jueves, 25 de octubre de 2012

Chile, octubre de 1973 Labbé y el asesinato de 15 campesinos en Liquiñe a manos de los boinas negras



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Martes, 23 de Octubre de 2012

Jorge Escalante (El Mostrador)


Ni el actual alcalde ni ningún otro integrante de ese destacamento pudo ser procesado y condenado por estos crímenes de lesa humanidad, pese a estar consignada su participación en el operativo. Fuentes de tribunales y policiales coinciden en manifestar que “el pacto de secreto” que se juraron y la “nula colaboración con la justicia”, fueron dos razones para lograr eludir responsabilidades.


Actuaron con vestimenta sin distinción de grados, de noche y con el rostro semicubierto según declaran testigos de las detenciones y para los habitantes de estos lugares precordilleranos “fue imposible reconocer a alguno”.



Cae la noche en un Santiago que aún tiembla bajo las bombas de los Hawker Hunter. Los hombres del teniente coronel Alejandro Medina Lois, descansan en el regimiento de Telecomunicaciones en Peñalolén. Son “la reserva estratégica” del general Augusto Pinochet instalado allí durante los primeros días del Golpe Militar. Comandos de elite de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales que dirige Medina. Son los boinas negras.



Luego de las primeras 48 horas del asalto al gobierno de Salvador Allende, todo está bajo control. Allende muerto. Resistencia popular armada no hay. Los principales colaboradores del Presidente están detenidos. La revolución socialista ya es recuerdo. Humeante. Pesaroso. Trágico.



Pero una estocada inquieta la seguridad de los alzados victoriosos. La madrugada aún oscura del 12 de septiembre de 1973, un grupo de campesinos y jóvenes revolucionarios del sur en la precordillera de Valdivia, se convierte en alarma. Rodean el retén policial de Neltume, y exigen a los carabineros les entreguen armamento y munición si no están dispuestos a combatir a los golpistas. Entre ellos está el militante del MIR José Liendo Vera. El mítico y temido “Comandante Pepe”.



Los policías se niegan y abren fuego. Se inicia un tiroteo. Luego de un par de horas, el grupo que actúa desde el exterior se dispersa. Vuelve el silencio. No hay muertos ni heridos de ningún bando. A partir de entonces, el Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli se torna uno de los principales objetivos de los militares. Se presume que en la zona operan guerrilleros de peligro. Pinochet ordena su eliminación. Nace la “Operación Leopardo”.



Para ello Pinochet crea la “Brigada Especial Antiguerrilla” con los boinas negras de la Escuela de Paracaidistas de Peldehue y otros preparados hombres para el combate. Al mando del general Nilo Floody, entre 250 y 300 militares son enviados a reprimir la insurgencia. Uno de aquellos, es el joven oficial Cristián Labbé Galilea.



La mayoría son máquinas de matar. Sus especialidades: instructor militar de montaña, con cursos de paracaidistas, comandos, guerra especial, asalto, guía, y explosivos y municiones.



Días después del Golpe, la brigada inicia el viaje desde Peñalolén a bordo de camiones militares. Llevan suficiente armamento y munición liviana y pesada. Van dispuestos a la guerra y a matar guerrilleros. “La brigada se hizo porque podía existir una guerrilla rural en el Complejo Maderero Panguipulli. Había que barrer con esos focos y si se producían enfrentamientos, la orden era abrir fuego”. Es Labbé quien declara ante los tribunales en diciembre de 2003 por los crímenes de 15 campesinos de Liquiñe, 150 kilómetros al este de Valvidia, cerca de la frontera argentina. Por primera vez, Labbé destapa su bien guardado secreto: reconoce que efectivamente fue parte de ese operativo.



Desde Brasil, donde antes del 11 de septiembre de 1973 cursó diversas técnicas para convertirse en la elite de la elite, Labbé retorna a la Escuela de Paracaidistas a la Dirección de Instrucción. O sea, no sólo es un boina negra común, sino es quién los adiestra. Durante el operativo en Liquiñe y otros lugares de la precordillera valdiviana, el actual alcalde de Providencia depende directamente del jefe máximo de los boinas, el teniente coronel Alejandro Medina, quien en este largo viaje fue el comandante de Estado Mayor del general Nilo Floody. “Mi labor dependía del comandante de Estado Mayor”, sostiene Labbé en su declaración judicial. Como se sabe, con esa preparación integral, fue luego uno de los adiestradores de los agentes de la DINA y propiamente un destacado integrante de esta organización ilícita criminal.



