lunes, 1 de febrero de 2010

Chile ante una nueva época


Intervención en un taller sobre América Latina en el Foro Social Mundial de Madrid 2010
Mario Amorós
Rebelión


I. El fracaso de la Concertación.

La victoria del empresario multimillonario Sebastián Piñera en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 17 de enero clausura un ciclo de veinte años en los que ha sido indiscutible la hegemonía de la Concertación de Partidos por la Democracia. Esta coalición, que aún agrupa a los partidos Demócrata Cristiano, Socialista, por la Democracia y Radical Socialdemócrata, se fundó en febrero de 1988 con vistas al plebiscito convocado por la dictadura militar a fin de decidir sobre la permanencia de Pinochet durante ocho años más en el poder. La emocionante derrota del tirano el 5 de octubre de aquel año, mérito del conjunto de las fuerzas democráticas, la impulsó a conquistar la Presidencia de la República en diciembre de 1989 con Patricio Aylwin como candidato (uno de los responsables del golpe de estado de 1973, cuando era presidente del PDC).

Aylwin, quien contó también con el apoyo del Partido Comunista y del movimiento de derechos humanos en aquellos comicios, concurrió con un programa de hondas transformaciones democráticas. Sin embargo, lo defraudó tempranamente, cuando, frente a su compromiso de derogar el decreto-ley de Amnistía de 1978 (piedra angular de la impunidad), acuñó, después de presentar al país el Informe Rettig por televisión (y entre lágrimas), el término “justicia en la medida de lo posible”, que, en la práctica, fue sinónimo de impunidad para los represores hasta que se produjo la detención de Pinochet en Londres en octubre de 1998. Fue también la Concertación, con Frei y Lagos a la cabeza, la que, como recordamos, se llevó a Pinochet de Londres a Chile en marzo del año 2000.

La indeclinable lucha del movimiento de derechos humanos y de la izquierda empezó a dar sus frutos y se multiplicaron exponencialmente las querellas criminales y los procesos judiciales abiertos en Chile contra los esbirros de la tiranía (a partir de la primera denuncia contra Pinochet, presentada por Gladys Marín el 12 de enero de 1998), hasta el punto de que hoy los principales mandos de la siniestra Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) cumplen penas de cárcel por la desaparición de varios militantes de izquierda.

Otra de las grandes fallas de la Concertación ha sido su incapacidad para desmontar todo el andamiaje lastrado por la dictadura en las negociaciones que abrieron paso a la Transición. Aún persisten la Constitución de 1980 (reformada en 1989 y 2005, pero que aún contiene aspectos tan controvertidos como la antidemocrática ley electoral binominal), el Código del Trabajo, que reduce a la mínima expresión los derechos del movimiento obrero, o la Ley Antiterrorista de 1985, que el gobierno de Michelle Bachelet aplica brutalmente contra el pueblo mapuche en la Araucanía.

Y, por supuesto, aunque la Concertación ha reducido drásticamente la extrema pobreza que creó el modelo neoliberal impuesto sin piedad por la dictadura, no se ha distanciado de sus principios rectores. Entrevistado el 14 de marzo de 2007 por El País, Arnold Harberger, fundador de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, señaló: “Mi pregunta sería: ¿qué elementos de la política económica chilena cambiaría uno para hacerla mejor? Hasta ahora no tenemos respuesta. Estuve en Colombia el verano pasado participando en una conferencia y quien habló inmediatamente antes de mí fue el ex presidente Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran periodo de la Universidad de Chicago. Él es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras”.

II.La derecha en La Moneda.

Con el impulso de gobernar las principales ciudades (Santiago, Valparaíso, Concepción, Iquique, Viña del Mar, todas en manos de la UDI) y el apoyo incondicional de los grandes medios de comunicación y del poder financiero y económico, la derecha ha logrado su primera victoria en unas elecciones presidenciales desde 1958 y la segunda desde 1932. En las dos últimas décadas, sólo en 1999 Joaquín Lavín logró forzar un empate técnico en la primera vuelta con Ricardo Lagos, pero el apoyo en el ballotage del electorado comunista otorgó a Lagos la Presidencia, como también sucedió en enero de 2006 con Michelle Bachelet, quien derrotó precisamente a Piñera.

