martes, 13 de abril de 2010

A propósito de la criminalización de la investigación sobre los crímenes del franquismo

La ley de Amnistía, un fruto especialmente amargo y duradero del "consenso de la transición".

Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas y miembro de Izquierda Anticapitalista.

El escándalo generado por el procesamiento al juez “superestrella” Garzón por su decisión de investigar las “desapariciones forzadas” bajo la dictadura franquista, dando así la razón a las acusaciones de “prevaricación” presentadas por sus herederos falangistas y similares, ha vuelto a sacar a la luz el debate sobre la transición política y , más concretamente, la significación de la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977. Un repaso de la misma y del contexto en el que se aprobó viene a recordarnos de nuevo el carácter antimodélico de una “reconciliación nacional” que equiparó a víctimas y verdugos del franquismo.

Esa Ley vino a consagrar en realidad el primer “consenso” de la transición, el del olvido y el perdón sobre el pasado de forma, además, completamente asimétrica e injusta: así, si bien por un lado gracias al artículo 1 a) quedaban amnistiados “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, implicados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976” (fecha del referéndum sobre la Ley de Reforma Política de Suárez, entronizada así como el punto de partida del “cambio” de régimen), en el artículo 2 e) se consideraba comprendidos en la amnistía “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes de orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley” y en el 2 f) “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Se consagró de esta forma la eterna impunidad total de la dictadura y de sus crímenes a cambio de una amnistía parcial para quienes habían luchado contra el franquismo.

Porque es cierto que se consiguió que pudieran salir de la cárcel un buen número de presos y presas, incluso quienes habían cometido “delitos de sangre” antes de la fecha mencionada (pero ya no quienes los hubieran hecho entre la misma y el 15 de junio de 1977), que volvieran otras exiliadas o deportadas a terceros países y que se adoptara una amnistía laboral. Pero ni siquiera se logró la amnistía para los militares republicanos, los de la UMD y de las organizaciones antifranquistas de soldados que se habían extendido en los últimos años y tampoco se incluyó a las personas condenadas por adulterio, aborto, uso de anticonceptivos y homosexualidad. Han hecho falta más de 30 años, por cierto, para que se cerrara esa lista.

Fue, por tanto, una Ley de “punto final”, de olvido y perdón completamente injusta, ya que, equiparando a vencedores y vencidos de la guerra civil y a franquistas y antifranquistas, permitió la supervivencia de un aparato represivo que se ha ido reproduciendo hasta nuestros días y continúa especialmente presente en el poder judicial, como estamos comprobando y han corroborado buenos conocedores del medio, entre ellos Carlos Jiménez Villarejo. Trabajos recientes como los de Alfredo Grimaldos y Mariano Sánchez Soler han venido a rememorar también que los meses y años posteriores a esa Ley fueron todo menos “pacíficos”.

Lo peor es que, según recuerdan algunas crónicas posteriores, ese pacto había sido ya diseñado desde una reunión el 11 de enero de 1977 entre los principales representantes de la “oposición democrática antifranquista” y el propio Suárez1. Antes, pues, de someter a prueba hasta qué punto se podía modificar la relación de fuerzas en unos meses que fueron decisivos, aquéllos mostraban ya su disposición a hacer tabla rasa del pasado y a renunciar a reivindicar justicia por los crímenes de la guerra civil y la dictadura. Y, en efecto, pese a que los resultados de las elecciones de junio de 1977 fueron más lejos de las previsiones de los reformistas franquistas, y salvo excepciones como Francisco Letamendía en el Congreso y Lluis María Xirinachs en el Senado, todos los demás grupos mostraron su voluntad de alcanzar una “amnistía de todos y para todos”. En la proposición del grupo del PCE, por ejemplo, se postulaba la necesidad de “superar definitivamente la división de los ciudadanos españoles en vencedores y vencidos de la guerra civil”. Los nacionalistas del PNV y los pujolistas catalanes pidieron afrontar la nueva etapa “con olvido y superación de todo agravio pretérito”, fórmula recogida por el PSOE. Sólo el grupo de Alianza Popular mostraría reticencias que se irían suavizando hasta llevarle a no votar en contra de la Ley. Durante ese debate el PCE mostró, además, su protagonismo reivindicando su política de “reconciliación nacional” adoptada en 1956 y apostando abiertamente por el olvido y el perdón, llegando el entonces Secretario General de ese partido, Santiago Carrillo, a declarar en un mítin: “Queremos hacer cruz y raya sobre la guerra civil de una vez para siempre” (El País, 2/10/1977).

En resumen, la Ley de Amnistía fue uno de los frutos más amargos de la transición –y de la política de “reconciliación nacional”- que, como hemos visto, sigue gozando de buena salud y todavía se utiliza para impedir que crímenes de lesa humanidad imprescriptibles puedan juzgarse hoy. Convierte así a la transición española en “antimodélica”, como reconoce el conocido filósofo y cientista social Jon Elster en su investigación comparada: “El caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional” (Rendición de cuentas, Buenos Aires, Katz, 2006, 80-81).

