martes, 5 de marzo de 2013

Mapuche en Chile: Hacia la autonomía y el control territorial, a pesar de la militarización


por Elías Paillan C. / klaromeco

Marzo de 2013 


Lonco Víctor Queipul
Lonco Víctor Queipul
Firmes, convencidos y fortalecidos se encuentran los integrantes de la Comunidad Autónoma Temucuicui para seguir avanzando en sus demandas.
Bajo un quemante sol que a ratos era algo desesperante, nos internamos al territorio Temucuicui Autónoma en la comuna de Ercilla, para conocer de sus voceros, en qué se encuentran en la actualidad, después de innumerables juicios y detenciones que según ellos, “les quieren acallar”,  en sus justas demandas por tierras y libre ejercicio de su identidad y autodeterminación, este último reconocido por el estado chileno al aprobar la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007 y al ratificar el convenio 169 de la OIT.


 
La espiritualidad
 
En el Guillatuwe (lugar de rogativas), nos recibe el Lonko Victor Queipul, su hija Vania y el werken Jaime Huenchullan, quienes explican que el pasado 9 y 10 de febrero desarrollaron su ceremonia religiosa que cada dos años realizan, convocando a mucha gente, tanto propia como procedente de  otras comunidades. “Después de haber estado trabajando muy fuertemente en los juicios contra la ley antiterrorista era muy necesario fortalecernos espiritualmente”, reflexiona el lonko Queipul.




Para Vania Queipul, que a sus cortos 16 años de vida, ya ha tenido que enfrentar dos juicios en su contra, la práctica de la espiritualidad propia es fundamental para mantenerse unidos y fuertes en el duro camino de la lucha por sus derechos. “Fueron dos días y una noche de mucho newen-fuerza”, vale decir, de renovación de nuevas energías, que les permite una renovación en equilibrio con las energías de la ñuke mapu, madre tierra.
 
Recuperaciones productivas
 
En el mismo lugar el 18 de febrero del año pasado, emprendieron una recuperación territorial bajo la modalidad de “recuperaciones productivas”, que según explica el werken Jaime Huenchullan, se trata de sembrar o plantar en tierras que demandan, y repartir los resultados o producto cosechado, con dicha práctica ejercen control sobre las tierras que demandan.
 
Por su parte, el lonko argumenta que la recuperación territorial se basa en que los abuelos les transmitieron que el límite de la comunidad de Temucuicui “pasaba por el cerro Lonko Xaro” y en total poseían cerca de 12 mil hectáreas de tierras. Gran parte  de ellas  tierras están en manos de forestales y particulares como René Urban, Luis Zeit, Martín Ruf y Luis Valenzuela Eliker, explica. Ahora están reinvindicando alrededor de 480 hectáreas, pero una vez recuperados estos, se seguirán con las tierras en manos de las empresas forestales Mininco y Arauco.
 
Otro argumento que las comunidades esgrimen es revertir el despojo de tierras del que fueron víctimas. Lo trae a la memoria Martín Correa en su investigación “La historia del despojo”. Durante la acción de la Comisión Radicadora luego de la ocupación militar de la Araucanía, entre los años 1883 y 1930, al tiempo que se radicaba a los sobrevivientes mapuche en reducciones indígenas en Títulos de Merced con un promedio de 6 hectáreas por familia, se incentivaba el poblamiento del territorio con colonos chilenos y extranjeros asignándoles hijuelas que alcanzaban a 70 cuadras y 30 más por cada hijo varón de más de 10 años, pasajes gratuitos desde el puerto de embarque hasta Chile, tablas, clavos, un yunta de bueyes, vaca con cría, arado, carreta, maquina destroncadora, pensión mensual durante un año y asistencia médica por 2 años.  
 
El werken agrega que desde la cosmovisión propia, el trabajo en la tierra el concepto no es el mercado, sino, vivir y a la vez proteger la tierra. El mapuche vive en armonía y en equilibrio con la naturaleza, “respetando los espacios”, dice. Dicha visión contrasta con la visión de mercado, causando deterioro a la tierra, “Porque el daño que le han hecho las empresas forestales y los particulares ha sido enorme, porque han sobrexplotado los recursos, los árboles nativos lo han talado y prácticamente lo han hecho desaparecer”, finaliza.
 