Piñera es una de las personas más ricas de América Latina. Según el economista chileno Hugo Fazio, se estima que cuenta con activos que rondan los mil millones de dólares sólo si se contabiliza su participación en sociedades anónimas donde figura entre los doce principales accionistas. Los mascarones de proa de su poder económico son la compañía aérea Lan, el canal Chilevisión y el equipo de fútbol Colo-Colo. Hijo de un destacado militante democratacristiano, economista formado en la elitista Universidad Católica y con estudios de postgrado en Harvard, entre sus primeros negocios estuvo la introducción en el país de las tarjetas de crédito a finales de los años 70. En el decisivo plebiscito del 5 de octubre de 1988 fue una de las contadas personalidades de la derecha política y económica que, como las fuerzas democráticas, votó contra la permanencia de Pinochet en La Moneda durante ocho años más.

Ahora bien, tanto desde el mundo sindical como desde el movimiento de derechos humanos, desde la izquierda como desde la Concertación, se ha advertido de que su victoria supondrá una involución en los avances democráticos conquistados a lo largo de estas dos décadas y una concentración peligrosa del poder político, económico y mediático.

Porque, en definitiva, Piñera es el candidato de una derecha que se forjó en la sedición contra el socialismo democrático y revolucionario de Salvador Allende y la Unidad Popular, asumió y participó en el proyecto político, económico, cultural y social impuesto por la dictadura militar, ignoró las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y aún hoy las relativiza. De hecho, el 10 de noviembre se reunió con más de mil militares jubilados en el Círculo Español y les prometió el final de los procesos judiciales por los crímenes de lesa humanidad cometidos por los agentes de la dictadura, que hoy afectan –según cifras proporcionadas por el Gobierno- a 768 represores procesados, de los que 276 ya están condenados y 53 están cumpliendo penas de presidio.

Sebastián Piñera es militante de Renovación Nacional (RN), que agrupa a los sectores más aperturistas de la derecha, y en estos comicios ha contado también con sectores escindidos de la Concertación (entre ellos el partido Chile Primero, capitaneado por Fernando Flores, ayer ministro del Presidente Allende y hoy empresario enriquecido y amigo de Felipe González), y sobre todo con el apoyo del otro gran partido conservador, la Unión Demócrata Independiente (UDI), una peculiar fuerza creada en 1983 por Jaime Guzmán, ideólogo del “gremialismo” (el movimiento de masas de la burguesía contra Allende) y principal arquitecto de la “democracia protegida” que Pinochet implantó y que sólo ha sido parcialmente desmontada a lo largo de estos veinte años.

La UDI es una férrea defensora de “la obra del gobierno militar”, orgullosa de su identidad neoliberal, opuesta a cualquier reforma del legado institucional pinochetista (principalmente, la ley electoral binominal que tanto le ha beneficiado) e impregnada de un severo integrismo católico. Tuvo la visión además, de atreverse a disputar la tradicional hegemonía de la izquierda en los sectores populares, en los que ha penetrado fuertemente, como lo demuestran las últimas elecciones parlamentarias (es la primera fuerza política de Chile hoy con 40 de los 120 diputados y 9 de 38 senadores).

Es muy probable que el candidato presidencial de la derecha para 2013 salga de sus filas y hoy sus dirigentes exigen a Piñera que les entregue ministerios del núcleo duro de su próximo gabinete, principalmente en las áreas política y social para reforzar su publicitada imagen de “partido popular”. Además, una mirada al directorio de la UDI y también a la vieja guardia de RN conduce a los tiempos más oscuros de la dictadura y esa memoria había sido un obstáculo hasta el momento insalvable para la derecha.

Con Piñera en la Presidencia y un gabinete liderado por la UDI y RN se endurecerá el modelo neoliberal, se aplazarán las reformas democráticas y probablemente se reinstaurará la impunidad de los asesinos y torturadores de la dictadura. Pocos días después de la victoria, Piñera anunció su previsión de privatizar una parte de Codelco, la empresa pública de la gran minería del cobre (la principal riqueza del país), y uno de los jerarcas de la UDI, Jovino Novoa (actual presidente del Senado y ex viceministro de la dictadura), ha proclamado que deben concluir los juicios contra los represores.

Además, Chile se distanciará de Brasil, Venezuela o Bolivia para aproximarse al papel que desempeñan hoy en la región los gobiernos de países como Colombia o Perú. Así lo vaticinó (a su manera, claro) Aznar en la entrevista que El Mercurio publicó el 20 de septiembre y en la que por cierto aplaudió la instalación de las siete bases militares estadounidenses en Colombia. En las páginas del diario conservador chileno el patrón de FAES dejó dicho: “Hay países sudamericanos que están sufriendo la desgracia del populismo y, políticamente, un salto atrás enorme (…) El resultado electoral de Chile es trascendental…”.

