La Justicia chilena detuvo a cuatro militares acusados de envenenar con toxinas botulínicas a presos políticos en 1981, operación considerada la antesala del asesinato del ex presidente Eduardo Frei, en enero de 1982 en la Clínica Santa María. Sospechosamente, Neruda falleció en la misma clínica.
“Están procesados y con detención preventiva el médico militar Eduardo Arriagada, su asistente y veterinario Sergio Rosende, y los oficiales en retiro Joaquín Larraín y Jaime Fuenzalida”, dijo el abogadoFrancisco Ugas, del Ministerio del Interior. Los dos primeros represores están detenidos bajo el cargo de homicidio de los opositores y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Víctor Corvalán y Héctor Pacheco. Los otros dos como cómplices del asesinato frustrado de otros cinco presos políticos.
La investigación del juez Alejandro Madrid indicó que el 9 de diciembre de 1981 las siete víctimas, supuestos opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, fueron trasladadas desde el Centro de Detención Preventiva de Santiago, donde estaban detenidos por delitos comunes, a un hospital debido a serios problemas de salud a causa de una intoxicación producida por la denominada toxina botulínica. Dicha toxina fue traída a Chile desde Brasil por el Instituto de Salud Pública y posteriormente entregada a los encargados de un laboratorio secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), afirmó la investigación.
El mismo equipo que figura en esta acción represiva es investigado por la muerte de Frei, ocurrida semanas después, en enero de 1982 en la Clínica Santa María, tras una operación. Algunos de estos sospechosos son señalados también como responsables por la muerte del poeta Pablo Neruda, quien falleció en la misma clínica. “Esto es muy importante”, dijo el abogado Eduardo Contreras, litigante en el caso Neruda. “¿Y no detuvieron a Sergio Draper?”, inquirió en alusión al médico que atendió a Neruda y Frei.
Los detenidos, que fueron trasladados a un regimiento, constituían el equipo que en dictadura ingresó desde Brasil armas químicas a Chile, con fines de “guerra interna” y externa, como ellos mismos confesaron a la policía. Estas armas de destrucción masiva, que llegaban primero al propio palacio presidencial de La Moneda, eran básicamente toxinas botulínicas, un veneno mortal. La operación, según declaraciones a la policía de los demás involucrados, comenzó a inicios de 1980, previo al envenenamiento de los presos políticos y la muerte de Frei, en cuyos restos fueron encontrados gas mostaza y talio.
El propio director del Instituto de Salud Pública (ISP) en esos años, el coronel Joaquín Larraín, reconoció a la policía civil en un texto con su firma que la adquisición de armas químicas comenzó luego de una reunión con el médico Eduardo Arriagada Rehren, de inteligencia militar. En el encuentro, Arriagada preguntó a Larraín, un ex profesor de la Escuela de las Américas, si el ISP tenía toxinas botulínicas, aduciendo que el ejército las necesitaba, debido a las tensiones con países limítrofes, en especial Argentina.
Arriagada, quien estuvo acompañado en el encuentro además por el veterinario Rosende, admitió los hechos también a los investigadores, quienes realizaron las pesquisas por petición del juez Alejandro Madrid. El magistrado, quien lleva años investigando la muerte de Frei y el envenenamiento de presos en la Cárcel Pública de Santiago, debería dictar sentencia en el magnicidio en los próximos meses.
Si bien la detención de los cuatro militares es considerada un logro para esclarecer lo ocurrido durante la dictadura pinochetista, la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó ayer las penas a tres de cinco agentes de la dictadura condenados por la desaparición de los hermanos Mario y Nilda Peña Solari, ocurrida a fines de 1974. La resolución de las juezas Dobra Lusic, Adelita Ravanales y María Teresa Figueroamodificó la sentencia de primera instancia, dictada el 30 de marzo de 2012 por el juez especial Joaquín Billard a los autores de los secuestros, ocurridos el 9 y 10 de diciembre de 1974 en la capital chilena.
