcha como “fumar opio”. En agosto del año pasado, bajo presión de la movilización estudiantil, personeros concertacionistas como el senador Ignacio Walker, presidente de la DC, y el ex presidente de la República Ricardo Lagos, admitieron la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Pero retrocedieron casi de inmediato, ante la airada reacción de El Mercurio -que los condenaba al ostracismo publicitario-. El socialdemócrata Lagos llegó al extremo de asegurar que si la UDI aceptaba reformar el sistema electoral binominal “¡se acabó la discusión de la Asamblea Constituyente!”.(2) El demócratacristiano Walker, a su vez, se disculpó por su herejía y aseguró que la Constituyente era sólo una “posibilidad” teórica.

Por su parte el Partido Comunista, que ha cerrado filas con la Concertación en el pacto Nueva Mayoría, también le saca ahora el cuerpo a la Asamblea Constituyente. En su reemplazo propone una “asamblea ciudadana” que elabore un pre-proyecto de Constitución. Algo así como “al de por ver”. En cuanto a la candidata Michelle Bachelet, ha manifestado que hay que cambiar la Constitución por “vías institucionales”, negándose a mencionar la Asamblea Constituyente.

La Constitución dictatorial no consulta el plebiscito y por tanto, respetar el espíritu y letra de su articulado lleva a un callejón sin salida, que es lo que se propusieron los redactores de este cepo antidemocrático. A lo sumo permite reformas superficiales, como las de 2005, que se cocinarían en una comisión bicameral de los mismos que cierran el paso a la Asamblea Constituyente. Se ha sugerido que la llave que franquearía el paso a esa fórmula elitista sería una reforma del binominal, aumentando el número de senadores y diputados para dejar contentos a todos los partidos. En los hechos se ha conformado un frente anticonstituyente de los dos bloques autodenominados de “centroderecha” y “centroizquierda” que se alternan en el gobierno. Se ha consumado lo que anticipó la ironía del poeta de Las Cruces, la unidad de derecha e izquierda.

Es difícil encontrar otro espectáculo político tan bochornoso como el que están dando los partidos “democráticos” de Chile. En nombre de la gobernabilidad se han puesto de acuerdo para impedir la libre expresión de la voluntad del pueblo. En el colmo del descaro piden respetar la institucionalidad de una Constitución ilegítima de origen. Su abolición mediante una Asamblea Constituyente debió ser el primer paso del primer gobierno después de la dictadura militar. Era -y es- la única manera democrática de poner fin al periodo de dominación oligárquica que se abrió el 73. Temer a una presunta ingobernabilidad porque se convoca al pueblo al más auténtico proceso democrático que es una Asamblea Constituyente, significa aceptar que los chilenos somos incapaces de determinar el rumbo político, social y económico del país que en forma libre e informada decidamos.

Los partidos políticos parecen ignorar que impedir la Constituyente, obstruyendo el cauce pacífico y democrático de los anhelos ciudadanos, es mucho más peligroso para la gobernabilidad que llamar a la Constituyente. La paciencia de los pueblos -y el de Chile no es una excepción- tiene un límite. Lo que se está exigiendo es reconocer -después de 40 años- que la soberanía reside en el pueblo y que es hora de poner fin al periodo que abrió el zarpazo oligárquico y del imperialismo en 1973.

Mientras los partidos continúan eludiendo este deber fundamental, los intereses que gobiernan en forma ilegítima nuestra nación aumentan su voracidad. La banca, por ejemplo, confiesa una ganancia de 1.392 millones de dólares en el periodo enero-mayo. En otro plano, el consorcio anglo-australiano BHP Billiton -que explota la minera Escondida- aventaja largamente la producción y utilidades de Codelco, haciendo sal y agua la nacionalización del cobre, máxima conquista popular de los años 70. Los grandes intereses financieros que se han adueñado de Chile saben que no les queda mucho tiempo. Porque el pueblo -en definitiva- impondrá su voluntad soberana, rescatando las instituciones y políticas públicas de su país.

MANUEL CABIESES DONOSO

(1) Para una información más detallada, consultar el excelente trabajo de investigación del periodista Patricio Segura Ortiz, “Los años en que la elite política sí creía en la Asamblea Constituyente”, en Le Monde Diplomatique, edición chilena, Nº 141, junio de 2013.
(2) El Mercurio, 28 de agosto 2012 (C 2).





