- Dicho decreto otorga impunidad a los agentes del régimen
- Bachelet impulsará también la Subsecretaría de Derechos Humanos
- El anuncio coincide con el 41º aniversario del golpe de Estado de Pinochet
- Estas decisiones tienen el fin de adecuar la justicia chilena a la internacional
Fotografías de detenidos desaparecidos son ubicadas en el monumento a los desaparecidos en el 41º aniversario del golpe militar de 1973 en Chile.EFE/Sebastián Silva
EFE 12.09.2014
El Gobierno de Chile anunciará en las próximas horas la derogación de un decreto ley aprobado en plena dictadura de Augusto Pinochet, el cual otorga impunidad a los agentes del régimen, según han confirmado fuentes oficiales.
Esta decisión, que coincide con el 41º aniversario del golpe militar que derrocó el gobierno de Salvador Allende, será anunciada públicamente por los ministros de Justicia, José Antonio Gómez, y de la Presidencia, Ximena Rincón.
La derogación del decreto ley de amnistía, que exime de responsabilidad a quienes cometieron abusos entre 1973 y 1978, fue una de las promesas electorales de la Michelle Bachelet, que asumió en marzo el cargo de presidenta de Chile por segunda vez tras su mandato de 2006-2010.
Reajuste de la justicia chilena
"La presidenta ha señalado claramente que va a impulsar la Subsecretaría de Derechos Humanos, que va estar en el Ministerio de Justicia y que va a tener la fortaleza suficiente para preparar un plan de derechos humanos que explique el conocimiento de estos derechos en el país", ha señalado el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.
La presidenta (...) va a impulsar la Subsecretaría de Derechos Humanos
En un breve encuentro con la prensa, Gómez ha añadido que lo importante para el gobierno es relevar lo que son proyectos importantes en materia de derechos humanos para iniciar los debates en el parlamento y que será la comisión pertinente quien le pondrá los tiempos.
El ministro ha afirmado que la idea es adecuar la legislación chilena a la legislación internacional "lo que no hace un cambio muy de fondo a lo que hacen los tribunales chilenos a la fecha", ha asegurado.
Gómez ha indicado que, en tanto, se está preparando un "mensaje en relación a la tipificación del delito de tortura".
La derogación de esta norma se hará aplicando suma urgencia a la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley presentado por los senadores Juan Pablo Letelier, Guido Girardi y Alejandro Navarro, con lo que podría estar lista antes que acabe este mes.
Los jueces no aplicaban la ley
A raíz de la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet, en noviembre de 1998, los jueces chilenos optaron por no aplicar la ley de amnistía, que contraviene la legislación internacional.
Sin embargo, los familiares de las víctimas consideran su mera existencia como una afrenta.
El artículo 1º del decreto señala: "Concédase amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de estado de sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren sometidas a proceso o condenadas".
El Gobierno chileno se comprometió públicamente ante Naciones Unidas a anular del decreto ley de amnistía y para ello presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley en este sentido.
El anuncio fue hecho el pasado 8 de julio, al someterse en Ginebra al escrutinio del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por el respeto de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de la que es Estado parte.
La ONU había solicitado a Chile que derogara la ley de amnistía para que ningún crimen de lesa humanidad quedara impune y para que no hubiera espacio a la interpretación.
El subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, explicó ante el citado comité que si bien aún está vigente, la ley de amnistía no se aplica.
- El argumento para dar nulidad a la ley de amnistía sería el siguiente:“Se declara que son inamnistiables e imprescriptibles todos aquellos crímenes y simples delitos perpetrados por funcionarios públicos o particulares durante un período de interrupción constitucional, que cometidos particular o masivamente, puedan ser calificados como crímenes de guerra o de lesa humanidad ” Esto, según organismos internacionales y pactos a los cuales se ha suscrito Chile, en defensa de los derechos humanos.
Chile: Bachelet solicita al Congreso suma urgencia para anular Ley de Amnistía de Pinochet
Publicado el 11 Septiembre 2014 Escrito por Colaboradores- Clarín de Chile
La presidenta Michelle Bachelet solicitó al Congreso debatir con suma urgencia una moción parlamentaria estancada hace varios años y que busca anular la Ley de Amnistía implementada en 1978 por la dictadura de Augusto Pinochet.
La iniciativa ya fue visada y firmada por la presidenta Michelle Bachelet, quien además incluiría la eliminación del artículo 93 del Código Penal chileno, informó Radio Bío Bío.
La decisión presidencial se enmarca dentro de los 41 años del Golpe de Estado y va en la línea de las solicitudes hechas por la ONU.
Según indicaron desde el ministerio Secretaría General de la Presidencia, se trata de una moción parlamentaria presentada el 21 de abril del 2006 y que patrocinaron los senadores Guido Guirardi (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Alejandro Navarro (MAS) y el entonces senador Mariano Ruiz-Esquide (DC).
