lunes, 2 de agosto de 2010

Los Mapuches no son cubanos

Rebelión/Página12

Quienes criticamos el sesgo ideológico conservador de la autodenominada “prensa libre”, o “independiente”, debemos luchar contra la convicción profundamente arraigada en la población de que los medios informan y se limitan a “dar” la noticia, haciendo a un lado cualquier afán político. La visión que cultivan los poderes mediáticos es que ellos se limitan a “reflejar” la realidad, y que cuando elaboran alguna interpretación de la misma –que inevitablemente es política en la medida en que atañe a una problemática pública- tal cosa queda circunscrita a lo escrito, o dicho, en las columnas editoriales o de opinión, claramente diferenciada de la parte propiamente informativa que supuestamente es “apolítica” y objetiva. En realidad, salvo contadas excepciones, lo que ocurre es exactamente lo contrario: se informa o se desinforma en función de la perspectiva política por la que cada medio ha tomado partido, y ella tiene sólo dos posibles registros: o se está por la conservación o se propone la superación del orden social existente. En asuntos como éste la “imparcialidad” es imposible.

Un ejemplo luminoso de lo que decimos lo proporciona el escandaloso silencio de la “prensa seria” de las Américas ante la huelga de hambre que, desde hace más de 15 días, mantienen 31 Mapuches en diversas cárceles de Chile. Allí se encuentran detenidos como consecuencia de la aplicación de la Ley Antiterrorista aprobada por Pinochet . Producto de esa monstruosa legislación, todavía en vigor luego de 20 años de vida supuestamente democrática, 57 Mapuches han dado con sus huesos en las cárceles de la ejemplar democracia chilena, y alrededor de un centenar ha sido procesado por la justicia de ese país por luchar para recuperar la tierra de sus ancestros. No sólo eso: el “Estado de derecho” en Chile, tan alabado por analistas y opinólogos al servicio del imperio, hace posible una aberración jurídica que sin embargo no provoca ningún comentario: que los detenidos puedan ser juzgados por la Justicia Civil y también por la Militar, por lo que corren el riesgo de ser condenados en dos diferentes fueros por los mismos delitos que supuestamente habrían cometido. Dos de los detenidos que recientemente se unieron a la huelga de hambre, Carlos Muñoz Huenuman y Eduardo Painemil Peña, hicieron saber mediante el sitio web País Mapuche (http://paismapuche.org/?p=554) que, “con esta medida extrema y justa, extendemos la resistencia llevada a cabo por los presos políticos Mapuche en los distintos penales chilenos, que busca denunciar las injusticias cometidas en contra de nuestro pueblo, las que se ven reflejadas en violentos allanamientos, donde sus víctimas son principalmente ancianos y niños; la utilización indiscriminada y arreglada de testigos protegidos incluyendo menores de edad; el excesivo tiempo de las investigaciones encabezadas por el Ministerio Público que sólo perpetúan la prisión preventiva y en definitiva, rechazar los montajes político-judiciales, sustentados por la aplicación de la Ley antiterrorista, que buscan encarcelar a luchadores sociales Mapuche que hacen frente a la guerra de exterminio que nos declaró el Estado chileno.”

Lo que reclaman los Mapuche, y que es el fundamento último de todas sus movilizaciones, es la devolución de sus tierras ancestrales expropiadas violentamente por los abanderados de la “civilización”. Sus homólogos del otro lado de la Cordillera, en la Argentina, decían que los pueblos originarios de la Patagonia eran salvajes porque desconocían las sacrosantas virtudes de la propiedad privada, y con ese pretexto practicaron su genocidio, dulcificado en la historiografía oficial con el nombre de “Conquista del Desierto”. En Chile esta misma política de exterminio recibió un nombre no menos cínico: la “Pacificación de la Araucanía.” En la Argentina esta tragedia fue documentada y denunciada en la extensa obra del historiador Osvaldo Bayer, y hoy existe una conciencia cada vez más nítida de los alcances e implicaciones de este infame y sangriento despojo. Para recuperar eso que les fue arrebatado luchan hoy los Mapuches chilenos; y también para poner fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista a las luchas “del Pueblo Nación Mapuche”, como se consigna en uno de sus documentos; acabar con la militarización de sus comunidades, el doble procesamiento a manos de la Justicia Civil y Militar, la libertad de todos los prisioneros políticos Mapuche, amén de otras demandas más puntuales.