La reforma electoral como cortina de humo para anular la asamblea constituyente

por Rafael Luis Gumucio Rivas


Se trata de buscar un relación, lo más perfecta posible, entre los electores de un determinado Distrito y el total de los electores: Los técnicos toman el mapa, el resultado del censo y el padrón electoral, y dividen al país en Distritos o circunscripciones. Siempre hay distorsiones que favorecen a unos y perjudican a otros.

Maurice Duverger planteaba las siguientes hipótesis en la relación entre sistemas electorales y sistemas de partidos políticos: 1) en los sistemas a una vuelta, por ejemplo Inglaterra, corresponde un sistema de dos y medio partidos, laboristas, conservadores y liberales minoritarios; estos últimos, al aliarse con unos o con otros, permiten la formación de gobiernos. En un sistema mayoritario, cada distrito elige un diputado, que obtiene la primera mayoría. 2) En un sistema mayoritario a dos vueltas, en la primera se presentan todos y en la segunda las dos primeras mayorías, hay un sistema de partidos políticos moderados, entre cinco y ocho agrupaciones –un caso modélico es Francia -. 3) en el sistema proporcional están representados todos los partidos que tienen votación parlamentaria y, normalmente, existe una multiplicidad de agrupaciones políticas. Complementa su análisis con los partidos únicos, como el comunista, (en la Unión Soviética) y los nazis, (en la Alemania de Hitler); por último escribe sobre el partido “pivote” o mayoritario, en una democracia pluralista. Es el caso de la Democracia Cristiana chilena que, en 1965, obtuvo el 42.5% de los sufragios y 80 diputados entre 150 escaños.

Esta ingeniería política no cumple, necesariamente, con la realidad de los países y partidos políticos; por ejemplo, en la RDA, (Alemania comunista), pervivió un simulacro de pluralismo con la CDU y el SPD, aunque estos partidos eran, absolutamente, funcionales al régimen. En el sistema proporcional, en algunos casos, se ha impuesto un bipartidismo, como en Colombia, después de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, en que el poder fue repartido, en períodos iguales, entre liberales y conservadores; sólo en los últimos períodos se quebró el esquema y ahora han surgido más de 36 partidos políticos con nombres fantasiosos. En Venezuela, el ADECO, (Acción Democrática), y COPEI, (Democracia Cristiana), alternaron el poder hasta que aparecieron dos partidos nuevos, el MIR y el MAS de Teodoro Petkoff y, finalmente, la República Bolivariana, de Hugo Chávez.

Chile, una historia de la defraudación de la voluntad popular

En todo el siglo XIX, prácticamente no existió representación de la oposición en el parlamento. El Presidente nombraba a diputados y senadores a su amaño. En 1831, José Joaquín Prieto obtuvo 201 electores, contra cero de la oposición; en 1841, apenas se expresaron nueve opositores a Manuel Bulnes; en 1861, José Joaquín Pérez obtuvo 191 electores, contra 58 de los opositores; en 1871, Federico Errázuriz obtuvo 221 contra 58 electores de Urmeneta; en 1881, Santa María obtuvo 293, contra 12, del victorioso Baquedano; en 1886, Balmaceda obtuvo 334, contra 6 de José Francisco Vergara. En el senado hubo senadores de oposición hasta 1870, en que fue elegido un puñado de conservadores, entre ellos, Joaquín Walker Martínez y Abdón Cifuentes; en la cámara hubo , al menos, una minoría de diputados, que llegó a 65 en la legislatura 1876-1880. Los Presidentes mandaban a los gobernadores a robarse las urnas e inventar resultados; no era necesario cohechar, pues bastaba con hacer votar a los muertos y, a golpes, forzar a los díscolos. La democracia era una burla, por demás Portales y Santa María se limpiaban con la Constitución, una niña que debiera ser siempre violada, según el primero.