La tortura de esperar la libertad, Elena Varela en la hora sexta

Por Lucía Sepúlveda Ruiz
www.periodismosanador.blogspotcom


Elena Varela, estaba realizando un documental sobre el conflicto mapuche en el sur de Chile. Narraba las persecusiones que sufre el pueblo por reivindicar sus tierrras, que hoy están en manos de empresas forestales. El 7 de mayo de 2008 en pleno rodaje del documental Newen Mapuche, Elena es irregularmente detenida. La policía de investigaciones de Chile la somete a interrogatorios, tortura psicol…



Cinco veces torturados



¿Cómo se siente un acusado que cinco veces esperó ser declarado inocente en un juicio oral, para sólo regresar a casa a cumplir la reclusión nocturna (Elena Varela) o a la Cárcel de Alta Seguridad (Kenny Sánchez y Sergio Reyes), sin saber si pasará 15 o 20 años en prisión? Esto trae a la memoria los falsos fusilamientos de la época de dictadura. Los fallos no se dictan sobre la base de sentimientos, pero quizás el nuevo tribunal podrá considerar que las vidas de la documentalista Elena Varela, del retornado y artesano Kenny Sánchez y el ex chofer de Mininco, Sergio Reyes quedaron suspendidas en el tiempo en la madrugada del 7 de mayo de 2008, cuando en un violento operativo simultáneo realizado en las sureñas localidades de Licán Ray y Ercilla, fuerzas conjuntas de seguridad los detuvieron violentamente al estilo de la policía secreta de Pinochet, requisando todo el material fílmico de la realizadora de “Newen Mapu”, Elena Varela y –en Ercilla- las pertenencias de Sánchez y Reyes. “Fui torturada”, acusará Elena al declarar sobre lo que ha vivido.

Por quinta vez se postergó su juicio oral el lunes 12 de abril en Villarrica. “No lo podíamos creer, nos mirábamos y era insólito” exclama la documentalista Elena Varela al relatar lo vivido en la sala. Errores jurídicos y de procedimiento no atribuibles a la defensa encabezada por el ex juez Guzmán, fueron la razón de tres de las suspensiones. Cada postergación significa para la defensa recontactar a los testigos, y reordenar el caso. Para la fiscalía, todo es más fácil pues tienen garantizado el traslado de sus peritos y testigos con costo para el erario público. La cuarta razón para la suspensión fue telúrica: el terremoto.

La furia de la tierra y el mar

Villarrica está ubicada a unos 780 km al sur de Santiago, aproximadamente a una hora de Temuco, capital de la Región de la Araucanía), La fecha fijada era el 2 de marzo, cuando la tierra todavía mostraba temblorosa su enojo y en la zona, corazón del pueblo mapuche, comenzaban especialmente en la zona costera (lafkenche) pero no sólo allí, los nguillatun (rogativas) para aplacar la furia del mar que según sus creencias se levanta cuando los seres humanos no lo han respetado. Ahora, el presidente del tribunal, magistrado Jorge González, no pudo acudir a cumplir su misión debido al fallecimiento de su madre, y se determinó su reemplazo por la jueza de Angol, Claudia Sánchez, que cumplirá su tarea junto a otra magistrada, Alejandra Rosas (de Villarrica) y Oscar Viñuela de Temuco. Elena, confiada en su inocencia, apuesta a que la nueva composición del tribunal con mayoría de jueces mujeres, sea un signo de un juicio justo en el que se escuche a sus testigos y se valoren las pruebas que permitan deconstruir el montaje armado por el fiscal Servando Pérez y la policía para inculparla de diversos delitos. La investigación, desarrollada durante largos años con seguimientos, intervenciones telefónicas y al menos un testigo protegido, ha significado para el Estado chileno un enorme gasto de dinero y recursos humanos de personal policial, por lo que están empeñados en lograr la condena de los tres imputados.

La acusación

Elena Varela está acusada de asociación ilícita, robo con homicidio (2005) y robo con violencia (2004). Entre las pruebas que debió desechar la fiscalía estaban el “material de guerra” utilizado para la producción de “Sueños del Comandante”, documental que relata entre otros temas, la frustrada experiencia guerrillera de Neltume (1980). Botas militares, armas de juguete y vestimentas para la nieve eran descritas entre las especies requisadas, que incluyeron las entrevistas de Varela a dirigentes mapuche encarcelados y a “clandestinos” que en realidad eran actores. El secuestro del material fílmico y la condena mediática a Varela como terrorista sobre la base de ese tipo de “pruebas”, convirtieron el caso en un emblema de la lucha por la libertad de expresión. El documental sobre las recuperaciones de tierras ancestrales de los mapuche quedó inconcluso.