“Primero llegamos a Valdivia pero no sabíamos muy bien a qué íbamos. Se nos dijo sólo que el objetivo era combatir una guerrilla”, recuerda un suboficial boina negra que conversó con El Mostrador, pero prefirió mantener reserva de su identidad. Un día después, el suboficial sostiene que partieron rumbo a la precordillera, a la zona del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli y llegan a Liquiñe.



“Los boinas negras se instalaron en carpas en el patio del colegio de las monjas”, afirma en la investigación judicial Julián García, industrial dueño de las Termas de Liquiñe y la hostería. Se trata de la Escuela Misional Liquiñe.



Otro contingente militar al mando del teniente coronel Hugo Guerra Jorquera, que arriba antes desde Valdivia, instala su campamento en el amplio sitio de las mismas termas, según Julián García. Este es un reconocido anticomunista, de acuerdo a declaraciones judiciales de campesinos sobrevivientes.



Nace el complejo



El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli se extendió entre los Baños de Chihuío por el sur, y Liquiñe por el norte, a unos 150 kilómetros al este de Valdivia. Llegó a contar con 360 mil hectáreas. Lo integran 22 fundos de grandes extensiones. A partir de fines de la década de los años 60, los predios son ocupados por integrantes del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), organización controlada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). A 1973, trabajan allí más de 3 mil campesinos. No pocos siguen al “Comandante Pepe”, líder del MCR. Junto a Liendo Vera, a fines de los sesenta llega a la zona un puñado de estudiantes miristas para iniciar una “recuperación de tierras” junto a los campesinos.



Durante el operativo en Liquiñe y otros lugares de la precordillera valdiviana, el actual alcalde de Providencia depende directamente del jefe máximo de los boinas, el teniente coronel Alejandro Medina, quien en este largo viaje fue el comandante de Estado Mayor del general Nilo Floody. “Mi labor dependía del comandante de Estado Mayor”, sostiene Labbé en su declaración judicial. Como se sabe, con esa preparación integral, fue luego uno de los adiestradores de los agentes de la DINA y propiamente un destacado integrante de esta organización ilícita criminal.



Cuando Allende triunfa en 1970, su gobierno expropia los 22 fundos. Nace así, oficialmente, el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, como empresa filial de la Corporación de Fomento, Corfo. El sueño de construir el propio destino está cumplido. El complejo y el comandante Pepe se transforman en el terror de la derecha latifundista. Por ello, la venganza post golpe militar es feroz.



Luego del episodio del retén Liquiñe la madrugada del 12 de septiembre de 1973, el comandante Pepe junto a su mujer, Yolanda Ávila, y los militantes del MIR Luis Pezo y Pedro Barría, que usa muleta para caminar, se ocultan unos días y suben a la cordillera. Pero el 19 de septiembre son hallados y trasladados a la cárcel de Valdivia. La noche del 3 de octubre de 1973, Liendo Vera es ejecutado en el campo militar de Llancahue. Al día siguiente, son asesinados otros once miristas acusados de participar en el ataque al retén Neltume. Los crímenes son manejados por la Caravana de la Muerte del general Sergio Arellano, presente en Valdivia en esos días. Para ello, Arellano firma una sentencia de un falso Consejo de Guerra. Quien fuera luego segundo hombre de la DINA, Pedro Espinoza Bravo, asiste esa noche a presenciar la muerte de Liendo Vera.



Acusan a los boinas negras



La noche del 10 de octubre de 1973 jamás podrá olvidarse por los habitantes de Liquiñe. La hostería de Julián García opera como “cuartel general”. Desde allí sale la lista con los 15 campesinos que deben ser arrestados y muertos de inmediato. Según se establece en el proceso, Julián García y su hijo Luis, que esa noche visten de militar, aportan los nombres de quienes deben morir. Los boinas negras inician la redada junto a carabineros del retén Liquiñe, a cargo del suboficial Luis Anguita Castro. Ellos conocen bien a los elegidos.



De acuerdo al informe policial firmado por el subprefecto de la Policía de Investigaciones de Valvidia, Benjamín Leal Riquelme y el subcomisario Manuel Castro Contreras, en las detenciones de los campesinos del Complejo, José Miguel y Alejandro Antonio Tracanao Pincheira y su padre Eliseo Maximiliano Tracanao Valenzuela, participan “un cabo de Carabineros de apellido Quintana del retén Liquiñe y varios militares boinas negras”.