El sistema binominal no es ninguna invención de Pinochet

Cuenta mi abuelo, Manuel Rivas Vicuña, en su Historia política y parlamentaria de Chile que, en 1912, el más antidemocrático de los diputados, el nacionalista Alberto Edwards Vives, historiador, autor de la Fronda aristocrática, propuso un proyecto de ley electoral en que dividía a Chile en pequeños distritos y en cada uno de ellos se elegían dos diputados, es decir, se provocaba un empate entre alianza liberal y coalición conservadora, total, daba lo mismo: todos los diputados pertenecían a la oligarquía, la lucha doctrinaria había desaparecido y sólo quedaban los intereses de la aristocracia; el binominal actual cumple la misma función: hay senadores y diputados prácticamente vitalicios, que son gamonales, caudillos sin carisma y dueños de su distrito. Me pregunto: ¿Qué diferencia hay entre los silencios de Eduardo Frei Jr. y don Fernando Lazcano, dueño de Curicó; ambos son vitalicios en sus respectivos distritos; lo mismo ocurre con los diputados: ningún aparecido puede desbancar a quien, por 17 años, se ha dedicado a regalonear a su borrego electorado y serían tontos dejar de mamar por un ideal sistema proporcional; estas guaguas tendrán teta hasta que la muerte los separe.

Sobre los otros argumentos, como que un tercio es igual a dos tercios, me los pasaré por ahora, pues serán repetidos por estos días, hasta la saciedad; que el binominal elimina las minorías es tan evidente como creer en el misterio de la Santísima Trinidad. Al fin, Chile no es una democracia; a lo mucho, le podríamos poner el apellido de tutelada o protegida; lo de la soberanía popular y el gobierno de los ciudadanos es más falso que Judas; por lo demás, Pinochet y Jaime Guzmán nunca creyeron en esta paparruchada que, para ellos era el voto popular. Es perfectamente congruente que esta monstruosidad le encante a Carlos Larraín, una especie de “patrón de fundo” a la antigua, pero no lo puedo entender en los demócrata cristianos y algunos apitutados socialistas.

El sistema proporcional con cifras repartidoras, según el método matemático de D´Hont

Este método fue aplicado, en la historia republicana de Chile, desde 1925 a 1973. Las cifras repartidoras favorecían siempre a los partidos mayoritarios: primero a la derecha, después a los radicales y, finalmente, a los demócrata cristianos. Para ser elegido, el respectivo partido o pacto electoral debiera colocarlo en los primeros lugares de la lista; además, la Constitución proponía un diputado por cada 30.000 habitantes, por consiguiente, había que aprobar el censo para cambiar la proporción, absolutamente desequilibrada entre distritos rurales y urbanos, cambio que no convenía a la derecha. Sólo al fin de la república se llegó a 150 diputados y 50 senadores.

La división del mapa electoral también era un tanto absurda, por ejemplo, Santiago tenía un número desproporcionado de diputados respecto a las provincias; en la misma Región Metropolitana, el rural segundo distrito, con 595 000 electores, elegía el mismo número de diputados que el tercero, con 930.000 electores y, el primer distrito, correspondiente al centro de Santiago, elegía 18 diputados con 647.000 electores; incluso, se dio el caso de un regidor que fue elegido con cero votos, arrastrado por sus compañeros de lista.

No cabe duda de que el sistema proporcional se amolda mucho mejor a la historia política y cultura partidaria nacional, y sus defectos son menores a los sistemas mayoritarios, que no se aplican en ningún país de América Latina.

Las reformas electorales entre gallos y medianoche

Salvo la “libertad electoral”, lograda después de una guerra civil, en 1891, que permitió la creación de un sistema político de cinco o seis partidos, (liberales, liberales democráticos, conservadores, radicales y demócratas), la mayoría de las reformas electorales se han logrado gracias a la ausencia de parlamentarios que las obstaculizaban; cuenta don Manuel Rivas Vicuña que los diputados jóvenes pudieron imponer una reforma electoral, aprovechándose de las ausencias de los ancianos diputados. En 1958, el Bloque de saneamiento democrático, compuesto por radicales, socialistas y falangistas, pudo hacer aprobar la cédula única, sorprendiendo a liberales y conservadores. Sólo las últimas reformas, que permitieron el voto de los analfabetos y de mayores de 18 años, lograron unanimidad permitiendo el crecimiento del universo electoral, factor que hizo posible el triunfo de Salvador Allende. Respecto al voto de las mujeres, en 1949, esta reforma no tuvo ninguna oposición de la derecha pues, al comienzo las damas, influidas por los curas, votaban por los conservadores.

