viernes, 10 de agosto de 2012

El “Problema” Mapuche




Entre 1503 y 1660, llegaron desde América al puerto de Sevilla 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, excediendo tres veces el total de las reservas europeas, sin incluir el contrabando. La riqueza arrebatada al Nuevo Mundo estimuló el desarrollo económico europeo y, hasta puede decirse, lo hicieron posible. Fueron estos los albores de la era de producción capitalista, tras el “descubrimiento”, conquista y colonización de América. Ha sido éste uno de los mayores genocidios de la historia, así como también la edad de hierro que sentó las bases de lo que vivimos actualmente. La violencia física, cultural y económica sufrida por los pueblos indígenas, así como la implantación de una extrema servidumbre, son hitos fundacionales de nuestras sociedades.

Se ha calculado en un millón de habitantes en lo que hoy es Chile a la llegada de los españoles a mediados del siglo XVI. Al terminar ese siglo, no quedaban más 400 mil, en su mayoría reducidos al sur del río Bío-Bío. En 1641, el rey de España, en el Pacto de Quilín reconoció la inviolabilidad del territorio y la autodeterminación mapuche al sur de este río, lo que fue ratificado por el Parlamento General de Negrete de 1803. Más tarde, la naciente República de Chile, en 1825, en el Tratado de Tapihue, estableció la legitimidad de esa frontera.

Sin embargo, este compromiso fue transgredido por el Estado de Chile mediante la “Pacificación de la Araucanía”, término eufemístico para denominar la ocupación del territorio al sur del río Bío-Bío para incorporarlo a la agricultura, erradicando a los mapuche a reducciones a través de “títulos de merced”, quedando así confinados a 500 mil hectáreas, esto es, un 5% de su territorio original. El otro 95% de las tierras fue entregado a colonos extranjeros y chilenos. Posteriormente, los mapuche continuaron siendo víctimas de despojos a través de amedrentamientos y farsas judiciales, acrecentándose su proceso de pauperización.

Tiempo después, durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, se creó el Instituto de Desarrollo Indígena y fueron restituidas 200.000 hectáreas a las comunidades mapuche. El proceso de Reforma Agraria fue interrumpido por la dictadura militar, que además persiguió y asesinó a quienes habían participado en dicho proceso, para restituir a antiguos hacendados el 65% de las tierras que habían sido recuperadas para quienes las trabajaban.
En 1978, Pinochet dictó el DL 2.568, que determinó la parcelación de las tierras comunitarias de los mapuche, estableciéndose que “las hijuelas resultantes de la división de las reservas, dejarán de considerarse tierras indígenas, e indígenas a sus dueños y adjudicatarios”. De esta manera se buscó aniquilar la cultura mapuche, a lo que se sumó la expansión forestal que reemplazó a los bosques nativos por miles de hectáreas de monocultivos de especies foráneas, como el pino y el eucalipto.

El Estado y los chilenos están en deuda con el pueblo mapuche. Por tanto, deben adecuarse la legislación y las políticas públicas al Derecho Internacional que establecen el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile el 15 de septiembre de 2008; y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General de la ONU. Ambos obligan a Chile a reconocer a los pueblos indígenas y la multiculturalidad en su Constitución Política.

En el caso específico del pueblo mapuche, entre sus derechos fundamentales y la causa de sus luchas está el de ser reconocidos como pueblo y no sólo como “etnia”; su derecho al territorio que le ha sido usurpado; a los recursos que tradicionalmente han poseído; y a determinar libremente su desarrollo económico, social y cultural.
Todos los datos anteriores pueden extraerse de un simple manual escolar. No obstante, el actual gobierno autoerigido como “gobierno de los mejores” e integrado por supuestas “lumbreras intelectuales”, los desconoce. Esto se infiere de la “Cumbre de seguridad” sobre lo que se ha denominado “problema mapuche”, convocada por el Presidente de la República el martes 24 de julio. En dicha instancia se determinó aumentar la dotación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en la zona de La Araucanía, así como el traslado de una mayor cantidad de vehículos e implementos represivos y la búsqueda fórmulas legales que reintegren la figura del “testigos sin rostro”.

Es ésta una más de las respuestas irracionales e inmorales a las legítimas demandas de devolución de tierras ancestrales usurpadas al pueblo mapuche, cuya cultura se sustenta en su especial relación con la tierra, a diferencia de la acción depredadora de las grandes empresas forestales, hidroeléctricas, mineras, salmoneras, pesqueras, que destruyen la naturaleza al extraerle el mayor provecho posible, sin importarles su irremediable destrucción.
El gobierno tiene el deber de solucionar los efectos de injusticia social y no incrementarla. Y las policías y FFAA deben defender a la población y dejar de ejercer como “guardias pretorianas” del sistema económico imperante que, al igual que durante el período de la Conquista, es un sistema impuesto por la fuerza y que ha provocado más de un “problema”.

Por Hervi Lara
Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile)

Los civiles cómplices de la dictadura


LOS ARCHIVOS SECRETOS DEL REGIMEN DE PINOCHET REVELAN LA COLABORACION DE EX FUNCIONARIOS

Según la documentación, las autoridades civiles chilenas coordinaron durante años acciones con la policía secreta, ordenaron seguir o pidieron información sobre opositores, periodistas, sacerdotes, académicos y diplomáticos.


Un soldado vigila prisioneros en el Estadio Nacional durante la dictadura de Pinochet en Chile.

El Ejecutivo chileno anunció ayer que entregará a la Justicia archivos secretos de la dictadura pinochetista, revelados el jueves, que muestran una estrecha colaboración de ex funcionarios civiles con el régimen militar para coordinar acciones contra opositores, documentos en el que aparecen involucrados legisladores oficialistas. Los archivos incluyen planes, memorandos, circulares y coordinaciones de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores y textos emitidos por varios organismos de Defensa en el período 1978-1989, entre otros papeles.

“Voy a hacer todas las indagaciones respecto de la eventual existencia de estos archivos, y si existen, obviamente que los voy a entregar”, aseguró ayer el ministro de Defensa, Andrés Allamand, sobre miles de documentos escaneados y contenidos en tres CD. Según la documentación, las autoridades civiles coordinaron durante años acciones con la policía secreta, ordenaron seguir o pidieron información sobre opositores, periodistas, sacerdotes, académicos y diplomáticos, acciones que se realizaron dentro y fuera de Chile, incluyendo tres atentados explosivos en Italia, la Argentina y Estados Unidos.
Algunos de esos documentos revelan que el actual jefe del bloque del oficialista Renovación Nacional, Alberto Cardemil, envió a las autoridades castrenses “antecedentes completos” de los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, órgano de la Iglesia Católica que asistía a víctimas de la represión. Como viceministro del Interior hasta su salida del poder, el 11 de marzo de 1990, Cardemil también estuvo a cargo de informar qué chilenos podían volver al país y cuáles debían permanecer en el exilio.

Las acciones coordinadas entre los ministerios y el aparato represivo, encabezado por la policía secreta pinochetista, tuvieron también un blanco sistemático sobre los periodistas, según se desprende de los documentos.
En un único memorando secreto del 2 de noviembre de 1976 aparecen para ser seguidos y vigilados los nombres de 761 corresponsales de medios de Japón, Alemania, Estados Unidos, Holanda, Argentina, Brasil e Israel. Allí están enlistados periodistas de las agencias de noticias France Press, ANSA, Reuters, AP y EFE; de las teleemisoras británica BBC y las alemanas Westdeutscher Rundfunk y TVZDF; de los semanarios Stern y The Economist y de los diarios Le Monde, The New York Times y Frankfurter Allgemeine Zeitung, entre otros. Las embajadas chilenas remitían copias periódicas de artículos, columnas o reportajes sobre Chile y, en especial, sobre las violaciones a los derechos humanos, y de las transcripciones palabra por palabra de programas de radio o televisión.

Uno de los ejemplos del control sobre la prensa extranjera es el oficio secreto que remitió en 1975 el entonces secretario general de Gobierno, general Hernán Mejares, al canciller, vicealmirante Patricio Carvajal, sobre la conveniencia o no de autorizar el ingreso de periodistas de las cadenas estadounidenses CBS y NBC. En 1986, marcado por los paros en el país, además de un frustrado atentado contra Pinochet por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la Cancillería pide elevar la cooperación y propone crear un grupo de trabajo con la policía secreta y los ministerios del Interior, Agricultura, Gobierno, Presidencia, Salud y Hacienda. El objetivo era contrarrestar las informaciones y denuncias que circulaban en Naciones Unidas, en medio de un clima adverso en la prensa, e investigar a todo el que hablara contra el régimen en los medios extranjeros, como ocurrió con el escritor Ariel Dorfman, exiliado en Francia y también en Estados Unidos.