Los nombres de los hermanos Peña Solari fueron incluidos en 1975 en la llamada Operación Colombo, que consistió en un montaje para encubrir la desaparición de 119 presos políticos, en su mayoría militantes del MIR. Durante la dictadura de Pinochet, según documentos oficiales, unos 2300 chilenos murieron a manos de agentes del Estado y de ellos, 1192 permanecen aún como desaparecidos.
En diversas indagaciones judiciales se ha establecido que la dictadura militar utilizó también gas sarín y talio en contra de opositores.
Por Guillermo Rodríguez Morales, ex preso político
Estudiantes y funcionarios del Mineduc rechazan el nombramiento de Claudia Peirano (DC)
La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), a través de su presidente nacional, Nelson Viveros, calificó como “un error que debe ser corregido a la brevedad” el nombramiento de Claudia Peirano (DC) como la futura subsecretaria de la cartera. De esta manera, los funcionarios se suman al rechazo de las organizaciones estudiantiles a la designación de Peirano en la cartera de Educación, situación que ha generado tensiones en la Nueva Mayoría.
Para el directorio nacional de Andime, Claudia Peirano es una persona cuyo perfil “es incompatible con las necesidades de cambios que la educación requiere, con el tipo de ministerio que se desea construir y con el trato a los funcionarios que corresponde”.
Andime advirtió que, de no corregirse esta situación, “se abrirá un frente de conflicto permanente que podría provocar que el cambio de gobierno se produzca con las organizaciones sociales movilizadas en la calle”.
Ayer, en tanto, todas las organizaciones estudiantiles expresaron su rechazo al nombramiento de Peirano en la cartera de Educación. A medida que pasan las horas se suman nuevos antecedentes respecto a su vinculación con entidades que han lucrado en la educación.
Nelson Viveros explicó que la recién nominada autoridad desarrolla una actividad comercial que compite con una de las funciones claves del Mineduc, como es la Supervisión y el Asesoramiento Técnico Pedagógico.
“Una asesoría ATE (como lo es la empresa de la señora Peirano), es el reemplazo de un trabajo que desarrollan más de mil funcionarios del ministerio. Estas agencias fueron creadas para realizar esa función en forma privada en los colegios, menoscabando la labor del Mineduc”, dijo.
Viveros argumentó que “además, su posición frente a la gratuidad de la educación y frente a la gratuidad de los colegios no tiene nada que ver con las aspiraciones del mundo social en las que los trabajadores de la educación nos inscribimos”.
Quienes también han rechazado la designación de Peirano son los diputados jóvenes y exdirigentes estudiantiles. Camila Vallejo dijo que “la trayectoria y opiniones públicas de Claudia Peirano parecen apuntar a una dirección distinta al mandato que el pueblo le dio al gobierno de la Nueva Mayoría”.
Según informa La Tercera de hoy, la polémica por la designación de Peirano ya ha llegado a la Nueva Mayoría. El punto de discusión fue que se trataba de un nombre que no fue consensuado al interior de la dirigencia y que más bien, contaba con la venia exclusiva del presidente del partido, Ignacio Walker. Si bien en público la directiva optó por respaldar a sus figuras en el gabinete ministerial, la molestia de varios dirigentes no demoró en permear hacia la superficie. “Es una situación preocupante y yo lamento que la DC se vea involucrada en un impasse de esta naturaleza, con una subsecretaria que ni siquiera es militante del partido”, dijo el diputado y vicepresidente del partido, Fuad Chaín.
Fuente: Clarin.cl
Patagonia Sin Represas: HidroAysén es un “proyecto agónico”
Luego de que el Comité de Ministros resolviera solicitar más estudios para dilucidar el futuro del megaproyecto energético HidroAysén, el Consejo de Defensa de la Patagonia, que promueve la campaña Patagonia Sin Represas, emitió la siguiente declaración pública:
A partir de la información transmitida por los medios de comunicación del país sobre la sesión del Comité de Ministros realizado para analizar las reclamaciones al estudio de impacto ambiental de HidroAysén, donde se decidió solicitar estudios antes de emitir una resolución, el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) expresa lo siguiente:
• La decisión de postergar una resolución sobre HidroAysén imponiendo insalvables estudios responde a la presión de todos los ciudadanos y ciudadanas unidos en torno al Movimiento Patagonia sin Represas, entre los cuales el Consejo de Defensa de la Patagonia ha sido un actor aglutinador.