Como puede observarse la agenda de sus reivindicaciones es frondosa y de carácter estructural, y conspira contra el aceitado rodaje de la acumulación y explotación capitalistas en boga en el Chile actual. Por eso la huelga de los Mapuches no es noticia y debe ser silenciada; ocurre, pero no llega al espacio público y poquísimas personas pueden enterarse de lo acontecido. El principal diario chileno, el archi-golpista y contumaz pinochetista El Mercurio -inmortalizado en la denuncia de los estudiantes en 1967 que se sintetizaba en la frase “Chileno: El Mercurio miente”- miente otra vez y nada dice al respecto. Al buscar en su archivo “huelga de hambre” los resultados que arroja se refieren, previsiblemente, a los “disidentes cubanos”, o a un ayuno de algunos dirigentes de clubes de fútbol bolivianos, o a un par de episodios similares en su intrascendencia. Si uno persiste en la búsqueda surge una avalancha de informaciones sobre la huelga de hambre de Zapata y Fariña en Cuba, acompañada de estremecedoras fotografías cuyo impacto no puede ser otro que el de suscitar la incondicional solidaridad del lector o televidente con la víctima. Si se continúa la búsqueda bajo el nombre de “Mapuches” lo que aparece es una referencia a una ocupación de tierras realizada el jueves pasado; la presencia de un sol Mapuche en el nuevo billete de $ 20.000 emitido por el Banco Central de Chile y la detención de un miembro de esa etnia que habría participado en un ataque incendiario en La Araucanía. Los huelguistas y los prisioneros políticos no son noticias, no son reportados; son “desaparecidos mediáticos”, y la opinión pública nada sabe de ellos. Un espeso manto de silencio (cómplice) es arrojado por el más importante diario de Chile, y por las agencias noticiosas que deberían haber comunicado la novedad. Fue Gracias a TeleSur que nos enteramos de esta situación, algo que los “medios de confusión de masas” se encargaron de silenciar.

Una búsqueda en La Nación de Buenos Aires sólo sirve para ratificar la misma evidencia y su “desinteresada” solidaridad con Fariña y los disidentes cubanos, sobresaliendo en su empeño el inefable Marito Vargas Llosa quien dando nuevas muestras de su ignominiosa capitulación ideológica exalta a aquéllos como verdaderos “héroes de nuestro tiempo.” Claro, de la huelga de hambre de los 31 Mapuches no dice ni una palabra. Esos no son héroes sino indios cimarrones, que merecen pudrirse en la cárcel y enfrentar un doble juicio civil y militar ¡Imagínense lo que Marito diría si algo semejante ocurriera en Cuba, Venezuela, Bolivia o Ecuador! Se rasgaría las vestiduras, pondría el grito en el cielo, deploraría este ataque al “Estado de derecho”, llamaría a la prensa internacional y a todos los intelectuales financiados por el imperio a informar sobre el asunto, y a los líderes del “mundo libre” a sancionar a los países cuyos infames gobernantes cometen tamaño atropello. Pero para ganar la primera plana de los grandes oligopolios mediáticos que controlan de manera casi absoluta la información a nivel mundial no basta con una huelga de hambre. Hay que hacerla en el sitio apropiado: Cuba, en primer lugar, o en Venezuela, Bolivia o Ecuador. En otro lugar no es noticia. “Libertad de prensa”, que le dicen.

Morir a golpes en Chile:Justicia Militar chilena al banquillo


Por Lucía Sepúlveda Ruiz

www.periodismosanador.blogspot.com

El rol de la justicia militar, que en Chile tiene competencia para juzgar tanto a civiles acusados de agresión a uniformados como a militares imputados por homicidio de civiles, está en cuestión. La Comisión Etica Contra la Tortura, junto a Amnistía Internacional, denunció en Santiago el recrudecimiento del abuso policial y la aplicación de tortura con resultado de muerte en los últimos dos años. Acusó que murieron a causa de golpes cuatro ciudadanos chilenos Johnny Cariqueo (23 años) y Mario Oviedo (29), en Santiago; Franco Coronado, (19 años) y Daniel Riquelme (45) (en la Región del BioBio). Un día antes de esa denuncia, el 27 de julio en el sur, la Corte Marcial dejaba en libertad y ponía nuevamente en sus puestos a cuatro miembros de Carabineros juzgados por propinar una feroz golpiza al joven mapuche Carlos Curiñao, ya reducido y detenido, al interior del furgón policial, en la localidad de Ercilla. Ese abuso policial se difundió en un noticiero de televisión. El desenlace confirma las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, que sostienen la inexistencia del debido proceso con tribunales militares encargados de juzgar a su personal por delitos cometidos contra civiles.