Militarización 
 
Por otra parte denuncian el aumento de los abusos policiales hacia los comuneros en la zona. Lo anterior, debido al aumento de la dotación policial en la región y muy especialmente en las comunas de Ercilla y Collipulli, medida adoptada por el Ejecutivo tras la Cumbre de Seguridad realizada en La Moneda en julio del año pasado, cuando Rodrigo Hinzpeter era Ministro del Interior.
 
Uno de los últimos hechos afectó al Werken Jaime Huenchullan, el 12 de febrero recién pasado. Ese día a la salida de la comunidad Ancapi Ñancucheo, mientras circulaba en un camino público se topó con carabineros que circulaban en dos vehículos, quienes controlaron el automóvil en el cual se encontraba el Werken, sin su cédula  de identidad. En principio el diálogo se dio en buenos términos, pero al llegar refuerzos policiales con 6 vehículos policiales, el Werken trato de explicar a los carabineros que tenían que adecuar su actuar a la realidad cultural del lugar y que no podían proceder en territorio mapuche de la misma forma que en cualquier parte de Chile. 
 
Ante estos dichos, los carabineros subieron el tono y se mostraron muy agresivos, abalanzándose una docena sobre él que lo pusieron al suelo, lo esposaron y le propinaron golpes en el cuerpo. Al momento de subirlo al furgón policial, un carabinero le grito “aquí estamos en Chile ctm”. Fue posteriormente trasladado a la comisaria de Ercilla, donde pasó la noche.
 
Quisimos tener la versión de la institución pero no fue posible. Comenzamos visitando la rústica casita que sirve de punto de observación, dotada de una antena y cámara de observación, ubicada al interior de las tierras de Urban y muy cercana a la comunidad. Ahí el funcionario que se identificó como “Carabineros Fonseca” señaló no estar autorizado para hablar.  
 
Tampoco quiso hacerlo vía telefónica el actual y nuevo capitán de la Subcomisaría de Ercilla, Carlos Pereira Vásquez, recientemente asumido tras su misión en Haití. Este habría manifestado directamente al Werken Jaime Huenchullan, su buena intención de mejorar los protocolos. Sin embargo tras ser requerido para una entrevista señaló en primera instancia que hay que dirigirse al Director General de Carabineros. Sin embargo, en una segunda instancia se mostró más dispuesto a conversar más adelante, pero previa formalización a sus superiores, burocratizando el proceso.
 
Participación en la cumbre por el autogobierno
 
La comunidad fue uno de los convocantes de la Cumbre Mapuche del 16 de enero pasado, en el cerro Ñielol, en cuya jornada estuvo marcada por la reflexión de la libredeterminación y el autogobierno, “temas no nuevos”, para ellos, según señala el lonko Queipul, ya que han venido trabajando en ello y que valora tremendamente la creación de una coordinación.
 
Dicho Pacto Mapuche por la Autodeterminación (PACMA), el día 20 de febrero en su Lef Nvxamkan o asamblea extraordinaria, resolvió convocar a un Jijañmawun (Ceremonia Espiritual y religiosa) y a un Xekan o Marcha Pública por la Autodeterminación para los días 21 y 22 de marzo próximo en el mismo cerro Ñielol. El lonko adelantó que ese día se propondrán nombres que puedan integrar la comisión por el autogobierno mapuche.

ARGENTINA: EMPIEZA EL JUICIO ORAL POR LOS CRIMENES COMETIDOS EN COORDINACION POR LAS DICTADURAS SUDAMERICANAS


El plan de la represión sin fronteras


El proceso que comienza mañana abarca a 106 víctimas del Plan Cóndor, con mayoría de uruguayos, pero también argentinos, paraguayos, chilenos, bolivianos y un peruano. Hay 25 represores acusados, entre ellos Videla, Bignone, Riveros y Menéndez.