• Esta decisión ratifica lo que hemos señalado en el CDP, los movimientos sociales y la ciudadanía, que este proyecto ha carecido desde un prinicipio de información esencial y relevante para ser evaluado, y debió haber sido rechazado en 2008 por el intendente de la época, Selim Carrasco.
• A pesar de solicitar dos estudios importantes, en la medida adoptada por el Comité de Ministros faltan varios otros que no han sido considerados, como por ejemplo sobre impactos no evaluados ni compensados en turismo y pesca artesanal, el patrimonio natural como el Parque Nacional Laguna San Rafael (que la propia empresa reconoció, lo cual transgrede la Convención de Washington, que es ley de la República), el hábitat delhuemul y peces nativos. También sobre los efectos en la cultura patagónica, el patrimonio inmaterial, y el Paso San Carlos y la Isla de los Muertos. Tampoco se consideraron evaluaciones de fondo sobre los riesgos sísmicos y el impacto costero y marino de la pluma de sedimentos del Baker y el Pascua sobre su desembocadura en el océano.
• No fue considerado en instancia alguna el crítico Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, constituida en investigadora sobre las irregularidades de HidroAysén, que fuera aprobado por el pleno de la corporación. Solo esto amerita una auditoría independiente de todo el proceso de evaluación y aprobación.
• Con este aplazamiento el actual gobierno elude su responsbilidad de rechazar definitivamente HidroAysén, dejando para el próximo la decisión sobre esta nefasta iniciativa, cuya máxima autoridad ya señaló que no contará con su apoyo. Como CDP estaremos atentos para asegurar que este proyecto agónico se deseche y terminé así la pesadilla que HidroAysén ha significado para Aysén y el país, y con la que pueden representar los proyectos río Cuervo, Cóndor, Blanco, Puelo y otros que se plantean en amenazadas cuencas de la Patagonia chilena.
• Es así que solicitamos al gobierno entrante concentrarse en una Nueva Política Eléctrica Nacional, para que en forma consensuada, junto con la ciudadanía, las empresas y las autoridades públicas, se definan las metas que desea la sociedad chilena para este siglo. Y donde se incorporen lineamientos tales como: recuperación del rol del Estado en la política eléctrica, que exista competencia real en el mercado y se eliminen las barreras de entrada y operación, avanzar decididamente en el uso eficiente de la energía que es una fuente que tenemos frente a nuestros ojos y no la hemos sabido aprovechar, fomento decidido a las energías renovables no convencionales, avanzar en generación distribuida a través de la definición de territorios energéticos y gestión de la demanda que optimice su cercanía con la generación.
• Como Consejo de Defensa de la Patagonia estaremos alerta y hacemos un llamado a la ciudadanía, especialmente a quienes presentaron reclamaciones o han sido parte del proceso de movilización, a estar atenta a los próximos pasos que tanto la autoridad política como la empresa puedan ejecutar.
Imagen: Proyecto Lemu
Chile: Con histeria y mentiras Gobierno oculta las razones de incendios forestales
por Resumen.cl
Lunes, 06 de Enero de 2014 05:25
Las autoridades gubernamentales acusan a terceros de ser quienes provocan estos incendios, ocultando una verdad que los obliga a dar explicaciones: el apoyo y la no regulación a la industria forestal.
Este fin de semana, en nuestra región (Concepción), los incendios forestales han provocado cuantiosas pérdidas que se suman a las que ya habían ocasionado en Arauco y en Quillón. Según CONAF han surgido 18 focos. Entre estos, uno en Florida que incineró una casa en el sector San Lorenzo, otros dos incendios cerca de Quirihue, otro en el sector del lago Lanalhue, provincia de Arauco. También se tuvo que combatir un foco camino a Santa Juana, además en el cerro Chepe y en el valle Nonguén de Concepción.
