viernes, 27 de septiembre de 2013

¿Y quién juzga a EEUU por el uso de armas químicas y nucleares?



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Contrainjerencia 25 septiembre 2013

FERNANDO VELAZQUEZ / VOLTAIRENET.ORG –

La campaña mediática de la administración de Barack Obama diseñada para obtener apoyo para su bombardeo (limitado por 60 días, con una posible extensión a 90 días, sin poner soldados dentro del país, según planes de un comité senatorial) contra Siria incluye acusaciones de “uso de armas químicas contra su propio pueblo”.

El argumento sugiere que si el presidente de Siria, Bashar al Assad, es capaz de usar esas armas terribles contra sirios, lo haría con más facilidad contra gente de otros países, lo cual incluye a Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio.

Los golpes de pecho de la administración de Obama sobre el tema coinciden con comentarios en los medios sobre un escándalo provocado en 1998 por el programa News Stand de CNN, el mismo que revelara que, en 1970, el ejército estadunidense envió fuerzas especiales a Laos en busca de un campamento donde vivían desertores (estadunidenses) y luego les dio muerte usando gas sarín.

De acuerdo con la periodista Jennifer Epps, se trataba de una operación negra o blackOp, llamada Operación Tailwind en la que murieron cerca de 100 laosianos.

El programa de CNN provocó airadas protestas del Pentágono, de veteranos de guerra y oficiales como Henry Kissinger, quien en el momento del ataque fungía como asesor de seguridad nacional.

La agencia noticiosa se disculpó ante su audiencia y despidió a Jack Smith y April Oliver, los productores del programa, tras decir que se trataba de un error.

Smith y Oliver demandaron a la patronal por despido injustificado, pero no sólo para ganar el pleito: uno de los demandantes recibió 1 millón de dólares y el otro una suma indeterminada como pago por daños a los dos periodistas. Justicia para los productores

Los productores después obtuvieron reconocimiento por su integridad periodística con la publicación del libro Me and Ted against the world: the unauthorized story of the founding of CNN”.

En éste, el cofundador y primer presidente, Resse Schonfeld, relata cómo durante una deposición, el almirante Thomas Moorer, testigo clave en la historia, indicó que Oliver lo había citado correctamente en el reporte sobre la Operación Tailwind.

Admitió que a veces algunos desertores fueron asesinados porque el comandante Jack Singlaub (importante figura de la Liga Anticomunista Mundial) les había dicho que matar desertores era una prioridad.

Cuando le preguntaron sobre el uso del gas sarín, Moorer dijo que si el arma podría salvar vidas de estadunidenses él no vacilaría en usarlo.

El sitio en internet de CNN enfoca el incidente retrospectivamente con un mensaje que dice: “Nosotros no creemos que puede razonablemente sugerirse que cualquier información en la que se basó el reporte fue fabricada o inexistente”. Experimentos nucleares y la salud pública

Luego está la radiación nuclear aplicada a los estadunidenses durante las llamadas pruebas nucleares. De acuerdo con la Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, entre 1951 y 1958, 100 pruebas nucleares fueron realizadas en el estado de Nevada, en un sitio ubicado como a 100 kilómetros de la ciudad de Las Vegas.

El poder promedio de las pruebas atmosféricas fue de 8.6 kilotones. El polvo radiactivo contenía radionucleidos y gases que fueron transportados por el viento a miles de kilómetros de distancia.

La población estadunidense fue expuesta durante esos años a los efectos de la radiación emitida por las pruebas que, por encima de todo, tenían por objeto la fabricación de armas de destrucción masiva como las usadas contra la población civil de Hiroshima y Nagasaki, en Japón.

Según relata el doctor Alan Cantwell, autor del libro Queer blood: the secret AIDS genocide plot, agencias del gobierno estadunidense –como la Comisión Atómica, los departamentos de Defensa, Salud, Educación y Bienestar, Servicio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Salud, la Administración de Veteranos, la Agencia Central de Inteligencia y la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio– son responsables de que millones de personas fueran expuestas a las pruebas nucleares continentales atmosféricas y subterráneas.

Estas pruebas incluyeron la dispersión secreta de radiación.

Luego están los más de 200 mil “veteranos atómicos” que laboraban cerca de las detonaciones nucleares en Nevada, entre las décadas de 1950 y 1960.

Estas pruebas, dice Cantwell, impactaron a la gente que vivía en poblados, viento abajo, en Nevada, Utah, Colorado y Nuevo México.

El investigador añade que esos pobladores expuestos al viento radiactivo también sufrieron al ingerir la carne de animales de corral y otros productos agrícolas contaminados. El ensayo con fotografías de Carole Gallagher, titulado American ground zero: the secret nuclear war, revela el sufrimiento de esas víctimas de enfermedades inducidas por el gobierno en su afán de construir armas de destrucción masiva.

Cantwell subraya que la publicación –en el diario Albuquerque Tribune en 1993– de los nombres de 18 estadunidenses que fueron secretamente inyectados con plutonio y la historia de la periodista Eileen Welsome revelaron la falta de ética y lo inhumanos que eran los estudios nucleares. Las protestas provocadas por esas revelaciones llevaron al Departamento de Energía a ordenar la publicación de los archivos secretos sobre experimentos realizados durante la Guerra Fría. La monstruosidad de los “estudios científicos”

Para Cantwell, el propósito de esos experimentos secretos era supuestamente establecer estándares de seguridad ocupacional para personas empleadas en la producción del plutonio. Algunos experimentos entre 1946 y 1954 incluyeron: exponer a más de 100 pobladores de Alaska a yodo radiactivo, alimentar a 49 jóvenes con retraso mental con cereal mezclado con hierro radiactivo y calcio, así como exponer a 800 mujeres embarazadas a hierro radiactivo, inyectar a siete bebés recién nacidos (seis negros) con yodo radiactivo y exponer los testículos de más de 100 prisioneros a radiación cancerígena.

Otros experimentos se realizaron con pacientes de una clínica siquiátrica en San Francisco, prisioneros en San Quintín y pacientes del hospital general de Cincinnati.

¿Y todavía piensan que les queda un fragmento de derecho moral para apuntar el dedo acusatorio hacia el gobierno de Bashar al Assad?

*Periodista en Radio Pacífica, en California, Estados Unidos

Daniel Paz & Rudy
DANIEL PAZ & RUDY

La resistencia mapuche al modelo extractivista


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por Unidad de los Pueblos y los Trabajadores / EsGlobal
Martes, 24 de Septiembre de 2013 


Las comunidades mapuche en Chile y la Argentina defienden sus tierras frente al avance del modelo extractivista.

