sábado, 12 de enero de 2013

Sur de Chile: En el Farwest chileno todos contra los mapuche


por Puelche Comunicaciones

Viernes, 11 de Enero de 2013 23:39

Sur de Chile: En el Farwest chileno todos contra los mapuche
"Todos contra los mapuche" es el slogan de esta agenda que pretende resguardar la instalación de las inversiones forestales, industriales y energéticas nacionales y transnacionales.

Con la muerte en un incendio del matrimonio Luchsinger Mckay, el pasado viernes en la región de la Araucanía, en un incidente en el cual no existe una investigación judicial seria y que se ha tipificado por los medios como un atentado incendiario y de terrorismo;  se ha producido eso que en las películas de vaqueros gringas se conocía como leva para linchamiento. Esas escenas hablan por sí solas,  la ley encarnada por el comisario o sheriff y los civiles salían en búsqueda de chivos expiatorios frente a un asesinato o hecho confuso, que siempre escondía oscuros intereses.

Podemos decir que la actual administración del Estado esta implementado una estrategia política, comunicacional  y  militar que pretende deslegitimizar la lucha social mapuche por sus derechos ancestrales y de paso, asegurar las inversiones capitalistas en el territorio que comprende las regiones del Bìo Bìo, la Araucanía y de Los Ríos.

Un gobierno de derechas en apuros

Contextualicemos un poco, un gobierno de derecha, con un nivel de aprobación de un 31% y en el cual se ha desarrollado una seria crisis de legitimidad  de la institucionalidad estatal y democrática, en la cual el modelo capitalista de acumulación está siendo seriamente cuestionado desde diversos sectores sociales ligados a la educación, la salud, la previsión social, el medio ambiente y el pueblo mapuche por vulnerar derechos humanos esenciales. Todo esto  en función de la generación de lucro para una casta privilegiada empresarial que emergió durante la dictadura y que está directamente ligada con la actual administración de la Alianza, conformada por RN y UDI.

No debemos olvidar que el actual presidente Sebastián Piñera, es un digno representante de esa generación de yuppies neoliberales seguidores del economista ultra liberal Milton Friedman, el mismo de la doctrina del shock. El mismo que asesoró  a la dictadura civil y militar para construir el “paraíso en la tierra” para los capitalistas y transnacionales en Chile.

Entonces, tenemos este gobierno de derechas, que siguiendo su tradición de violencia fascista, decide invocar la ley Antiterrorista y que unido a la reforma procesal penal promulgada durante el gobierno de la Concertación, constituye un dispositivo político judicial que en manos de fiscales  que “se toman muy en serio su labor” se desarrolla un proceso de linchamiento público y político  conforme a derecho.

No olvidemos que durante los últimos meses existía una escalada de noticias en los medios de comunicación y  que en base a una estrategia comunicacional y política de la actual administración había creado un clima de conflicto permanente en el sur.

“Zona  Roja de conflicto Mapuche” dicen y repiten los medios de comunicación  que tienen relación directa a través del avisaje publicitario con los sectores forestales y agrícolas de la zona en cuestión. Claro que existen zonas rojas, pero son aquellas zonas donde las inversiones capitalistas nacionales y transnacionales pretenden instalar sus megaproyectos y por consiguiente necesitan “seguridad” para sus inversiones.

De ahí que una estrategia comunicacional, política y militar- policial que busca deslegitimizar y criminalizar la lucha social mapuche. El objetivo es minar el fuerte respaldo nacional e internacional que se ha visibilizado producto de las huelgas de hambre de los presos políticos mapuche y por la lucha por sus tierras durante los últimos 20 años, lo que es una respuesta natural de la casta privilegiada que controla los recursos naturales y bienes comunes en las regiones del Bío Bío, Araucanía y de Los Ríos.  Porque claro está que la lucha del pueblo mapuche por sus derechos ha desnudado la estructura y el funcionamiento del capital nacional y transnacional que se ha apoderado de las tierras y de otros bienes comunes como el agua para generar energía para mantener la maquinaria capitalista en el sur de Chile.

