jueves, 26 de mayo de 2011

REBELION: NEWEN MAPUCHE

Entrevista a Elena Varela, directora del documental Newen Mapuche
“Hasta nos acusaron de ser terroristas”

Óscar Ranzani


En su documental, que se verá hoy en el marco del Festival de Cine de Derechos Humanos DerHumALC, la cineasta da cuenta de la devastación de los territorios mapuches y de la criminalización que sufren los movimientos indigenistas por parte del Estado chileno.


La documentalista chilena Elena Varela siempre tuvo una sensibilidad especial para dar cuenta de las injusticias cometidas contra el pueblo mapuche por parte de los distintos gobiernos del país trasandino. Pero cuando se enteró de que el 12 de noviembre de 2002 la policía mató al joven Alex Lemún, que estaba junto a miembros de su comunidad en un proceso de recuperación de tierras, decidió que era hora de darle visibilidad a lo que estaba sufriendo este pueblo originario. Primero se acercó a tres mujeres con la idea de hacer un documental con entrevistas a las luchadoras sociales de la comunidad. Pero conversando con ellas sobre el proceso que estaban atravesando, las tres se negaron a “hacer una película nada más que sobre mujeres”, cuenta Varela en diálogo con Página/12. Como no contemplaban la idea de género dentro del pueblo mapuche, el trío femenino manifestó que en todo caso tenía que ser un documental sobre el pueblo mapuche y su problema. “Si bien quedó un registro de estas luchadoras, terminó siendo la película Newen mapuche, que es la historia de los conflictos de la comunidad, los presos políticos, sus actores sociales y sus dirigentes”, comenta Varela sobre su documental, que podrá verse hoy a las 20 en la Alianza Francesa (Córdoba 946), como parte de la programación del 13º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos DerHumALC.

A lo largo de dos horas, Varela busca demostrar que lo que “informaban” algunos periódicos no era cierto; es decir, que los mapuches no son terroristas ni violentos y que, en cambio, lo que estaba ocurriendo en Chile era terrorismo de Estado, ya que a algunos miembros de esta comunidad originaria que buscaban recuperar sus tierras ancestrales les aplicaron la ley antiterrorista, recordando los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet. El documental de Varela muestra los conflictos entre los mapuches y las empresas forestales, y para ello se vale de entrevistas a lonkos (máxima autoridad mapuche), grupos clandestinos, economistas y ambientalistas que permiten entender que existe una devastación de sus territorios y una criminalización de los movimientos indigenistas. En Newen mapuche quedan expuestas las políticas de represión del Estado chileno y las maneras que esta comunidad adoptó para sostener la resistencia.

En medio de la filmación, la propia Varela fue detenida el 7 de mayo de 2008 y acusada de asalto a dos bancos, de formar parte de un grupo armado revolucionario, de financiar con los fondos de cine a los movimientos sociales y políticos del sur de Chile, cargos por los que, luego de un doloroso y prolongado proceso, resultó absuelta. Como consecuencia de esa medida arbitraria, estuvo detenida nada menos que dos años: cinco meses en una prisión y el otro año y medio con arresto domiciliario. Hasta que recuperó su libertad, el 22 de abril de 2010. “Por una parte, uno siempre está en riesgo cuando está filmando dentro de un conflicto, y toma ciertas precauciones tanto de índole familiar, material y profesional. Pero uno siempre tiene miedo de que le pueda llegar una prisión momentánea que puede ser, por ejemplo, a partir de una manifestación determinada. O incluso puede llegarte una bomba lacrimógena, o tienes que correr, o se te moja la cámara. Pero en este caso fue una acusación a quince años de cárcel. Entonces fue un proceso muy difícil”, relata Varela, quien no duda en afirmar que todo ese invento fue parte de un “montaje policial”, pero que en el juicio los magistrados advirtieron que “no había credibilidad en los fundamentos que tenía la fiscalía ni la policía, y finalmente el proceso se derrumbó”, agrega la documentalista.
–¿Cómo afectó la pérdida del material incautado al momento de su detención en la concreción del documental?

–Afectó mucho, porque produjo obviamente una demora. Si yo hubiese tenido todo el material, habría sido más rápido el proceso. Lo que pasa es que el resto de la filmación que se ve en la película se logró al final del último año en que estuve presa, con arresto domiciliario, en el sur. Allí me dieron para filmar una semana de las cuatro del mes. Armé todo el equipo de nuevo, el gobierno me devolvió el resto de la plata del fondo de subsidio que había ganado. Pero perdí seis años de trabajo de registro.
–¿Por qué se llegó a aplicar la ley antiterrorista contra los mapuches?

–Se explica de la siguiente manera: fue una ley que fue aplicada para perseguir a la izquierda, a los movimientos revolucionarios, aunque no solamente a los revolucionarios: bastaba con que estuvieras en contra de Pinochet. Fue él quien realizó e instaló esa ley en Chile. Después pasó todo el proceso de la vuelta a la democracia, entre comillas: el enemigo ya no era la izquierda. Como la dictadura ya había exterminado a la izquierda y el resto de la Concertación al resto de los que resistían en la idea de instalar la revolución, entonces el enemigo principal para todo el proyecto político-económico era el mapuche. Porque, en el fondo, el mapuche se transformaba en un defensor de su tierra, donde el proyecto decía que se iban a instalar grandes empresas, corporaciones transnacionales. Y esas corporaciones inmensas lo que hacían era aplastar a las comunidades, empobrecerlas, dejarlas sin agua. Causaba un gran impacto social. Entonces, el movimiento mapuche tuvo una resistencia ante la instalación de la represa Ralco. Cuando se instaló Ralco, el gobierno comenzó con la militarización del tema mapuche.
–Pero, ¿cómo llegó el Estado chileno a argumentar los cargos de terrorismo contra integrantes de la comunidad mapuche?