En julio de 2008, Sebastián Piñera visitó Colombia y se entrevistó con el presidente Álvaro Uribe y varios de sus ministros. Allí expresó su admiración por la política de “seguridad democrática”.

III. Los desafíos de la izquierda.

Después de veinte años de exclusión del Congreso Nacional producto de la ley electoral binominal que dejó amarrada la dictadura militar y gracias al pacto instrumental suscrito con la Concertación, a partir del 11 de marzo tres militantes comunistas se sentarán de nuevo en la Cámara de Diputados, un hecho inédito desde septiembre de 1973. Guillermo Teillier, presidente del PCCh, fue elegido por las populares comunas de Pedro Aguirre Cerda y San Miguel con el 33,49%; Lautaro Carmona, secretario general, conquistó su escaño en el distrito de Copiapó-Tierra Amarilla con el 28,42%; y el abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez alcanzó la representación en Iquique-Alto Hospicio con el 30,53% de los votos.

Ésta es, sin duda, la mejor noticia para la izquierda del resultado de las recientes elecciones presidenciales y parlamentarias. Unos comicios en los que su candidato presidencial, el socialista allendista Jorge Arrate, obtuvo el 6,21%, superando las votaciones de sus candidatos anteriores (Eugenio Pizarro en 1993 logró el 4,5%; Gladys Marín en 1999 el 3,21% y Tomás Hirsch en 2005, el 5,4%).

Para el Partido Comunista se trata de un resultado positivo, que se une al logrado el pasado año en las elecciones municipales cuando conquistó, entre otras, la alcaldía de la emblemática comuna de Pedro Aguirre Cerda (en el área metropolitana de Santiago) y obtuvo por primera vez desde 1973 una concejalía en la capital del país.

Por su parte, Marco Enríquez-Ominami, con apoyos que fueron desde sectores del MIR histórico hasta la derecha neoliberal, alcanzó el 20% y se propone ahora construir una fuerza política “progresista”. Enríquez, y no Arrate, captó en la primera vuelta el voto de hartazgo hacia la Concertación.

Dos de los principales dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (su presidente, Arturo Martínez, militante socialista, y Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y militante comunista) fueron candidatos a diputados, pero no resultaron electos. En la segunda vuelta, la dirección de la CUT llamó a votar por ·Eduardo Frei.

Dentro de la izquierda, agrupaciones minoritarias como el Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores, Clase contra Clase, el MPMR o un sector del MIR histórico llamaron a anular el voto.

Estas elecciones confirman las enormes dificultades para la construcción de una alternativa de izquierdas en Chile que sea capaz de unir a este pueblo a la nueva era que vive América Latina. Las consecuencias del terror, del exterminio del movimiento popular y de la refundación política, económica, social y cultural de Chile que llevó a cabo el régimen de Pinochet aún se dejan sentir.

La candidatura de Arrate, articulada en torno al Partido Comunista, la Izquierda Cristiana y un sector de dirigentes que abandonaron el Partido Socialista y se aglutinan en la corriente Socialistas Allendistas, planteaba un programa político claro para la transformación democrática de Chile: elaboración de la nueva Constitución, renacionalización de la minería del cobre, fin de la represión del pueblo mapuche, verdad, justicia y memoria en materia de derechos humanos, apoyos a las demandas de los trabajadores, educación y sanidad públicas y de calidad, derechos civiles…

Las críticas que desde sectores de izquierda se plantearon a Arrate por su destacado papel en la “renovación” (derechización) del Partido Socialista en los años 80 y su condición de ex ministro de Aylwin y Frei desconocían la honestidad de la autocrítica sincera e inteligente planteada por el propio Arrate sobre estos dos puntos de una amplia trayectoria que también incluye su destacado papel al lado del Presidente Allende en los días de la Unidad Popular.

La claridad del programa político de la izquierda, construido con la participación democrática de miles de compañeros y compañeras a principios de 2009, la ruptura de sectores relevantes del socialismo con la Concertación, cuyo futuro en el nuevo escenario político es muy incierto, la pluralidad de fuerzas que confluyeron en torno a la candidatura presidencial del Juntos Podemos Más-Frente Amplio y la victoria moral y política que implica haber puesto fin a la exclusión de la izquierda con la elección de tres diputados comunistas estimulará continuar el camino que iniciara hace más de un siglo Luis Emilio Recabarren, que continuaran Elías Lafferte o Salvador Allende, Gladys Marín o Carlos Lorca.