Claramente la economía no ha sido neutra,  ni social ni ambientalmente; y cuando las políticas sociales (Programa Orígenes, Plan Araucanía) no sirven para paliar los daños colaterales de un modelo extractivista que destruye los ecosistemas sociales y ambientales: la única respuesta posible por parte del Estado y la actual administración es la violencia fascista, controlar y castigar, colocando un nuevo manto de impunidad racista en una historia de atropellos e injusticia hacia el pueblo mapuche.

Faltaba la excusa moral para el despliegue de la violencia gubernamental y esta fue la muerte del matrimonio Luchsinger Mckay. Creemos que un hecho como este no puede ser utilizado ni política ni ideológicamente para desatar una caza indiscriminada, ni para continuar con la lógica fascista que a través del uso de la fuerza,  la implementación del  terror y del miedo en la población pueda ejercer su poder para mantener un statu quo que favorece a los mismos de siempre. Utilizando la excusa del Enemigo Interno y desempolvando  la Doctrina de Seguridad Nacional,  en la actual crisis institucional y de representatividad que tiene el Estado, es como si la clase política civil y militar estuviera en un naufragio y se colocara como flotador una piedra al cuello.

Un Estado  sin memoria y un gobierno que toma partido por la represión

Pero fiel a su tradición fascista y racista, la actual administración rasga vestiduras frente a este hecho de “violencia”  que unido  a la muerte de un campesino hace un par de semanas en la Araucanía y en el cual tampoco  se ha realizado una investigación judicial profesional atizaba el clima enrarecido. El intendente de la región de la Araucanía, Andrés Molina indicaba el viernes pasado que era  necesario “agradecer” al fallecido Werner Luchsinger “porque quiero decirle que probablemente gracias a él estamos hoy día en un momento más cercano de encontrar a estos salvajes que han hecho tanto daño a la región”.

Cabe preguntar entonces  por qué no se cazó  a los salvajes responsables civiles y militares de la guerra de invasión denominada Pacificación de la Araucanía y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército chileno al mando del General Cornelio Saavedra durante el siglo XIX.

Por qué no se cazó y persiguió  las responsabilidades de  los salvajes inmigrantes y chilenos que usurparon tierras a costa de asesinatos, violencia y engaños no conformes con la liquidación a puertas cerradas que significó el remate de fajas y fundos tras la apropiación de las tierras mapuche.  Las páginas de la historiografía social no mienten cuando aparecían -como cuenta Bengoa, Pinto,  Meza y Correa-  comuneros mapuche linchados y sacrificados en los cercos de alambre, con sus orejas cortadas y su cuerpo totalmente vejado. O las rucas quemadas con las familias adentro como una forma de apropiarse de sus tierras, o las estafas, engaños y ardides leguleyas que quedaron registradas en los conservadores de tierras de las principales ciudades del sur.

Por qué no cazar y castigar ejemplificadoramente a los violadores de derechos humanos, civiles y militares, que tras el golpe militar se ensañaron torturando y asesinando a comuneros  y comuneras mapuche que durante el proceso de Reforma Agraria recuperaron parte de sus tierras ancestrales las cuales les habían sido despojadas como lo destaca el Informe Rettig.

Por qué  no se ha investigado y desarrollado procesos judiciales con medidas efectivas contra efectivos policiales ante el asesinato de al menos 8 comuneros mapuche que luchaban por hacer respetar sus derechos ancestrales y  entre los cuales existe un detenido desaparecido.

Por qué no se ha parado la constante militarización y represión policial en los territorios de la Araucanía. El ejercicio y monopolio de la violencia por parte del Estado en la zona más que solucionar el problema histórico y político de la usurpación de las tierras ancestrales, ha venido a profundizarlo y acentuarlo.