–Cuando se reprimió al pueblo mapuche en la instalación de Ralco, a ellos los sacaron de la tierra con la fuerza y con la militarización. Entonces se empezó a utilizar la Operación Paciencia, con la que hicieron actuar a todos los grupos de inteligencia, se infiltraron en el movimiento observando quiénes eran los que estaban liderando esa reacción frente a la política económica que estaba teniendo el gobierno de la Concertación. Y venían muchas represas. Ellos sabían lo que iban a hacer; los que no sabíamos éramos nosotros, los chilenos, el pueblo mapuche, las comunidades. La manera más rápida que tuvieron fue aplicar la ley antiterrorista. De esa manera hacían parecer que este movimiento era de terroristas que estaban contra las políticas del gobierno democrático, entre comillas, que había luchado contra la dictadura. Lo que pasa con la ley antiterrorista es que te inhabilita y vulnera todos tus derechos.
–El hecho de que algunos mapuches vivan en la clandestinidad, ¿es por una cuestión de supervivencia ya que, si no, los matarían?

–Muchos mapuches viven o vivían en la clandestinidad porque en el proceso en que se aplicó la ley antiterrorista, al principio, se presentaron a los Tribunales de Justicia. Después, cuando se dieron cuenta de que había un aparato detrás, ya no se presentaron más; es decir, renunciaron a la Justicia chilena y ellos exigieron su propia justicia, una justicia concreta y real. Y muchos de ellos pasaron a ser clandestinos y a vivir dentro de las comunidades sin ser hallados, y siguiendo con la defensa de sus tierras, con su liderazgo, con su lucha. Pero muchos han sido hallados, sobre todo los mujeres, porque tienen hijos. Una mujer importante del movimiento mapuche fue encontrada porque llevó al hijo que estaba grave al Hospital de Concepción y la tomaron presa, y la separaron de su hijo para juzgarla por la ley antiterrorista. Y otra murió en la clandestinidad de cáncer de mama, sin poder sostener su salud.
–¿Cuál es la opinión de la sociedad chilena respecto de la persecución contra el pueblo mapuche?

–Hay muchas opiniones. En primer lugar hay un cerco informativo muy grande que se está rompiendo de a poco. Yo diría que, en los últimos tres años, la comunidad nacional tomó conciencia de que, en primer lugar, existía un pueblo mapuche, así como los argentinos no tienen idea de cómo vive el pueblo mapuche en el sur. Hay una indiferencia y un desinterés de parte del Estado por comprender que ellos son un pueblo distinto al nuestro, con una cultura distinta y que hay que respetarlos. Eso por un lado. Y por otro, como explicaba antes, hay un plan económico que pretende lograr el progreso sobre la opresión de estos pueblos. Entonces no conviene que se sepa mucho y hay un cerco informativo.
–Usted recién mencionaba algo de esto: más allá de las banderías políticas, el Estado chileno no reconoce a los pueblos originarios. ¿Se mantuvo o empeoró la situación de los mapuches con el gobierno de Sebastián Piñera?

–No hay ningún cambio. Obviamente que hay una modificación: una consolidación de lo que se venía planteando desde la dictadura hasta acá. Es decir, tuvimos la dictadura militar que instaló el modelo económico, luego tenemos los gobiernos democráticos que lo sostienen y lo incrementan. Y son capaces de aprisionar no sólo al pueblo mapuche, sino al chileno todo para satisfacer la misma corriente que trajo Pinochet hasta el día de hoy. ¿Y qué viene a ser Piñera? El triunfante de todo este proceso. Lo que tenemos hoy en día, en el fondo, es un pueblo oprimido. No estoy hablando solamente del mapuche. Este es obviamente el más oprimido, porque están oprimiendo su cultura, su manera de ver. Lo que pasa con Piñera es que en el fondo se consolida lo que Pinochet sembró.
–¿Cómo fue la reacción del público de su país cuando se estrenó su documental en Chile?

–No se ha estrenado todavía. Se hizo un preestreno después de que yo salí de la cárcel. Había unos presos en huelga de hambre y se hizo el preestreno con el objetivo de apoyarlos. De hecho terminé apurada la película, con la idea de apoyarlos. Y fue mucha gente a verla. Y se ha mostrado cuatro o cinco veces en distintas regiones de Chile. Siempre es la misma reacción: primero sienten una impotencia gigante, dolor, sensibilidad. Y se acuerdan de la dictadura militar. También a mucha gente le duele darse cuenta de que durante tanto tiempo vivieron ignorantes o indiferentes frente a una realidad. Esperemos que en julio se estrene comercialmente.

miércoles, 25 de mayo de 2011

LIBERTAD A PRESOS POLITICOS MAPUCHE



Libertad a Presos politicos Mapuche en Huelga de Hambre:

La Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche, ante la Huelga de Hambre que mantienen los Presos Políticos Mapuches de la CAM Héctor LLaitul, Jose Huenuche, Ramón LLanquileo y Jonathan Huillical, desde el 15 de Marzo de 2011 Denuncia:


  • Que la lucha del pueblo mapuche, se ha centrado en demandar sus legítimos derechos colectivos como pueblo, que se expresa en el derecho a la autonomía y recuperación de su territorio ancestral como base fundamental de su existir.