El contenido de los archivos revelados no sorprendió a algunas personalidades del área de Defensa de Derechos Humanos, como el abogado Roberto Garretón, ex jefe del área jurídica de la Vicaría de la Solidaridad, quien resaltó que todos los integrantes del organismo sabían que eran espiados y que la información pasaba por el hoy diputado Cardemil. “Cardemil es la evidencia de lo que hemos señalado acerca de cómo a través de componendas políticas se dejó en la impunidad a los civiles que fueron parte del aparato de la dictadura”, señaló la presidenta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desa-parecidos, Lorena Pizarro. “La participación de civiles como el diputado de Gobierno, Alberto Cardemil, pero también el senador Jovino Novoa y otra serie de sujetos que ejercieron distintos cargos en democracia” también quedó en evidencia, añadió. “Es necesario una acción judicial que los imposibilite del ejercicio de cargos públicos”, exigió Pizarro.

El diputado de Izquierda Ciudadana Sergio Aguiló, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que muchos de estos antecedentes se conocían y calificó de insólito que personas involucradas en los documentos sean hoy legisladores. El diputado del opositor Partido Socialista, Carlos Montes, sobreviviente de las cárceles secretas, señaló que la información no le sorprende por cuanto la dictadura quería controlar todo el país. “Lo más novedoso es que se involucre a Cardemil. Yo espero que él clarifique la situación, aunque dijo que no se acuerda y que no es cierto”, afirmó el diputado. Aguiló señaló que “no hay que olvidarse de lo que fue la dictadura de Pinochet. Hasta ahora no he visto a ninguno de los civiles retractarse de lo ocurrido. No sólo hay amnesia, sino hipocresía”, enfatizó, y apuntó que esperaba como mínimo que dijeran que “se arrepienten de lo que hicieron”.

Archivos confirman complicidad de DINA con terroristas CIA de Miami

Publicado • en Contrainjerencia

La justicia estadounidense solicitó a la DINA, la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, que investigara a tres agentes anticastristas, uno de ellos autor material del asesinato en Washington del excanciller chileno Orlando Letelier, en 1976.

Así lo confirman varios archivos públicos de la Cancillería chilena a los que ha tenido acceso Efe y en los que se recoge la correspondencia entre la fiscalía norteamericana, el FBI y altos cargos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) durante el año 1977.
En concreto, Estados Unidos solicitó información sobre Guillermo Novo Sampoll, Orlando Bosch y Alvin Ross-Díaz.

En respuesta, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta del régimen, remitió a ese país otro documento con datos sobre los dos primeros y sobre otros dos disidentes cubanos, José Dionisio Suárez y Rolando Otero.
Se da la circunstancia de que Novo Sampoll había sido contratado por la DINA, junto a los también disidentes cubanos José Dionisio Suárez y Virgilio Paz, para atentar contra el excanciller Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffit, asesinados ambos el 21 de septiembre de 1976 en la capital estadounidense.

De hecho, los tres anticastristas fueron sentenciados a penas de doce años de prisión por la justicia estadounidense, al ser considerados autores materiales de la muerte de Letelier y su asistenta.

La solicitud de Estados Unidos se enmarca en la investigación judicial sobre el caso Letelier y consta en una carta fechada el 14 de abril de 1977.
En ella, a petición de ese país, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Patricio Carvajal, pide al jefe de la DINA, Manuel Contreras, que indague la fecha de entrada y de salida de Chile de Novo Sampoll, Orlando Bosch y Alvin Ross-Díaz.
“Adjunto remito a US. el telex 339 en que el embajador Cauas transmite la solicitud del fiscal federal Eugene Propper quien solicita cualquier documento que se pueda obtener respecto a la entrada o salida de Chile de Guillermo Novo, Orlando Bosch y Alvin Ross Díaz”, indica Carvajal en la misiva.

Asimismo, el canciller pidió al jefe de la DINA -hoy en prisión- que proporcionara esa información lo antes posible, ya que, según la carta, el régimen se había comprometido a ofrecer “la máxima cooperación” al fiscal que investigó la muerte de Letelier.
Por su parte, la DINA envió a la Cancillería los informes sobre cuatro  cubanos el 5 de agosto del mismo año.
En ellos se adjunta información sobre la estancia en Chile entre 1974 y 1975 de Orlando Bosch y Novo Sampoll, pero no de Alvin Ross-Díaz.
Además, se aportan datos sobre otros dos cubanos, José Dionisio Suárez, quien participó en el atentado contra Letelier, y Rolando Otero Hernández, miembro del Movimiento Nacionalista Cubano.

El documento indica que Orlando Bosch entró a Chile el 3 de diciembre de 1974 con el nombre de Pedro Antonio Peña, con nacionalidad dominicana, y abandonó el país en agosto de 1975, pero regresó en diciembre de ese año, en esa ocasión con pasaporte chileno y un nombre falso.
Bosch, que falleció en 2011 en Miami, fue uno de los condenados en Venezuela por atentar en 1976 contra un avión cubano en el que fallecieron 73 personas.
Según el informe, Novo Sampoll ingresó a Chile el 3 de diciembre de 1974 junto a Orlando Bosch y lo hizo con su nombre verdadero, pero con nacionalidad estadounidense.

Un día después entró al país José Dionisio Suárez, con pasaporte venezolano, que abandonó Chile junto a Novo Sampoll dos semanas después, el 19 de diciembre.
Tanto de Novo Sampoll como de José Dionisio Suárez, la DINA aseguró que no existían “antecedentes negativos” sobre su estancia en Chile.
La DINA también proporcionó información sobre un cuarto ciudadano cubano, Rolando Otero Hernández, quien participó en atentados terroristas en Estados Unidos.
De él se dice que pertenece “al grupo cubano de los “Halcones Dorados” que actúan en contra de Israel y a favor de los palestinos, al igual que varias organizaciones castristas, por lo que su línea política es dudosa”.

En un tercer documento, el entonces director del FBI, Clarence M. Kelley, agradece al jefe de la DINA “sus esfuerzos por facilitar el arresto de Rolando Otero Hernández”, a quien califica como “fugitivo de la justicia americana”.

Eric Toussaint: «Grecia podría abrir el camino a Europa para dejar atrás la larga noche neoliberal



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«Todas las deudas acumuladas debidas al Memorándum son ilegítimas»



«Apoyaremos todos vuestros esfuerzos»

En 2007, en Quito, un grupo de expertos se quedaron sin habla al entrar en sus habitaciones del hotel: cajas enteras de documentos del ministerio de Economía, correspondientes al periodo anterior a la presidencia de Rafael Correa habían simplemente desaparecido. Estos expertos eran miembros de la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda de Ecuador (CAIC) creado por el presidente Correa. El Comité estaba formado por doce expertos de Ecuador y seis provenientes del extranjero. El politólogo e historiador belga Eric Toussaint era uno de ellos. Hoy, en la entrevista ofrecida a la revista Crash, nos describe cómo el mito de David contra Goliat se materializó una vez más en Ecuador, a pesar de las esperadas dificultades. Después de 14 meses de trabajo intensivo, la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda de Ecuador produjo sus primeros resultados, declarando que una gran parte de la deuda era ilegítima. Sobre esta base, el gobierno ecuatoriano suspendió el pago de los títulos de la deuda que vencían en 2012 y en 2030. Además consiguió que los acreedores revendieran esos títulos a un 35 % de su valor original. A Washington le dio un ataque…

Una década antes, Ecuador era descrito como «república bananera». Ahora, según el diario británico The Guardian, podría ser el «lugar más radical y más entusiasta donde vivir». Hay más ventajas sociales, los pobres reciben subsidios y la sanidad es totalmente gratuita. Los gastos públicos también aumentaron. El porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza disminuyó del 37,6 % en 2006 al 28,6 % en 2011.

Eric Toussaint es profesor en la Universidad de Lieja (Bélgica), fundador y presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM, www.cadtm.org) y autor de numerosos libros. Trabajó en forma voluntaria para la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda de Ecuador. Tiene los conocimientos y experiencia para asegurar que existe una alternativa, siempre que haya voluntad política.

Eric Toussaint es categórico cuando afirma a Crash que la deuda causada por el Memorándum no es sólo ilegítima sino también odiosa. También expresó públicamente, a través de nuestra revista, su sostén personal y el de su organización con respecto a cualquier esfuerzo que haga Grecia para conseguir una comisión de auditoría de la deuda. «Es más fácil para vosotros analizar vuestra deuda que lo que fue el análisis de la deuda ecuatoriana» nos dijo, «Por lo tanto, ¡hacedlo!»

¿El nuevo gobierno griego, salido de las elecciones del 17 de junio, escuchará el llamamiento del profesor? Un gobierno anterior hizo oídos sordos a otra advertencia. «¡Habíamos prevenido a Georges Papandreu a su debido tiempo! Antes de que Grecia se sometiera al FMI, el ex primer ministro había pedido consejo a Rafael Correa —debido a su propia experiencia— sobre la forma de tratar el problema de la deuda», contó el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, en un discurso en Quito en febrero de 2012 (citado por Leonidas Vatikiotis). «El primer ministro griego hablaba mucho», continuó Patiño, «y Correa le dijo “Prestad atención, hay algo que no debéis hacer y algo que absolutamente debéis hacer con el fin de no pagar la deuda: no debéis acudir al FMI. Y debéis crear un comité de auditoría de la deuda.” Luego, Papandreu hizo exactamente lo contrario.»