Todos estos siniestros, menos el del cerro Chepe, han surgido en medio de plantaciones forestales de pinos y eucaliptos, incluso en predios de grandes forestales. En el caso del incendio de Lanalhue y Valle Nonguén aun no pueden ser controlados, amenazando a los vecinos del lugar.
Histéricamente, las autoridades gubernamentales acusan a terceros de ser quienes provocan estos incendios, ocultando una verdad que los obliga a dar explicaciones: el apoyo y la no regulación a la industria forestal.
Desde 1974, a través del dercreto 701, el Estado de Chile ha subsidiado la plantación y el manejo de plantaciones a las grandes empresas forestales. Junto con CONAF, estas empresas (ARAUCO, MININCO y MASISA, como las más grandes) han mentido, diciendo que lo que han plantado son bosques, que lo han hecho en terrenos erosionados inservibles y que son cultivos inocuos para los terrenos. Falacias como éstas se develan ahora.
Un brigadista de CONAF que este sábado trabajaba en el incendio del Valle Nonguén, planteó que en un terreno con plantaciones de pino o eucalipto era mucho más difícil de extinguir el fuego, sobre todo por su sequedad. Lo planteado por el brigadista expresa lo denunciado por diversas comunidades a cerca del alto consumo de agua por parte de estos árboles.
Como hemos dicho en otros artículos, una plantación forestal no es un bosque, pues no se permite la diversidad y los ciclos propios de estos ecosistemas, entre ellos, el del agua. Un monocultivo forestal tiene plantaciones de la misma especie que, plantadas a una razón de 1600 árboles por hectárea, extraen agua como si fueran verdaderas bombas, ya que todos están en periodo de crecimiento hasta que son talados. Y así, cada 9 u 18 años, según según sea eucalipto o pino, estas rotaciones van menguando las capas freáticas, hasta llegar a las circunstancias que hoy nos afligen.
Se juntan a éstas razones, los nulos resguardos, tales como cortafuegos que en países como Canadá son de 1.6 kilómetros de ancho y aquí las confunden con las vías de saca (caminos para sacar los troncos talados en camiones). Por otra parte, éstos árboles contienen y exudan trementina, una sustancia inflamable que con la exposición al calor puede propagar o iniciar incendios.
Todos estos hechos orientan a explicar la ocurrencia y aumento de incendios forestales por el mismo modelo que se expande en los lugares afectados. Los incendios se han propagado por la zona centro sur y por la cordillera de la costa, precisamente el escenario de los monocultivos de pino y eucalipto que ya suman casi 3 millones de hectáreas.
Quienes se han beneficiado de este nefasto negocio ya han mentido bastante, hoy la comunidad puede tomar la palabra y la iniciativa. Limitar y sustituir los monocultivos forestales por usos que provean de bienestar a la población es un objetivo que urge cumplir y es condicionante en la recuperación de nuestra calidad de vida, amenazada por la escasez hídrica. Las precipitaciones han disminuido en un margen del 40% al 50% entre 1900 y 1999. En este contexto, los bosques son fundamentales en la provisión de agua en calidad y cantidad, por lo que la recuperación de éstos es fundamental.
Los lazos del dueño del diario El Mercurio con los asesinos del químico de la DINA Eugenio Berríos
Publicado el 30 Diciembre 2013 Escrito por María Elba Troncoso (Cambio 21)- Clarín
Los vínculos entre Agustín Edwards y dos ex agentes de la DINE implicados en seguimientos a Eduardo Frei Montalva y condenados por el asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, explicarían el por qué El Mercurio oculta informaciones sobre el Magnicidio del ex presidente padre del actual senador. Carmen Frei a Cambio21: "El Mercurio ha tratado que estos graves hechos no se publiquen"
Ni el novelista más prolífico podría haberse imaginado las intrigas que durante décadas se fraguaron en nuestro país, que permitieron el golpe de Estado y ampararon las violaciones a los derechos humanos de una dictadura que se prolongó por 17 años.