  • Que este derecho ha sido vulnerado históricamente por los sucesivos gobiernos chilenos, tanto en dictadura como en democracia, que han expropiado sistemáticamente los territorios de las comunidades mapuche a fin de ceder sus recursos naturales a las empresas forestales, mineras y transnacionales europeas, con capitales de Endesa España y ENAL Italia, SN Power de Noruega, entre otros (las represas en Ralco, Mehuín, Panguipulli) y que son favorecidos por el Estado chileno, en complicidad con los grupos de poder económico.


  • Que las luchas y movilizaciones emprendidas por el pueblo mapuche para oponerse a este proceso han sido reprimidas violentamente por parte del Estado.


  • Que los gobiernos democráticos chilenos siguen utilizando la Ley Antiterrorista de Pinochet para criminalizar la protesta social del pueblo nación mapuche. Aplicando juicios sin garantías procesales objetivas y con testigos protegidos, lo que ha permitido el procesamiento y condena a 25 años de prisión a los líderes mapuches: Héctor LLaitul, Jose Huenuche, Ramón LLanquileo y Jonathan Huillical.


  • Que el Estado chileno, liderado por el actual presidente Sebastián Piñera, bloquea, limita y reduce los derechos del Convenio 169 de la OIT ratificado por el Estado Chileno en el año 2008.


  • Que este Convenio le obliga a consultar previamente a los pueblos originarios, en materias que afecten a sus territorios y recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.


  • Que el gobierno de Sebastián Piñera está contraviniendo, tanto la ley chilena como el Derecho Internacional, con su política de privilegiar la entrada de transnacionales a territorio mapuche.


Por todo lo anterior, levantamos nuestras voces para exigir al Gobierno de Chile:

Apoya con tu Firma


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Acción promovida por Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche


Libertad a Presos politicos Mapuche en Huelga de Hambre: Apoya con tu Firma

Acción promovida por Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche, España
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Comuneros Mapuche en Huelga de Hambre

Mas de 70 dias en huelga de hambre, los comuneros mapuche presos en Chile, por defender el derecho a la tierra y su cultura.
Al firmar la petición estarás enviando esta carta
Destinatario: Coordinación de Apoyo al Pueblo mapuche

A LA OPINIÓN PÚBLICA

PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE EN LA CÁRCEL DE ANGOL - CHILE

PRESOS POLITICOS MAPUCHES EN HUELGA DE HAMBRE:
JONATHAN HULLICAL MÉNDEZ
RAMÓN LLANQUILEO PILQUIMÁN
HÉCTOR LLAITUL CARRILLANCA
JOSÉ HUENUCHE REIMÁN

NO LA APLICACIÓN DE LA LEY 18.314 O LEY ANTI-TERRORISTA

NO A LOS TESTIGOS SECRETOS.

FIN AL DOBLE PROCESAMIENTO

RATIFICACIÓN DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA QUE DICTÓ EL JUZGADO MILITAR DE VALDIVIA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2010

ESTE RESOLVIÓ ABSOLVER A COMUNEROS POR NO ENCONTRAR ACREDITADOS HECHOS DE CARACTER TERRORISTA INVESTIGADOS
SIN EMBARGO,
TRIBUNAL DE CAÑETE NO RATIFICÓ ESA SENTENCIA JUZGÓ Y CONDENÓ EN FORMA ABERRANTE CON PENAS ENTRE 20 Y 25 AÑOS.

VOLUNTAD DEL GOBIERNO CHILENO PARA AVANZAR Y LOGRAR PETICIONES DE

LOS PRESOS
POLITICOS MAPUCHE


APOYO,SOLIDARIDAD Y MOVILIZACIÓN DE:

SECTORES SOCIALES, ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, COMUNIDAD INTERNACIONAL.

TERRITORIO Y AUTONOMÍA

JUSTICIA Y DIGNIDAD PARA EL PUEBLO NACION MAPUCHE

MARRICHIWEU!!!

RECOLECCIÓN DE FIRMAS

viernes, 20 de mayo de 2011

Puerta del Sol, de lo visible y lo invisible


Una crónica de la escritora Sara Rosenberg para inSurGente



Mientras un gran grupo debate reunido bajo los toldos cómo hacer para funcionar mejor y hacia dónde dirigir las energías y la organización de la acampada, la gente circula entre las mesas donde se escriben las propuestas que serán leídas en la asamblea de la tarde.

Cada persona expresa lo que desea, cada persona se acerca y escribe sus propuestas que son expuestas y leídas por la gente que circula y llena la plaza. Encontré muchas propuestas que comparto. Escribí la mía. Y espero poder hacer el listado de todas, después de la asamblea de hoy, cuando se ordenen y sinteticen.

Hay una diferencia cualitativa enorme entre una manifestación y esta acampada. Como hay una diferencia enorme entre una consigna y una propuesta. Es como si de pronto nos hubiéramos despertado del sueño –o pesadilla- de los gobernados para pasar a la acción de los que piensan cómo gobernarse a si mismos. Es un paso enorme.

Y es un paso enorme en varios sentidos, porque esta permanencia en la plaza nos devuelve un poco del tiempo que nos roban. Quiero decir que el sistema siempre nos roba nuestro tiempo, no sólo durante las ocho o más horas de trabajo sino con un modo de usar el tiempo libre que ellos han bautizado y comercializado como el tiempo de “ocio”. Han pautado cómo debemos dejarnos robar el tiempo y cómo debemos perder el tiempo que nos resta en actividades que sean lo más lejanas posible a la comunicación humana, al pensamiento y la solidaridad. Han pautado cómo debe ser el espacio público hasta hacerlo desaparecer (las plazas reformadas de Madrid son un ejemplo claro de la privatización, cedido a las empresas, a los aparcamientos y a los graníticos emblemas del poder). El “tiempo es oro” es la consigna del poder, pero en las plazas recuperadas “el tiempo es nuestro” ha comenzado a funcionar.