La izquierda, demasiado atomizada, no tiene otro camino, a nuestro juicio, que la convergencia en torno a la oposición a Piñera para defender las conquistas democráticas alcanzadas durante estos veinte años y construir una alternativa unitaria que en un futuro cercano permita superar el modelo neoliberal y avanzar hacia una nueva Constitución que redefina la sociedad chilena, demasiado marcada, aún hoy, por la herencia del pinochetismo.

- Intervención en el taller "Luchas populares y nuevas realidades en América Latina", organizado por la Unión de Juventudes Comunistas de España, Izquierda Anticapitalista y En Lucha en el Foro Social Mundial de Madrid el 30 de enero de 2010. Más información: http://www.fsmmadrid.org/web2/

Una nueva ley de extranjería en tiempos de crisis.


Por Mauricio Valiente Ots *
Durante los años de fuerte crecimiento de la actividad en sectores como la construcción, la hostelería y la agricultura, la demanda de trabajadores extranjeros en España fue constante y masiva; el porcentaje de trabajadores extranjeros en alta laboral en España, entre 1999 y 2007, creció de un 2,30 a un 10,32%, lo que no recoge, por razones obvias, el elevado peso de la economía sumergida que caracteriza nuestro país.A pesar de su reiterada utilización, el argumento falaz del 'efecto llamada', producido, según los sesudos defensores de la 'gestión ordenada de los flujos migratorios', por la 'generosa legislación' española, se desmiente por la simple constatación de las estadísticas. Desde la primera de las reformas de la vigente ley de extranjería, emprendida en diciembre de 2000 al inicio del segundo mandato de J. M. Aznar, se ha sucedido un progresivo endurecimiento del marco legal y, sin embargo, han sido los años de mayor llegada de extranjeros a España; según datos de Eurostat publicados el pasado 16 de diciembre, España es el segundo país entre los veintisiete de la Unión Europea en número de ciudadanos extranjeros (5,3 millones), sólo superado por Alemania (7.3), y el sexto en porcentaje (12 %).Aunque es evidente que no todos los ciudadanos extranjeros deben ser considerados como inmigrantes, piénsese en los residentes comunitarios de los países más enriquecidos, las estadísticas demuestran que el auténtico 'efecto llamada' ha sido la demanda de mano de obra masiva y barata para un modelo productivo hoy en quiebra; demanda que se produce en un mercado de trabajo dual, donde los inmigrantes, junto con las mujeres y los jóvenes españoles, mantienen una posición precarizada, con menos derechos y con muy poca capacidad de presión para mejorar sus condiciones laborales. La desigualdad entre los niveles de vida y las expectativas de los nacionales de los distintos países en el capitalismo global favorece que, este inagotable ejército de reserva de trabajadores, permanezca a disposición de los empresarios alimentando la rueda de la explotación.La actual crisis del capitalismo, cuyos efectos sobre la sociedad y especialmente sobre los colectivos más vulnerables comenzaron a hacerse patentes en el último trimestre de 2007, ha traído como consecuencia el aumento del paro entre la población inmigrante, con una tasa de desempleo que ha llegado ha situarse en datos del 17 de diciembre en un 27,50 %, lo que supone cerca de ocho puntos por encima de la media. Las consecuencias de la crisis entre los inmigrantesLa crisis está provocando situaciones realmente dramáticas, no sólo por la falta de empleo sino también por la debilidad de las redes sociales de apoyo, el endeudamiento, la dificultad de contactar con sus familiares en los países de origen y, sobre todo, el riesgo de perder la documentación para residir en España.Según la ley, los trabajadores inmigrantes deben cumplir con estrictos requisitos de cotización a la Seguridad Social para la renovación de sus autorizaciones de residencia y trabajo, seis meses por año como regla general. A pesar de la modificación del reglamento de la ley el 10 de julio, negociada con los sindicatos mayoritarios, que permite la renovación de las autorizaciones a extranjeros en paro si han cotizado a la Seguridad Social 9 meses por año de estancia en España, el efecto perverso de la irregularidad sobrevenida se acrecienta día a día. Por otra parte, ante el aumento del paro y el desbordamiento de los servicios públicos de empleo, se están detectando prácticas discriminatorias que excluyen a los trabajadores extranjeros de prestaciones y oportunidades a las que tienen derecho, como la inscripción como demandantes de empleo o el acceso a la formación ocupacional.Para los trabajadores en activo la situación también ha empeorado, ya que se han incrementado los casos de vulneración de derechos laborales que llegan a una situación de explotación descarnada, cómo el aumento de las exigencias por parte de los empresarios con el chantaje del despido y la enorme masa de desempleados disponibles a ocupar el lugar de quienes no acepten sus reclamos, constatándose el aumento de casos de discriminación racista o xenófoba. Lo más preocupante es la generalización de los discursos agresivos de los grandes partidos, que venimos escuchado desde la última campaña electoral, que fomentan la xenofobia y el racismo en la sociedad, como la vinculación entre inmigración y delincuencia, la falta de sensibilidad hacia los menores no acompañados y la falsa imputación del uso abusivo de los servicios públicos por los inmigrantes, cómo si la responsabilidad de su deterioro no tuviera que ver con la políticas económicas liberales aplicadas tanto por el PP como por el PSOE, aunque el histórico recurso de buscar un chivo expiatorio siempre resulta mucho más sencillo de vender.