Mi conversación con Eric Toussaint comenzó por la cuestión de las elecciones griegas. Hice la observación de que la propuesta de la constitución de una comisión de auditoría de la deuda griega había aparecido de nuevo durante el periodo electoral. Dado el hecho sintomático de que la propuesta había sido rechazada por los dos partidos que presidieron Grecia durante décadas, le pregunté:

¿Por qué piensa usted que ellos no quieren analizar la deuda y por qué sabotean todos los esfuerzos para su anulación?
Está claro que ni el PASOK ni Nueva Democracia están interesados en apoyar una auditoría, ya que su responsabilidad en la deuda de este país saldría a la luz. Son enormemente responsables de la deuda que se generó durante los años 1990 y 2000, así como de la nueva deuda producida por el memorádum. Para mí, ésta es una deuda ilegítima.

Es conveniente mencionar que la deuda odiosa es una deuda que:
a) ha sido contraída sin el consentimiento de la nación,
b) que el dinero así habido no sirvió a los intereses de la nación
c) que el prestamista conocía los hechos enunciados anteriormente.
El concepto de deuda odiosa se le atribuye al profesor de derecho, Alexander Sack1.

¿Cómo explica usted que la deuda es ilegítima?
Quizás deberíamos comenzar por la nueva deuda, desde mayo de 2010 hasta ahora. Las reglas fijadas por la Troica son una violación de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos griegos, ilustrada por una reducción de salarios, de pensiones, por la violación de los derechos fundamentales del pueblo griego. Por ejemplo, el primer Memorándum no fue examinado en su totalidad por el parlamento griego, ni realmente debatido: el procedimiento no fue democrático. La Troica dijo «Deben aceptar. Si no aceptan las reglas no recibirán la ayuda.» Lo que demuestra el menosprecio total del principio democrático de un país soberano. Por consiguiente, para mí, esta nueva deuda que en 2013 representará la mayor parte de la deuda pública exterior griega es ilegítima y debe ser anulada.

Debemos analizar también la deuda desde 1990 hasta 2010, deuda ligada a la preparación de los Juegos Olímpicos, y también la deuda originada por el acceso de Grecia a la zona euro. Una gran parte del dinero provenía de bancos alemanes, franceses y otros bancos privados de los principales países de la UE. Es evidente que gran parte de este dinero entró a Grecia bajo la forma de deuda privada o pública. Los bancos privados de Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo concedieron esos préstamos, puesto que así obtenían un gran beneficio. Además sabían que si ocurría algún problema, estarían cubiertos por el Banco Central Europeo. Por lo tanto, podemos discutir e interrogarnos sobre la legitimidad de este tipo de préstamo.

En efecto, los bancos fueron reflotados por el BCE al 1 % de interés…
El BCE concedió préstamos (en diciembre de 2011 y febrero de 2012) por un monto de 1 billón de euros ( 1 000 000 000 000 €) con un interés del 1 % a tres años para ayudar a los bancos europeos. Los grandes bancos de Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y también los bancos griegos, españoles e italianos aprovecharon ese dinero.

Y ahora los países toman préstamos a esos mismos bancos con tipos de interés más elevados…
Reciben el dinero al 1 % y luego, con ese mismo dinero, conceden préstamos a los países periféricos con tipos de interés del 5, 6 o 7, hasta 9 %. En derecho comercial, cuando se financian esos préstamos por intermedio de créditos acordados al 1 %, se está contraviniendo el derecho comercial. Esos prestamistas se enriquecen en forma abusiva.

Por consiguiente, ¿la deuda es sólo una herramienta utilizada por la elite financiera y política para tratar con arrogancia a la población, controlarla e imponerle ciertas políticas?
Es evidente que la Troica utiliza la deuda griega como un instrumento, como una herramienta, para imponer una política que viola los derechos elementales del pueblo griego. Se instrumentaliza a Grecia para chantajear a otros países como Portugal, Irlanda, Italia o España e imponerles el mismo tipo de política. Grecia no es una excepción. Grecia es un laboratorio donde se aplica la nueva terapia de choque.

Lo que lleva a la siguiente pregunta: En uno de sus recientes artículos, usted escribió: «Europa está sufriendo una terapia de choque como la que sufrió América Latina en los años ochenta y noventa del siglo pasado. ¿Piensa usted que también Europa ha entrado en una «larga noche neoliberal»?
Por supuesto. El paralelismo salta a la vista. En los años ochenta y noventa, el FMI, así como el Banco Mundial y el Club de París, impusieron una terapia a los pueblos de América Latina, así como a otros pueblos del Tercer Mundo, en Asia —por ejemplo en Indonesia, Filipinas y Corea del Sur— después de la crisis asiática de 1997. Por lo tanto, no fue sólo América Latina, si no todas las regiones del Tercer Mundo. Podríamos hacer una comparación con la terapia de choque aplicada a Rusia, Polonia, Hungría y Alemania del Este durante su periodo de reunificación en los años noventa. Entonces, ¿cuáles son esas políticas? La privatización, como es el caso de Grecia en este momento, el aumento del IVA, los impuestos indirectos sobre la mayoría de la población, los despidos en la función pública, una reducción de salarios, etc.

La clásica receta del FMI…
Exactamente. Lo que están haciendo en Grecia ya lo implantaron hace 20 o 30 años en los países latinoamericanos, asiáticos, africanos y del ex bloque soviético.

Y los resultados son evidentes…
Eso fracasó porque no creó ni crecimiento ni empleo. Pero la verdadera motivación no es el crecimiento de la economía, la motivación real para el FMI y los otros elementos de la Troica —el BCE y la Comisión Europea—es no proveer crecimiento. Saben perfectamente que Grecia, con este tipo de política, no recuperará jamás su economía. Y lo saben muy bien. No son estúpidos. Son inteligentes. Y por ello se sirven de la crisis de forma estratégica para reducir salarios y el nivel de vida de la población, porque quieren un país y un mundo donde sólo aumente el beneficio de las grandes empresas. Esa es la verdadera motivación. Quieren ayudar y reforzar las grandes sociedades financieras como Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan y todos los grandes bancos privados de Europa y Estados Unidos.

Alguien como Joseph Stiglitz, que no es un economista de izquierda pero laureado con el premio Nóbel en 2001, escribía en su libro «El Malestar en la Globalización» que si se analiza superficialmente las políticas del FMI, éstas podrían parecer absurdas y destinadas al fracaso, pero si consideráis que el FMI sostiene y defiende los intereses del capital financiero, os daréis cuenta de que sus políticas son realmente coherentes e inteligentes.

Y tratan de persuadir a Grecia de que es la única forma de actuar, pero, como usted lo sabe muy bien, tenemos ejemplos de países que anularon parte de su deuda ilegítima. Un ejemplo es por cierto Ecuador donde usted participó en la Comisión de Auditoría de la Deuda. ¿Podría relatarnos brevemente qué evolución tuvo ese proceso, y cómo se obtuvieron esos resultados?
En primer lugar debemos decir que fue un éxito total y sin represalias. Y esto es lo que hizo el pueblo ecuatoriano: eligió un nuevo presidente en noviembre de 2006, quien, por decreto presidencial, creó una Comisión de Auditoría de la Deuda en julio de 2007 para analizar la deuda en el periodo 1976 - 2006. El presidente eligió 18 expertos, 12 de Ecuador y 6 provenientes del extranjero. Fui una de esas seis personas. También pidió a 4 órganos del Estado formar parte de esa Comisión: la Comisión Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas (la Contraloría), el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Finanzas.

Por lo tanto, el gobierno apoyó totalmente ese proceso.
Trabajamos durante 14 meses, y al final de ese periodo, en septiembre de 2008, presentamos nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones al gobierno durante una reunión con el presidente y sus ministros. Después de dos meses de deliberación, el gobierno decidió suspender el pago de la deuda bajo la forma de títulos (los que vencían en 2012 y 2030).

Es asombroso, sólo fueron necesarios 16 meses, 14 para el trabajo de auditoría y dos más para que el gobierno actuara…
Fueron necesarios 14 meses para analizar y dos meses para discutir en el seno del gobierno sobre lo que se debía hacer. Mantuvimos varias reuniones con el gobierno en el transcurso de esos 14 meses y después, pero fue el gobierno el que tomó la decisión final de suspender el pago de los títulos. Después de ocho meses de no pago, consiguieron forzar a los tenedores de esos títulos a aceptar una reducción del 65 % de su valor. El Estado, Ecuador, compró obligaciones a precio reducido. Por una obligación con un valor de 1.000 dólares, el Estado ecuatoriano pagó 350 dólares.

Pero supongo que ustedes [los miembros de la Comisión] habrán tenido que enfrentarse a dificultades. Quiero decir, ustedes se alzaron contra los acreedores internacionales, los bancos, el sistema. En un artículo se informó que cajas con documentos del Ministerio de Economía habían desaparecido de sus habitaciones.
Evidentemente, cuando estábamos trabajando, las personas, que habían estado en el poder antes de la elección del nuevo presidente y que habían sido sobornadas o que habían firmado contratos ilegales que contribuían al endeudamiento del país, no quisieron darnos toda la documentación que necesitábamos para nuestro trabajo. Bajo algunos aspectos fue difícil, pero finalmente tuvimos toda la documentación necesaria.