El pasado 6 de agosto, el llamado “conflicto mapuche” se cobraba en Chile una nueva víctima: el comunero Rodrigo Melinao fue encontrado muerto, con impactos de bala, por sus compañeros de la comunidad Rayen Mapu, que desde el principio desconfiaron de la policía. El Estado, por su parte, reaccionó con más tibieza que cuando, en enero, un atentado en la región de la Araucanía acabó con la vida de un empresario local y su esposa; de inmediato, el presidente chileno, Sebastián Piñera, decretó la aplicación de la ley antiterrorista.

Apenas tres días después del asesinato de Rodrigo, se celebraba el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Poco había que celebrar en el Gulumapu, como llaman los mapuche a sus territorios ancestrales en Chile, que abarcan las regiones de La Araucanía, Bío Bío, Los Lagos y Los Ríos.

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Tampoco al otro lado de la cordillera, en lo que los mapuche llaman Puelmapu, la Tierra del Este. En territorio argentino este pueblo ha sufrido también la represión y criminalización o, al menos, la pasividad estatal ante los ataques a sus territorios y modos de vida. Como denunció Amnistía Internacional el 9 de agosto, pueblos originarios en toda Argentina – especialmente, los Qom en la provincia de Formosa y los mapuche en la Patagonia – han visto morir a al menos doce de sus miembros en los últimos tres años, ante la inacción del Estado.

Según Amnistía Internacional, el recrudecimiento de la violencia contra los pueblos originarios se debe a “la creciente disputa por las tierras”, lo que, a su vez, se relaciona con el avance de grandes proyectos que involucran a importantes empresas multinacionales.

Del lado argentino, es la extracción de hidrocarburos el mayor dolor de cabeza para los mapuche. Antes fue Repsol, y ahora es Chevron quien, junto a la re-estatizada YPF, prevé explotar las recién descubiertas reservas de petróleo y gas de Vaca Muerta con una técnica todavía en ciernes y que plantea importantes dudas desde el punto de vista ambiental: la fractura hidráulica o fracking.

Ni a las comunidades mapuche ni a los wingka -el hombre blanco- les da mucha confianza el historial de Chevron, que huyó de Ecuador, llevándose todos sus activos, después de que la justicia de aquel país le impusiese una sanción de 19.000 millones de dólares (algo más de 14 mil millones de euros) por el derrame de 103 millones de litros de crudo en la selva amazónica, que dejó medio millón de hectáreas contaminadas y 30.000 personas afectadas. Un juez argentino ordenó embargar los bienes de la petrolera en el país, pero la Corte Suprema anuló esa decisión al mismo tiempo que YPF y Chevron llegaban a un acuerdo sobre Vaca Muerta.

En Chile, el impacto social y ambiental de las grandes represas se ha convertido en la principal amenaza. Enel Endesa proyecta construir, a través de su filial Hidroaysén, cinco centrales hidroeléctricas en la región de Aysén, además de una línea de transmisión de 2.300 kilómetros de longitud que transportaría la energía hacia el centro del país. Las comunidades locales han mostrado su rechazo y han propuesto que se legisle para otorgar a la Patagonia el estatus de Reserva de la Vida; pero, por el momento, la legislación chilena es clara: la propiedad de las fuentes de agua es de concesión privada y en la región de Aysén Enel Endesa posee más del 90% de los derechos del agua.

A ambos lados de la cordillera, otras dos grandes industrias representan sendas amenazas: de un lado, un sector forestal en auge, que crece al calor de la extensión de la frontera forestal, para la producción de madera o celulosa o bien para la obtención de bonos de dióxido de carbono, en el marco del Protocolo de Kyoto. La segunda es la minería a gran escala, que ya ha provocado la protesta ciudadana tanto en la provincia argentina de Neuquén, donde la canadiense Barrick Gold posee varios emprendimientos, y en los fiordos de la Patagonia chilena, donde se proyectan cinco minas de carbón a cielo abierto.

Políticos, empresarios y algunos expertos defienden la necesidad de aprovechar los recursos para fomentar el desarrollo de todo el país, incluidas las zonas mapuche. Así, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) consideraesencial “el papel de los recursos naturales en el desarrollo”, y coloca en el centro del debate la implementación de políticas públicas que favorezcan una “segunda fase del desarrollo exportador” con más valor agregado y mayor diversificación. Por su parte, el Ministerio de Minería chileno defiende la sostenibilidad ambiental y social de las industrias extractivas en un país donde al menos un 26% del PIB proviene de este sector, según las Cuentas Nacionales.

El Gobierno argumenta además que se están implementando programas de desarrollo local para que estos recursos lleguen a todos los rincones del país. Es el caso del Fondo Social Más por Chile, que concede a organizaciones sociales fondos de unos 8 millones de pesos (cerca de 12.000 euros) para financiar proyectos de desarrollo local en regiones como el Bío Bío.

La cuestión de la tierra

Lo escribió ya en 1928 el periodista y pensador peruano José Carlos Mariátegui: todas las tesis que intentan explicar el problema indígena como un conflicto étnico o moral se han utilizado para ocultar o desfigurar el problema: “La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra”.

Hoy como siglos atrás, la tierra es el motivo de confrontación entre mapuche y wingka. En los últimos años, la presión sobre las comunidades indígenas para que abandonen sus territorios se ha recrudecido allí donde avanzan los grandes emprendimientos y la frontera agrícola.

Es lo que la investigadora Maristella Svampa ha llamado el “Consenso de las Commodities“. Los gobiernos latinoamericanos de izquierda o derecha parecen de acuerdo en que no hay alternativas a ese modelo que reprimariza las economías; cualquier otra posibilidad puede ser tachada, como hizo el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de “ecologismo infantil”. Así que, pese a los impactos sociales y ambientales, a veces irreversibles, avanza un modelo que se apoya sobre la extracción intensiva de hidrocarburos y metales, así como los grandes monocultivos.

Este “neoextractivismo desarrollista”, como lo llama Svampa, irrumpe en los territorios y desaloja comunidades, pese a que las leyes nacionales y los convenios internacionales reconocen el derecho de los pueblos originarios a sus tierras ancestrales. El famoso Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que plantea la obligatoriedad de consulta previa a las comunidades indígenas, no ha conseguido proteger el derecho de las comunidades a decidir sobre el destino de su  territorio.