El dueño de las termas Liquiñe Julián García, declara judicialmente que “los boinas negras hacían las detenciones”.



El juez de letras de Villarrica a 1973, René García Villegas, sostiene en su libro “Soy Testigo” que uno de los cuerpos de los acribillados en el puente Toltén, permanece horas después en el río “enredado entre unas piedras, sin cabeza”.



Elcira Figueroa Arias, esposa de Salvador Alamos Rubilar, una de las 15 víctimas de Liquiñe, declaró en el proceso que, buscando a su esposo, “en la Fiscalía Militar de Temuco el capitán Ubilla me dijo que a la fecha de la desaparición de mi marido, (10 octubre 1973), se encontraba en la zona un operativo del Comando de Boinas Negras de Colina (Santiago) por lo que las autoridades militares locales ‘se lavaban las manos’ y que si mi marido cayó en manos de ellos,  ‘mejor guarde luto y delo por muerto”.



Sobre el puente del Toltén



Amarrados de pies y manos, los 15 campesinos son conducidos esa noche en dos camionetas en dirección a Villarrica. Uno de los vehículos lo aporta Julián García y lo conduce su hijo Luis. El otro lo facilita el comerciante Juan Carmach y lo maneja el chofer de la ambulancia de Liquiñe, Sixto Díaz.



En el puente sobre el río Toltén, los campesinos son  bajados y los boinas ordenan a ambos conductores alejarse. En pocos minutos, los detenidos forman una macabra alfombra humana tendida sobre el puente. De color rojo, como la sangre que mana a raudales de sus cuerpos acribillados por fusiles de repetición con munición de guerra. Abajo, las caudalosas aguas del río no alcanzan a aplacar el ruido de la metralla. Díaz y García la escuchan, como lo declaran luego judicialmente.



Después de Liquiñe, siempre en busca de guerrilleros, el contingente de boinas negras en que participa Labbé se dirige a otras localidades que comprenden el Complejo Maderero. Pero el suboficial con quien conversamos sostiene sonriendo irónicamente: “No encontramos a ninguno, no había nada, ni guerrilleros ni nada”. La Brigada Antiguerrilla permaneció en la zona hasta comienzos de diciembre de 1973 (…) Un par de días antes de la masacre nocturna de Liquiñe, en Chihuío, 25 kilómetros al sur de Liquiñe, son igualmente acribillados 17 integrantes del Complejo, todos campesinos que vivían en la zona con sus familias.



Uno a uno los cuerpos son lanzados al río. La lista Liquiñe está cumplida. Los ejecutantes piensan que las múltiples perforaciones de los cuerpos permitirán que se hundan y se pierdan para siempre río abajo hasta el mar.



Los boteros y la autoridad



Pero días después, boteros de la zona que ejercen la pesca descubren algunos cuerpos aferrados a ramajes de la ribera o atascados entre rocas. Dan aviso a Carabineros de Villarrica. Hasta el lugar concurre el secretario del Juzgado del Crimen de Villarrica, Osvaldo Wiegand Carrasco, con  el subcomisario de la subcomisaría de Villarrica, capitán Ramón Torrealba Guzmán.



En el proceso, el secretario Wiegand dice que logra salvar un par de cuerpos. Pero los boteros lo desmienten. Estos afirman que la orden que ellos reciben tanto del secretario como del subcomisario, es liberar los cuerpos de lo que los sujetan, y echarlos a correr río abajo para que desaparezcan. Los boteros Eliseo Rosas Maldonado y José Carrasco Rodríguez, son careados con Wiegand y Torrealba. Mantienen sus dichos en cuanto a que son obligados por ambas autoridades a soltar los cuerpos y devolvernos al torrente. Lo mismo confirman los boteros Guido Mora, Leopoldo Ghisolfo y Juan Yáñez Cares.



Después de Liquiñe, siempre en busca de guerrilleros, el contingente de boinas negras en que participa Labbé se dirige a otras localidades que comprenden el Complejo Maderero. Pero el suboficial con quien conversamos sostiene sonriendo irónicamente: “No encontramos a ninguno, no había nada, ni guerrilleros ni nada”. La Brigada Antiguerrilla permaneció en la zona hasta comienzos de diciembre de 1973.