Dicho proyecto establece que se declare “insanablemente nulo por inconstitucional el decreto ley 2.191 de 19 de abril de 1978″, pues “carece de todo efecto jurídico para el juzgamiento de la responsabilidades penales, civiles, administrativas y militares emergentes de los hechos que ella pretende cubrir, siendo en particular inaplicable a ella el principio de la ley penal más benigna, establecida en el artículo 18 del Código Penal”.
En su artículo 3, la moción señala que “se declara que son inamnistiables e imprescriptibles todos aquellos crímenes y simples delitos perpetrados por funcionarios públicos o particulares durante un período de interrupción constitucional, que cometidos particular o masivamente, puedan ser calificados como crímenes de guerra o de lesa humanidad”.
Con ello, se buscaría dejar sin efecto la Ley de Amnistía, que precisamente permite que militares responsables de crímenes de lesa humanidad entre los años 1973 y 1978, donde se efectuaron los más grandes operativos de asesinato de opositores al régimen, no cumplan penas de cárcel.
Al respecto, la ministra secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, señaló que “la sala penal no ha aplicado la ley de amnistía. Probablemente esta discusión legislativa cierra el espacio a la posibilidad de que se pudiera alguna vez aplicar”.
En tanto el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, indicó que “lo que ha hecho la sala penal es no aplicar la ley de amnistía, eso nos da hoy día como resultado tener una cantidad importante de personas condenadas”.
En efecto, la norma no es aplicada por los tribunales de justicia desde 1998, ocho años después de concluido el régimen de Pinochet, lo que ha permitido juzgar y condenar a ex militares por crímenes de lesa humanidad.
Chile: ¡Fin a la Ley de Amnistía!
Publicado el 12 Septiembre 2014 Escrito por Rafael Luis Gumucio Rivas - Clarín de Chile
A pesar del anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de dar suma urgencia al proyecto que pone fin a la ley de amnistía para los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por los esbirros de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, la Concertación – ahora Nueva Mayoría – sigue siendo deudora respecto a los derechos humanos.
Podría haberse esperado que este nuevo 11 de Septiembre, aniversario de triste memoria, la Presidenta hubiera cerrado Punta Peuco y enviado a los genocidas que en ella se asilan a la cárcel de Alta Seguridad – a lo mejor, en un pabellón separado del resto de los internos, a fin de proteger su vida -.
En Chile, como lo sostiene un grupo de diputados del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana, aún se aplica la pena de muerte por parte de la justicia militar; hubiese sido laudable que se hubiera extirpado de nuestro país tan brutal e inhumano procedimiento.
A 41 años del golpe militar, aún se mantiene en las Fuerzas Armadas, sobre todo en los militares en retiro, la famosa ley del silencio, que ha hecho imposible, hasta ahora, el paradero de un gran número de detenidos desaparecidos.
De la boca hacia afuera, algunos dirigentes derechistas dicen condenar los atropellos a los derechos humanos, sin embargo, el núcleo duro de los militares en retiro que osan, incluso, publicar en diario La Tercera una inserción, panfleto en el cual piden, nada menos, que los violadores a los derechos humanos sean tratados como héroes y salvadores del país y, en consecuencia, se les haga justicia según sus méritos.
Podía esperarse, también un anuncio por parte del Ejecutivo, que propusiera la degradación de los militares presos en la cárcel de Punta Peuco y que aún reciben los beneficios de la jubilación, junto a los servicios de salud de calidad, en el Hospital Militar.
Durante estos últimos días fue detenido el diputado Rosauro Martínez, militante de Renovación Nacional - elegido durante cuatro períodos seguidos como parlamentario, por el Distrito 41, de Chillán – acusándolo de los alevosos crímenes, como agente de la CNI (Central Nacional Informaciones), contra los ciudadanos Próspero Guzmán, Patricio Calfuquir y Eduardo Monsalve, pertenecientes al MIR, (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). El entonces capitán de ejército, Rosauro Martínez, recibió felicitaciones por la hazaña llevada a cabo, de parte de la jefatura de la institución.
Es una vergüenza que la Cámara de Diputados haya contado entre sus miembros a un autor de delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura, y que, además, su partido, Renovación Nacional, le ofrezca su apoyo incondicional; incluso, estarían viajando a Valdivia para presionar a la justicia. Al menos, la Corte de Apelaciones de esa ciudad aumentó la ridícula fianza de $200.000 a $14.000.000, suma que aún continúa siendo irrisoria para un imputado que todavía goza de un sueldo mensual de $8.000.000, al que se agregaría las asignaciones, llegando a $14.000.000, es decir, con lo devengado en un solo mes paga la fianza, sin contar lo que ha recibido durante 20 años - ser diputado en Chile es mejor que ganar el loto -.
El 10 de septiembre se lanzó el libro de la periodista e historiadora Nancy Guzmán, Ingrid Olderotk, la mujer de los perros, que demuestra el rol de la brigada de mujeres de la DINA que, en muchos casos, eran brutales y desquiciadas que los hombres - para Manuel Contreras, su jefe máximo, la DINA debiera estar constituida por delincuentes y prostitutas -.