La impunidad durante estos 120 años de ocupación del Estado Chileno en las tierras del pueblo mapuche se ha normalizado, naturalizado e institucionalizado como una práctica legítima y legal. Desconocerlo y utilizar la muerte del matrimonio Luchsinger McKay para desplegar una agenda represiva gubernamental es una infamia más.

Un gobierno de derechas que suelta las amarras a los mastines

Durante los últimos días se han desarrollado allanamientos  en la comunidad de Temucuicui con la detención y golpiza por parte de efectivos policiales al comunero Pablo Millanao y que han sido denunciados a la opinión pública. Carabineros y su unidad de comunicaciones  ha desmentido el hecho explicando que “dar golpes  de bastón, no es una golpiza”. Al menos eso fue lo que transmitió la periodista de ADN en la mañana del lunes 7de enero, Beatriz Sánchez.

Se ha detenido a Celestino Córdova y aduciendo que tiene un disparo de bala en el pecho se le ha detenido en la cárcel de Temuco sin que se conozca su versión de los hechos y no respetando el derecho a una legítima defensa, se la ha sindicado como partícipe del atentado incendiario y se le ha enjuiciado mediáticamente.

El gobierno invoca la Ley Antiterrorista y descarta por ahora aplicar  Estado de sitio y Estado de emergencia como en los tiempos de la dictadura pinochetista, tras una reunión con los presidentes de los partidos políticos de todo el espectro, quizás buscando la legitimidad o respaldo para aplicar estados de excepción que significan la suspensión de libertades como el derecho a reunión o la detención arbitraria de personas.

En la mañana de este lunes 7 se han reunido el director de la ANI, Gonzalo Yussef con los encargados de inteligencia de las diferentes ramas castrenses para analizar y compartir “información residual”. Información residual es aquella información que se genera y recolecta colateralmente producto de otras investigaciones policiales o de inteligencia, como lo explicaba un periodista en radio ADN.

La administración de Piñera y su Ministro de Interior, Andrés Chadwick, en su depliegue de la leva para el linchamiento, ha nombrado una especie de zar anti violencia mapuche, el general inspector Carlos Carrasco para que esté a cargo de la seguridad en la región del Bio Bio, Araucanía y de Los Ríos, y al mismo tiempo que aumenta en más de 400 efectivos policiales. El general inspector Carrasco, tercero en la línea de mando de Carabineros, indicó que  se estaba  reuniendo con los jefes de la zona policial para interiorizarse de la “situación delincuencial” de la zona. Pareciera ser que en el farwest chileno el sheriff ha llegado a implementar el orden y la paz.

Por otro lado, trasportistas y camioneros, repitiendo su rol histórico patronal hacen cortes de ruta  en Freire, en la ruta 5 sur, insistiendo en una política represiva y de mano dura. En esa misma lógica han sido las amenazas de los latifundistas y agricultores que pretenden legitimar la autodefensa como una forma soterrada de instalar instancias paramilitares en el territorio. Es más el ministro del interior Andrés Chadwick consultado por la nula acción de carabineros ante cortes de ruta en varios puntos del país, indicaba que el gobierno expresaba su simpatía por acciones por la paz y contra la violencia.  Claramente en esta manifestación no existió la habitual represión policial de FFEE de carabineros con lacrimógenas y guanaco, que se utiliza para cortes de ruta que realizan otros sectores sociales movilizados, acá lo que existió fue un notable abandono de deberes del Ministro del Interior, que hizo vista gorda.

Como vemos el escenario político, comunicacional y psicológico ha sido dibujado para implementar la agenda gubernamental represiva que se parece más  a una leva de lichamiento publica  contra las justas reivindicaciones del pueblo mapuche, que al rol que le compete una administración gubernamental de mantener la paz social y la seguridad pública. Todos contra los mapuche es el slogan de esta agenda que  pretende resguardar  la instalación de las inversiones  forestales, industriales y energéticas nacionales y transnacionales que generan conflictos socio ambientales y en las cuales la comunidades mapuche del sur de Chile son actores principales, por su cosmovisión ancestral y porque directamente son afectados sus territorios.