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Tampoco sirvió de mucho que, en 2006, en Argentina se declarase la emergencia de las tierras indígenas y el relevamiento inmediato de sus territorios: siete años después se ha relevado una parte mínima de las tierras y, aunque en 2006 se prohibieron los desalojos de comunidades indígenas, éstos se siguen produciendo. En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió del Estado medidas cautelares para proteger a sus poblaciones mapuche y Qom. La situación es aún más urgente en Chile, donde las comunidades han denunciado la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado.

Estrategia de invisibilización

Tanto en Chile como Argentina la estrategia es de invisibilización de las reivindicaciones indígenas y de estigmatización, cuando no criminalización y judicialización de los movimientos de resistencia. El relator de Derechos Humanos y Contraterrorismo de la ONU, Ben Emmerson, denunció recientemente que el Estado chileno aplica a los mapuches la legislación antiterrorista “de una manera confusa y arbitraria, que termina generando una verdadera injusticia”.

Mientras, los mapuches se organizan y reclaman el reconocimiento de sus tierras, pero también de su identidad cultural y su autonomía política. Ni el Estado chileno ni el argentino registran esas reivindicaciones; en buena medida, porque persisten los prejuicios y estigmas contra los indígenas, a los que el imaginario de las clases medias y blancas todavía relaciona con el atraso y el salvajismo. Por eso las organizaciones mapuches han llevado ante el comité de la ONU contra la discriminación racial al ex ministro chileno del interior y actual ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, que relacionó a los mapuches con actos terroristas.

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Es un caso extremo, pero no aislado. Y, aunque las investigaciones antropológicas y las excavaciones arqueológicas evidencian lo contrario, políticos y medios de comunicación siguen en buena medida sustentando el discurso de que los mapuches no vivían en ese territorio cuando se formaron las repúblicas en el siglo XIX. En Chile dicen que vinieron de Argentina; en Argentina, que vinieron de Chile.

No se trata, como señalaba un lúcido Mariátegui casi un siglo atrás, de un matiz étnico, cultural o moral, se trata de la tierra. Los mapuches no tendrían derechos sobre esas tierras si fueran un pueblo invasor, así como negar el problema es la mejor estrategia para retrasar su resolución. Pero ahí estaban los mapuches cuando llegaron los conquistadores españoles y ahí seguían cuando, 300 años de resistencia después, se independizaron los nuevos Estados. Y parecen decididos a seguir resistiendo.

jueves, 26 de septiembre de 2013

Escritora española vino a dar la cátedra “Memoria y Literatura: a 40 años del Golpe de Estado en Chile” Almudena Grandes analiza la transición española y su mortal parecido con la del Chile post Pinochet


por MARCO FAJARDO


Sus libros sobre dictaduras sangrientas, transiciones anodinas y el eterno retorno del pasado han encontrado gran acogida en lectores en Latinoamérica. Su visita responde a una invitación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Centro Cultural Estación Mapocho.


Escritora Almudena Grandes













Foto: Javier Liaño
Una dictadura sangrienta. Una transición pactada entre cuatro paredes, con un soporte legal que de transitorio se convirtió en definitivo. Y una crisis de representación política que clama a gritos una reforma porque ese soporte legal  ya no se condice con la actualidad, donde un duopolio en el poder se arriesga a desaparecer en los comicios si no se hace cargo. ¿Le suena?
Pero la escritora Almudena Grandes (Madrid, 1960) no habla de Chile, sino de su propio país, España. Y cree que la experiencia traumática a partir de la refundación de un país a sangre y fuego cuya transición optó por hacer como si aquí no pasara nada, un modelo que termina haciendo aguas, puede ser un ejemplo que nuestro país debe mirar de reojo para no sufrir los mismos problemas.
Grandes vino invitada para dar la cátedra “Memoria y Literatura: a 40 años del Golpe de Estado en Chile”, en un evento organizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Centro Cultural Estación Mapocho. Sí, se hizo famosa con “Las edades de Lulú” (1989), una novela erótica que fue llevada al cine por Bigas Luna, pero su vínculo con la historia –una carrera que estudió en la Universidad Complutense de Madrid- es indisoluble.
Su relación con Chile tampoco es nueva (vino por primera vez en 1990). La televisión local hizo una versión de su novela “Atlas de geografía Humana” en la premiada serie “Geografía del deseo”, dirigida por Boris Quercia. Y el teatro puso en escena “Los ojos rotos”, obra adaptada y dirigida por la actriz María Izquierdo. Esta vez viene de visitar Buenos Aires, Córdoba y Montevideo.

SERIE DE NOVELAS

Grandes actualmente está escribiendo una serie de seis novelas, que transcurren durante 25 años entre 1939 y 1964, obras independientes entre sí que sin embargo comparten “un espíritu y personajes, desde la perspectiva de los que dijeron que no” a la dictadura. La idea es hablar “de los resistentes armados, de los no armados, de los que no se rindieron, de políticos y no políticos”, y contarle al lector de hoy historias de hombres y mujeres “que se jugaron la vida por ti, porque en definitiva lo hicieron para que tú tuvieras los derechos que ahora tienes, como la democracia, etc”.
Dos textos ya han visto la luz: “Inés y la alegría”, sobre una malograda incursión militar antifranquista en la frontera francesa en 1944, y “El lector de Julio Verne”, que habla sobre un niño cuyo padre es policía y reprime a los guerrilleros que su hijo admira. El próximo año saldrá una tercera, “Las tres bodas de Manolita”, que versará sobre los actos de resistencia a la dictadura del franquismo surgidos a partir de las mujeres de los presos políticos que se conocieron haciendo fila para ver a sus familiares en la cárcel. Hasta ahora ha tenido éxito con sus historias: “Mucha gente se me acerca para decirme que no sabía nada de esto”.
Su interés por el periodo surgió hace algunos años cuando decidió leer y ver material fílmico sobre la dictadura y se dio cuenta “de que no sabía nada”. Se topó con una multitud de historias “muy buenas”, grandes y pequeñas, que nunca habían sido contadas, como la invasión del Valle de Arán, en el norte de España, por cuatro mil guerrilleros en 1944 durante nueve días con la intención de derrocar a Franco, o sobre una red de evasión de nazis montada en Madrid que facilitó la fuga de criminales como Adolf Eichmann, o de un cura que se hizo rico organizando bodas falsas para presos políticos. En suma, historias que sólo conocían algunos pocos historiadores y el público general ignoraba.
En la investigación se topó con personas ansiosas por contarle sus vivencias, como la de una niña a la cual internaron con las monjas con la promesa de enseñarle a leer y en cambio fue destinada a lavar ropa ajena. Hoy la novelista recuerda que aquella mujer fue hasta su casa para entregar su relato. “Me lo contó todo y al final me dijo: ‘Si hace falta que te pague algo, te lo pago’”, algo que Grandes obviamente rechazó. “’Es que yo quiero que lo sepa la gente’, me dijo. Es como una obsesión: quieren que se sepa lo que pasó”, cuenta, recordando que se trata de historias que han debido ocultar toda la vida.
Con su investigación, Grandes no sólo quiso “entender” la historia al sentir “que andaba por tierras movedizas y necesitaba pisar tierra firme”. El proyecto además le permitía agradecer a los que resistieron la dictadura en un país donde el Estado jamás lo había hecho, porque eran incómodos en medio de un pacto de la impunidad entre viejos y nuevos gobernantes. “Es una de las cuentas pendientes que tenemos los españoles con nuestro pasado”.