Los dictadores Reynaldo Benito Bignone y Jorge Rafael Videla serán juzgados como responsables locales de la coordinación represiva.

Por Alejandra Dandan / Página 12

Mañana empieza el juicio oral por el Plan Cóndor, la primera causa que se abrió a fines de los ’90 cuando aún estaban en vigencia las leyes de obediencia debida y punto final y que logró perforar el cerco de impunidad a los crímenes de la dictadura. Será un escenario de justicia atravesado por la presencia de víctimas de las dictaduras del Cono Sur que todavía esperan la apertura de procesos similares en sus propios países. El juicio recoge tres tramos de la causa elevada entre 2008 y 2012 por 106 víctimas del Cóndor, entre las que hay una mayoría de uruguayos, pero también paraguayos y chilenos, todos caídos en Argentina. También hay argentinos, entre ellos tres caídos en Brasil. Serán juzgados 25 represores, entre otros los responsables locales de la coordinación represiva: Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Vañek. También va a ser juzgado el uruguayo Manuel Cordero, represor que actuó en el centro clandestino de Automotores Orletti. Al juicio se acopló el tramo de Orletti II, por otras 65 víctimas. Estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°1, se prevé el paso de unos 450 testigos y una duración estimada en dos años.

“La causa se abrió con una denuncia muy bien fundada hecha por Emilio Mignone, Raúl Zaffaroni, David Baigun, Alberto Pedroncini y Martín Abregú”, recuerda el fiscal Miguel Angel Osorio, a cargo de la instrucción. “Se tomó un grupo de casos donde no había aparecido el cuerpo de las víctimas y la causa avanzó mediante el concepto del ‘delito permanente’: a través de esa lógica se indicó que acá se ha secuestrado a una persona; que todavía no se sabe qué sucedió con ella y por lo tanto se presume que el delito se sigue ejecutando. Como el delito continúa es imposible de amnistiar, indultar o no hacer nada. El eje era ése: el Estado tenía la obligación de hacer cesar el delito; después, si quiere amnistiar puede hacerlo o no, pero primero tiene que hacer lo primero.”

Al comienzo, la causa tuvo 12 casos, entre ellos la uruguaya Sara Méndez, secuestrada en Buenos Aires, arrojada en Orletti y a la que le habían robado a su hijo Simón Riquelo, que para entonces seguía sin aparecer. Había víctimas de otros países, pero el expediente no asumió la perspectiva del Plan Cóndor hasta 2003, cuando dio un “salto cualitativo”, dice Osorio, a partir de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y la reapertura de las causas. Algunas víctimas de la causa original pasaron a expedientes específicos y luego se acumularon nuevos hechos. En 2008 se elevó el primer tramo con 18 imputados y en 2012, otros dos. Además de los 106 casos que ahora llegan a juicio oral, la instrucción acumula denuncias e investigaciones por otras 240 víctimas.

Los acusados

Uno de los graves problemas que tuvo la causa fue la demora. Entre los tres tramos del expediente sobre el Plan Cóndor sumaban originalmente 32 acusados, la mayoría elevados en 2008. Entre ese momento y este comienzo varios murieron y otros están separados del juicio por razones de salud. Es el caso de Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides y Antonio Bussi, en el primer grupo, y Ramón Genaro Díaz Bessone y Ernesto Alais, en el segundo.

Pablo Ouviña y Mercedes Moguilansky son los fiscales que llevarán la acusación del juicio. Ellos indican que en las últimas dos semanas, además, la mayoría de los imputados está pidiendo de todo, entre otras cosas la suspensión del juicio por motivos de salud, por lo cual se vienen ordenando pericias y chequeos médicos.

Los represores que hasta ahora están en juicio son 25. De ellos, 23 están procesados por asociación ilícita y privación ilegal de la libertad, las figuras legales con las que logró abrirse la causa. No están acusados por tormentos ni por homicidios, aunque en varios casos está probado el “traslado” o asesinato de las víctimas, como el de Carlos Santucho, el contador hermano del jefe del PRT, a quien asesinaron en un tanque de agua en Orletti.