Fin de la justicia militar

El fin de la justicia militar es precisamente una de las demandas de los 31 comuneros mapuche que llevan a cabo una huelga de hambre en cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Temuco y Valdivia. Ellos también exigen no ser juzgados por la ley antiterrorista. Seis de los huelguistas están siendo juzgados al mismo tiempo por tribunales militares y civiles, por idénticas acusaciones. El movimiento lo iniciaron 15 manifestantes el pasado 12 de julio, y a ellos se han unido otros prisioneros políticos mapuche. Hervi Lara, Coordinador de la Comisión Etica Contra la Tortura al relatar las situaciones de tortura, abuso, y maltrato propias del accionar policial en Chile sostuvo: "Aquí están muy preocupados los políticos y la prensa de lo que ocurre en Cuba o en Venezuela, pero yo no he escuchado a ninguno que se preocupe por el pueblo mapuche o por las víctimas de la represión en Chile”. Adelantó que solicitarán al Instituto de Derechos Humanos, recientemente puesto en funciones, que se haga parte en los procesos que se llevan a cabo contra funcionarios de carabineros responsables de tres de estos casos y de la Armada, por la muerte de Daniel Riquelme en horas del toque de queda.

Las madres de Franco Coronado –Sandra Cárdenas- y de Mario Oviedo –Susana Aguilar- dieron en la oportunidad estremecedor testimonio sobre la violencia policial ejercida contra sus hijos. La señora Cárdenas reveló que su hijo es testigo de cómo los agentes golpearon la cabeza de su hijo contra el suelo, a la salida de una fiesta en Cabrero. La Comisión Etica agregó que “los tratos crueles, inhumanos o degradantes, son una práctica cotidiana de la policía ante cualquier persona que es detenida en condiciones de movilización social, lo que se ha extendido a Gendarmería de Chile contra los presos, tal como lo muestra el caso de tortura en la cárcel de Villarrica.” Para los denunciantes, en Chile continúan presentes los mecanismos policiales y represivos que obedecen a la lógica de la “guerra preventiva” y a la Ideología de la Seguridad Nacional, vigentes en tiempos de dictadura. Por ello, junto a los familiares de las víctimas, recordaron al gobierno del presidente Piñera que el Comité contra la Tortura de la ONU recomendó al Estado de Chile, en el año 2009, el cumplimiento de los compromisos contraídos al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la implementación plena del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura. Hicieron presente además que debe terminarse con la competencia de la justicia militar en estos casos, y que la definición de tortura debe ser integrada al Código Penal, como ha solicitado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al Estado de Chile para garantizar la investigación imparcial.

Incitación a la violencia

Por su parte, el Observatorio Ciudadano emitió una declaración pública ante el sobreseimiento de los funcionarios de Carabineros Danilo Retamal Celis, Robinson Osses Gutiérrez, Michael Carrasco Castillo y al capitán Diego Barba Oliva por la golpiza en Ercilla, señalando que ese fallo “deja en evidencia lo que, en el bicentenario de la creación del Estado, constituye una vergüenza para la justicia chilena. La responsabilidad del Ejecutivo en la persistencia de la competencia de la justicia militar sobre este tipo de delitos que afectan hasta la fecha a la población civil, debe también ser subrayada. Pues el mensaje que éste entrega al pueblo mapuche en el contexto de los conflictos que involucran a sus comunidades en el sur del país, en nada contribuye a su resolución de manera pacífica, sino por el contrario, constituye una abierta incitación a la violencia.”

En Santiago, los familiares y organizaciones aseguraron que seguirán adelante con el objetivo de encontrar la verdad y justicia ante el asesinato de sus seres queridos, para lo cual se formará una Asociación que agrupará a familiares de víctimas de Tortura y muertos en Democracia La Comisión agregó que seguirá trabajando para hacer realidad su lema:

“No a la tortura! ¡A nadie! ¡Bajo ningún pretexto y en nombre de nada!”