MEMORIA

“Yo creo que lo fundamental, contra lo que la gente cree, es que la memoria no tiene que ver con el pasado, sino con el presente y el futuro”, señala Grandes, para quien la Guerra Civil es un momento fundacional que seguirá presente en la gente “hasta que deje de haber españoles que se sientan perdedores”, para que haya paz, un momento que “todavía no ha llegado”.
La escritora asegura que en España se vivió la llegada de la democracia como “un ejercicio de amnesia colectiva”, y da como ejemplo que de niña –como le sucedió a muchos de sus coetáneos- era usual toparse en su casa con fotografías de personas que no conocía y de quienes los adultos no querían hablar, víctimas de la Guerra Civil, como supo luego.
Eso tampoco cambió con la transición española, que la escritora compara con una escena de la película “Mary Poppins”, en la cual los personajes se lanzan al vacío y aterrizan en un país de dibujos animados donde todo es felicidad, como si nosotros los chilenos nos hubiéramos sumergido en los spots del NO, donde todo era color y una promesa de alegría.
“El problema es que las estrategias de los niños pequeños (como los de Mary Poppins) de decir ‘no voy a pensar en eso’ y ‘esto nunca sucedió’, fracasan”. Añade que el punto de inflexión llegó a comienzos de 2000, en momentos en que comenzaron a desenterrarse los desaparecidos españoles que tras ser fusilados habían sido sepultados en las orillas de las carreteras, en un país que además del exilio también sufrió el robo de bebés y cuyas plazas de toros se convirtieron en campos de detención, tal como ocurrió acá con estadios y gimnasios.
Fue en aquel momento cuando los nietos de los protagonistas de la Guerra Civil, cumpliendo 40 años como la propia Grandes, hicieron balance y comenzaron a preguntarse en qué país vivían, “y nos dimos cuenta de que la democracia española estaba edificada en el aire”, en alusión a un soporte legal –una Constitución que consagra una escasa participación ciudadana y un sistema de votación absolutamente injusto- hecho entre cuatro paredes.
Entoces comenzó a cuestionarse una transición, incruenta y hecha en circunstancias difíciles, reconoce Grandes. Una transición que, cabe mencionar, además luego fue vendida como ejemplar y en la cual, por cierto, se inspiraron muchos políticos chilenos que luego gobernaron con la Concertación. Paz a cambio de impunidad… ¿le suena?
A comienzos de 2000, de forma paralela, también comenzó el rescate y reivindicación de la República Española de los años 30, aquel revolucionario intento por convertir un reino casi feudal en un lugar con igualdad de derechos, y que tal como la UP acabó ahogado en un baño de sangre.
Grandes rememora que de los pequeños homenajes usuales, casi clandestinos, llenos de amargura y tristeza, se comenzó a enaltecer y a recordar la República Española con orgullo y alegría, como aquel multitudinario homenaje realizado por 35 mil personas en un estadio en la localidad de Rivas en junio de 2004, donde ella participó. Un homenaje que daría origen a otro en el Congreso (y a una Ley de Memoria Histórica, con una serie de beneficios para las víctimas de la represión), y que volvió a demostrar cómo la sociedad civil va por delante de las instituciones, cuenta la escritora.
Fue justamente el fruto de esa reflexión el punto de partida de su libro “El corazón helado”, donde Grandes intentó explicarse este proceso –“de cómo el pasado lastra el futuro”, según dice- a través de una historia entre un hombre de una familia de derecha y una mujer de una de izquierda, una división que tal como atraviesa las familias chilenas, atraviesa las españolas, hasta hoy, para demostrar cómo el pasado está presente hasta hoy
.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

ARGENTINA: CRECE EL USO MILITAR EN SEGURIDAD QUE AUSPICIA EL COMANDO SUR



Mal de Muchos


 La policía federal reprimió a sangre y fuego a manifestantes en la ciudad de Oaxaca durante la visita 
del presidente Felipe Calderón, el 15 de febrero de 2011, con un saldo de más de 15 heridos.


La confusión entre tareas policiales y militares comenzó en Colombia, siguió en México y en Centroamérica. La fomenta Estados Unidos, que suministra entrenamiento, en forma directa o a través de Colombia, siempre advirtiendo que es por excepción mientras mejora la capacitación policial. Un saldo devastador: ineficiencia para controlar el delito y graves violaciones a los derechos humanos. Un mal resultado electoral previo en México o una elección próxima en El Salvador, como motivación política.

Por Horacio Verbitsky
Página 12

El presidente salvadoreño Mauricio Funes extendió por otro año el despliegue de tropas del Ejército para apoyar a la policía en tareas de seguridad contra el delito y lo amplió de 19 a 29 zonas del país, citando las encuestas que reflejan “el impacto positivo de la presencia militar en las calles”. En junio de 2014 habrá elecciones presidenciales allí.

El periodista Funes, quien llegó al gobierno en 2009 postulado por el partido del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, explicó que se trataba de una medida excepcional. Lo mismo dijo hace un año el entonces jefe del Pentágono, Leon Panetta, durante la Décima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que sesionó en Punta del Este, donde expuso la nueva “Política de Defensa para el Hemisferio Occidental”. Panetta dijo que algunos países que se sienten desbordados por “la difusión del narcotráfico y otras formas de tráficos ilícitos, pandillas y terrorismo” recurren a las Fuerzas Armadas para realizar tareas que competen a las fuerzas policiales civiles. Aunque ésta “no puede ser una solución a largo plazo”, por el momento el Pentágono está dispuesto a cooperar para fortalecer “la capacidad de las autoridades civiles y las fuerzas del orden de los países amigos”. Panetta no fijó plazos para la vigencia de esta excepción.