A 41 años del golpe militar, para deshonra de nuestro país, los derechos humanos continúan al debe.
Rafael Luis Gumucio Rivas
Chile: Anulación de Ley de Amnistía debiera llevar a la reapertura de causas para volver a ser juzgadas
Publicado el 13 Septiembre 2014 Escrito por Colaboradores - El Clarín de Chile
El senador del MAS Alejandro Navarro indicó que "lo que busca nuestro proyecto de ley es la anulación de derecho público del decreto ley 2.191 de 1978 por lo que las causas cerradas o sobreseídas por haberse aplicado la ley de amnistía, deberían reabriese para volver a ser juzgados". Además dijo que "el anuncio que ha hecho el Gobierno es una noticia que nos permite decirle al mundo que esta ley delictual creada por Pinochet para encubrir a los violadores de derechos humanos no correrá más en Chile".
El gobierno anunció este jueves que dará suma urgencia al proyecto de ley que declara la nulidad de derecho público del Decreto Ley N°2.191 de 1978, más conocido como la ley de amnistía. El proyecto de ley que fue desarchivado en enero de este año deberá ser conocido y despachado por el Senado en un plazo de 15 días.
Para el senador Navarro, quien es uno de los autores del proyecto de ley, y quien además es miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado "este es un paso importante en la búsqueda de verdad y justicia para las familias de detenidos desaparecidos. Esta ley que fue hecha para encubrir y amparar a violadores de derechos humanos debió haberse dejado sin efecto el primer día de gobierno del presidente Patricio Aylwin".
El legislador comentó que "hemos venido intentando durante dos décadas terminar con este decreto ley. Cuando presentamos el proyecto, primero en el año 2003 como diputado y luego el año 2006 como senador había quienes señalaban que no habían condiciones políticas, que era inviable, que la transición sólo permitía legislar en la medida de lo posible. Quiero recordar esta transición ya supera los 20 años y debemos hacer todo lo necesario para que esta transición termine".
El legislador explicó que "las amnistías se dictan luego de procesos de convulsión política en favor de la parte más débil. La Ley de Amnistía de Pinochet fue una ley de amnistía al revés, pues sirvió para proteger de la mano de la justicia a la parte más fuerte, que eran los militares que torturaron, secuestraron y desaparecieron a civiles desarmados, sólo por su pensamiento político".
En ese mismo sentido el congresista expuso que "la ley de amnistía en Chile fue una 'autoamnistía', una amnistía hecha para ellos mismos, a la medida de sus crímenes. El Estado terrorista de la Dictadura de Pinochet se perdonó a si mismo sus crímenes de lesa humanidad, que el derecho internacional declara inamnistiables e imprescriptibles, es decir, imperdonables".
"En este sentido, la ley de amnistía fue un autoencubrimiento de los crímenes de la dictadura, su seguro de vida, su garantía de impunidad", afirmó el congresista.
"Lo he señalado incansablemente en el parlamento, los tratados internacionales que ha firmado Chile obligan al Estado a dejar sin efecto el decreto que exonera de responsabilidad penal a numerosos violadores de derechos humanos", expuso Navarro.
El congresista explicó que "los convenios internacionales, ratificados por nuestro país, especifican que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inadmnistiables, por lo que adecuar nuestra legislación era urgente para la búsqueda de justicia durante la transición a la democracia".
Y fue más tajante aun señalando que "de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile a eliminar la ley de amnistía por el caso Almonacid y ahora más recientemente el 2013 en el caso García Lucero".
Y aclaró "nuestro proyecto de ley en vez de derogarla, dejando intacta su aplicación previa, la anula, por haber sido dictada en contra de la misma Constitución de la época, por tanto todos causas cerradas o sobreseías por haberse aplicado la amnistía, tendrán que reabriese para ser juzgados como corresponde".
El senador del MAS informó que la moción solicita en su artículo 1 que se "declárese insanablemente nulo por inconstitucional el decreto ley 2191 de 19 de abril de 1978 (.)".
En tanto, en su artículo 2 puntualiza que "el decreto ley 2191 carece de todo efecto jurídico para el juzgamiento de las responsabilidades penales, civiles, administrativas y militares emergentes de los hechos que ella pretende cubrir, siendo en particular inaplicable a ella el principio de la ley penal más benigna, establecida en el art. 18 del Código Penal".
Por último, el artículo 3 señala que "se declara que son inamnistiables e imprescriptibles todos aquellos crímenes y simples delitos perpetrados por funcionarios públicos o particulares durante un período de interrupción constitucional, que cometidos particular o masivamente, puedan ser calificados como crímenes de guerra o de lesa humanidad".
Para finalizar el parlamentario dijo que "soy de los que tienen la convicción de que no basta que haya llegado a la Moneda la hija de un general torturado y asesinado en la dictadura militar; La transición definitiva en Chile terminará cuando tengamos una nueva constitución decidida y votada en democracia por todos los chilenos".