No olvidemos que el Estado y su actual administración fueron parte de la dictadura y no trepidarán en implementar su modelo extractivista mediante la estrategia del shock en la actualidad; utilizando la represión y el terrorismo  de Estado por parte de funcionarios civiles, policiales y militares para instalar su agenda política, social y económica en el sur de Chile, pasando por encima de derechos humanos fundamentales.

El Estado chileno contra el pueblo mapuche


Viernes, 11 de Enero de 2013 15:51 Osvaldo Zamorano / Clarín

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La lucha de las comunidades mapuches por recuperar sus tierras ancestrales ha tenido como respuesta la represión, que no hace distinción de mujeres, niños y ancianos. La detención arbitraria y los procesos plagados de irregularidades, incluidas la utilización de testigos secretos y la aplicación de condenas desproporcionadas, son lo cotidiano en La Araucanía.

La represión ha arreciado -alcanzando niveles de violencia en allanamientos como el de la comunidad Temucuicui, donde fue herido a bala un mapuche-, después del atentado a una vivienda en Vilcún que costó la vida al agricultor Werner Luchsinger y a su esposa, Vivian MacKay.

Desde la década de los 80, las comunidades mapuches han perdido más del 60 por ciento de sus tierras, y los litigios judiciales duermen en los estantes de los tribunales. Hay 2,5 millones de hectáreas de tierras ancestrales del pueblo mapuche que están en poder de las forestales Mininco y Arauco. Las organizaciones mapuches se han rebelado frente a una usurpación que ha contado con el apoyo de una institucionalidad hecha a la medida de los intereses de las forestales y terratenientes de la zona.

HUELGA DE HAMBRE

Por otra parte, desde el 14 de noviembre pasado, Héctor Llaitul Carrillanca, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, y Ramón Llanquileo Pilquimán mantienen una huelga de hambre para que se ponga fin a la persecución a las comunidades mapuches, termine la aplicación arbitraria de la Ley Antiterrorista que utiliza testigos secretos, y para que concluyan las condenas injustas que les afectan.

Llaitul fue trasladado a la cárcel El Manzano de Concepción y Llanquileo, desde la prisión en Angol, declaró: “Llamamos a las comunidades a seguir movilizándose por sus demandas históricas, pero a la vez las llamamos a ser responsables en su accionar de lucha pues nuestro enemigo lo que pretenderá a través de sus medios de comunicación masivos es enlodar nuestras justas demandas por territorio y autonomía”.

Gendarmería, que había resuelto conceder a Llanquileo el beneficio de salida de fin de semana, canceló esa resolución al producirse el atentado incendiario en Vilcún.

Llaitul y Llanquileo rechazan la transgresión del prinicipio de derecho penal Non bis in idem, es decir, no ser juzgados dos veces por la misma causa. También demandan el reconocimiento de su calidad de presos políticos y la dignidad que les corresponde. Llaitul está condenado a 10 años por robo con intimidación, a 4 años por homicidio frustrado (el montaje de una falsa emboscada) al fiscal Mario Elgueta y a 541 días por Ley de Seguridad Interior del Estado. Llanquileo está condenado a 8 años por delitos similares. Asimismo, ha manifestado haber sido doblemente juzgado por dos tribunales, uno civil y otro militar, siendo condenado a 3 y 4 años por tribunales civiles en el caso del fiscal Elgueta, en circunstancias que ya había sido absuelto en la misma causa por un tribunal militar.

La Comisión Etica contra la Tortura obtuvo las firmas de numerosas personalidades de Chile y el extranjero para una carta al presidente de la República pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Llaitul y Llanquileo, así como la creación de una instancia de diálogo entre el Estado y los representantes legítimos del pueblo mapuche.