Es falso que el sistema proporcional siempre favoreció la proliferación de partidos políticos

La proliferación de partidos pequeños tiene más que ver con los gobiernos autoritarios o “despelotados” como el de Carlos Ibáñez, donde hubo 29 partidos políticos, que con el sistema proporcional que, en 1973, sólo tuvo nueve partidos; por lo demás, gracias a los pactos electorales en las elecciones presidenciales de 1973, terminamos con dos grandes combinaciones: la CODE (Confederación democrática, compuesta por nacionales, demócrata cristianos y otros partidos pequeños), y la Unidad Popular, integrada por comunistas y socialistas, más radicales, mapus e Izquierda Cristiana.

En el sistema pluralista de partidos siempre los presidentes estuvieron obligados a gobernar con combinaciones: en el Frente Popular, radicales, comunistas y socialistas; en el gobierno de Ibáñez, socialistas populares, agrario laboristas y, posteriormente, liberales y conservadores. Sólo Frei Montalva gobernó en base a un partido único, que fue perdiendo, paulatinamente, el apoyo popular.

Todos los partidos chicos terminaron siendo absorbidos por los grandes: los demócratas y agrario-laboristas, por los demócrata cristianos, los Mapu e IC, por el PPD y el partido socialista; los conservadores social-cristianos, por los demócrata cristianos, y así, suma y sigue. La verdad es que el sistema proporcional se mantuvo con un número de partidos políticos muy similar al actual binominal, por consiguiente, es discutible la hipótesis de que los sistemas mayoritarios, mecánicamente, favorecen a las grandes combinaciones; por el contrario, el binominal tiene el efecto perverso de provocar la lucha entre sus mismos partidarios y obligar a hacerse “harakiri” entre personas que, se supone si es que piensan, debieran tener unos mismos intereses. También obliga a matrimonios donde predomina la violencia doméstica, como es el caso entre Renovación Nacional y la UDI, y entre la Democracia Cristiana y los socialistas.

¿Por qué no hacer un plebiscito completo y no limitado a la reforma electoral?

Es evidente que la cosmética, aplicada por el profesor Lagos a la Constitución de 1980, no cambió para nada su carácter autoritario. Es seguro que para hacer una reforma que favorezca al Estado docente hay que derogar, radicalmente, el concepto de libertad de mercado, que inspira la Carta Fundamental; en consecuencia, para realizar un solo plebiscito es mejor que propongamos un proyecto de Constitución democrática, derogando la de 1980; si esto no es posible, eliminemos los absurdos quórum de las leyes orgánicas constitucionales legislándose, en todos los casos, por simple mayoría. Como lo afirma Felipe Portales en su libro Chile: una democracia tutelada, si se hubieran mantenido en su redacción original los artículos 65 y 68 de la Constitución de 1980, por la prevaleciente voluntad del presidente de la república, que sólo con un tercio en el senado podía aprobar cualquier proyecto de ley, podía haber cambiando todo el sistema político heredado de la dictadura. Como siempre ha sido, a la Concertación le encantan las ataduras, al igual que los raptados que padecen el síndrome de Estocolmo, y terminan enamorándose de sus verdugos.

Está claro que es perfectamente posible aprobar, de inmediato, el voto de los chilenos residentes en el extranjero; es sólo la chimuchina de los apitutados de la Concertación que impiden este logro. Personalmente, soy partidario de limitar a dos períodos el mandato de diputados, reducir a cuatro años el de los senadores, aunque el ideal sería un parlamento unicameral. Es también evidente que deben desaparecer los gobernadores y los seremis, y elegir, popularmente, al intendente y consejeros regionales. No sería mala idea legislar sobre un proyecto de revocación de mandato de todos los cargos de elección popular. Si vamos a la democracia directa, embarquémonos en serio.

Rafael Luis Gumucio Rivas 



Fuentes judiciales informaron del descubrimiento de rieles con los que se lanzaron al mar cuerpos de presos políticos durante el gobierno militar de Augusto Pinochet

http://www.discrepando.com/images/stories/images/pinochet-kissinger.jpg

JULIO de 2013  Discrepando

Los rieles fueron encontrados en las costas de Caldera, 870 kilómetros al norte de Santiago, gracias a la confesión antes de morir de un militar que había participado en esas acciones y cuya identidad no fue revelada.