Haz lo que yo digo

En El Salvador, las Fuerzas Armadas realizan patrullajes conjuntos con la policía y ocupan posiciones en 62 “puntos ciegos” de la frontera, por los que “se filtra todo tipo de mercancía ilegal, contrabando, drogas, tráfico de personas e infinidad de negocios ilegales”, según explicó Funes. Además, decidió estacionar soldados en las instituciones penales más peligrosas, donde recientes motines provocaron la muerte de dos reclusos y heridas a otros 25. También en Venezuela, 3.000 soldados participan en tareas policiales en aquellos barrios de Caracas que tienen tasas más elevadas de criminalidad. En un discurso pronunciado en la Academia Militar de Fuerte Tiuna, el presidente Nicolás Maduro dijo que la inseguridad era el mayor problema del país. El patrullaje militar de las calles se extenderá luego al resto de Venezuela, cuya tasa anual de homicidios es de 54 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales que organizaciones no gubernamentales elevan a 73 por 100.000. Una de esas organizaciones, PROVEA, alegó que las Fuerzas Armadas no están preparadas para la aplicación de la ley en la lucha contra el delito. Ya en 2007, un funcionario que visitó Colombia junto con el entonces jefe del Pentágono, Robert Gates, dijo a la agencia Reuters que si bien en las últimas décadas se pensó que las Fuerzas Armadas deberían alejarse de las funciones policiales, tal como ocurre en Estados Unidos, algunos países latinoamericanos carecen de fuerzas policiales aptas, y llevaría años mejorarlas y convencer a la población de que hacen falta fuerzas policiales más poderosas.

Si bien la ley Posse Comitatus prohíbe desde 1878 el empleo de tropas militares en asuntos de seguridad dentro de los Estados Unidos, ésta es una de las escasas doctrinas sobre la democracia cuya exportación carece de prioridad política. Por el contrario, el Pentágono y su Comando Sur propician tal actuación y la interoperabilidad entre policías y militares latinoamericanos. En su trabajo “La transformación del Estado de Seguridad: de hacer la guerra a luchar contra el delito”, los académicos Peter Andreas y Richard Price sostienen que en la globalización esa frontera se ha hecho borrosa y que los intereses de seguridad del Estado se definen ahora más en términos “de disuadir evasiones de la ley que invasiones militares”. Esto va más allá de la teoría. En enero de 2012 el Comando Sur dio comienzo a la Operación Martillo, que incluye a tropas del Ejército, la Guardia Costera, y las policías, en las costas centroamericanas del Pacífico y el Caribe, con barcos, aviones, soldados, marineros y policías de los países participantes. La intervención estadounidense es coordinada por la Fuerza de tarea conjunta interinstitucional - Sur, con sede en Key West, Florida, que integran militares y civiles, de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad estadounidenses, como el FBI, la Aduana y la DEA, todos a órdenes del Comando Sur. A ellos se agregan organismos militares y de seguridad de países de Latinoamérica, el Caribe y Europa. En 2010 la revista Diálogo, que edita el Comando Sur, sostuvo que “los oficiales de enlace de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Francia, México, los Países Bajos, Perú, España y el Reino Unido ayudan a combatir el tráfico ilícito en un complejo proceso de cuatro etapas que consiste en detección, monitoreo, intercepción y detención” (http://www.dialogo-americas.com /es/articles/rmisa/features/viewpoint/2010/10/01/feature-02). Esto fue antes del incidente por el avión militar estadounidense que intentó ingresar a Ezeiza un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y estupefacientes. La semana pasada se anunció que la fragata misilística USS Rentz, en la que embarcó personal policial de la Guardia Costera, confiscó un cargamento de cocaína valuado en 8 millones de dólares, que era transportado por un pesquero al norte de las Islas Galápagos, donde la 4ª Flota realizaba “Operaciones contra el Crimen Transnacional Organizado”.

Militares para compensar

Además de su Estrategia Nacional de Control de Drogas, el gobierno estadounidense sostiene cuatro programas regionales en América Latina: la Iniciativa Mérida, en México; la Asociación de Seguridad Ciudadana en Centroamérica; la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe y la Iniciativa estadounidense-colombiana de Desarrollo Estratégico. El programa centroamericano contiene metas que no guardan relación con las misiones militares tradicionales, como garantizar la seguridad en las calles, interceptar delincuentes y cargas de contrabando, establecer una efectiva presencia del Estado en comunidades en riesgo y fomentar la coordinación y cooperación entre países contra amenazas a la seguridad. México es el país donde más profundo fue el compromiso militar en el enfrentamiento con los carteles de la droga. Esa decisión fue adoptada en el primer año de su gobierno por el ex presidente Felipe Calderón, quien buscó compensar así la débil legitimidad política provocada por su estrecha victoria electoral en 2006 y las denuncias de fraude de la oposición. El fracaso de su estrategia se mide en la asombrosa equivalencia numérica entre los 45.000 soldados que desplegó, los 44.000 que desertaron y las 48.000 personas asesinadas durante su sexenio presidencial, pero también en la falta de mejoras significativas en la cantidad de drogas que salen de sus fronteras en dirección a los Estados Unidos. Un balance devastador de esa experiencia puede encontrarse en el informe publicado por Human Rights Watch, “Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura”, según el cual miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales, por los cuales no hubo un solo condenado. Los propios militares dicen en su descargo que no están preparados para ese tipo de lucha y además se quejan por la ausencia de un marco jurídico que asegure la legalidad de sus actos y los ponga a salvo de reproches penales, que, según temen, caerán sobre ellos y no sobre los políticos que les ordenaron hacerlo. No es mejor el record investigativo sobre los crímenes cometidos por el narcotráfico: la justicia sólo condenó a 22 personas. En cambio, muchos funcionarios judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos, incluyendo jueces que dan por válidas confesiones obtenidas bajo tortura en bases militares y peritos médicos que omiten o minimizan las lesiones de los detenidos. La corrupción carcomió a las Fuerzas Armadas. Media docena de generales fueron detenidos por sus nexos con el narcotráfico, y estalló una guerra de acusaciones entre distintos bandos militares, que se señalan unos a otros como cómplices de los carteles. A modo de advertencia, la revista mexicana Emeequis tradujo un informe publicado en el New York Times por el profesor de psiquiatría Richard Friedman sobre el efecto sobre los soldados estadounidenses de las operaciones especiales en que participan, con abuso de drogas y más muertos por suicidio que en combate. El sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, prometió revisar la estrategia y crear una Gendarmería de 40.000 efectivos para ir reemplazando en forma gradual a las Fuerzas Armadas. Pero una vez en el gobierno redujo la dimensión de esa nueva fuerza a sólo 5.000 hombres, y demoró el prometido regreso de los militares a sus tareas específicas. No obstante, arguye que las muertes violentas se redujeron un 20 por ciento, aunque las técnicas de cuenta de cadáveres que se aplican no garantizan la exactitud de ningún cómputo