La acusación es distinta para Manuel Cordero y Miguel Angel Furci. Los dos estuvieron en Orletti y son los únicos autores directos. Cordero es uruguayo y fue extraditado desde Brasil. La Justicia argentina lo requirió en dos causas: Cóndor y Orletti, pero Brasil lo extraditó sólo por la primera, por lo tanto –aunque es uno de los represores más nombrados de Orletti–, entra a juicio solo por Cóndor. Está acusado por privación ilegal de la libertad y no por asociación ilícita, como el resto, porque Brasil dio ese cargo por prescripto. Furci está procesado por privación ilegal de la libertad y tormentos por 67 víctimas de Orletti.


El ex-dictador uruguayo Juan M. Bordaberry quién fuera juzgado y condenado por estos crímenes (fallecido)

Las víctimas

Un dato del juicio estará dado por la configuración de las víctimas. Entre los 106 detenidos desaparecidos no hubo sobrevivientes, todos los casos tienen que ver con actuación de fuerzas argentinas aquí o en el extranjero. Todos los extranjeros cayeron en Argentina. Y los hechos son posteriores al golpe del 24 de marzo del ’76, por un criterio original, aunque ahora la instrucción investiga casos de 1974.

El grupo de víctimas más importante es de Uruguay (48), luego siguen Paraguay, Chile, Bolivia y un caso de Perú. Hay tres argentinos que cayeron en Brasil durante la Contraofensiva del ‘78: Norberto Armando Habegger, Susana Pinus de Binstock y Horacio Campligia. Entre los chilenos están Edgardo Enriquez Espinosa, del comité central del MIR, secuestrado en Buenos Aires el 10 de abril de 1976. Cristina Carreño Araya, de una familia del PC chilena, perseguida por la dictadura de Augusto Pinochet. Cristina salió de Chile a Hungría, viajó a Argentina en 1978 y fue secuestrada el 26 de julio de ese año. Otro caso es el del estudiante suizo-chileno Alexis Jaccar Siegler, al que secuestraron el 16 de mayo de 1977, cuando hacía escala en Buenos Aires para seguir viaje hacia Chile. Volverá a aflorar el secuestro de María Claudia Irureta Goyena, pero esta vez en la perspectiva del Plan Cóndor y por su propio “caso”: Claudia era la nuera del poeta Juan Gelman, secuestrada en Buenos Aires, trasladada y desaparecida en Uruguay cuando estaba embarazada de Macarena Gelman.

La lógica del Cóndor

Osorio definió el Plan Cóndor cuando terminó de instruir el primer tramo de la causa: “La relación entre los organismos de inteligencia de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y la Argentina distó de situarse en una mera colaboración legal para derivar en la verdadera implementación de un dispositivo que no hacía más que reproducir, a nivel internacional, el mismo dispositivo de aniquilamiento que imperaba hacia el interior de cada una de esas jurisdicciones: tal el alcance pactado, justamente, por los países integrantes del operativo Cóndor”.

Puede pensarse que, a la luz del Plan, el debate judicial va a abordar el modo en que actuó la represión fronteras adentro de cada uno de los países, incluso Uruguay, con causas bloqueadas por la Suprema Corte de Justicia. Los fiscales no tienen jurisdicción para investigar la represión puertas adentro en cada país, pero sí la obligación de seguir el circuito de cada una de las víctimas de la causa.

“Todos los países tienen interconexiones por medio de tratados, de diplomáticos, Inteligencia, etcétera –dice el fiscal Ouviña–. Lo que hicieron durante la vigencia del Cóndor fue aprovechar lo que ya estaba y buscar otro tipo de contacto para hacer todo más rápido. Eliminaron las formalidades pero no sólo para acelerar los tiempos sino directamente para secuestrar personas, buscar información para secuestrar, llevar adelante pedidos. Hay argentinos y chilenos secuestrando y torturando juntos; argentinos y uruguayos o chilenos y paraguayos.”