El tiempo quizás haya virado de dirección para avanzar en otro sentido. Es como si de pronto se hubiera producido una recuperación del derecho básico de tener tiempo para escuchar, decir, pensar y compartir. La multitud permanece y habla. Deja de ser multitud para ser voz y voces. Algo que el sistema capitalista trata de impedir por todos los medios. Se repite la consigna “Aquí y ahora”, se repite la palabra “ya”. Es como si se hubiera descubierto que el ejercicio de la participación es posible y está sucediendo.

Por la mañana las asambleas son ordenadas, hay un enorme consenso. Se trata de permanecer en la plaza para continuar expresando y diciendo en voz alta que se ha llegado al límite. Los temas van mucho más allá de las elecciones y de la crítica a los partidos del poder, porque el tema central es la visibilización de la voluntad de cambiar y se reflexiona sobre cómo es posible cambiar. En ese sentido el objetivo se ha cumplido: los nadies somos visibles y la dignidad indignada clama justicia.

Durante toda la mañana las mesas, el suelo y las columnas se llenan de papeles escritos con propuestas que deberán leerse a la tarde, durante la asamblea. Sin embargo, cuando llega la tarde, la junta electoral prohíbe la asamblea y si bien la plaza sigue llenándose de gente, la asamblea se suspende. Insisto: permanecer y evitar todos los conflictos que sin duda el poder tratará de generar es lo consensuado. La gente cuenta que en los trenes de cercanías los altavoces advierten que es mejor no acercarse a Sol, y según el relato de los acaban de llegar, la advertencia provoca la risa de los pasajeros. Llueve pero la gente sigue llegando, hasta que por la noche y a pesar del inmenso dispositivo policial, la plaza está llena otra vez. La visibilidad de los nadies amanece en Sol, y es un gran paso adelante. Y como dice la canción “No estamos solos, sabemos lo que queremos”, palabras que también están pegadas sobre la cúpula de cristal del metro, anunciando la actualidad de un gran movimiento cívico que por fin se ha echado a andar. La visibilidad es su primer gran paso después de tantos años de recorridos solitarios cuando no manipulados por el poder para mantenernos atomizados, criminalizados y demonizados cuando siempre se ha tratado de lo mismo: este sistema es un atraco, nuestras manos son nuestras armas y no es una crisis es una estafa, que fueron las consignas que se repitieron sin cesar en la plaza.


















jueves, 12 de mayo de 2011

Manifestación contra hidroaysén

Un botón de muestra, así es en la ciudad imaginarnos como son en las comunidades mapuche.

En Chile la violencia viene de los aparatos de seguridad del estado, "mientras no se cambie la constitución seguimos en DICTADURA", por los grandes consorcios hidroeléctricos y madereros se reprime a chilenos y mapuche.

Rene Maldonado

viernes, 6 de mayo de 2011

Los pueblos originarios frente al desorden ecologico y social

Mexico

02/05/11
Por Joel Padrón González

En esta lucha por la seguridad está el desafío de asegurar el respeto y la defensa a los derechos humanos de toda la población civil que se encuentra entre dos fuegos, aportando, sin querer, cientos de víctimas inocentes. Desde aquí se levanta el grito que nadie podrá callar de Juanelo Sicilia y sus compañeros en nombre de todas las víctimas inocentes de la población. También está aquí la razón del pacto nacional en contra de la violencia a la que nos invita su padre, Javier Sicilia…

Desorden que amenaza con arrastrarnos más y más al caos (…como aquel que reinaba en el principio). ¿Y nuestra capacidad potencial de mantener y perfeccionar el orden establecido en toda la Tierra? Cerramos más y más la vía única de la razón y la palabra necesaria. Nos ahogamos en una creciente violencia de destrucción y muerte.

Violencia, que lo es, venga ésta de donde venga. Porque no es lo mismo hablar, por una parte, de la violencia primera, la que viene del poder y del sistema de dominación y represión que se impone a fin de mantener la nueva situación social de injusticia para unos y de privilegios para otros cuantos; y, por otra, de la violencia segunda, que en muchos casos ha sido necesaria respuesta a la primera, y que viene de la población civil buscando restablecer precisamente el orden destruido por la primera.

Ejemplo claro de esta espiral de violencia que debemos detener ya en todo el mundo, son los acontecimientos que se están viviendo en Libia, Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, Costa de Marfil, Yemen, Siria y otros. Aunque ahí, con preocupación podemos también dilucidar los intereses estadunidenses y la preocupación por el curso espontáneo de la respuesta civil.

En nuestro continente latinoamericano, explicación parecida tienen los recientes descontentos y movilizaciones de la sociedad civil en Bolivia, en la Nueva Nicaragua, como también la guerra sin fin en Colombia. En nuestro país, los feminicidios aún sin respuesta en Ciudad Juárez y en el estado de México, los secuestros y las recientes fosas comunes de víctimas inexplicables, los más de 30 mil asesinatos y ejecuciones en los últimos cinco años, los que inexplicablemente significan muchos más muertos que los que están registrando las grandes guerras a las que hacemos referencia… la población civil estamos obligados a decir basta a este proceso de violencia y a construir una propuesta distinta de nación.