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Tropas de elite

En la Operación Martillo, las fuerzas de Estados Unidos participan junto con los siete países centroamericanos, más Canadá, Colombia, Francia, Holanda, España y Gran Bretaña. Pero en su informe anual al Congreso, el jefe del Comando Sur, general de Infantería de Marina John Kelly, anunció recortes presupuestarios que reducirían su efectividad. Esta escasez de recursos ha influido para que Estados Unidos se incline por un mecanismo de presencia e influencia a bajo costo. La DEA y el Departamento de Estado capacitan tropas de elite de esos países, pero luego reciben apoyo desde bases construidas por el Pentágono en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El año pasado, tropas estadounidenses y fuerzas especiales hondureñas realizaron cinco acciones conjuntas de interdicción. En tres de ellas se produjeron tiroteos en los que fueron asesinados ciudadanos que no tenían actividad alguna relacionada con las drogas, entre ellos un chico de 14 años y dos mujeres, una de ellas embarazada, que navegaban en una lancha taxi cerca del pueblo de Ahuas. En otro episodio fue abatido el piloto de un avión derribado cuando hizo “un gesto amenazante”. En un tercer caso, la Fuerza Aérea Hondureña derribó dos aviones que según los norteamericanos eran sospechosos de tráfico de drogas, y todos sus ocupantes murieron. En Guatemala, un contingente de 171 marines estadounidenses tripularon el año pasado 250 vuelos de “detección y monitoreo”, según la propia información de la Marina. Como los militares de Estados Unidos sólo pueden usar las armas si son atacados, identifican personas y embarcaciones sospechosas sobre el litoral y los ríos de Guatemala y dejan a las fuerzas guatemaltecas las confiscaciones y arrestos. En octubre del año pasado, mientras la delegación de Guatemala llegaba a Punta del Este, donde apoyó el empleo militar en cuestiones ajenas a la Defensa, las Fuerzas Armadas ejemplificaron qué ocurre cuando los militares con sus armas letales se vuelcan a las tareas policiales, al matar a seis campesinos y desaparecer a otros que protestaban contra las altas tarifas de luz.

Falsos positivos

Pese a los recortes que a partir de 2010 han disminuido la denominada asistencia estadounidense de seguridad, y aun cuando esta tendencia declinante alcanzó también a Colombia, ese país aún es el principal receptor regional en 2013, con 279 millones de dólares, seguido por México, con 154. Esto no reduce el involucramiento estadounidense con las fuerzas armadas y policiales en América Latina, aunque cambia su naturaleza. Las organizaciones estadounidenses especializadas en el monitoreo (ver “Una política fallida”) advierten que se está haciendo más ágil y flexible, pero aún menos transparente, con acento en aviones no tripulados, por ahora sólo para vigilancia, pero con la promesa de asesinatos selectivos en una próxima etapa; ataques cibernéticos y fuerzas de Operaciones Especiales. Las fuerzas especiales que se están retirando de Irak y Afganistán podrán volcarse a tareas de entrenamiento, asesoría, operaciones sobre aspectos civiles y recopilación de datos e información confidencial en América Latina. Esas misiones permiten que “se familiaricen con el terreno, la cultura y los oficiales clave en países donde algún día podrían operar. Y que el personal de los Estados Unidos reúna información confidencial sobre sus países anfitriones”, sostiene un estudio conjunto de tres organizaciones que monitorean las actividades estadounidenses en el exterior (WOLA, Oficina de Washington para Latinoamérica; Latin America Working Group y el Center for International Policy). Ese documento, titulado “Hora de Escuchar: Tendencias en Asistencia de Seguridad de los EE.UU. hacia América Latina y el Caribe”, cita un informe reciente del diario Washington Post según el cual la Agencia de Inteligencia para la Defensa, DIA, espera duplicar el número de efectivos clandestinos que envía por todo el mundo. También se incrementará el uso de aviones no tripulados y la robótica. Colombia, presentada por el general Kelly como el modelo exitoso de intervención militar en asuntos de seguridad, se ha convertido en el delegado de Estados Unidos para la capacitación de militares y policías de los demás países de la región. Desde 2005 ha entrenado a más de 13.000 personas provenientes de 40 países. La aceleración de este proceso es vertiginosa: 9.000 de ellas han recibido el entrenamiento entre 2010 y 2012, según información oficial del ministerio colombiano de Defensa. El informe colombiano enumera los países que enviaron a sus oficiales militares y policiales a capacitarse: México encabeza la lista de América del Norte, con 2543 hombres; Panamá (2491) y Honduras (1008) la de Centroamérica; Ecuador (974), Perú (592), Brasil (153) y la Argentina (139) la de Sudamérica. Los Lanceros colombianos suministran en la base de Tolemaida el tipo de entrenamiento para fuerzas especiales que antes brindaban los Rangers estadounidenses. Entre los asistentes hasta ahora no se registran argentinos. La experiencia colombiana en operaciones contra el crimen organizado, interdicción de drogas y esfuerzos para arrestar a capos de la droga es tan indudable como las 4.715 ejecuciones extrajudiciales que le atribuye a su fuerza pública el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, casos conocidos como “falsos positivos”. En la misma cuenta pesan las acciones ilegales de vigilancia contra organizaciones y activistas nacionales e internacionales de derechos humanos, periodistas, jueces y miembros de partidos de oposición realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la oficina presidencial de inteligencia. “Resulta problemático que las fuerzas armadas colombianas, las cuales han estado involucradas en una guerra de medio siglo de duración, y que han actuado en lugar de una fuerza policial en muchas áreas del país, se desempeñen como entrenadores para fuerzas de seguridad en América Central y en otros países que están experimentando la violencia relacionada a las drogas, pero no se encuentran en una situación de conflicto armado. De hecho, algunos de estos gobiernos han tratado de limitar el papel de sus fuerzas armadas después de los conflictos que tuvieron lugar en la década de 1980, y ahora están revirtiendo esta situación.” Además, el entrenamiento impartido por oficiales estadounidenses suele detallarse en los anuales del Departamento de Estado, cosa que rara vez ocurre con el trabajo de los entrenadores colombianos financiados por los Estados Unidos, lo cual plantea un tema crítico de transparencia. “La subcontratación de entrenamiento a cargo de oficiales colombianos, sin contar con reportes suficientes sobre estas actividades, hace imposible asegurar que las unidades y las personas que imparten y reciben entrenamiento están libres de acusaciones de abusos”, sostiene el informe.