El fiscal no pudo probar que “Newen Mapu” era parte de las tareas de esta supuesta estructura guerrillera encabezada por Elena, y debió apelar a lo único con que cuenta: la breve vinculación sentimental de la realizadora con “Leonardo Civitarese” a quien Servando Pérez identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los ´90. Moreno no ha sido habido y tampoco el único detenido por los hechos, Cristián San Martín, fugado de la cárcel de Temuco en 2006. Para los otros dos chilenos co-imputados, detenidos en la misma fecha que la documentalista, el fiscal Servando Jordán pide veinte años de prisión. Sergio Reyes ha denunciado que el fiscal Pérez lo visitó para ofrecerle inculpar a Kenny Sánchez y a Elena Varela a cambio de lograr para él cinco años de pena remitida. No existen tampoco pruebas concluyentes contra estos imputados.

Con más de 150 testigos, el juicio – heredado del gobierno de la Presidenta Bachelet a la nueva administración que ya ha mostrado predilección por la represión contra los conflictos sociales y escaso respeto por los derechos humanos - se extenderá por semanas y será seguido con atención por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos y por otras que apoyan la causa mapuche en Chile y el mundo, entre ellas Enlace Mapuche Internacional. Elena explicó personalmente su caso en Naciones Unidas en la sesión en que se analizaba el desempeño de Chile en materia de derechos de los pueblos indígenas, y denunció la persecución y represión de que ha sido objeto en España, Francia –acompañada por el documentalista Patricio Guzmán (La Batalla de Chile)- Bélgica y Argentina, lo que ha fortalecido la campaña por su libertad iniciada desde su reclusión en Rancagua en la Cárcel de Alta Seguridad.

La solidaridad global

La televisión de Vancouver entrevistó recientemente a Elena y anunció que difundirá el reportaje mientras se realiza el juicio oral. Entre tanto en Buenos Aires en un ciclo de cine latinoamericano realizado en la sala “Somos Viento” se lanzó el 11 de abril un documental sobre Elena Varela de la realizadora Malena Bystrowicz, como un gesto especial de contribución a la campaña por su libertad, que ha tenido continuidad y un gran impulso en Argentina, de la mano de la DOCA, que nuclea a los documentalistas de esa nación.

“Yo no habría logrado mi libertad condicional sin la solidaridad de mis colegas documentalistas en Chile y de las organizaciones a nivel internacional”, comentaba Elena. Entre las personalidades que han manifestado públicamente su apoyo están personeros de Amnistía Internacional de Francia, Reino Unido, y Chile; la Fundación France Libertés que preside Danielle Miterrand; SoldePaz Pachakuti (Asturias) y Rafael Palacios, director de la Agencia Asturiana de Cooperación; la diputada Celine Delforge (Bélgica), Benoit Hellings (senador, Bélgica), el eurodiputado Joe Higgins (Irlanda), y músicos como Max Berrou, Francisco “Pancho”Sazo, y Manuel Sánchez.

En Chile, cuenta con el apoyo, entre otros de la Fundación Víctor Jara, la fundación Liberar; la Comisión Etica Contra la Tortura, el Taller Sol, la Compañía Gran Circo Teatro, Generación G80, la Asociación de Documentalistas ADOC, la Radio 1º de Mayo y la Señal 3, ambas de La Victoria; Canal 3 de Pichilemu, Mapuexpress, el Centro de Comunicaciones Mapuche Jvken Mapu, entre otros. A ello se agrega la Asociación de Medios Comunitarios Libres de Venezuela; y en Francia, la Asociación de Ex Presos Políticos Chilenos (Francia), Kakiñé, IntiFrance, Pueblo, Colectivo por los Derechos Humanos, Reporteros sin fronteras, Comité de Solidaridad con los indígenas de América, Code, Fedach, France Amérique Latina, Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los pueblos, Información y apoyo al pueblo mapuche, Survival internacional, Asociación Tierra de Fuego. En Bélgica han suscrito el apoyo el Colectivo Mapuche, al que se agrega el Colectivo para la Autonomía del pueblo mapuche de Montreal, y Six Nations Iroquois de Quebec, en Canadá; y también están apoyando la Comisión de Apoyo a los Pueblos originarios, la Defensoría Internacional de los Derechos de los Pueblos, y el Movimiento por la Cooperación internacional, de Suiza; el Comité de Trabajadores Chilenos Exiliados y Wenuykan, de Italia; el Grupo de apoyo al Pueblo Mapuche, y la Red de Apoyo a los Pueblos Indígenas de Noruega, así como la Radio Región 14, de Suecia,

A los documentalistas Fernando Birri, Humberto Rios, Liliana Mazure, Alejandro Fernández , Ana Pollak, Carmen Castillo, Angel Palacios se agregan decenas de colegas del medioaudiovisual latinoamericano, junto a centenares de trabajadores de la comunicación y las artes y estudiantes de Chile y países como Italia, Francia, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, México, Guatemala, Panamá, Japón, Noruega, Canadá, Suiza. Varios de ellos estarán filmando el juicio e incorporarán el desenlace al balance de los primeros meses del gobierno del Presidente Piñera, dueño del Canal de TV ChileVisión.