Por otra parte, nos aterra el creciente desorden ecológico del que todos somos responsables. Además de los desastres naturales, como el temblor de 9.1 grados con el subsiguiente tsunami y la inesperada y preocupante crisis nuclear en Japón, los incontrolables incendios de estos días en el norte del país dejándonos hasta el momento cerca de 60 mil hectáreas totalmente destruidas por el fuego… El mundo se nos está calentando más allá de los niveles que se requieren para conservar la vida. ¿Hasta cuándo nos decidiremos a hacer lo que debemos para poder frenar este desorden? ¿Por qué estamos debilitando tanto la capa de ozono que nos protege amenazando sin razón la vida de la humanidad entera? ¿Hasta cuándo seguiremos, inconscientes, emitiendo a la atmósfera las 30 gigas toneladas de dióxido de carbono que le estamos emitiendo cada año? (Una giga equivale a mil millones de toneladas de dicho dióxido.) ¿Cuánto desastre significan todavía las 600 mil toneladas de petróleo crudo derramadas en el Golfo de México de abril a junio de 2010? ¿Qué amenaza significan las 11 mil 500 toneladas de agua radioactiva derramadas recientemente al océano desde la central de Fukushima?... ¿Hasta cuándo vamos a seguir depredando así la Tierra usando irracionalmente los recursos naturales que son para bien de todos? También ante este desorden estamos obligados a decir basta. Pues quienes detentan el poder no asumen políticas reales y decididas.

No obstante, hay esperanza: las marchas en contra de la inseguridad del miércoles 6 de abril en 21 ciudades de nuestro país, con el apoyo de similares en Barcelona, Buenos Aires, París y Nueva York, deben continuar o convertirse en una manifestación solidaria sin final hasta lograr que se nos garantice la seguridad a todos.

En esta lucha por la seguridad está el desafío de asegurar el respeto y la defensa a los derechos humanos de toda la población civil que se encuentra entre dos fuegos, aportando, sin querer, cientos de víctimas inocentes. Desde aquí se levanta el grito que nadie podrá callar de Juanelo Sicilia y sus compañeros en nombre de todas las víctimas inocentes de la población. También está aquí la razón del pacto nacional en contra de la violencia a la que nos invita su padre, Javier Sicilia…

Volvamos otra vez los ojos hacia Chiapas: en materia ecológica, los pueblos indígenas de Chiapas tienen propuesta. Propuesta sostenida a través de cientos de años. Los pueblos indígenas tienen vocación y capacidad para preservar los recursos naturales.

Giremos la mirada a la reserva ecológica El Huitepec, cerca de San Cristóbal de las Casas; cuidada y conservada por la capacidad organizativa de los pueblos indígenas: solos, sin recursos, de manera independiente.

No han sido las poblaciones indígenas las que han destruido la selva: fue la ganadería extensiva, la tala de las compañías madereras, el dinero, la ganancia.

Y frente al desorden social, los pueblos también tienen propuesta: desde su sentido distinto de los cargos, de la política, del servicio: del bienestar comunitario, contrario a la destrucción y a la violencia. Desde la protección que, por fortuna, muchos hacen de su tierra comunitaria y colectiva.

Todas y todos debemos reconocernos actores del nuevo orden social que necesitamos y buscamos: no un hijo muerto más, no más sangre en el país, garantía de respetar y defender los derechos humanos de toda la población, compromiso para usar racionalmente los recursos naturales, asegurar la producción intensiva de alimentos para la soberanía alimentaria del país y vida para todos…

Joel Padrón González -

lunes, 18 de abril de 2011

Mapuche: Llaitul escribe desde la cárcel

El líder mapuche Héctor Llaitul escribe desde la cárcel
“Cómo entendemos esta condena”

Punto Final



En primer lugar, haremos un repaso muy sucinto de la historia, cuestión esencial para poder entender el conflicto histórico que tenemos como Pueblo-Nación Mapuche con el Estado chileno.

A la llegada de los españoles, el territorio mapuche ancestral era de aproximadamente 30 millones de hectáreas, que abarcaba desde la zona central de lo que hoy es Chile, hasta la Patagonia por el sur y desde el Océano Pacífico hasta casi el Atlántico por el este. Posteriormente sobre ese territorio se constituyeron las repúblicas de Chile y Argentina.

A partir de 1542 con la fundación de ciudades y fuertes, los españoles comienzan a ocupar militarmente el territorio mapuche, situación que generó una fuerte resistencia de un cohesionado pueblo mapuche. Es en este contexto que surgen los grandes líderes reconocidos como Calfulikam, Peleftraru, Lientur y nuestro gran adalid mapuche, Leftraru. Durante todo este período de resistencia nuestro pueblo no fue derrotado, llegando incluso la Corona española a reconocer la independencia de la nación mapuche, como quedó establecido en tratados conocidos como Parlamentos, siendo el más importante el de Quilín, en 1641, que reconoció oficialmente como frontera el río Bío Bío entre ambas soberanías, lo cual fue nuevamente reafirmado con el Parlamento de Negrete en 1803, contexto en que se empieza a constituir la República de Chile, continuando la independencia de la Nación Mapuche hasta el año 1881 en una territorialidad aproximada de diez millones de hectáreas.

Posteriormente, y como fue una constante en gran parte de América Latina, una vez que se consolidan los nacientes Estados nacionales, se comienza a ocupar progresivamente los territorios de los pueblos originarios dando lugar nuevamente a guerras de exterminio, situación que se entiende por la expansión del capitalismo primario en la región y que obligó a las nuevas repúblicas a consolidar sus estructuras independentistas de la metrópoli bajo una concepción económica de no dependencia. Esto explica en gran parte porqué las repúblicas de Chile y Argentina definieron y llevaron a cabo una ocupación militar de exterminio en La Araucanía, que a la postre culminó con la derrota militar de nuestro pueblo hacia el año 1881-83, quedando nuestro pueblo expoliado de su territorio ancestral en una cifra aproximada de 500 mil hectáreas.