A través de sus aparatos de inteligencia, el general Pinochet llevó a cabo un plan de exterminio sistemático de los principales líderes políticos y sociales, entre estos el magnicidio del presidente Eduardo Frei Montalva, quien falleció en enero de 1982 a través de la técnica del envenenamiento y el líder sindical Tucapel Jiménez, encontrado degollado en su taxi sólo días después, el 25 de febrero del mismo año.
Para no dejar huellas, las intrincadas redes de este macabro aparato alcanzaron hasta a sus propios aliados, como es el caso del crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos, que empleó el peligroso gas Sarín y otras sustancias venenosas con las que fue asesinado el Presidente Frei.
Las investigaciones en torno a los asesinatos de Tucapel Jiménez, Eugenio Berríos y Eduardo Frei Montalva, han arrojado nombres que se repiten, entre estos los altos mandos de la DINE, general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela y el Mayor (r) Arturo Silva Valdés, condenados como autores del crimen del ex agente Berríos, ocurrido en Uruguay.
Ambos ostentan en su currículum haber sido jefes de la escolta personal del general Augusto Pinochet, y que - estando en servicio activo en el Ejército - hicieron seguimientos al ex presidente Eduardo Frei y formaron parte de la plana directiva de Serprotec S.A, empresa de seguridad constituida por escritura publicada en el Diario Oficial el 18 de agosto de 1992, y cuyos socios son Juan Luis Armando Herrera Villena e Inversiones Canelo Seis y Cía., esta última propiedad de Agustín Edwards Eastman y la Compañía de Inversiones Samotracia.
Los antecedentes
El año 2011 se editó el libro "Magnicidio. Asesinato del Presidente Eduardo Frei Montalva", escrito por el periodista Benedicto Castillo, donde se develan todas las oscuras maniobras que rodearon la muerte del ex mandatario.
El periodista recopiló antecedentes que confirman la estrecha relación que durante años mantuvieron el empresario dueño del consorcio periodístico El Mercurio S.A.P. y estos ex agentes de la DINE.
En conversación con Cambio21 el autor señaló que en su investigación de más de tres años no descubrió nexos entre El Mercurio y la operación para la eliminación del mandatario, "no obstante arroja que Agustín Edwards, después del secuestro de su hijo, creó una empresa de seguridad (Serprotec S.A) donde puso a cargo a estos altos agentes de la DINE".
Explicó que "tanto el general Eugenio Covarrubias como Arturo Silva Valdés están implicados en muchas causas de derechos humanos, entre las que se enmarca el crimen de Berrios, fabricante de químicos letales para llevar a cabo la operación para asesinar a Frei. A cualquiera que lea los datos y analice los documentos, le queda claro que si Edwards crea una empresa que es dirigida por dos importantes agentes de inteligencia vinculados a violaciones a los derechos humanos, no tendría interés en publicar antecedentes que hablen mal de dos importantes de sus colaboradores".
Detalló que "el mayor Arturo Silva Valdés fue jefe de la llamada Unidad de Bajas del Ejército, a través de la cual la DINE buscaba sacar del país a los principales agentes que estaban involucrados en los más horrendos asesinatos - como Eugenio Berrios - a quien la justicia buscaba para esclarecer crímenes tan importantes como el de Frei Montalva".
La cercanía de ambos condenados con El Mercurio, queda ratificada con otros antecedentes publicados en el libro de Castillo, entre los que destaca que el general Covarrubias puso como gerente general de Serprotec S.A., a su hijo mayor.
Agregó que "a esto se suma que ambos trabajaban mediodía en la DINE y mediodía en la empresa de Edwards, lo que además de ser algo extraño es claramente un acto de corrupción porque un militar que está en servicio activo no puede
trabajar en un servicio privado, porque rompe con las normas del ejercicio público de la profesión".
Un continuo
Otro que conoce el actuar de El Mercurio en el tratamiento de estas causas, es el investigador Fernando Villagrán, autor de "El Diario de Agustín", obra que relata el rol que jugó este medio de comunicación durante la dictadura.