En el caso de Grecia pienso que, en cierto sentido, será más fácil porque hay más información disponible. Por ejemplo no existe ningún secreto sobre las condiciones impuestas por la Troica. Podemos analizar directamente lo que la Troica hizo con Grecia en estos dos últimos años. Por consiguiente, no necesitamos realmente acceder a secretos de Estado.

La deuda de Ecuador pasó de 1.200 millones de dólares en 1970 a 142.500 millones de dólares en 2006. Era más pequeña que la deuda griega. Por lo tanto pregunté a Eric Toussaint:

Dado que Grecia está en la zona euro y que su deuda es superior a la de Ecuador, ¿piensa usted que sería más difícil para Grecia borrar la parte ilegal de su deuda?
Creo que es más fácil de analizar la deuda griega que aquella de Ecuador, porque esta última era más complicada y concernía a muchísimos más contratos que en el caso griego. En el caso ecuatoriano tuvimos que analizar uno por uno los contratos del país con el Banco Mundial, el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, con los países miembros del Club de París, y también la deuda (títulos) con los mercados.

En el caso de Grecia, la mayor parte de la deuda estará pronto bajo forma de títulos comprados por la Troica o préstamos concedidos por la misma. Por lo tanto, pienso que es más fácil. La deuda ecuatoriana podía ser relativamente menor, pero había más de 100 contratos. En consecuencia, el análisis fue difícil.

Recuerdo la declaración del gobierno de Correa a través del ministro de Finanzas Ricardo Patiño —y el gobierno respetó esa declaración—: «Nosotros no aceptaremos lo que otros gobiernos han aceptado. Esto es válido para nuestra política económica dictada por el FMI. Consideramos que es inaceptable». ¿Los griegos osarán hacer lo mismo? pregunté a Eric Toussaint:

El pueblo teme que si se anula la deuda ilegítima, podría haber represalias en los mercados y que se llegaría a no poder comer. En el caso de Ecuador, no hubo represalias. ¿Hay posibilidades de que haya represalias en el caso griego?
Debemos ser claros. Dije que no hubo represalias pero debemos recordar que, desde aquel momento, Ecuador no acude más a los mercados para financiar sus políticas. No hubo represalias pero es evidente que si alguien suspende el pago de la deuda a los bancos privados, habrá que esperar algunos años antes de que los bancos acepten financiarlo de nuevo.

Grecia, en las condiciones actuales, debería encontrar métodos alternativos de financiación de sus políticas y de su desarrollo. Debería combinar una suspensión de pago de la deuda con una auditoría de la misma y una reforma de su política fiscal. El país debería elaborar una política fiscal que respetara la regla de la igualdad. Debo mencionar, por ejemplo, que en Grecia, la Iglesia, así como el sector del transporte marítimo, están ampliamente exentos del pago de impuestos. Todas las instituciones y sectores del país deberían contribuir a la fiscalidad.

Se tiene que establecer un presupuesto fundamentado no sólo en el dinero proveniente del extranjero sino también del interior del país. Y, por supuesto, no quiero decir que se imponga más IVA a los pobres. Digo simplemente que los sectores que no contribuyen al presupuesto deberían hacerlo.

Durante ese tiempo, ¿el pueblo griego estaría en condiciones de sobrevivir?
La respuesta me deja sin habla:
¡Si dejáis de pagar, tendréis dinero! Si no utilizáis el dinero para pagar a los bancos, podríais utilizarlo para pagar salarios, aumentar las pensiones, pagar a los funcionarios, crear empleos, estimular la economía. Es exactamente lo que hizo Argentina cuando dejó de pagar su deuda en 2001. Desde entonces, no volvieron a pedir financiación a los bancos extranjeros privados ni a los mercados. Y Argentina va muy bien. Lo que hicieron Ecuador y Argentina fue poner impuestos mucho mayores a las grandes empresas. E insisto: esto no significa que Grecia debería pedir a la mayoría de la gente, a los pobres, a que paguen más impuestos. Son las grandes sociedades privadas las que deberían contribuir.

Es revelador que, a pesar de que Ecuador es un país exportador de petróleo, había recibido siempre pequeños ingresos de sus exportaciones, ya que las compañías petroleras multinacionales se reservaban la mayor parte de los beneficios. Eso cambió, cuando en julio de 2010 por medio de una ley adoptado por el gobierno de Correa, la parte del Estado en las exportaciones de petróleo aumentó del 13 % al 87 % sobre los ingresos petroleros brutos. Siete de dieciséis compañías petroleras huyeron del país y fueron reemplazadas por empresas del Estado. Las otras se quedaron. El aumento en la recaudación petrolera del Estado fue de 870 millones de dólares en 2010.

Además, los impuestos inmediatos, principalmente los que afectan a las empresas aumentaron del 35 % en 2006 a más del 40 % en 2011. También existe una confrontación con las elites nacionales. Y eso me lleva a la siguiente pregunta:

Pensamos que se deben investigar las cuentas bancarias de las personas que se ocupaban de la deuda. Ustedes también lo han hecho en Ecuador.
Si queremos poner en evidencia casos de corrupción, está claro que la justicia debe emprender acciones legales y que el ministerio de Finanzas debe preguntar a algunas personas sobre cuestiones concretas: sobre su riqueza, cómo se enriquecieron, por qué medios recibieron ese dinero y sobre la fortuna que acumularon. Una comisión de auditoría necesitaría la ayuda de los encargados del control de impuestos así como del ministerio de Justicia.

Usted habló de sobornos. Por lo tanto, está seguro de que los hubo.
En ciertos casos. Sí. En Grecia, puede ser que no sea el mayor problema, pero está claro que había contratos financiados por préstamos, contratos para comprar material de Siemens, etc. Ya ha demostrado el ministerio de Justicia de Grecia que, en el caso Siemens, hubo una cantidad enorme de sobornos pagados a políticos con la intención de conseguir que se aprobara el contrato para Siemens. No es ningún secreto, al contrario, es bien conocido.

También en Ecuador habéis descubierto sobornos pagados por empresas multinacionales y bancos. ¿Podría darnos algunos ejemplos, como el caso Siemens?

Las personas en el seno del gobierno durante los años 1990 y 2000 recibieron dinero para firmar contratos con los bancos y para aceptar condiciones favorables para los banqueros.

¿Usted quiere decir que los sobornos fueron pagados para que los funcionarios aceptaran condiciones favorables para las empresas y no para los ciudadanos del país?
Exactamente.

¿Se acuerda de algún caso?
Citigroup, y también JP Morgan estaba involucrado. Además existía la participación de abogados de Nueva York, especialistas en el consejo a bancos y gobiernos, y que también recibieron su parte como intermediarios en ese ciclo de corrupción.

Es evidente que Correa provocó—al menos en alguna medida— la «Revolución ciudadana» que había declarado desde su llegada al poder. El presidente de Ecuador es «un gol en contra» para Occidente: a pesar de haber sido educado en las universidades europeas y estadounidenses —algunas de ellas fortalezas de la escuela de Chicago—, cuando llegó al poder practicó exactamente lo opuesto de lo que le habían enseñado. Actualmente, sin embargo, tiene la crítica, incluso de la izquierda, con la acusación de que no fue hasta el final.

Y le pregunté a Eric Toussaint: ¿Habéis tenido algún contacto reciente con el presidente Correa con respecto a la abolición de la deuda ilegítima?
En el caso de Ecuador, el éxito fue del 100 %. Encontré al presidente Correa en enero de 2011, dos años después de que finalizaran los trabajos de la Comisión de Auditoría. Me dijo que había sido un éxito total ya que no había habido represalias contra Ecuador. Pensaba en lo sucesivo suspender otras partes del pago de la deuda externa. Veremos qué hará.

Hay críticas que dicen que Ecuador no ha recorrido todo el camino posible…
Podrían haber hecho más y lo saben. Ahora están pensando en otras partes de la deuda que podrían cuestionar.

De todas maneras, durante este tiempo, Ecuador está aceptando préstamos de China con un tipo de interés elevado.
Hay algunos acuerdos entre Ecuador y China para la exploración y explotación del petróleo. El gobierno ecuatoriano toma prestado dinero de sociedades chinas.

Eric Toussaint nos dice que no es un representante de la presidencia de Ecuador y que simplemente apoya el cambio político positivo y critica los aspectos negativos.

China ha sido el prestamista número uno de Ecuador después de la cesación de pagos de 2008. El Estado aprobó un préstamo de 2.000 millones de dólares en 2011 del banco chino China Development Bank. Las condiciones del préstamo, sin embargo, no parece que hayan producido una reducción en los gastos sociales: Ecuador es el país de América del Sur que tiene el mayor porcentaje de gastos sociales en relación a su PIB de toda América Latina y Caribe.