Somos un pueblo ocupado

En definitiva, nuestro Pueblo-Nación es un pueblo ocupado, bajo dominación y dependencia del Estado chileno hasta la actualidad, expoliado territorialmente y que aún se sostiene, sobrevive y resiste en alrededor de las mismas 500 mil hectáreas. Es decir, sobre nuestros derechos territoriales y políticos los hechos y cifras hablan por sí solos, lo que justifica la vigencia de las demandas de territorio y autonomía para la Nación Mapuche.

En las últimas décadas, más aún en la actualidad, nuestro pueblo sigue resistiendo, a pesar de toda la situación, destacándose el éxodo masivo desde las comunidades producto de la pobreza asociada a la falta de tierras y a la pérdida de identidad; en las comunidades se sobrevive dignamente a pesar de vivir “arreduccionados” todavía y de estar permanentemente amenazados frente a las arremetidas de los intereses de un Estado capitalista que a través de sus políticas de dominio territorial sólo han tenido como consecuencia pobreza, miseria, exclusión y exterminio paulatino de nuestras comunidades. No está demás decir que el Estado chileno, a la par de favorecer a la oligarquía criolla, siempre ha aplicado políticas de orden colonialista y dominante que tienen como objetivo sostener el estado de opresión, permitiendo sólo la integración forzada, así se entiende que ya llevamos prácticamente un siglo en que a las demandas mapuches se les aplican medidas de orden cortoplacista y asistenciales, nunca soluciones de fondo que permitan al menos viabilizar la reconstrucción territorial y política para nuestro pueblo.

El capitalismo depredador

En la actualidad el Estado chileno es capitalista porque ha asumido a ultranza el modelo económico neoliberal que se sustenta en las actividades productivas, las que se explotan indiscriminadamente, como son los sectores agropecuarios, cupríferos, pesquero y forestal. Es en el caso específico forestal y su avasallador desarrollo en el sur de Chile, en donde encontramos muchas de las razones de fondo del conflicto entre nuestro pueblo y el Estado chileno, ya que son las políticas del Estado las que siempre han beneficiado a la oligarquía criolla y ahora transnacional expresada en los poderosos grupos económicos que siguen explotando nuestro territorio ancestral, lo que ha traído como consecuencia graves costos para nuestro pueblo. A su vez, la usurpación territorial no ha cesado, ya en dictadura y con la Concertación se dio continuidad a la usurpación violenta de buena parte de las tierras mapuches que aún quedaban en manos de nuestro pueblo.

En definitiva, lo que hoy se llama Araucanía ha pasado a ser controlado por los grandes grupos económicos que no sólo explotan indiscriminadamente nuestro territorio ancestral y sus recursos, sino que son los verdaderos dueños del poder de dominación sobre nuestro Pueblo Mapuche y del pueblo pobre chileno. Por lo tanto, decimos abiertamente que detrás del conflicto mapuche están los grupos Angelini, dueño de la Forestal Arauco, los Matte, dueños de CMPC y Mininco, el grupo Mitsubishi, Endesa Chile, el grupo Shell, los latifundistas asociados en la SNA y últimamente inversionistas mineros como el grupo Santa Bárbara y Farkas.

El Pueblo-Nación Mapuche

La realidad anterior, graficada someramente, es lo que dio lugar a que a mediados de los 90 nuestro pueblo retomara con fuerza el proceso de resistencia. Es en este contexto que surge la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM), organización mapuche territorial que inicialmente planteaba recomponer el histórico Butalmapu de esta zona. Es con la CAM que se da una expresión más avanzada en el movimiento mapuche en lucha. De hecho, la CAM plantea resueltamente la reconstrucción del Pueblo-Nación Mapuche y lo que sería el salto cualitativo más importante, se define desarrollar un gran proceso de liberación nacional mapuche, cuestión que obviamente pone en alerta al sistema y al capital criollo y transnacional. Es el desarrollo de una estrategia y la consecuente práctica política, consistente en ir motivando el control territorial mapuche en las zonas en conflicto, principalmente a través de las recuperaciones de tierras de carácter productivo y la defensa territorial. Es lo que da el salto cualitativo a la lucha mapuche, volviéndola aún más anticapitalista y antioligárquica, subsumida en un fuerte planteamiento anticolonial y por la autonomía definitiva.

Para mayor comprensión, es necesario decir que la estrategia CAM se materializa a través de dos grandes elementos. Por un lado está la resistencia mapuche, definición hecha de acuerdo a las características del sistema capitalista que opera en el territorio ancestral en base a los procesos de inversión destructivos asociados, concluyéndose que el no luchar y resistir al sistema por parte de las comunidades significaría el exterminio de muchas comunidades. La resistencia mapuche, entendida de forma integral, amplia, en donde participa mayoritariamente la masa mapuche y en donde los objetivos centrales son la defensa de la cultura y las formas de vida más dignas en las comunidades. Por otro lado se plantea la reconstrucción del Pueblo-Nación Mapuche, partiendo por un proyecto de rearticulación de comunidades y el desarrollo paulatino de un control territorial y político mapuche que permita reposicionar con más fuerza todos los aspectos que nos son propios como mapuche. De estos elementos fundamentales se crean las condiciones para la creación de las bases de una propuesta de liberación nacional, lo que justifica todas aquellas acciones que desarrollen las comunidades así como sus militantes más comprometidos, los weichafe. A su vez estos elementos permitirían ir desarrollando un pensamiento mayor doctrinario, ideológica y políticamente mapuche para la liberación.