Sin embargo, en la zona por donde se desplazan los boinas bajo el mando del general Floody y Medina Lois, además de los 15 de Liquiñe, son asesinados otros 30 campesinos del Complejo Maderero. Un par de días antes de la masacre nocturna de Liquiñe, en Chihuío, 25 kilómetros al sur de Liquiñe, son igualmente acribillados 17 integrantes del Complejo, todos campesinos que vivían en la zona con sus familias. En este operativo participan también integrantes del regimiento Cazadores de Valdivia. La razzia es apoyadas por helicópteros Puma de la Fuerza Aérea, que provienen de la Base Aérea de Maquehua de Temuco.



El secreto



Algunos otros oficiales que participan en la “Operación Leopardo” son: Carlos Parera Silva, Emilio Timmermann Undurraga, Arturo Bosch González, Manuel Pérez Santillán (agente DINA) y Sergio Candia Muñoz.



¿Por qué Labbé ni ningún otro integrante de los boinas negras pudo ser procesado y condenado por estos crímenes de lesa humanidad? Fuentes de tribunales y policiales coinciden en manifestar que “el pacto de secreto” que se juraron y la “nula colaboración con la justicia”, fueron dos razones para lograr eludir responsabilidades. De acuerdo a las fuentes, a ello se agrega que, por tratarse de un contingente desconocido de Santiago, que actuó con vestimenta sin distinción de grados, de noche y con el rostro semi cubierto según declaran testigos de las detenciones, para los habitantes de estos lugares precordilleranos “fue imposible reconocer a alguno”. El ex agente DINA, coronel retirado Cristián Labbé, sortea una vez más la cárcel, mientras espera ser reelecto como alcalde el próximo 28 de octubre.

Chile, Recaredo Gálvez, presidente FEC: "No votar se plantea como una alternativa colectiva, no sólo individual"


 Por Cristóbal Cornejo


 


Si bien el movimiento estudiantil que dejó los zapatos en la calle el 2011 hoy se encuentra en una etapa de reflujo propia de una organización de tal envergadura, el paso hacia la articulación local da sus frutos en provincia. Tal es el caso de las universidades de la VIII Región, donde la integración con pobladores y sindicatos autónomos hace prever la construcción de un pliego de demandas que, desde lo estudiantil, apunte hacia cambios estructurales, aún cuando las demandas económicas siempre estén en la base y el fantasma electoral amenace con dispersar las energías.

En el caso de la Universidad de Concepción (Udec) la relación de las fuerzas políticas  ha sido particular en la última década. Del predominio de organizaciones cristianas, gremialistas y de izquierda (como la SurDa y las Juventudes Comunistas) hoy los principales cargos de la Federación de Estudiantes (Fec) están en manos de militantes de Fuerza Universitaria Rebelde (Fur), con presencia menor del Frente de Estudiantes Libertarios (Fel) y la Unión Nacional Estudiantil (Une), más ligadas a los sectores de izquierda llamados ‘autonomistas’.

Recaredo Galvez, estudiante de Ciencias Políticas y Administrativas y actual Presidente, hizo noticia el año pasado cuando era Secretario General, tras ser detenido violentamente por Carabineros luego de una marcha en apoyo a los damnificados de Dichato. Aunque testigos denunciaron un montaje, Gálvez pasó unos días en la Cárcel El Manzano y fue acusado de homicidio frustrado y porte de armas. El proceso aún no cierra y el próximo 29 de noviembre tiene fecha para el juicio.

Hoy es una figura central dentro del activo movimiento estudiantil de su región, más aún cuando desde hace un par de meses la Udec se encuentra en un proceso de movilización interna relacionado, principalmente, con problemáticas de índole económica que afectan a miles de estudiantes.

Hasta ayer lunes 23 de octubre, había trece edificios tomados en la sede de Concepción, mientras la sede de Los Ángeles se encuentra completamente ocupada. El saldo es de 53 carreras paralizadas.

Pero esta situación se extiende también a la Universidad Católica de la Santísima Concepción y a la sede local de la Universidad Federico Santa María. Las razones, casi las mismas: exigir el congelamiento de los aranceles, la eliminación de la matrícula y que ningún estudiante que no pueda pagar tenga que dejar la Universidad.


O PAGA O SE VA

El 2009 la Universidad de Concepción se movilizó porque un gran número de estudiantes tuvieron que suspender sus estudios por problemas económicos.
“La movilización en ese momento exigió el congelamiento de los aranceles y una rebaja a la matrícula de un 50%. Además, que ningún estudiante tuviese que dejar la Universidad por no poder pagar”, explica Recaredo Gálvez.