¿Cuáles serían las condiciones para que Grecia pudiera seguir el ejemplo ecuatoriano?
Hay dos escenarios. Si un gobierno conservador continúa con la política de la Troica después de las elecciones, es imposible pensar que ese tipo de gobierno pueda dar su apoyo a una auditoría honesta. Ese sería el primer escenario. El otro sería la elección de un gobierno progresista de izquierda. Si se tratara de un gobierno progresista, democrático y soberano, debería anular el acuerdo con la Troica y emprender una auditoría de la deuda. Por lo tanto, sí, ese escenario sería muy positivo. Un gobierno de esas características sabría revelar qué es lo que realmente pasó con la deuda griega.

En el primer escenario, si tenéis todavía un gobierno que respeta los acuerdos con la Troica, lo que debéis hacer es emprender una auditoría ciudadana, totalmente independiente del gobierno.

Me gustaría expresar públicamente que, en los dos casos, si el pueblo quiere lanzar una verdadera auditoría ciudadana de la deuda, apoyaremos esa opción. En el segundo escenario, si un gobierno progresista suspendiese el acuerdo impuesto por la Troica y quisiera auditar la deuda, apoyaríamos esa iniciativa con entusiasmo.

Supongamos que Grecia anula la parte de su deuda que es ilegítima. ¿Esto llevaría al desencadenamiento de una «revolución» europea contra la deuda?
Si Grecia hiciera eso, habría mucha gente en Portugal y en España, y esperemos que también en Irlanda y en Italia, que apoyaría esa decisión. Y también se encontraría respaldo en países como Francia, Alemania, Bélgica y Reino Unido. Estamos activos en esos países y tenemos una campaña de solidaridad con Grecia. Nuestra campaña recibe un sostén importante. No es realista declarar que la gente de esos países ya ha entendido lo que realmente está pasando. Pero hay una parte importante de la opinión pública que comprende que las condiciones impuestas a la población griega son totalmente inaceptables, mientras que numerosas personas en otros países europeos esperan ver al pueblo griego emerger como un ejemplo de un país que recobra su soberanía y por lo tanto es una fuente de inspiración para una fuerza alternativa en Europa.

Repasando otra Europa, democrática, concluimos nuestra conversación con Eric Toussaint. Sus últimas palabras persistieron largamente en mi espíritu: Grecia podría abrir el camino para dejar atrás la «larga noche neoliberal» europea.

«Le haré un ofrecimiento que no podrá rechazar» era la memorable frase de Marlon Brando en la bien conocida película El Padrino. De la misma manera, Grecia parece estar sometida a un chantaje al respetar el memorándum de la Troica. Pero la clave para comprender la posición de la elite internacional contra el país se encuentra en las palabras que dice el juez respecto a la mafia en la misma película: «la manzana podrida puede arruinar toda la cesta»…
…Según la imagen de la «manzana podrida» (que Noam Chomsky a menudo ha utilizado), la razón por la que Estados Unidos castigó a Cuba no es porque Fidel Castro constituía una verdadera amenaza para el país. Su verdadero miedo era que la «manzana podrida» —el líder cubano— pudiera inspirar a otros gobernantes y crear un efecto dominó que pudriese a la cesta entera. En efecto, como la «marea roja» que ganó en América Latina y llevó a algunos dirigentes a romper con el «consenso de Washington». Y Washington sufrió su peor pesadilla.

En el caso de Grecia, si el «conejillo de Indias ocupa el laboratorio» —como dice Costas Douzinas—, si Grecia logra vaciar de contenido la política de la Troica y demuestra que las democracias no son callejones sin salida ni conducen a soluciones únicas, Europa puede marchar hacia la democracia. En ese caso, por supuesto, las «manzanas» no estarán podridas, sino simplemente maduras…


Despina Papageorgiou (CRASH)

Publicado, 

miércoles 25 de julio de 2012 

Traducción: Griselda Pinero
Publicación mensual «Crash» de junio de 2012.
Publicado por ARGENPRESS 

El oro y la muerte en América Latina



Triste es el destino de los países que son sometidos a nuevas formas del colonialismo. Más triste es que lo hagan de rodillas y que sus gobiernos nos digan que eso es el progreso.

Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México


Desde los primeros años de la conquista y la colonización del subcontinente latinoamericano, la avaricia por el oro y la plata  con la que venían  los conquistadores, significó la muerte  para los pueblos originarios de la región. Esa voracidad llevada a la locura fue magistralmente retratada por el cineasta alemán Werner Herzog con su “Aguirre, la ira de Dios” (1972),  film en el cual el actor alemán Klaus Kinski nos habría de dejar una de sus magistrales interpretaciones. La  rapacidad del conquistador español habría de moldear un modelo de colonización sustentado en la expoliación inmisericorde  de  los pueblos indígenas y la existencia de una metrópoli colonial a la que el oro no la hizo  avanzar sino más bien la sumió en el atraso: el oro y las riqueza provenientes de la América colonizada no habrían de servir para industrializar a España y Portugal sino para pagar los artículos manufacturados que les vendían los países europeos ubicados al norte de sus fronteras. En las regiones de la América colonizada en  las cuales  se tuvo la desgracia de que los conquistadores y colonizadores encontraran oro y plata (lo que hoy es México, Bolivia y Perú por ejemplo) la población indígena fue sometida a una opresión y explotación tal que se observó  un descenso demográfico notable.

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Lo que resulta terrible es que 200 años después de que  la inmensa mayoría de los países latinoamericanos obtuvieron su independencia, la avaricia minera sigue significando la muerte para sus pueblos. Y es la minería del oro  particularmente  la que se ha convertido, como en el antaño colonial, en el azote de los pueblos indígenas. La potencia colonizadora y depredadora ya no es la misma. Hoy España es un país arruinado por el neoliberalismo que infructuosamente busca salir de la crisis, sometiendo a su pueblo a un castigo  tan despiadado como el que durante 300 años sometió a los pueblos  iberoamericanos. Hoy la potencia depredadora se llama Canadá y su voracidad se mide en el hecho de que, según datos que nos ofrece la periodista dominicana Elsa Peña Nadal (véase su artículo “Dos Canadás”, en:  http://www.almomento.net/articulo/113414/%C2%BFDos-Canada),  dicho país mantiene 1,246 proyectos mineros activos en Latinoamérica y la  empresas  Osisko Minning Corp, Goldcorp, Barrick Gold, Fortuna Silver Inc y First Majestic Silver actúan de manera arrasadora en diversos países de la región.  Un dato de lo que sucede en México nos puede servir para ilustrar lo que está aconteciendo en diversos países entre ellos Guatemala: Según Alejandro Villamar de la Red mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, en México  las compañías mineras transnacionales  han extraído en los últimos 11 años más de 250 toneladas de oro lo que significa 2.5 veces más del oro que obtuvo España durante  los 300 años de dominio colonial. Las grandes compañías mineras  mantienen en concesión  un tercio del territorio nacional, lo cual equivale a la superficie de España misma (La Jornada, 21/7/2012).  Nuevamente  Elsa Nadal Peña nos informa que en Chile, una industria emblemática de dicho país, se encuentra seriamente amenazada pues  las compañías transnacionales mineras  están comprando a muy altos precios  las tierras de los viñedos y otras que las circundan,  porque ambicionan las aguas subterráneas  que  surten a los pozos que usan dichos viñedos.

La minería, especialmente la minería a cielo abierto es de una gran nocividad para los países que la albergan y también para sus habitantes. En la misma Canadá existen unos 3,600 vertederos de residuos tóxicos y 17 minas abandonadas que liberan arsénico, cianuro  y otros elementos tóxicos que se filtran a los suelos y  a los mantos  de agua subterráneos que surte a pueblos y ciudades. El uso del cianuro, uno de los venenos más mortíferos que existen, y el que se vierta en ríos y suelos es hoy uno de los crímenes más grandes que observamos en el contexto de  la avaricia sin límite del capitalismo. Además la Red mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, ha denunciado que  la minería en gran escala  destruye el modo de vida de las comunidades  que viven en las cercanías de las grandes minas, acapara tierras que eran usadas para ocupar cultivar alimentos  y fomenta el alcoholismo y la drogadicción.

Los pueblos y gobiernos de América Latina entera se enfrentan pues a este flagelo. Según los gobiernos que se observen, este flagelo tiene malas o peores consecuencias. En países como Guatemala, se trata  de las peores. Las mineras  canadienses (Goldcorp por ejemplo) destrozan el medio ambiente, envenenan a los habitantes y se llevan las riquezas de las entrañas del suelo guatemalteco pagando un módico 5%.

Triste es el destino de los países que son sometidos a nuevas formas del colonialismo. Más triste es que lo hagan de rodillas y que sus gobiernos nos digan que eso es el progreso.

Chile: Los peligros de pensar




Desde las demandas históricas del pueblo mapuche -cuya lucha ejemplar e indomable causa admiración-, hasta las sorprendentes acciones de los deudores habitacionales en los centros urbanos, la protesta social anuncia que la paciencia y la resignación han llegado a su fin.