lunes, 23 de septiembre de 2013

Se cumplen cuarenta años de la muerte de Pablo Neruda

Neruda y Allende "dialogan" en Ecuador en el 40 aniversario de su muerte








Pablo Neruda y Salvador Allende, dos figuras emblemáticas de la historia reciente de Chile y de América Latina, son los protagonistas de sendas exposiciones organizadas en Ecuador para rendir tributo a su legado, literario en el caso del primero, político en el del segundo.

En dos salas contiguas del Centro Cultural Metropolitano de Quito, que ha organizado las exhibiciones con motivo del 40 aniversario de la muerte de ambos, el poeta y el gobernante "dialogan" sobre su vida, su obra y sus experiencias para que el visitante comprenda la esencia de su personalidad, dijo a Efe el coordinador de exposiciones del centro, Francisco Morales.

Neruda y Allende "dialogan" en Ecuador en el 40 aniversario de su muerte

Neruda habla de sus sentimientos, de sus poemas y de sus crisis, pero también de sus relaciones con intelectuales ecuatorianos como Benjamín Carrión, Oswaldo Guayasamin y José Enrique Adoum, entre otros.
En la sala, reproducciones de periódicos ecuatorianos recuerdan el amplio eco de una visita de incógnito que realizó a la ciudad costera de Guayaquil en 1957, pero también se muestran cartas manuscritas, retratos del poeta y otros elementos, todo ello bajo una luz tenue que invita a la reflexión y a la lectura de varios de sus poemas, impresos sobre los muros.
"Para la gente son muy enriquecedoras estas dos exposiciones, están totalmente vinculadas, totalmente relacionadas e incluso la una muestra facetas del poeta con Allende, al igual que la otra", comentó Morales.
El fallecimiento del autor de "20 poemas de amor y una canción desesperada" del que mañana se cumplen 40 años, fue seguido de un funeral que se consideró el primer acto de protesta contra la dictadura militar, sobrevenida días antes, a la muerte de Allende.
En el caso del presidente chileno, la muestra, titulada "Un canto de vida", subraya "su carácter, su entereza, su decisión para actuar y morir por un ideal", afirmó Morales. "Eso está clarísimo, dio su vida y (...) nos dejó esa herencia", afirmó Morales.
La herencia de Allende llega a través de documentos gráficos, audiovisuales y sonoros, material que contribuye a comprender mejor los hechos y las consecuencias que tuvieron en el Chile de 1973 y los años siguientes.
Se incluyen imágenes del archivo de la Agencia EFE, de la Fundación Salvador Allende de Ecuador, afiches y textos explicativos acerca de los sucesos que pusieron fin al régimen democrático en el país sudamericano.
Allende "se propuso construir una nueva sociedad por la vía pacífica, en la que la equidad, la justicia, el bienestar, la solidaridad, la alegría y la vida digna y soberana se convirtieran en las fuentes para el nacimiento del hombre nuevo que el socialismo latinoamericano estaba destinado a forjar", señalan los organizadores en la información sobre esta exposición.
Todos estos componentes permiten al visitante, indicó Morales, "sentir en carne propia" los hechos acontecidos hace 40 años. "Uno se mete y se compenetra con el momento, vive los momentos paso a paso hasta llegar al final, lo que ayuda a comprender todo el proceso a las generaciones actuales".
Entre los elementos comunes a ambas muestras, el experto destacó que los dos personajes "decían lo que sentían, desde su óptica, la política y las letras" y también resaltó la "combinación ideal" que hay "entre la parte política y el sentimiento de las letras" en las exposiciones.
No por tratarse de dos hombres de izquierda se puede considerar que las muestras tienen una carga ideológica. Se trata de "conocer los personajes desde sus facetas y pensamientos...su producción, sus acciones, más bien que la gente los conozca, los valore, los identifique y vincule lo que le ha llegado de alguna manera durante su vida" a lo que se muestra en el museo, precisó.
Otro nexo de unión que las exposiciones destacan acerca de los dos chilenos es su condición de defensores de la libertad, sea de pensamiento o de acción.
"Eso se puede encontrar a través de otros hitos de la exposición, de ciertos mensajes con los que vamos armando un poco la estructura completa", dijo el responsable de las muestras.
Dedican también un espacio a lo audiovisual por medio de montajes de vídeo y a la interacción con el público, para que éste pueda participar de forma directa dejando sus mensajes en la sala, lo que las dota de un gran dinamismo, destacó Morales.

A 40 años de su muerte y considerado por Gabriel García Márquez el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma, el chileno Pablo Neruda fue el autor de una obra que dio la vuelta al mundo en la que se destacan poemas como "Puedo escribir los versos más tristes esta noche".



Nacido el 12 de julio en 1904 bajo el nombre de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto en la localidad chilena de Parral, el poeta  elige su seudónimo con apenas 21 años y su primer encontronazo con la literatura lo tiene a través de Gabriela Mistral, quien le regala libros de Tolstoi, Dostoievski y Chejov.

 
Tras la muerte de su madre, al mes de su nacimiento, su padre  ferroviario se traslada a la ciudad sureña de Temuco, cuya naturaleza exuberante se hace presente en la obra del poeta. Luego de sus primeros escarceos con la escritura viaja a Santiago y en 1923 publica Crepusculario.
 
Al año siguiente, con la aparición del famoso poemario "Veinte poemas de amor y una canción desesperada", todavía influenciado por el modernismo, adquiere una gran visibilidad. Enseguida el poeta manifiesta su intención vanguardista sintetizada en tres libros: El habitante y su esperanzaAnillos, escrito en colaboración con Tomás Lago, y Tentativa del hombre infinito.
 