Luego de dos meses de movilización en los tres campus (Concepción, Los Ángeles, Chillán), se instaló una mesa de dialogo con representantes de la Asamblea General y de la Administración Universitaria, llegando al acuerdo de congelar los aranceles por tres años (un año nominal, dos años en términos reales, es decir, variando sólo el IPC), y un descuento de 30% a la matrícula. Además se entregarían préstamos y beneficios a los estudiantes con problemas económicos, para que no tuvieran que retirarse.

-¿Qué ocurrió este año y cuáles son las exigencias de los estudiantes?

-Este año, la Administración avisó a los estudiantes que el acuerdo caducó. Propusieron un plan de reajuste según el IPC más un 1%, y eliminar el descuento del 30% en la matrícula, iniciando presiones para que los estudiantes paguen en los plazos que corresponde.

Nosotros exigimos eliminar totalmente la matrícula, congelar los aranceles, eliminar los costos de egreso (estampillas, timbres, etc) y mayor transparencia respecto a los gastos de la Universidad, porque no tenemos claridad sobre el destino de todas las platas.

-¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades universitarias?

-En el Directorio hay varios empresarios y políticos que no quisieron reunirse con nosotros. Luego de dos meses de movilización, la Universidad propone rebajar efectivamente el costo de la matrícula, eliminando el descuento, lo que significa quedar al mismo precio que actualmente tiene, cuando eso se lo debió haber hecho en el 2009. Por lo tanto, no es un gran avance.

-¿Cómo son los aranceles de la Udec en comparación al resto de las Universidades?
-No son altos. De hecho, tiene varios de los aranceles más bajos, pero hay que tener en cuenta que acá están los estudiantes de los quintiles más bajos. Si bien es una de las mejores universidades del país, los jóvenes que entran acá son pobres…

-¿Por eso esperarían otra actitud de las autoridades universitarias?

- Claro. Deberían tener una mayor responsabilidad con sus estudiantes. Hoy, más allá del valor de los aranceles, hay que tener en cuenta que el costo lo asumen las familias. Por eso debe haber un esfuerzo conjunto del Estado y de los administradores de la Universidad que no ahogue a las familias. Por eso, además, nos interesa formar parte del control, porque sólo a través de la democracia en las decisiones podremos dirigir nuestros esfuerzos en un sentido que apoye a los estudiantes y sus familias.

-¿Qué arroja al análisis del estado financiero que la Vicerrectoría les entregó?

-Hay varias curiosidades: Por ejemplo, la empresa que audita a la Universidad hace seis años es la misma que auditó a La Polar, cuando además la Superintendencia recomienda cambiar la empresa auditora, no estar con la misma tantos años. Por otro lado, notamos que la cuenta de depósito a plazo de la Universidad se incrementó de 2010 a 2011 de manera estratosférica: pasó de tener cerca de 60 millones a tener casi 5 mil millones. Hemos preguntado a qué se debe esta situación y no hemos tenido respuesta satisfactoria, así como en otros puntos relacionados a glosas sin detalles y otros documentos.

MÁS PARTICIPACIÓN

-¿De qué manera estas situaciones económicas se relacionan con otra de sus demandas: la mayor democratización en la toma de decisiones?


-Es que si nos dicen que algunos esfuerzos no se pueden hacer porque cuestan tales sumas de dinero, entonces nosotros queremos ver si las cosas se están haciendo de la mejor forma, si la administración está avanzando con términos claros en relación a las necesidades de los estudiantes y trabajadores. Pero si no hay transparencia de parte la gestión, difícilmente podemos comprender cuando se nos dice que no.

-¿Cómo podría avanzarse en estos aspectos?

-Habría que comenzar porque en cada espacio de carrera se encontraran trabajadores académicos, no académicos y estudiantes, con un horario protegido de reunión. Es necesario discutir cuáles son los asuntos urgentes al interior de las Facultades, para luego analizar las diferentes áreas, desde las políticas de financiamiento a la visión de la Universidad, porque con el avance de los movimientos sociales, la Universidad debe ir siempre un paso adelante. Una universidad que no es democrática hoy no aporta al cambio que la sociedad está pidiendo.

-¿Hay voluntad de parte de las autoridades universitarias para avanzar?