El contexto eran los exilios que se dieron en todo el continente por las distintas dictaduras, dice Moguilansky. La primera dictadura fue la de Chile, que produjo enorme cantidad de exiliados en Argentina. Y Argentina es el último país donde cae la democracia, cuando todavía albergaba a buena parte de refugiados de otros países. En ese sentido, el expediente funciona a la vez como un mapa entre exilio, refugio y represión. Hay zonas del país como Mendoza en que se refugiaron chilenos, o Jujuy donde estaban quienes venían de Bolivia, o los uruguayos en Buenos Aires. En esa línea, aparecen secuestros y luego traslados a los países de origen. En el caso de los chilenos, ingresan a centros clandestinos de detención. Y con los uruguayos se abrirá el eje de los vuelos. El rol del Acnur y de la Vicaria chilena en el auxilio a los perseguidos políticos, así como el de los consulados y embajadas constituidas como ratoneras, también serán puntos del debate.

“Si los militantes perseguidos en otros países vinieron para acá y desaparecieron estando exiliados, eso es Cóndor –dice el fiscal Osorio–. Si vinieron y trabajaron con o en alguna organización de superficie, ahí ya no es Cóndor. Es decir, no importa la nacionalidad de la víctima, importa si realmente los victimarios actuaron ejecutando ese plan de coordinación represiva a nivel no sólo continental, sino a nivel mundial, si se quiere llamarlo así, porque actuaron en Europa, en Estados Unidos.”

Los documentos

Ese es otro eje del debate. Los documentos. Una de las pruebas documentales más importantes es un documento desclasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que aparece una definición sobre el Cóndor. El documento es un cable de septiembre de 1976, de un agente especial del FBI a la embajada estadounidense en la Argentina. Allí deja expresado que el plan está destinado a la “recopilación e intercambio de información sobre ‘izquierdistas’, ‘comunistas’ o ‘marxistas’, con vistas a la eliminación de sus actividades mediante el desarrollo de operaciones conjuntas en sus respectivos territorios”. El cable sitúa en el armado del dispositivo a Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay y un acuerdo de Brasil de información confidencial. Describe tres momentos: 1) intercambio de información, 2) ubicación del blanco, 3) ejecución o traslado de la víctima a cualquier otro país signatario.

Una parte del debate seguramente atravesará la discusión acerca de cómo debe leerse el documento, si puede tomarse como comienzo del Plan Cóndor cuando las evidencias muestran que las fuerzas represivas actuaron en conjunto desde antes. Los fiscales del juicio señalan antecedentes de 1975 y en la instrucción Osorio trazó un corte posterior a la muerte de Juan Perón.