Hace unos días se subieron a la superficie los trozos de metal -"menos de cinco" según la agencia española de noticias EFE- que se sospecha se usaban para impedir que los cadáveres flotaran y que están siendo estudiados en el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones.

El hallazgo se produjo en el marco del juicio por la llamada Caravana de la Muerte, a cargo de la jueza especial Patricia González, sobre una comitiva militar que a fines de 1973 recorrió el país y dejó casi 100 presos políticos ejecutados. (BBCMundo)


Hallazgo de rieles reflota todo el horror de la dictadura, dice Isabel Allende

01 Agosto 2013 Escrito por Colaboradores- Clarín
Tras el hallazgo en las costas de Caldera - en la región de Atacama - de rieles que supuestamente habrían sido utilizados para lanzar cadáveres al mar durante la dictadura militar de Pinochet, la Senadora Isabel Allende manifestó que ”con horror me he enterado de esta noticia que da cuenta que gracias – teóricamente – a la confesión de un militar se pudo encontrar el lugar donde fueron lanzados los cuerpos de detenidos desaparecidos al mar, lo que viene a reafirmar lo que siempre hemos denunciado: que en Dictadura se cometieron las más atroces violaciones a los derechos humanos”, enfatizó la parlamentaria.

Al ser consultada por el que la información sólo pudo ser obtenida tras la confesión de un ex militar antes de morir, la parlamentaria fue enfática en señalar que “son pocos los que finalmente con su conciencia terminan diciendo lo ocurrido… si fueran otras las personas dispuestas a hablar habríamos avanzado aún más rapidez para establecer esa verdad y seguir con el paso siguiente que es el de la justicia”, explicó Isabel Allende.

La parlamentaria por Atacama señaló que esta es una nueva oportunidad para que quienes tengan información la hagan llegar a la justicia y así terminar con el dolor de las familias que aún esperan poder recuperar algo de paz al enterrar a los suyos y así poder cerrar capítulos tan dolorosos. Isabel Allende manifestó “es necesario que la justicia investigue a fondo, ya que este nuevo descubrimiento no habla más que de una máquina criminal horrenda que nunca habíamos conocido en la historia de nuestro país. Que una vez más hay que señalar que es fundamental para el reencuentro de los chilenos la verdad, la justicia y la reparación”, concluyó la parlamentaria.


En Chile hay todavía en trámite 1.268 juicios por violaciones de los derechos humanos cometidas durante el gobierno miiltar de Augusto Pinochet

Discrepando

pinochet
(BBC).- En Chile hay todavía en trámite 1.268 juicios por violaciones de los derechos humanos cometidas durante el gobierno miiltar de Augusto Pinochet, según anunció este jueves el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros.

En el marco de la inauguración oficial del año judicial 2012, Rubén Ballesteros dijo que el número de causas aumentó significativamente en 2011, con el ingreso de 726 denuncias correspondientes a casos que no habían sido investigados antes por la Justicia.

Entre los nuevos casos estaban la muerte del presidente Salvador Allende, en La Moneda (sede de Gobierno), el 11 de septiembre de 1973 y el fallecimiento, pocos días después, del poeta Pablo Neruda, ganador del premio Nobel de Literatura en 1971.

En su discurso, el presidente de la Corte Suprema también abordó las críticas que surgieron el año pasado desde el Gobierno hacia los jueces y fiscales por ser supuestamente "blandos" con los delincuentes.

En ese sentido, Rubén Ballesteros pidió respeto por la autonomía del poder judicial, recordando que la justicia y el Estado de Derecho sólo se pueden garantizar si quienes hacen cumplir las leyes actúan de forma realmente independiente.

Chile, NO era broma: Tocopilla ya está en la calle exigiendo lo que le corresponde

De esta forma Tocopilla se suma al despertar ciudadano de Magallanes, Aysén, Freirina, Calama y otras localidades que han decidido alzar la voz y constituirse soberanamente dando una lección de ciudadanía empoderada.

El poder constituyente desde abajo del que habla el premio nacional de historia Gabriel Salazar, se sigue sucediendo frente a una institucionalidad centralista y de una elité que intenta mantener en pie un modelo que pierde legitimidad con el pasar de los días y que intentan sostener mediante la violencia financiera, y policial, entre otras.