EL ASESINATO DE MATIAS CATRILEO

Las políticas del Estado hacia las comunidades indígenas han estado plagadas de promesas no cumplidas, arbitrariedades, cárcel para los comuneros e impunidad para quienes utilizaron la represión. El 3 de enero de 2008, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, fue asesinado el joven Matías Catrileo Quezada, estudiante de agronomía de la Universidad de La Frontera. Catrileo, de 22 años, falleció como consecuencia de un disparo en la espalda, efectuado por el cabo segundo de Carabineros Walter Ramírez. El crimen ocurrió durante una recuperación pacífica de tierras en las cercanías del fundo Santa Margarita del empresario Jorge Luchsinger, en la comuna de Vilcún.

No fue este el único crimen cometido bajo los gobiernos de la Concertación. En reciente carta al presidente Piñera, la lonko Juana Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, recuerda que también fueron asesinados por la policía Alex Lemún (2002), Julio Huentecura Llancaleo (2004), Xenón Díaz Necul (2005), José Huenante (de 16 años, detenido y desaparecido), Juan Collihuín Catril (2006), Johnny Cariqueo Yáñez (2008), Jaime Mendoza Collío (2009) y José Toro Ñanco (2009). La propia lonko Calfunao ha sido víctima de la represión. Desconocidos quemaron tres veces su casa y en uno de estos incendios pereció su tío Basilio Coñonao. La lonko sufrió torturas que le provocaron un aborto. “Todo ello -dice- me hace pensar que la policía no está al servicio de la sociedad y que para los mapuches no es garantía de seguridad y protección (…) Nos sentimos excluidos del derecho -agrega- y víctimas de una política que nos ha tratado de erradicar como pueblo para asimilarnos y hacernos desaparecer. Este es uno de los principales motivos por los cuales los mapuches no nos sentimos identificados con su país. Sin lugar a dudas, es indispensable, señor Piñera, tener voluntad política para solucionar el conflicto y conseguir la paz social que los mapuches tanto deseamos, y que termine de una vez este clima de militarización de nuestro territorio y enfrentamientos que, lamentablemente, ya han costado la vida a demasiadas personas mapuches y chilenos”.

En el caso de Matías Catrileo, la acción homicida del cabo Ramírez quedó demostrada en el proceso y el fiscal militar de Temuco, Jaime Pinto Aparicio, solicitó una pena de 10 años de presidio. El Juzgado Militar de Valdivia lo condenó a dos años con pena remitida, o sea en libertad, y siguió en funciones en Coyhaique con salario regular y asignación de zona.

Para el abogado Alberto Espinoza Pino, defensor de derechos humanos y representante de comuneros mapuches: “Aquí hay una resolución de un tribunal militar que condenó al funcionario de Carabineros a una pena privativa de libertad, pero con beneficios, atendida la naturaleza de la pena que se le aplicó. Pero adicionalmente, junto con la pena de carácter corporal, están las penas accesorias y las inhabilidades de orden civil y político. En ese contexto, las penas accesorias que inhabilitan a una persona para ejercer ciertos derechos civiles, como funciones públicas, prevalecen por sobre la decisión administrativa de la Contraloría General de la República que establece que Ramírez no tiene impedimentos para continuar en las filas de la institución policial. Esto se enmarca en una política de impunidad que se ha ido desarrollando con fuerza en estos últimos años”.

¿Qué opina de la condena por “violencia innecesaria” en el caso de Matías Catrileo?