En diálogo con Cambio21 dijo que este no es un hecho aislado: "La vinculación de Agustín Edwards con los servicios de seguridad de la dictadura marcan un continuo desde los primeros días del gobierno de Pinochet y se prolongan en el tiempo post dictadura, por lo tanto no es extraño que vayan apareciendo episodios donde aparezca esta directa vinculación".
Agregó que "uno puede hacer un seguimiento de montajes que han involucrado al diario o directamente a Agustín Edwards, propiciando acciones de montaje para encubrir los crímenes e invisibilizar a sus hechores. Entonces, que en su guardia pretoriana estén personajes vinculados posteriormente a graves crímenes de derechos humanos, como los asesinos de Berrios y conspiradores del magnicidio, forma parte de una política, no es un hecho aislado ni una casualidad y seguramente nuevas investigaciones que surjan van a confirmar esta concomitancia entre Edwards y los organismos represivos de la dictadura".
Benedicto Castillo señaló que no "cabe duda con el paso de tiempo - y como lo indican distintas investigaciones - de estos vínculos de El Mercurio, porque Agustín Edwards si no era miembro, era íntimo amigo del director de la CIA y hay documentos desclasificados que certifican que de los dineros que envío la CIA para los conspiradores, parte cayó en sus bolsillos. Entonces de lo que no cabe duda es que está vinculado al golpe de Estado".
Insistió en que "todos estos antecedentes son reales y que no estamos hablando de novelas, sino de datos serios y comprobados a través de diversas investigaciones, los que sólo basta juntar para confirmar sin lugar a dudas que se relacionaba primero con la CIA previo y durante el golpe de estado y luego con la DINE, entre los años 1992 y 1995".
El futuro
Los investigadores coinciden en que a pesar del paso del tiempo y de los antecedentes concretos, Edwards seguirá negando estos vínculos.
Al respecto, Benedicto Castillo dijo que "no sabemos si todavía constituye un lazo, porque nunca ha sido lo suficientemente honesto para reconocer que fue agente de la CIA y que apoyó el golpe de Estado, por lo que menos va a reconocer sus vínculos con agentes del estados violadores a los Derechos Humanos, pero si es irrefutable que creó esta empresa donde trabajaron agentes del servicio de inteligencia del Ejército durante varios años".
Por su parte Villagrán se mostró desesperanzado de un cambio de actitud: "Ha quedado demostrado en sus declaraciones ante el ministro Carroza, donde negó con todo descaro haber recibido recursos financieros de la CIA, cuando esto está certificado y confirmado por la propia CIA".
Consideró que "tal como lo hizo Pinochet, Edwards apuesta al olvido y a su edad, para no recordar en qué estuvo involucrado, pero yo veo que en el contexto que vive hoy el país - donde cada día es más evidente hasta adonde llegó la acción directa y criminal de la dictadura - que la defensa de Edwards está cada vez más debilitada y que la propia opinión pública se puede dar cuenta de cómo entregan información sesgada y parcial, como es el caso del crimen de Frei donde ocultan los vínculos de Edwards con miembros de organizaciones criminales".
Concluyó señalando que "la vía de invisibilizar ha sido la política histórica de El Mercurio" y que "habrá que seguirle la pista a cómo responde a estas revelaciones que está haciendo Cambio21 respecto a su tratamiento del crimen del presidente Frei".
Carmen Frei en Cambio21: El Mercurio ha tratado que estos graves hechos no se publiquen
Más allá de referirse puntualmente a las vinculaciones del dueño de El Mercurio con agentes de la DINE involucrados en el magnicidio de su padre, la ex senadora Carmen Frei afirmó que "El Mercurio ha sido siempre muy parco en sus noticias y muchas veces ha acogido declaraciones de personas que trataban de desprestigiar la causa de la muerte de mi padre, y en ese sentido yo siento que El Mercurio al igual que en otras muchas causas de derechos humanos, no ha informado con veracidad, ha tratado ha tratado que estos graves hechos no se publiquen y si lo hace lo ha hecho en forma muy pequeña".