La contrainsurgencia en La Araucanía

Es este planteamiento y su práctica concreta lo que alerta al poder de dominación, tanto a nivel regional como a nivel central, obligando al Estado chileno a desarrollar estrategias represivas en el marco de la contrainsurgencia clásica que ha operado en Chile para frenar las justas luchas de los oprimidos en general y de nuestro pueblo en particular.

Para lograr la estabilidad político-social necesaria y así asegurar el funcionamiento de la economía capitalista que se desarrolla en base al control territorial del Estado en el Wallmapuche, el poder de dominación se ha visto obligado a desarrollar una política de represión y persecución hacia las comunidades mapuches en conflicto y hacia los sectores más comprometidos y consecuentes en la lucha. El Estado chileno ha asumido claramente los elementos centrales de la contrainsurgencia para hacer frente a la lucha mapuche, teniendo como objetivo central en su política represiva a la CAM así como a las comunidades más combativas y autónomas del movimiento mapuche. Esta política represiva del Estado tiene dos grandes aristas, por un lado se observa a las fuerzas policiales que prestan protección directa a los intereses capitalistas en la zona, principalmente a las empresas forestales, lo que ha significado derechamente la militarización de las zonas en conflicto expresada en la instalación de sendos campamentos al interior de predios forestales y el resguardo de las faenas productivas y su traslado de madera, lo que incluye además puestos de punto fijo, rondas e incursiones a comunidades, así como un grueso trabajo de inteligencia e infiltración policial. Por otro lado están las líneas de represión directa, que incluyen allanamientos, asesinato de militantes mapuches, persecución y encarcelamiento a los dirigentes más consecuentes y comprometidos. Cuestión fundamental en esta estrategia represiva ha sido la manipulación mediática, que en el último tiempo ha sido con verdaderas campañas en contra de la causa mapuche que han sostenido los medios de comunicación al servicio de la derecha económica y política de este país, situación que se ha profundizado con el actual gobierno de derecha. Es en este contexto socio-político que se da lugar a la reemergencia del terrorismo de Estado en territorio mapuche, expresado concretamente en la militarización, los permanentes allanamientos, el cerco policial en las comunidades movilizadas y la presencia de grupos paramilitares de derecha, quienes como guardias blancas actúan impunemente resguardando los intereses de los latifundistas y de las empresas forestales.

Manipulación mediática

La manipulación de los medios de comunicación ha distorsionado intencionalmente los hechos, cuestión fundamental para los grupos de poder ya que el objetivo es rebajar la lucha mapuche a actos delictuales y terroristas para así poder perseguir y reprimir indiscriminadamente. En este contexto, el Estado ha apostado por llevar adelante una política de criminalización de la causa mapuche, lo que se ha traducido últimamente en una serie de detenciones a comuneros y dirigentes de la causa mapuche, sobre todo de aquellos que con más fuerza encarnan los planteamientos ideológicos y políticos de la resistencia y la liberación. Ahora bien, se entiende que detrás de estas políticas represivas está el gran empresariado nacional y transnacional, quienes son los verdaderos sustentadores de la violencia oficial contra los mapuches y los responsables últimos de utilizar al Estado y sus instituciones para reprimir y perseguir la justa lucha del Pueblo-Nación Mapuche.

La criminalización de las demandas mapuches se explica por sí sola en la aplicación de una legislación aberrante como son la Ley Antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado, así como la justicia militar, que deja impune a sus miembros. La aplicación intencional de estas aberraciones judiciales tiene como objetivo concreto buscar condenas arbitrariamente en el entendido de que todos los juicios son políticos, de persecución a nuestras ideas y planteamientos, dándose curso a espúreos procesos judiciales con indebidos procedimientos y la imposibilidad de juicios justos.

Terrorismo de Estado

La Ley Antiterrorista con la figura de los testigos sin rostro incluida, los doble procesamientos, el indebido proceso, los grotescos encubrimientos en el juicio producto de montajes político-policiales sostenidos por fiscales anti mapuche, tienen como objetivo llevar a la cárcel a los más comprometidos weichafe de nuestro pueblo. Así se entiende nuestra situación actual; sufrimos persecución política, fuimos apresados y llevados a juicio, el que carecía de todos los elementos que sustancian los aspectos jurídicos, fuimos condenados políticamente por un tribunal bajo presión de los intereses empresariales, la condena era ya un secreto a voces antes del juicio, incluso ya era vociferado por la prensa fascista (El Mercurio) un veredicto. Es decir, la resolución judicial pareció más ser parte de la definición del poder político central.

Las razones de esta condena (20 y 25 años de cárcel) hay que buscarlas en la realidad descrita, más aún comprendiendo que estamos en un contexto sociopolítico de derecha, un escenario que permite mayor tipo de injusticias no sólo para nuestro pueblo sino para todos aquellos que luchan por sus derechos.

La condena es esencialmente política y fue por nuestra pertenencia a la CAM, por ser dirigentes mapuches y por asumir con fuerza y compromiso la lucha de nuestro pueblo. Fue una condena a nuestra postura autonomista, a nuestras definiciones, las que son de millares de pu peñi ka pu lamnien de nuestro pueblo. Es exacto: no tuvimos un juicio justo, la condena fue sólo en base a los testimonios de un testigo secreto o sin rostro, no hubo pruebas ni científicas ni de ningún tipo, la Fiscalía no presentó coherencia de los hechos, no hubo relación lógica de los mismos y nada que pruebe una sola participación en los hechos.