-La mayoría de los espacios ganados dentro de la Universidad han sido gracias a movilizaciones. Actualmente las decisiones resolutivas la toman en su mayoría las decanaturas, los órganos colegiados; la fijación de arancel, matrícula o los espacios orgánicos los decide el directorio. Muchos aspectos del control de la Universidad no están bajo el control de las personas. No hay una real comunidad educativa, son todas las partes separadas, pero no integradas y tomando decisiones. Por eso hay que generar una lógica distinta.

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y ELECCIONES

-¿Cómo describirías el actual estado del movimiento estudiantil?

-Durante el primer semestre hubo un proceso informativo, muy vinculado con lo nacional. Pero una vez que a nivel nacional se determina dirigir las fuerzas hacia el Parlamento -cosa que a nosotros no nos parece- encontramos que era necesario dirigir los esfuerzos hacia los espacios locales y territoriales, que es desde donde experiencias como Freirina o Aysén han demostrado ser efectivas.

-¿De qué manera se construye desde lo local?

-Hemos logrado una articulación no sólo estudiantil, sino con sindicatos portuarios y pobladores. Por ejemplo, la reflexión respecto a los aranceles viene cuando enfrentamos lo local con lo nacional: exigimos gratuidad a nivel nacional pero en nuestra Universidad nos suben los aranceles y nuestras familias deben pagarlo.

-Y a nivel nacional, ¿en qué momento se encuentra el movimiento estudiantil?

-Este año no pudimos generar una movilización nacional como el año pasado, especialmente por influencia de Noam (Titelman, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile) que es mucho más conservador y que apuesta por el diálogo con los mismos bloques políticos que han dado una nula respuesta a nuestras demandas. Eso adormeció el ímpetu de las masas que lograron instalar desde la calle una temática a nivel nacional e internacional.

-Hay distintas visiones y estrategias…

-Es que estamos en una etapa de definición. Lo que sí, el movimiento puede llamarse ‘movimiento’ porque tiene elementos de memoria, tiene distintas alternativas en su conjunto y una contraparte identificada.

-¿Cuáles son esas alternativas?

-Hay posturas distintas, por ejemplo, en relación a las elecciones o al debate del presupuesto. Hay vías que van por la institucionalidad, por el consenso con los bloques, con las discusiones adentro de los partidos; hay otras corrientes más “ciudadanistas” que buscan ejercer presión y participación pero integrándose en la institucionalidad, a través de un barrido; y hay otra tendencia que apela más a la autonomía, a no vincularse con las instituciones ni los partidos, presionarlos, pero a la vez construir fuerza propia. Ahí esta la Aces (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), la Universidad de Concepción y varias universidades de regiones, especialmente, porque en regiones se nota que la institucionalidad no da abasto para las exigencias sociales.

 

-¿Cómo ves el panorama en un futuro?

-Creo que el próximo año va a ser un año de estabilización, vamos a notar cómo las tendencias toman más cuerpo y se enfocan en perspectivas más sociales, ya no sólo educativas, porque se hace necesario generar un pliego más amplio y una multi-sectorialidad dentro de la organización social.

-¿Qué piensas del llamado de la Aces a no votar en las elecciones del próximo domingo?

-La Aces pone rostro a un amplio sector de la sociedad que hace un tiempo no era visible. El llamado a no votar –contrarrestado por campañas de propaganda institucionales- antes era una opción individual, pero hoy se plantea como una alternativa colectiva convocada, paradojalmente, por quienes no pueden votar porque son menores de edad. Lo que han podido generar estos jóvenes es importante a nivel social, porque la institucionalidad defiende su elemento de democracia, sabiéndose desgastada, no defiende otros mecanismos, sólo votaciones: cada cuatro año uno elige a quien determina las condiciones de su vida. No entregan a la gente la posibilidad de articularse y decidir. Cuando dicen que el voto es la forma de sacar a la derecha eso es despolitizar, porque se reduce la participación a sólo votar. Ha habido gente de la Concertación y de partidos que se dicen de izquierda en los municipios y nada ha cambiado en muchos años.

-¿Crees que votará más gente?

-Yo creo que el número de votantes no va a aumentar, de hecho creo que podría bajar, porque hay mucha gente no cree que sirva de algo votar. Se llama a votar, pero no se dice para qué ni por qué. La gente ha escuchado por décadas lo mismo, y ya no cree. Lo que hoy se necesita es construcción local.