En conversación con Cambio21 consideró que "El Mercurio, siendo un diario tan importante en nuestro país, podría tener una actitud de realmente informar y acoger más las causas de derechos humanos, pero lamentablemente históricamente ha hecho lo contrario, los disminuye y no les da la cabida que uno esperaría de un medio como El Mercurio, de circulación e importancia nacional".
Destacó que "ahora que la gente está muy informada del crimen de mi papá a través de otros medios, sabe perfectamente que fue asesinado y en ese sentido como familia agradecemos los distintos reportajes, libros e investigaciones que a lo largo de estos años han ratificado lo que yo denuncié. En ese sentido El Mercurio ha cometido un error con la información respecto al homicidio, porque han tratado de tapar el sol con un dedo".
Carmen Frei dijo que "esperaría que un medio tan importante de nuestro país informara con más detalle y sobre todo acogiera las noticias, porque muchas veces pasan desapercibidas".
Descartó que pudiese haber afectado de alguna manera las investigaciones de las causas de derechos humanos y estimó que a pesar del paso del tiempo, se logrará esclarecer toda la verdad. "tengo la absoluta y plana confianza en los jueces que llevan las causas de DDHH y especialmente del juez Madrid que está investigando el caso de mi padre", concluyó.
Álvaro Varela, abogado de Derechos Humanos: El Mercurio cercena la información del caso Frei
A juicio de Álvaro Varela, quien fuera abogado de la familia Frei, "más allá de que El Mercurio por regla general no informa sobre esta materia o bien la tergiversa como históricamente lo ha hecho, en la práctica se ha demostrado que esto sería incluso parte de una política del periódico.
Recordó que "esto fue particularmente intenso cuando el juez a cargo de la causa sometió a proceso a seis personas y ahí realmente el diario se dedicó con mucha intensidad y profusión a desvirtuar las resoluciones del ministro Madrid y tratar de desacreditarlas".
Consultado por Cambio21 señaló que la vinculación de dueño de El Mercurio con dos agentes de la DINE realmente cercena la información que debería dar, porque se trata de personal que estuvo directamente involucrado en el crimen de Berríos y que prestó servicio para la alta dirección de El Mercurio durante un periodo de tiempo estando en servicio activo en la DINE.
Agregó que "de frentón es absolutamente claro que El Mercurio no informa y cuando lo tiene que hacer entrega información sesgada e incluso distorsionada. Esto de extrema gravedad", reflexionó.
"Realmente uno de los hechos que sorprendió en el crimen de Berríos fue que sus principales ejecutores habían sido parte del equipo de protección del dueño de El Mercurio", concluyó.
Los millones
Durante este periodo el Mayor Arturo Rodrigo Silva Valdés también se hizo millonario. Así queda en manifiesto en el capítulo 37 del libro de Benedicto Castillo:
"La BRILAC recibió del Departamento de Remuneraciones del Ejército de Chile un cuadro con los sueldos pagados al mayor Silva desde 1990 a 1995, totalizando un ingreso de $3.088.374. Sin embargo, los siguientes antecedentes son sorprendentemente ilustrativos de cómo se movió este oficial en el ámbito financiero y bancario", señala el libro, que da cuenta de 6 depósitos bancarios y tres cuentas corrientes millonarias en ese periodo.
Otro párrafo destacado señala que: "Según informe de la Tesorería General de la República, este militar hizo declaraciones tributarias los años 1997, 1998 y 1999. Tomando 1997, declaró ingresos anuales provenientes de sueldos y pensiones conforme al siguiente detalle: Pensión de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional: $3.691,106; Sueldo de la empresa Serprotec S.A. (de propiedad de Agustín Edwards Eastmann) por $48.806.041. En los años tributarios 2000, 2001 y 2002 declaró ingresos anuales por $21.013.302, $10.399.404 y $13.120.503, respectivamente".
Las condenas de los encargados de seguridad de Edwards en el caso Berríos
El general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela, fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 5 años y 1 día por asociación ilícita.
El mayor (r) Arturo Silva Valdés, fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita.
Más antecedentes en http://magnicidioeduardofrei.