Manuel Cabieses Donoso / Revista Punto Final

Cuando un pueblo comienza a pensar su presente y a discutir su futuro, el sistema de dominación se pone a temblar: es un síntoma claro que vienen grandes cambios en la sociedad. Eso es lo que está sucediendo en Chile. El pueblo ha comenzado a reflexionar. Empieza a mirar cara a cara su realidad, sin intermediarios ni vendedores de espejismos. Aunque todavía no es una categórica y organizada mayoría, son cada día más los sectores que logran sustraerse al embrujo de la tarjeta de crédito y escapar a la dictadura ideológica de la televisión comercial.

El artífice de este cambio -que va ganando terreno- es la protesta social, que comenzó con los “pingüinos” y que más tarde resurgió en Magallanes. La protesta desató el año pasado las movilizaciones de estudiantes universitarios y secundarios más grandes que registra la historia del país. La ira, fruto del pensamiento que hurga en la realidad, se rebeló también en Aysén, Freirina, Pelequén y Coronel, y detona casi a diario en el campo y en las ciudades, motivada por los reclamos más diversos. 

Desde las demandas históricas del pueblo mapuche -cuya lucha ejemplar e indomable causa admiración-, hasta las sorprendentes acciones de los deudores habitacionales en los centros urbanos, la protesta social anuncia que la paciencia y la resignación han llegado a su fin. Ya no son válidas las intermediaciones políticas. La humillación y el dolor acumulados durante años, incuban un ¡ya no más! que se expresa dramático en el calvario que tiene lugar en los consultorios, postas y hospitales, incapaces -por más esfuerzos que hagan sus funcionarios- de entregar la atención de salud que necesitan niños y ancianos. Así también ocurre con las humillantes condiciones del transporte público en Santiago -“¡nos tratan como animales!” es el grito crispado de multitudes atascadas en el Metro, y en la superficie lo repiten miles de hombres y mujeres que pierden gran parte del día esperando movilizarse en el Transantiago-.

A la creciente protesta social se une la exigencia de los trabajadores de un salario mínimo que permita ir emparejando la desigualdad. El sindicalismo, sin embargo, es el sector que aparece más retrasado en este proceso de recuperar la identidad luchadora que lleva adelante el resto del pueblo. Es probable que se deba a la extrema facilidad con que el empresariado puede hoy castigar con la cesantía a trabajadores “alborotadores”. Pero esa relativa pasividad tiene también su origen en la grave ofensa a la dignidad e independencia de la clase trabajadora que constituye el maridaje de la CUT con el empresariado. La “Declaración de voluntades” que las directivas de la CUT y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) dieron a conocer en marzo, es uno de los episodios más sucios en la historia de la CUT y, sin duda, un tremendo factor de desaliento y confusión para los trabajadores.

La protesta social necesita mostrar todavía mucha más fuerza para imponer sus exigencias, que pueden resumirse en más democracia y más igualdad. Hacia allá apunta la magnífica movilización de los estudiantes universitarios y secundarios del jueves 28 de junio. Fue una vibrante demostración de que el movimiento estudiantil no sólo no ha perdido fuerza, sino por el contrario, ahora articula a nivel nacional a la mayoría de los alumnos de la educación pública y privada. Revela también el ejemplar proceso de maduración colectiva que produce la protesta social. En este caso lo representan las cinco exigencias fundamentales que el movimiento estudiantil universitario y secundario hace al gobierno y al Parlamento (ver págs. 8 y 9 de esta edición). El documento merece ser conocido por millones de ciudadanos, porque permite comprender que la crisis de la educación guarda estrecha relación con las demás manifestaciones de la crisis institucional, política, cultural y social que vive Chile.

Se trata de un país escindido por la desigualdad, donde la clase dominante se atrinchera en sus privilegios mediante una tupida red en que la mercantilización de las relaciones sociales está garantizada por los instrumentos de coerción del Estado. Los intereses privados -mientras más cuantiosos más influyentes- han desplazado al bien común de la naturaleza y estructura del Estado y de su Constitución Política. La desigualdad ha adquirido carta de ciudadanía y es el eje rector de la sociedad chilena.

El verdadero poder no radica en las instituciones del Estado sino en la CPC y los gremios empresariales que representan a la minería, el comercio, la agricultura, la industria, la construcción y los bancos e instituciones financieras. Basta ver cómo el presidente de la República y sus ministros de Hacienda y Economía han debido dar todo tipo de seguridades a la CPC sobre reforma tributaria, salario mínimo, flexibilidad laboral, etc., primero en sus propias oficinas y luego al conjunto de los gremios empresariales en La Moneda. El gran empresariado no parece estar contento con el desempeño del empresario Piñera como gobernante. Sus medios de comunicación -que son casi todos- traslucen una crítica persistente al gobierno. Lo acusan de debilidad e ineptitud que han permitido que aflore la crisis institucional que la Concertación mantenía más o menos a raya a través de la cooptación clientelar de sus partidos, sindicatos y organizaciones sociales.

Por eso no sería extraño que en las próximas elecciones presidenciales el empresariado entregara su apoyo a la candidatura de la Concertación. Sin embargo, ya es tarde para “comprar” la paz social que necesita la explotación capitalista. La crisis del sistema seguirá avanzando porque no tiene solución en los estrechos marcos del Estado actual. Lo demuestra la profundidad propositiva del documento de los estudiantes. Sus cinco exigencias fundamentales abarcan el conjunto de la desigualdad y la ausencia de participación democrática de los ciudadanos. Solucionarlo significarían un cambio social y político profundo, que sólo puede intentarlo una alternativa popular, democrática y socialista. Hay que jugarse a esa opción de esperanza.
Publicado por Con Nuestra América 

martes, 7 de agosto de 2012

Nenúfares: Las nuevas bases de Estados Unidos repartidas por el globo


Chile

Pequeñas instalaciones secretas e inaccesibles con pocos soldados es la actual estrategia del Pentágono para mantener su hegemonía en el mundo. Desde las costas chilenas a las selvas de Honduras, de los desiertos de Mauritania a las pequeñas Islas Cocos de Australia, Estados Unidos ha instalado más de 50 bases nenúfares y aspira a construir decenas de más. Una “una red mundial de fuertes fronterizos”, cuyo costo anual es de 250.000 millones de dólares. En Chile la avanzada la tienen en el Fuerte Aguayo, de la Armada chilena en Concón, donde mantienen un “Centro de Operaciones para Fuerzas de Paz”.

Lo primero que vi el mes pasado cuando entré en el avión de carga C-17 gris oscuro de la Fuerza Aérea fue un vacío, algo faltaba. Faltaba un brazo izquierdo, para ser exacto, cortado a la altura del hombro, temporalmente parchado y unido. Carne gruesa, pálida, manchada de un rojo brillante en los bordes. Parecía carne cortada en pedazos. La cara y lo que quedaba del resto del hombre estaban ocultas por mantas, un edredón con la bandera de Estados Unidos y un revoltijo de tubos y cintas, alambres, bolsas de goteo y monitores médicos.
Ese hombre y otros dos soldados gravemente heridos –uno con dos muñones donde había habido piernas, el otro al que le faltaba una pierna bajo el muslo– estaban entubados, inconscientes y acostados en camillas colgadas de las paredes del avión que acababa de aterrizar en la Base Aérea Ramstein, de Alemania. Un tatuaje en el brazo restante del soldado decía: “Muerte Mejor Que Deshonra”.

Pregunté a un miembro del equipo médico de la Fuerza Aérea por las víctimas semejantes que ven. Muchas, como en este vuelo, provienen de Afganistán, me dijo. “Muchas del Cuerno de África”, agregó. “En realidad, los medios hablan muy poco de eso”.

“¿De dónde de África?”, pregunté. Dijo que no lo sabía exactamente, pero sobre todo del Cuerno, a menudo con heridas graves. “Muchos de Yibuti”, agregó, refiriéndose a Camp Lemonnier, la principal base militar de Estados Unidos en África, pero también de “otros sitios” de la región.

Desde las muertes retratadas en la película La caída del halcón negro, en Somalia, hace casi 20 años, hemos oído poco, si algo, sobre víctimas militares estadounidenses en África (fuera de una extraña información de la semana pasada sobre tres comandos de operaciones especiales muertos, junto con tres mujeres identificadas por fuentes militares de Estados Unidos como “prostitutas marroquíes”, en un misterioso accidente automovilístico en Mali). La creciente cantidad de pacientes que llegan a Ramstein desde África descorre una cortina sobre una significativa transformación en la estrategia militar de Estados Unidos para el siglo XXI.
Es probable que esas víctimas sean la vanguardia de cantidades crecientes de soldados heridos provenientes de sitios muy alejados de Afganistán e Irak. Reflejan el creciente uso de bases relativamente pequeñas como Camp Lemonnier, que los planificadores militares ven como un modelo para futuras bases de Estados Unidos “esparcidas”, como explica un académico, “por regiones en las cuales Estados Unidos no ha mantenido anteriormente una presencia militar”.