La respuesta del Gobierno
El Gobierno del PSOE, tras su segunda victoria electoral, con su ministro de Trabajo e Inmigración Celestino Corbacho a la cabeza, estrenó su mandato con un llamamiento al retorno como solución mágica ante la crisis y el paro entre los inmigrantes; aunque esta medida, como era previsible, no ha tenido más que una aplicación marginal, es un claro reflejo de una visión instrumental del trabajador inmigrante, de usar y tirar en función de la coyuntura económica y los intereses de los empresarios .El Congreso de los Diputados aprobó el 26 de noviembre la cuarta reforma de la ley de extranjería. Una vez más y en línea con el modelo construido desde 1985 con la primera ley, en vez de apostar por un modelo integral de gestión de la inmigración y su integración social en España coherente con los derechos humanos, se consolida la tendencia a construir un régimen de 'extranjería' que prima el control administrativo y refuerza el control policial. Aunque se recupera el reconocimiento de los derechos fundamentales de asociación, sindicación, reunión, manifestación y huelga, hay que recordar que es la consecuencia obligada de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la primera reforma de 2000. En el actual contexto de crisis, los escasos avances tendrán una escasa repercusión práctica, porque su ejercicio en la realidad laboral precarizada es prácticamente imposible. Entre los aspectos más negativos de la reforma se recorta el derecho a la reagrupación de los ascendientes, exigiendo que el familiar tenga más de 65 años, y se somete a las víctimas de violencia de género sin papeles a un expediente sancionador en el momento de denunciar, lo que disuadirá a muchas mujeres a acercarse a las comisarías.A propuesta del grupo parlamentario de Convergencia i Unió se ha introducido el peligroso concepto indeterminado del 'esfuerzo de integración', como si este fuera un proceso unilateral de los inmigrantes, en la línea de las propuestas más reaccionarias del PP, que empezó hace unos años reclamando la introducción de este tipo de 'contratos'. También, ante la insistencia de Coalición Canaria, la tramitación parlamentaria ha introducido una consideración de los menores no acompañados como inmigrantes irregulares, concediendo un margen de maniobra ambiguo a las Comunidades Autónomas para establecer acuerdos con los países de origen y la gestión de la tutela.Por último, se incrementan las sanciones contra la población extranjera de forma desproporcionada; se amplia el periodo de internamiento hasta 60 días, a pesar del argumento empleado por el Gobierno al justificar su voto favorable a la misma de que la directiva de retorno o de la vergüenza no tendría consecuencias en España, en un tipo de centros que han sido denunciados recientemente por diferentes instituciones y organizaciones sociales debido a las condiciones que ofrecen y los reiterados maltratos a los detenidos.

Una respuesta necesaria
Como se ha demostrado en la historia, sólo la organización y la movilización social pueden enfrentar un panorama como el descrito. Aunque hay que destacar las manifestaciones llevadas a cabo el 17 de octubre por las distintas plataformas unitarias y organizaciones de inmigrantes, entre ellas la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes en España (FERINE), las mismas no han logrado paralizar la reforma de la ley. El peso de las asociaciones de inmigrantes y de estos en las organizaciones sociales, en especial las sindicales, ha demostrado ser limitado. El reto del movimiento social sigue radicando en obtener el apoyo de la mayoría de la población a un modelo de integración coherente con el valor universal de los derechos humanos y la justicia social. Como señaló el pasado 28 de noviembre Iván Cisneros, vicepresidente Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADE), en el acto de presentación de la refundación de la izquierda en el salón de actos de Comisiones Obreras de Madrid, los trabajadores inmigrantes explotados, endeudados y discriminados, deben constituir uno de los sectores que más deben aportar en este proceso.
*Mauricio Valiente Ots es Responsable de la Secretaría de Inmigración del PCE