La condena fue política por pertenecer y estar presentes en los procesos de recuperación territorial y política de las comunidades en la zona de Lleu Lleu. La condena es parte de una estrategia mayor de represión al movimiento mapuche que opera en Lleu Lleu, para así garantizar las inversiones forestales y mineras en esta zona.

La condena pretende buscar freno a la propuesta que encarnamos, que va desde la actitud mapuche más digna hasta luchar por la cultura y la identidad nacional mapuche, bases fundamentales para soñar y lograr nuestra tan anhelada libertad, la Liberación Nacional Mapuche.

Por Territorio y Autonomía para la Nación Mapuche.

Weuwain - Marrichiweu

Petu mongolein, Petu mapucheñelein

H. LLAITUL CARRILLANCA

Weichafe de la Nación Mapuche

PPM (Presos políticos mapuche)

18 días de huelga de hambre

Nota: A la fecha en que aparece esta edición de PF, Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical -condenados a 25 años de prisión el primero y a 20 años los demás- cumplen 30 días en huelga de hambre en la cárcel de Angol.




(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 731, 15 de abril, 2011)

punto@tutopia.com

jueves, 7 de abril de 2011

El Defensor del Pueblo alerta de un comunicado de Extranjería que puede provocar redadas masivas

La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España ha denunciado ante esta institución prácticas policiales abusivas en la identificación y detención de ciudadanos extranjeros

EL PAÍS - Madrid - 06/04/2011


Numerosas asociaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han vuelto a denunciar prácticas policiales desproporcionadas que vulneran derechos fundamentales de este colectivo, a pesar de que el Ministerio del Interior ya ha desmentido que hayan aumentado de los controles policiales.

La Circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha puesto en pie de guerra a la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España, el colectivo por la Paz y la Solidaridad y otras 140 asociaciones y sindicatos, que han dirigido sus protestas a la oficina del Defensor del Pueblo para que tome medidas, ya que consideran su aplicación sobrepasa la identificación de personas.

La institución que dirige Luisa Cava de Llano les ha dado la razón y ha argumentado que "la redacción confusa y la mezcla de varios conceptos dentro de la circular pueden favorecer la práctica de detenciones masivas de extranjeros", por lo que sugiere que se revise este comunicado fechado el 25 de enero del pasado año.

La circular, que entró en vigor el pasado 13 de diciembre, ha levantado ampollas entre los letrados de inmigración, ya que introduce varios puntos controvertidos. La Defensora del Pueblo ha centrado sus críticas en el siguiente fragmento: "Se recuerda que el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana, impone a los extranjeros que se hallen en España dos obligaciones: una, la de acreditar su identidad; otra, la de acreditar que se hallen legalmente. En este supuesto, esa misma norma posibilita, al objeto de sancionar una infracción, el traslado a la dependencia policial para practicar las diligencias de identificación por el tiempo imprescindible. El traslado a la dependencia policial puede efectuarse conduciendo al individuo, bien en calidad de detenido, bien a efectos de identificación. Si se traslada en calidad de detenido, esta es la detención preventiva, que, posteriormente, cuando el funcionario inicia el expediente de expulsión dispondrá que esa detención preventiva se convierta en cautelar de ese procedimiento de expulsión ya en curso (así lo posibilita el artículo 61.1.d de la Ley de Extranjería)".

Detención 'cautelar'

De Llano señala en su escrito que el texto provoca "cierta ambigüedad". En efecto, el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1992 obliga al extranjero a disponer de los documentos que acrediten su identidad y su situación legal, y el artículo 20 de la misma ley permite el traslado a comisaría para proceder a la identificación en aquellos casos en los que no resulta posible hacerlo de otro modo. Por tanto, el traslado a comisaría solo puede producirse en caso de que el individuo carezca de documentación que acredite su identidad y no cuando le falten los papeles quedemuestran la legalidad desu estancia en España. En este punto, la redacción del documento podría provocar una interpretación errónea de la que se desprenda que cabe la conducción a comisaría de un ciudadano extranjero aún cuando este estuviese identificado, lo cual no es conforme al Derecho.

El término empleado, detención preventiva, solo cabe ante supuestos de comisión de ilícitos penales recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que no incluye la eventual estancia irregular en España, que está tipificada como un ilícito administrativo. En este caso, ni siquiera podría realizarse una detención cautelar administrativa [artículo 61.1.d de la Ley de Extranjería], puesto que estas se practican en el marco de un procedimiento de expulsión ya en curso y, por tanto, no pueden llevarse a cabo antes de que se inicie dicho proceso. El uso incorrecto de este concepto ha sido entendido por la oficina del Defensor del Pueblo como un foco de malentendidos que "abre vía libre a detenciones preventivas sin fundamento".

Redadas sistemáticas

La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil ha respondido a la oficina del Defensor del Pueblo que siempre se ha mantenido "un compromiso de respeto a la legalidad" y ha dejado claro que las diligencias de identificación en la vía pública continuarán practicándose como hasta ahora.

Sin embargo, De Llano no ha dejado de recibir quejas sobre el establecimiento de controles de identificación rutinarios en lugares públicos con el fin exclusivo de localizar a inmigrantes que estén en situación irregular en el país. Además, los denunciantes advierten que las redadas tienen como objetivo a personas con rasgos étnicos similares, sin otros signos externos que distintigansu nacionalidad. Este tipo de actuaciones policiales que carece cobertura legal, como se recoge en los artículos 19.2 y 20.1 de la Ley Orgánica 1/1992.

La Policía y la Guardia Civil niegan tajantemente que los controles se produzcan de manera sistemática y que se encaminen hacia un colectivo concreto, sino que se planifican en función de las necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, previo análisis de inteligencia e información.