Están desapareciendo los días en los que Ramstein era la base simbólica de Estados Unidos, un coloso del tamaño de una ciudad repleto de miles o decenas de miles de estadounidenses, supermercados, Pizza Huts y otras comodidades. Pero no imaginen ni por un segundo que el Pentágono está haciendo las valijas, reduciendo su misión global y volviendo a casa. En los hechos, sobre la base de los eventos de los últimos años, es posible que sea todo lo contrario. Mientras disminuye la colección de bases gigantes de la era de la Guerra Fría, la infraestructura de bases en ultramar ha estallado en tamaño y alcance.

Sin que lo sepa la mayoría de los estadounidenses, la creación de bases en todo el planeta está aumentando, gracias a una nueva generación de bases que los militares llaman “nenúfares” (como cuando una rana salta a través de un estanque hacia su presa). Son pequeñas instalaciones secretas e inaccesibles con una cantidad restringida de soldados, comodidades limitadas y armamento y suministros previamente asegurados.
En todo el mundo, de Yibuti a las selvas de Honduras, de los desiertos de Mauritania a las pequeñas Islas Cocos de Australia, el Pentágono ha estado buscando tantos nenúfares como puede, en tantos países como puede, lo más rápido posible. Aunque cuesta hacer las estadísticas, en vista de la naturaleza frecuentemente secreta de esas bases, es probable que el Pentágono haya construido más de 50 nenúfares y otras pequeñas bases desde el año 2000, mientras explora la construcción de docenas más.

Como explica Mark Gillem, autor de America Town: Building the Outposts of Empire, el nuevo objetivo es “evitar” las poblaciones locales, la publicidad y la posible oposición. “Para proyectar su poder”, dice, Estados Unidos quiere “puestos avanzados aislados e independientes ubicados estratégicamente” en todo el mundo. Según algunos de los más fuertes propugnadores de la estrategia en el Instituto de la Empresa Estadounidense, el objetivo debe ser “crear una red mundial de fuertes fronterizos”, con los militares estadounidenses, “la ‘caballería global’ del Siglo XXI”.

Semejantes bases nenúfares se han convertido en una parte crítica de una estrategia militar de Washington en desarrollo que apunta a mantener la dominación global de Estados Unidos haciendo mucho más con menos en un mundo cada vez más competitivo, cada vez más multipolar. Es bastante notable, sin embargo, que esta política de ajuste de las bases globales no haya recibido casi ninguna atención pública, ni una supervisión significativa del Congreso. Mientras tanto, como lo muestra la llegada de las primeras víctimas de África, los militares de Estados Unidos se están involucrando en nuevas áreas del mundo y en nuevos conflictos, con consecuencias potencialmente desastrosas.

TRANSFORMACIÓN DEL IMPERIO DE BASES

Se podría pensar que los militares de Estados Unidos se encuentran en un proceso de reducir, en lugar de expandir, su poco apercibida pero enorme colección de bases en el exterior. Después de todo, fueron obligados a cerrar toda la colección de 505 bases, de mega a micro, que construyeron en Irak, y ahora están iniciando el proceso de reducir sus fuerzas en Afganistán. En Europa, el Pentágono sigue cerrando sus masivas bases de Alemania y pronto sacará dos brigadas de combate de ese país. Se planea que la cantidad de tropas globales se reduzca en unos 100.000 soldados.

Sin embargo, Estados Unidos sigue manteniendo su mayor colección de bases de toda la historia: más de 1.000 instalaciones militares fuera de los 50 Estados y de Washington DC. Incluye, desde bases de décadas de antigüedad en Alemania y Japón a bases totalmente nuevas de drones en Etiopía y las islas Seychelles en el Océano Índico, e incluso balnearios para veraneantes militares en Italia y Corea del Sur.

En Afganistán, la fuerza internacional dirigida por Estados Unidos todavía ocupa más de 450 bases. En total, los militares de Estados Unidos tienen alguna forma de presencia de sus tropas en aproximadamente 150 países extranjeros, para no mencionar 11 fuerzas de tareas de portaaviones –esencialmente bases flotantes– y una presencia militar significativa, y creciente, en el espacio. Estados Unidos gasta actualmente unos 250.000 millones de dólares al año en mantener bases y tropas en el exterior.

Algunas bases, como la de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, datan de finales del Siglo XIX. La mayoría se construyeron o se ocuparon durante la Segunda Guerra Mundial o justo después, en todos los continentes, incluida la Antártida. Aunque los militares de Estados Unidos desocuparon cerca de un 60% de sus bases en el exterior después del colapso de la Unión Soviética, la base de infraestructura de la Guerra Fría permaneció relativamente intacta, con 60.000 soldados estadounidenses que permanecieron sólo en Alemania, a pesar de la ausencia de una superpotencia enemiga.

Sin embargo, en los primeros meses de 2001, incluso antes de los ataques del 11-S, el gobierno de Bush lanzó una importante reestructuración de bases y tropas que continúa ahora con el “pivote Asia” de Obama. El plan original de Bush era cerrar más de un tercio de las bases de la nación en el exterior y trasladar tropas hacia el este y el sur, más cerca de zonas de conflicto previstas en Medio Oriente, Asia, África y Latinoamérica. El Pentágono comenzó a concentrarse en la creación de “bases operativas avanzadas” más pequeñas y flexibles e incluso “sitios de cooperación” aún más pequeños o sea “nenúfares”. Las grandes concentraciones de tropas se restringirían a una cantidad reducida de “bases operativas principales” (MOBs por sus siglas en inglés), –como Ramstein, Guam, en el Pacífico, y Diego García, en el Océano Índico– que debían expandirse.

A pesar de la retórica de consolidación y cierre que acompañó este plan, en la era posterior al 11-S, en realidad, el Pentágono ha estado expandiendo drásticamente su infraestructura básica, incluidas docenas de importantes bases en cada país del Golfo Pérsico con la excepción de Irán y en varios países centroasiáticos críticos para la guerra en Afganistán.

REINICIAN LA EXPANSIÓN DE LAS BASES

El “pivote hacia Asia” anunciado recientemente por Obama señala que Asia oriental estará en el centro de la explosión de bases nenúfares y eventos relacionados. En Australia se están estableciendo marines de Estados Unidos en una base compartida en Darwin. En otros sitios, el Pentágono se dedica a planes para una base de drones y vigilancia en las islas Cocos de Australia y despliegues en Brisbane y Perth. En Tailandia, el Pentágono ha negociado derechos de nuevas visitas de la Armada y un “centro de ayuda para desastres” en U-Tapao.

En las Filipinas, donde el gobierno expulsó a Estados Unidos de la masiva Base Aérea Clark y la Base Naval Subic Bay a principios de los años noventa, hasta 600 soldados de las fuerzas especiales han estado operando silenciosamente en el sur del país desde enero de 2002. El mes pasado, los dos gobiernos llegaron a un acuerdo sobre el uso futuro por parte de Estados Unidos de Clark y Subic, así como otros centros de reparación y suministro de la era de la Guerra de Vietnam. Como señal del cambio de los tiempos, los funcionarios estadounidenses, incluso, firmaron en 2011 un acuerdo de defensa con su antiguo enemigo, Vietnam, y han iniciado negociaciones para el creciente uso de puertos vietnamitas por la Armada.

En otros sitios de Asia, el Pentágono ha reconstruido una pista de aterrizaje en la pequeña isla Titian, cerca de Guam, y considera futuras bases en Indonesia, Malasia y Brunei, mientras impulsa vínculos militares más estrechos con India. Sus fuerzas armadas realizan cada año unos 170 ejercicios militares y 250 visitas a puertos en la región. En la isla Jeju, de Corea del Sur, los militares coreanos construyen una base que formará parte del sistema de defensa de misiles de Estados Unidos, a la cual tendrán acceso regularmente las fuerzas estadounidenses.

“Simplemente, no podemos estar en un solo sitio para hacer todo lo necesario”, dijo el comandante del Comando Pacífico, el almirante Samuel Locklear III. Para los planificadores militares, “hacer todo lo necesario” se define claramente como el aislamiento y (en la terminología de la Guerra Fría) “contención” de China, la nueva potencia de la región. Esto significa evidentemente “salpicar” nuevas bases por toda la región, agregándolas a las más de 200 bases estadounidenses que han cercado China durante décadas en Japón, Corea del Sur, Guam y Hawái.
Y Asia es sólo el comienzo. En África, el Pentágono ha creado silenciosamente “cerca de una docena de bases aéreas” para drones y vigilancia desde 2007. Aparte de Camp Lemonnier, sabemos que los militares han creado o crearán pronto instalaciones en Burkina Faso, Burundi, la República Centroafricana, Etiopía, Kenia, Mauritania, São Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sudán del Sur, y Uganda. El Pentágono también ha investigado la construcción de bases en Argelia, Gabón, Ghana, Mali y Nigeria, entre otros sitios.