Médicos especialistas, cancelar licitación de la nueva planta de revisión técnica, subsidio a la energía eléctrica, pago de la deuda del gobierno con la región y recursos permanentes por los daños sociales y medioambientales que sufre la ciudad, son las principales demandas que enarbola la Asamblea ciudadana que desde este madrugada bloquea los accesos al puerto de la Región de Antofagasta.

Con bloqueos en los tres accesos de la ciudad (hacia Calama, Iquique y Antofagasta) comenzó el Paro Comunal por la dignidad de Tocopilla, en demanda del cumplimiento de una serie de necesidades y que busca poner fin a la postergación que sufre la ciudad, zona de sacrificio de termoeléctricas.

A contar de las cinco de la madrugada de este jueves, camiones de alto tonelaje y áridos bloquean las rutas, en el marco de una jornada de protesta y paralización total en la ciudad que es considerada como histórica por los habitantes de la comuna.

“Han sido años de abandono y hoy tanto el Intendente como la Gobernadora no son considerados interlocutores válidos por la ciudadanía, ya que en numerosas veces se han reunido con las organizaciones sin lograr ningún resultado. Tenemos problemas medioambientales, enfermedades derivadas de la contaminación, y tenemos un tremendo hospital pero sin especialistas porque el Gobierno considero que es una posta. Esa es una injusticia y la gente se cansó”, explicó Fernando San Román, alcalde de la comuna, que participa activamente en la movilización San Román, además, culpó al centralismo de los problemas que aquejan a las zonas distantes de nuestro país, especialmente al norte. “Si no hubiese ocurrido el terremoto de 2007 habría cero peso de inversión pública en Tocopilla. Ahora nos adeudan más de 20 mil millones a la Región, lo que amenaza diversos proyectos de desarrollo, pero el Gobierno señala que no hay deuda, sino “saldo”, que tenemos la plata depositada en una cuenta, pero no podemos gastarla, ya que debemos conservar los equilibrios macroeconómicos. ¿Cómo le hago entender ese tecnicismo a la gente que espera la reconstrucción de los colegios o la remodelación de la Plaza”, añadió el Alcalde.

Los ciudadanos movilizados exigen la presencia de los Ministros de Salud, Transportes, Medio Ambiente y Educación para deponer los bloqueos.

 

PETITORIO

-Especialistas para el Hospital Macuada. Sin privatización (concesión). Tenemos un hospital de lujo, pero sin médicos.
Concebimos la salud como un derecho humano que el Estado chileno debe garantizar. Por eso exigimos fortalecer directamente la salud pública del sector, es decir, no queremos el traspaso de dineros públicos a privados a través de las concesiones o licitaciones.
Necesitamos especialistas como pediatras, oncólogos, ginecólogos, y broncopulmonares, entre otros, para el hospital Marco Macuada.

-Cancelar la licitación de la nueva planta de revisión técnica automatizada, porque nuestra mala realidad vial no nos permitirá cumplir sus exigencias.

-Subsidio en el costo de la luz eléctrica, porque producimos casi la totalidad de la energía de Chile, pero tenemos los precios más altos.

-Cancelación ahora de la millonaria deuda del Gobierno central con nuestra región, para asegurar la ejecución de proyectos emblemáticos: Plaza Condell, Complejo Domingo Latrille, Escuela 10, y de los nuevos proyectos. La actitud del Gobierno ha sido negar la deuda y no asegurar los dineros que permitan concretar estos proyectos.

-Recursos permanentes para nuestra comuna, porque producimos mucha riqueza y recibimos muy poco a cambio. Los escasos recursos de nuestra Municipalidad –un presupuesto anual de 2500 millones de pesos- no alcanzan para cubrir todas nuestras necesidades, aumentadas luego del terremoto y la lenta reconstrucción.

-Educación pública y de calidad para todas y todos los jóvenes. Más recursos para la educación en Tocopilla. Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), Transporte público digno. Reconstrucción y arreglo de infraestructura. Término de plagas en los establecimientos educacionales. Universidad Estatal acreditada.

-Queremos un medio ambiente libre de polución y playas limpias para todos y todas. Las termoeléctricas en nuestra comuna han contaminado la vida de las y los tocopillanos por muchos años. El precio que hemos tenido que pagar por su presencia es infinitamente mayor que los beneficios que nos entregan.

Noticia en desarrollo

El Ciudadano