“Carabineros en ejercicio de sus funciones no cometen el delito de homicidio. La figura más asimilable al homicidio es ‘violencia innecesaria causante de muerte’. Lo que se puede concluir de esa calificación jurídica y de la condena que se aplicó es que, en definitiva, los carabineros como funcionarios públicos pueden matar por la espalda recibiendo una pena bastante desproporcionada según la naturaleza del ilícito. La pena resulta injustificada desde un punto de vista penal y ético. En el fondo, lo que la judicatura militar hizo fue avalar en la práctica la política represiva que el Estado desarrolla en el tratamiento del problema mapuche. En ese contexto hay una política represiva impulsada desde el Ministerio del Interior a través de Carabineros, que actúa como una policía con tácticas militares. Cuando llega el momento de asegurar los derechos de las víctimas de esta política represiva, la respuesta del órgano jurisdiccional lejos de condenar drásticamente la conducta penal ilícita, la sanciona de modo benevolente”.

¿Por qué es la justicia militar la que sigue conociendo los casos de comuneros mapuche y no la justicia civil?

“Aquí hay una deuda pendiente desde el inicio de los gobiernos posdictatoriales. Había una promesa que contemplaba prácticamente la derogación de la judicatura militar, que ésta perdiera su competencia para juzgar a civiles, y no solamente para juzgar a civiles como imputados sino también para conocer y juzgar aquellas materias en que aparecieran vinculados Carabineros o miembros de las Fuerzas Armadas en la comisión de delitos. Sin embargo, esa promesa no se cumplió. Pasó el gobierno de Aylwin, el gobierno de Lagos, el de Frei y Bachelet y finalmente en el gobierno de Piñera, como consecuencia de una huelga de hambre de los comuneros mapuches, se logró por lo menos una de las reivindicaciones, que es limitar la competencia de la justicia militar. Los tribunales militares pierden competencia para juzgar a civiles en calidad de imputados”.

MAPUCHE, ENEMIGO INTERNO

Dos comuneros llevan casi dos meses en huelga de hambre en demanda de juicio justo. ¿Cuál es su visión de esos procesos?

“Hay que entender que esto es parte de una política del Estado y éste tiene compromisos de carácter ideológico, económico y político que se expresan en una institucionalidad. Ella está al servicio de ciertos intereses económicos. Todo esto aparece enmarcado en un orden normativo que garantiza esa institucionalidad. En concreto, tenemos que el Estado ha puesto en práctica una política represiva muy fuerte en contra de las reivindicaciones del pueblo mapuche, que tienen raíces históricas. Esto se ha traducido en procesos que se han desarrollado de manera arbitraria, en atribuir a las acciones reivindicativas de los comuneros el carácter de delitos terroristas, utilizar procedimientos jurisdiccionales que están en el límite de las normas del debido proceso: por ejemplo, los llamados testigos secretos, se sustancian procesos de manera paralela ante la justicia civil y militar, no se respeta un principio fundamental del derecho penal de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Prácticamente, esto es una constante en la persecución judicial contra los mapuches”.

DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL 

¿A diferencia de otros sectores sociales, por qué se reprime con más fuerza a los comuneros mapuches, por qué tanta arbitrariedad judicial?

“Esto es explicable porque en Chile subsiste la aplicación de la doctrina de la Seguridad Nacional. No ha sido erradicada de la Constitución desde un punto de vista normativo. Se mantiene como un baluarte que garantiza el desarrollo de esta institucionalidad que heredamos de la dictadura militar. En ese sentido, hay que tener en consideración que la dictadura tuvo por objetivo eliminar mediante la violación de los derechos humanos un modelo económico-social que se quiso implementar durante el gobierno de la Unidad Popular. El mapuche es considerado un ‘enemigo interno’ y por consiguiente, toda la actividad del Estado aparece justificada en la medida que las reivindicaciones del pueblo mapuche atentan contra las bases de la institucionalidad económica y social impuesta en Chile. En el país existe un muro para contener cualquier reivindicación económico-social que pudiera alterar el modelo neoliberal. La salvaguarda de la institucionalidad es la doctrina de Seguridad Nacional. Por eso Carabineros actúa en La Araucanía en forma militarizada y reprime indiscriminadamente a niños, ancianos y mujeres mapuches”.

OSVALDO ZAMORANO SILVA

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 774, 11 de enero, 2013