El próximo año, una fuerza del tamaño de una brigada de 3.000 soldados, y “posiblemente más”, llegará para realizar ejercicios y misiones de entrenamiento en todo el continente. En el cercano Golfo Pérsico, la Armada está desarrollando una “base avanzada flotante”, o “buque-madre”, para que sirva de “nenúfar” flotante a helicópteros y patrulleras, y ha estado involucrada en un masivo aumento de las fuerzas en la región.
En Latinoamérica, después de la expulsión de los militares de Panamá en 1999 y de Ecuador en 2009, el Pentágono ha creado o actualizado nuevas bases en Aruba y Curaçao, Chile, Colombia, El Salvador y Perú. En otros sitios, el Pentágono ha financiado la creación de bases militares y policiales capaces de albergar fuerzas estadounidenses en Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, e incluso en Ecuador. En 2008, la Armada reactivó su Cuarta Flota, inactiva desde 1950, para patrullar la región. Los militares pueden desear una base en Brasil y trataron infructuosamente de crear bases, supuestamente para ayuda humanitaria y de emergencia en Paraguay y Argentina.

Finalmente, en Europa, después de llegar a los Balcanes durante las intervenciones de los años noventa, las bases estadounidenses se han desplazado hacia el este a algunos de los Estados del bloque oriental del ex imperio soviético. El Pentágono desarrolla actualmente instalaciones capaces de apoyar despliegues rotativos, del tamaño de brigadas en Rumania y Bulgaria, y una base de defensa de misiles e instalaciones de aviación en Polonia. Previamente, el gobierno de Bush mantuvo dos instalaciones ocultas (prisiones secretas) de la CIA en Lituania y en Polonia. Ciudadanos de la República Checa rechazaron una base de radar planificada para el sistema de defensa de misiles del Pentágono, que aún no ha sido probado, y ahora Rumania recibirá misiles basados en tierra.

UN NUEVO MODO DE GUERRA DE ESTADOS UNIDOS

Un nenúfar en una de las islas en el Golfo de Guinea de São Tomé y Príncipe, frente a la costa occidental, rica en petróleo, de África, ayuda a explicar lo que está sucediendo. Un funcionario estadounidense ha descrito la base como “otra Diego García”, refiriéndose a la base del Océano Índico que ha ayudado a asegurar décadas de dominación de Estados Unidos sobre los suministros de energía de Medio Oriente. Sin la libertad de crear nuevas grandes bases en África, el Pentágono está utilizando São Tomé y una creciente colección de otros nenúfares en el continente en un intento de controlar otra región crucial rica en petróleo.
Mucho más allá de África Occidental, la competencia del Gran Juego del Siglo XIX por Asia Central ha vuelto de verdad, y esta vez de modo global. Se extiende a tierras ricas en materias primas de África, Asia y Suramérica, mientras Estados Unidos, China, Rusia y miembros de la Unión Europea se enfrentan en una competencia cada vez más intensa por la supremacía económica y geopolítica.

Mientras Pekín, en particular, ha participado en esta competencia de una manera sobre todo económica, marcando el globo con inversiones estratégicas, Washington se ha concentrado implacablemente en la fuerza militar como su baza global, marcando el planeta con nuevas bases y otras formas de poder militar. “Olviden las invasiones a gran escala y las amplias ocupaciones en el continente eurasiático”, escribió Nick Turse sobre esta nueva estrategia militar del Siglo XXI. “En vez de eso piensen en fuerzas de operaciones especiales… ejércitos testaferros… militarización del espionaje y de la inteligencia… aviones drones sin tripulación… ataques cibernéticos y operaciones conjuntas del Pentágono con agencias gubernamentales ‘civiles’ cada vez más militarizadas”.

A esta incomparable potencia aérea y naval de largo alcance hay que agregar ventas de armas que superan a cualquier nación de la Tierra; misiones humanitarias y de ayuda en desastres que sirven claramente a fines de inteligencia militar, patrullas y funciones de “corazones y mentes”; el despliegue rotativo de fuerzas regulares de Estados Unidos en todo el globo; visitas a puertos y un despliegue expansivo de ejercicios militares conjuntos y misiones de entrenamiento que dan a los militares de Estados Unidos una presencia de facto en todo el mundo y que ayudan a convertir a militares extranjeros en fuerzas testaferras.

CADA VEZ MÁS BASES NENÚFARES

Los planificadores militares prevén un futuro de interminables intervenciones a pequeña escala en las cuales una gran colección de bases, geográficamente dispersas, siempre estarán preparadas para un acceso operativo instantáneo. Con bases en la mayor cantidad de sitios posibles, los planificadores militares quieren estar en condiciones de volverse hacia otro país convenientemente cercano si Estados Unidos no puede utilizar una cierta base, como fue el caso en Turquía antes de la invasión de Irak. En otras palabras, los funcionarios del Pentágono sueñan con una flexibilidad casi ilimitada, la capacidad de reaccionar con notable rapidez ante eventos en cualquier parte del mundo y, por lo tanto, algo que se acerque a un control militar total del planeta.
Más allá de su utilidad militar, las bases nenúfares y otras formas de proyección del poder son también instrumentos políticos y económicos utilizados para construir y mantener alianzas y asegurar un acceso privilegiado de Estados Unidos a mercados, recursos y oportunidades de inversión en el extranjero. Washington planifica utilizar bases nenúfares y otros proyectos militares para atar a países en Europa Oriental, África, Asia y Latinoamérica lo más estrechamente posible a los militares de Estados Unidos, y así a la continua hegemonía político-económica de Estados Unidos. En conclusión, los funcionarios estadounidenses esperan que el poderío militar arraigue su influencia y mantenga la mayor cantidad posible de países dentro de una órbita estadounidense, en una época en la cual, algunos están afirmando su independencia todavía con más fuerza y gravitan hacia China y otras potencias ascendientes.

ESOS PELIGROSOS NENÚFARES

Aunque la dependencia de pequeñas bases pueda sonar más inteligente y más económica que mantener inmensas bases que a menudo han creado enojo en sitios como Okinawa y Corea del Sur, los nenúfares amenazan la seguridad global y de Estados Unidos de varias maneras:

Primero, el lenguaje “nenúfar” puede ser engañoso e intencionalmente o de otra manera esas instalaciones pueden crecer rápidamente hasta convertirse en inmensas bestias.

Segundo, a pesar de la retórica sobre la extensión de la democracia que sigue perdurando en Washington, la construcción de más nenúfares garantiza, en realidad, la colaboración con un número creciente de regímenes despóticos, corruptos y asesinos.

Tercero, existe un modelo bien documentado del daño que las instalaciones militares de diversos tamaños infligen a las comunidades. Aunque los nenúfares parecen prometer aislamiento de una oposición local, con el tiempo sucede a menudo que incluso las bases pequeñas causan enojo y movimientos de protesta.

Finalmente, una proliferación de nenúfares significa la militarización progresiva de grandes áreas del globo. Como los verdaderos nenúfares –que en realidad son malezas acuáticas–, las bases tienden a crecer y reproducirse incontrolablemente. Por cierto, las bases tienden a engendrar bases, creando razas de bases con otras naciones, aumentando las tensiones militares y desalentando las soluciones diplomáticas de conflictos. Después de todo, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos si China, Rusia o Irán construyeran aunque sea una sola base nenúfar propia en México o en el Caribe?

Para China y Rusia en particular, más bases estadounidenses cerca de sus fronteras amenazan con provocar nuevas guerras frías. Más inquietante aún, la creación de nuevas bases para proteger contra una supuesta futura amenaza militar china puede llegar a convertirse en una profecía que se autorrealice: semejantes bases en Asia crearán probablemente la amenaza contra la cual supuestamente se deben proteger, haciendo que una catastrófica guerra contra China sea más probable, no menos.

Es alentador, sin embargo, que las bases en el extranjero hayan comenzado a generar un escrutinio crítico a través del espectro político desde la senadora republicana Kay Bailey Hutchison y el candidato presidencial republicano Ron Paul al senador demócrata Jon Tester y el columnista del New York Times Nicholas Kristof. Mientras todos buscan medios de reducir el déficit, el cierre de bases en el extranjero posibilita ahorros fáciles. Por cierto, cada vez más personajes influyentes reconocen que el país simplemente no se puede permitir más de 1.000 bases en el extranjero.

Gran Bretaña, como otros imperios anteriores, tuvo que cerrar la mayor parte de sus bases restantes en el extranjero en medio de una crisis económica en los años sesenta y setenta. Estados Unidos se moverá indudablemente en esa dirección tarde o temprano. La única pregunta es si el país renunciará a sus bases y reducirá su misión global voluntariamente o si seguirá el camino de Gran Bretaña como potencia en decadencia obligada a renunciar a sus bases desde una posición de debilidad.

Por cierto, las consecuencias de no elegir otro camino van más allá de los motivos económicos. Si continúan la proliferación de los nenúfares, de las fuerzas de operaciones especiales y las guerras de drones, es probable que Estados Unidos se enfrente a nuevos conflictos y nuevas guerras, generando formas desconocidas de reacción e indecible muerte y destrucción. En ese caso, más vale que nos preparemos para la llegada de muchos más vuelos –desde el Cuerno de África hasta Honduras– que no sólo transporten amputados, sino ataúdes.

 David Vine
*Profesor en la American University en Washington