Los problemas económicos lo llevan a emprender la carrera de cónsul y reside en Birmania, Ceilán, Java, Singapur, Barcelona, Argentina y Madrid.




Entre 1934 y 1938, se queda en España, donde conoce a Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego y otros integrantes de la llamada Generación del 27. Funda la revista Caballo Verde para la poesía y adhiere a una poética relacionada con la realidad, ligada a su toma de compromiso social frente a la proximidad de la guerra civil.
 
El asesinato de García Lorca en Granada el verano de 1936, al comienzo de la guerra, lo afectó tanto que en sus memorias confiesa: "(...)la guerra de España, que cambió mi poesía, comenzó para mí con la desaparición de un poeta". Por su apoyo a la República fue destituido de su cargo consular y antes de la derrota edita "España en el corazón".
 
En esos días, los poemas de Neruda están influenciados por el tono de la época y la presencia omnisciente de la muerte, pero esa experiencia lo llevará a asumir una posición política y al volver a Chile en 1939 ingresa en el Partido Comunista.
 
Cuando aparece "Canto general" en 1950, este poemario épico -ilustrado por los mexicanos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros- resume en sus versos la militancia política de Neruda y la exaltación de los mitos latinoamericanos.
 
Galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile en 1945, el poeta se desempeña como senador, cargo que le permite denunciar las arbitrariedades del sistema y finalmente se exilia en la Argentina.
 
De allí pasa a México y posteriormente viaja por la URSS, China y los países de Europa Oriental. En 1952 publica en Italia de forma anónima "Los versos del capitán", inspirados en su amor por Matilde Urrutía, su tercera y última esposa, porque todavía estaba casado con la segunda, Delia del Carril.
 
En 1954 aparecen "Las uvas y el viento" (donde se encuentra una elegía a Stalin) y las Odas elementales, mientras que con Estravagario (1958) incorpora nuevos cambios a su escritura: recupera el sentido del humor, deja atrás el dramatismo y se reencuentra con la vanguardia y el surrealismo.
 
A mediados de los años 60 se le otorga el título de doctor honoris causa en la Universidad de Oxford, Gran Bretaña.
 
Recién en 1966 puede contraer matrimonio con Matilde -después del fallecimiento de Maruca (María Antonia Hagenaar), su primera mujer- en su casa de Isla Negra, llena de caracoles y mascarones de proa, que es profanada poco después de la muerte del poeta por la dictadura militar chilena.
 
Durante este tiempo, más allá de la poesía, la política sigue ocupando un lugar central en su vida. En 1970 el partido Comunista lo elige como precandidato presidencial pero el poeta renuncia en favor de Salvador Allende y un año después es distinguido con el Premio Nobel de Literatura. 
 
En 1972 le otorgan el Premio Lenin de la Paz y retorna a Chile para recibir un multitudinario homenaje en el estadio nacional, pero no son tiempos de celebración: el 11 de septiembre de 1973 se produce el derrocamiento y muerte de Allende y días después, el 23, fallece el poeta.

La juez argentina afirma que es "deber de todos los Estados" castigar a los criminales franquistas

Considera una"evidencia histórica" que los sublevados del 36 "aplicaron un plan sistemático para destruir y eliminar a sus adversarios". 

Reclama su competencia como lo hizo España contra Pinochet

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 19/09/2013 

"Es tal el agravio a la conciencia de la humanidad, que el castigo de los responsables es un deber de todos los Estados, como agentes que son de la comunidad internacional, con independencia del lugar de comisión de los hechos". Es uno de los principales argumentos de la juez argentina María Servini para aceptar la investigación de los crímenes del franquismo y ordenar la detención de cuatro agentes denunciados como torturadores de detenidos en la época de Franco en España.

En el extenso auto, de más de 200 folios, la juez Servini destaca que informes aportados a la causa, y la propia "evidencia histórica", destacan que los sublevados en 1936 mediante un golpe de Estado contra el Gobierno constitucional, se convirtieron "de facto" en gobierno de un nuevo régimen político, desde el cual"organizaron y comenzaron a aplicar un plan sistemático concebido para destruir y eliminar a sus adversarios, incluidos los opositores políticos y todos aquellos que legítimamente respaldaron la legalidad del régimen constitucional hasta entonces vigente, lo que ocasionó víctimas también entre sus familiares"
Añade la juez que, para realizar dicho plan, se ejecutaron y produjeron, entre 1936 y mucho después, "actos y omisiones que comportaron la violación masiva y flagrante de derechos humanos y libertades básicas de miles de personas".

Afirma que de manera sistemática, los insurrectos y los nuevos dirigentes políticos, "o quienes actuaban con su connivencia, su tolerancia o su permisividad ejerciendo funciones estatales", planificaron y/o llevaron a cabo: detenciones ilegale y arbitrarias; torturas; juicios sumarísimos sin garantías; ejecuciones sumarias, arbitrarias y extrajudiciales, "con o sin proceso judicial previo"; castigos colectivos; violaciones de domicilios, saqueos y confiscaciones de bienes; y desapariciones forzadas.

Por estos hechos, constitutivos de delitos de homicidio; privación ilegal de libertad agravada por torturas; y sustracción de menores; afirma la magistrada que no se está llevando en España una "investigación eficaz".

La juez Servini señala que es aplicable al caso el principio de jurisdicción universal, fundado en la necesidad de que "crímenes particularmente horrendos, practicados de manera sistemática o generalizada, puedan quedar impunes por aplicación de un riguroso criterio territorialista".

Expone la instructora, citando al especialista Hugo Adrián Relva, que la práctica de las naciones demuestra que un genocidio perpetrado en el territorio de un Estado difícilmente puede ser objeto de un proceso judicial en el mismo Estado. La juez recuerda, como ejemplo de esa teoría, el genocidio armenio realizado por las autoridades turcas; o las masacres de Camboya, Vietnam, Guatemala, El Salvador o Sierra Leona.
Recuerda además el propio ejemplo español al respecto, cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó al Reino Unido la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet, "aplicando la jurisdicción universal que la Ley Orgánica del Poder Judicial español establece, sober la base de una acusación fundada en genocidio, tortura y terrorismo".

La juez concluye su exposición indicando que Argentina es competente y tiene jurisdicción para juzgar los hechos denunciados en la querella que dió origen al caso contra los crímenes del franquismo.