Las víctimas

En la causa Plan Cóndor se juzgarán las responsabilidades sobre los crímenes cometidos contra: Campiglia Horacio Domingo, Pinus de Binstock Mónica Susana, Habegger Norberto Armando, Reyes González, Manuel Federico; Seminario Preciado, Carlos Alberto; González de la Vega, Oscar Hugo; Corinaldesi de Stamponi, Mafalda; Choque Cabrera, Fausto; Stamponi, Luis Faustino; Rutilo Artes, Graciela; Lara Torres, Jaime Rafael; Villa Isola, Efraín Fernando; Villavicencio Calderón, Jorge Hernán; Jordán Vercellone, Juan Carlos; Oviedo Morales, Walter Eduardo; Saenz Bernal, Reinaldo Lásaro; Vargas Orozco, Johnny; Suárez Balladares, Erasmo; Rojas Caballero, Máximo; Enríquez Espinosa, Edgardo; Elgueta Díaz, Luis Enrique; Tamayo Martínez, Manuel Jesús; Muñoz Velázquez, Luis Gonzalo; Hernández Zaspe, Juan Humberto; Jaccard Siegler, Alexei Vladimir; De la Maza Asquet, José Luis; Orellana Castro, Miguel Iván; Carreño Araya, Cristina Magdalena; Athanasiú Jara, Ángel; Athanasiú Laschan, Pablo Germán; Laschan Mellado, Frida Elena; Rojas Campos, Carlos Patricio; Delard Cabezas, Carmen Angélica; Delard Cabezas, Gloria Ximena; Appel de la Cruz, José Luis; Zaragoza Olivares, Luis Arnaldo; Espinoza González, Luis Alejandro; Urra Ferrarese, Oscar Julián; Ossola de Urra, Susana; Ferrada, Rafael Antonio; Oyarzun Manso, Oscar Orlando; Cram González, Washington; Trías Hernández, Cecilia Susana; Urtasún Terra, José Luis; Silveira Gramont, María Rosa; Maidana Bentín, Félix; Borelli Cattáneo, Raúl Edgardo; Cabezudo Pérez, Carlos Federico; Lezama González, Rafael Laudelino; Moreno Malugani, Miguel Ángel; Prieto González, Rubén; Alfaro Vázquez, Pedro Daniel; Severo Barreto, Ary Héctor; Epelbaum, Lila; Epelbaum, Claudio; Bentancour Garín, Walner Ademir; Rodríguez Liberto, Félix Antonio; Méndez Donadío, José Hugo; Candia Correa, Francisco Edgardo; Burgueño Pereyra, Ada Margaret; Gándara Castroman, Elba Lucía; Carretero Cardenas, Casimira María del Rosario; Recagno Ibarburu, Juan Pablo; Cabrera Prates, Ary; Mechoso Méndez, Alberto Cecilio; Tejera Llovet, Raúl Néstor; Soba Fernández, Adalberto Waldemar; Arnone Hernández, Armando Bernardo; Queiro Uzal, Washington Domingo; Machado, Modesto Humberto; Río Casas, Miguel Ángel: Lerena Costa de Corchs, Elena Paulina; Bosco Muñoz, Alfredo Fernando; D’elía Pallares, Julio César; Dossetti Techeira, Edmundo Sabino; García Ramos de Dossetti, Ileana Sara María; Duarte Lujan, León Gualberto; Rodríguez Mercader, Carlos Alfredo; Errandonea Salvia, Juan Pablo; Chizzola Cano, Eduardo Efraín; Hernández Hobbas, Beatriz Lourdes; Hernández Hobbas, Woshington Fernando; Grispón de Logares, Mónica Sofía; Logares, Claudio Ernesto; Artigas Nilo de Moyano, María Asunción; Moyano, Alfredo; Zaffaroni Castilla, Jorge Roberto; Islas Gatti de Zaffaroni, María Emilia; García Irureta Goyena, María Claudia; Rodas, Néstor; Méndez Fleitas, Epifanio; Filártiga Martínez, Juan Alberto; Benítez o Benítez Gómez, Florencio; Ledesma Medina o Medina Ledezma, Oscar Eladio; Roa Espinosa o Espinoza, Emilio; Maidana, Antonio; Tatter Morinigo, Jorge Federico; Penayo Ferreyra o Ferreira, Juan José; Vera Báez, Cátulo; Ballestrino de Careaga, Esther, Carrillo Rodríguez, Fausto Augusto; Logoluso, José Alejandro; Landi Gil, Marta Dora; Nell o Nell Granda, José o José Luis; Santana Escotto o Scotto, Nelson Rodolfo; Inzaurralde Melgar o Insaurralde Melgar, Gustavo Edison; Goiburú Jiménez o Giménez, Agustín.

Los imputados

Los imputados en la causa Plan Cóndor son: Jorge Rafael Videla, Santiago Omar Riveros, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Luciano Benjamín Menéndez, Bernardo José Menéndez, Jorge Carlos Olivera Róvere, Eugenio Guañabens Perelló, Carlos Miguel Landoni, Humberto José Román Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti, Manuel Juan Cordero Piacentini, Néstor Horacio Falcón, Federico Antonio Minicucci, Enrique Braulio Olea, Horacio De Verda, José Julio Mazzeo, Reynaldo Benito Antonio Bignone, Rodolfo Emilio Feroglio, Luis Sadi Pepa, Mario Alberto Gómez Arenas y Juan Avelino Rodríguez.